CSJ - STC20735-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20735-2026 Radicación nº 11001-02-04-000-2026-02295-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casación Penal el 25 de agosto de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por José Absalón Blanco Román , contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas – Sala Penal, y el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Soacha, trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado nº 2018-00079.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, a través de apoderado 1, reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,

1 Abogado: CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ BOLAÑOS.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

2 defensa y libertad personal, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.

2. Del escrito inicial y los anexos, se extrae en

síntesis que:

2.1. Contra José Absalón Blanco Román, se adelantó proceso penal (rad. 2018 -00079) por el delito de violencia intrafamiliar. El Juzgado Primero Penal Municipal de Soacha,

síntesis que:

2.1. Contra José Absalón Blanco Román, se adelantó proceso penal (rad. 2018 -00079) por el delito de violencia intrafamiliar. El Juzgado Primero Penal Municipal de Soacha, mediante sentencia del 6 de enero de 2020 lo condenó a la pena de 72 meses de prisión, le negó todo tipo de subrogados punitivos y ordenó su captura . La defensa del procesado interpuso recurso de apelación.

El 4 de marzo de 2021 , la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, profirió auto declarando desierta la alzada formulada por la defensa, tras advertir que no existió un ataque concreto a los fundamentos de la condena (determinación ratificada el 22 de abril de 2021 tras resolver negativamente la reposición).

2.2. Acudió el actor a la presente salvaguarda para cuestionar el fallo condenatorio, el auto que declaró desierta la apelación contra aquel y la falta de defensa técnica.

Inicialmente, reprochó que en la sentencia de primera instancia se aplicara retroactivamente la definición ampliada del delito de violencia intrafamiliar contenida en la Ley 1959 de 2019 a hechos acaecidos el 30 de diciembre de 2017, fecha en la que dicha normativa no se encontraba vigente. SeñalóRad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

3 que la conducta debió juzgarse bajo el marco legal y jurisprudencial del año de los hechos , el cual exigía la existencia de un núcleo familiar constituido por lazos de

3 que la conducta debió juzgarse bajo el marco legal y jurisprudencial del año de los hechos , el cual exigía la existencia de un núcleo familiar constituido por lazos de socorro mutuo y no la simple cohabitación en habitaciones separadas, por lo que procedía era degradar o modificar la calificación jurídica de la conducta a lesiones personales.

Discutió que el juzgado de conocimiento basó la decisión condenatoria de manera exclusiva en el testimonio de la víctima, sin decretar ni valorar la declaración extraprocesal rendida ante notaría ni el acta de conciliación suscrita ante la Fiscalía. En dichos documentos se registraba la inexistencia de vínculo afectivo al momento de los hechos, la convivencia bajo dormitorios independientes y la reparación integral de los perjuicios.

Se mostró inconforme con la defensa técnica que lo asistió en el proceso, por no solicitar pruebas de descargo en la audiencia preparatoria ni controvertir las afirmaciones de la víctima con sus declaraciones previas. Asimismo, criticó la falta de argumentación técnica en el recurso de apelación lo que conllevó a que el tribunal lo declarara desierto.

Finalmente, explicó que, toda vez que careció de un adecuado asesoramiento jurídico eficaz, desconocía que podía acudir a la acción de tutela para cuestionar las decisiones que lo desfavorecieron y solo hasta que se hizo efectiva su captura el 27 de octubr e de 2025 y fue recluido en centro penitenciario, tuvo la posibilidad de contar con asistencia jurídica realmente técnica.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

en centro penitenciario, tuvo la posibilidad de contar con asistencia jurídica realmente técnica.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

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3. Por lo anterior pidió, que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria del 6 de enero de 2020 proferida por el juzgado de conocimiento, y el auto del « 25 de marzo de 2021(sic)» del Tribunal Superior de Cundinamarca, que declaró desierto el recurso de apelación, como consecuencia de ello, ordenar « al juzgado competente que admita, practique y valora integralmente las pruebas omitidas y dicte una nueva decisión conforme a derecho (…)».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS

1. El Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Penal indicó que la actuación penal correspondiente fue conocida por un magistrado que ya no pertenece a la corporación y fue devuelta al juzgado de origen en abril de 2021 tras haberse resuelto el recurso de reposición interpuesto contra la decisión que declaró desierto el recurso de alzada.

2. El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Soacha solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional por falta de inmediatez al haber transcurrido más de cinco años desde la ejecutoria de la condena. El despacho manifes tó que la adecuación típica se fundamentó en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000 vigente para la época de los hechos, que la convivencia bajo el mismo techo mantenía el núcleo doméstico a pesar del uso de habitaciones separadas y que

adecuación típica se fundamentó en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000 vigente para la época de los hechos, que la convivencia bajo el mismo techo mantenía el núcleo doméstico a pesar del uso de habitaciones separadas y que la no aportación de pruebas obedeció a la estrategiaRad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

5 autónoma del apoderado, resultando inocua la conciliación por tratarse de un delito no querellable.

FALLO DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

Declaró improcedente el amparo solicitado al verificar el incumplimiento de los requisitos generales de subsidiariedad e inmediatez. El primero en mención por cuanto , el accionante no agotó los medios ordinarios de defensa, toda vez que el recurso de apelación fue declarado desierto por falta de sustentación y no interpuso el de reposición contra dicha determinación. Y, del presupuesto de la temporalidad porque la acción tutelar la radicó en julio de 2026, habiendo cobrado ejecutoria la condena el 22 de abril de 2021; y, aun contabilizando el término desde la captura efectuada el 27 de octubre de 2025, trascurrieron nueve meses hasta la formulación del resguardo.

IMPUGNACIÓN

La interpuso el apoderado del accionante insistiendo en la argumentación del escrito inicial.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde establecer, preliminarmente, si el mandato aportado que faculta al abogado del reclamante

la argumentación del escrito inicial.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde establecer, preliminarmente, si el mandato aportado que faculta al abogado del reclamante para interponer esta acción cumple los requisitos deRad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

6 especificidad previstos por la jurisprudencia de esta Sala; y, de superarse lo anterior , si la s autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas del accionante al interior del proceso penal que se le adelant ó (rad. 20 1800079) al condenarlo a la pena de 72 meses de prisión por el delito de violencia intrafamiliar aplicando retroactivamente la Ley 1959 de 2019, por indebida valoración probatoria y falta de defensa técnica idónea que provocó la deserción del recurso de alzada.

2. Del poder especial para interponer la tutela

Sin perjuicio de la especial naturaleza del auxilio constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos básicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimación en la causa, ya sea por activa o por pasiva, así como la debida representación.

Sobre el derecho de postulación, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prevé que la tutela «podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté

de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud».

A partir de dicha disposición, la Corte Constitucional ha enfatizado que si bien toda persona puede ejercer la acción directamente o a través de otra, cuando ésta no esRad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

7 representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acción «a nombre de otro a título profesional », se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T -550/93), precisándose que en tal caso, «todo poder en materia de tutela es especial , vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión» (CC T-001/97). (Se resalta).

Este razonamiento se amplió y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporación, al señalar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar que el mandato no se confunda con cualquier otra gestión que pudiera habérsele encomendado al abogado, en tanto: «la falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no

confunda con cualquier otra gestión que pudiera habérsele encomendado al abogado, en tanto: «la falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa » (CC T-207/97, T-674/97, T -526/98, T -530/98, T -693/98, T -695/98, T088/99, T-0002/01 y T-975/05, entre otras).

Por su parte, esta Corporación, además de compartir la anterior postura, en reiteradas oportunidades ha sostenido que:Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

8 «(…) los poderes conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales o extrajudiciales, no pueden tener "...la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes...", ya que este mecanismo es un proceso judicial autónomo, que cuando se ejerce a través de un abogado requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulación (entre muchos, fallos de 15 mayo 1995 -exp. 2169-, 22 de mayo y 2 de agosto de 1996 -exps. 3009 y 3224 -, 14 de noviembre 1997 -exp. 4568-, 4 de marzo y 14 de agosto de 1998de mayo y 2 de agosto de 1996 -exps. 3009 y 3224 -, 14 de noviembre 1997 -exp. 4568-, 4 de marzo y 14 de agosto de 1998exps. 4804 y 5254-, 24 noviembre de 1999 -exp. 7669-, 31 de julio de 2000 -exp. 0206-, 20 de febrero y 29 de noviembre de 2001exps. 20000965 y 200010813)» (CSJ ATC, 19 feb. 2003, rad. 00072-01, citado entre otros en STC, 21 ago. 2013, rad. 01149-01 y STC11327-2023, 11 oct., ad. 00176-01).

En esa misma línea, se ha reiterado que «ningún tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder ; pero si la intervención acaece como agente oficioso, deberá manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa » (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC12860-2022, 28 sep., rad. 00639-01).

Igualmente señaló que:

«la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (…). La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo

«la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (…). La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente . (…) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específicoRad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

9 o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción (…) a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa» (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145 -01, citada, entre otras, en STC10661 -2023, 27 sep., rad. 0039901). Se subraya.

Tal requerimiento es aún más estricto cuando el auxilio se dirige contra una actuación jurisdiccional , en la medida en que, «cuando la presunta violación de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un específico trámite judicial, la legitimidad para pretender su reparación sólo está radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aquí acontece, en quien no tiene tal calidad» (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 0079501, citada entre otras en STC13172 -2023, 23 nov., rad. 01230-01).

3. Caso concreto

De entrada, se anuncia la confirmación de la desestimación de la salvaguarda, pero lo será porque, esta

01, citada entre otras en STC13172 -2023, 23 nov., rad. 01230-01).

3. Caso concreto

De entrada, se anuncia la confirmación de la desestimación de la salvaguarda, pero lo será porque, esta Sala no advierte satisfecho el requisito relacionado con el apoderamiento para la presentación de la acción constitucional a nombre de José Absalón Blanco Román , afectado con la decisión recriminada.

En efecto, de la evidencia allegada a este asunto pronto surge la impertinencia del ruego que instó el abogado Carlos Alberto Fernández Bolaños pues resulta innegable que no es el titular de los derechos cuya infracción invoca, ni adosó el poder especial, concreto y específico que habilitara su mediación en este particular trámite a nombre delRad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

10 precitado ciudadano, a partir del cual se tuviera acreditado ese derecho de postulación.

Además, la Corte ha insistido en que el mandato dado para el amparo es completamente independiente del que se otorga para otro trámite, de ahí que, por ejemplo, repetidamente se haya desestimado la legitimación de los profesionales para cuestionar por esta vía el desarrollo de los procesos en los que apenas participan como apoderados. Sobre el tema se ha explicado que:

«(…) en la medida en que, ‘los poderes especiales conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales, no pueden tener (...) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos

«(…) en la medida en que, ‘los poderes especiales conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales, no pueden tener (...) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (...) al ser este mecanismo un proceso judicial autónomo que promovido a través de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulación » (CSJ STC 13 Jul. 2010, rad. 00128-01, reiterada en STC1444 -2016, 11 feb., rad. 201502902-01; se subrayó).

Además, sobre la especificidad del poder para esta clase de asuntos, la Sala en precedencia puntualizó:

«(…) Los poderes dados para ejercer la representación en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicción constitucional.

(…) Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin específico . En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisión, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situación fáctica concreta que origina la tutela.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

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La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimación en la causa por activa y, por tanto, la tutela es

origina la tutela.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

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La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimación en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente.

(…) Y advirtió finalmente que la anterior postura se encamina a garantizar que quienes concurran a las acciones de tutela estén legitimados en la causa, cuestión que resulta ser de la mayor importancia, pues no puede perderse de vista que esta busca la protección inmediata de los derechos que son inherentes a una persona y no a un tercero. Así, las exigencias de especificidad del poder no son una limitación al ejercicio de la tutela, por el contrario, su fin es asegurar que el titular de los derechos fundamentales despliegue un control respecto de sus apoderados y actuaciones, de manera que estos solo actúen frente a las autoridades, hechos u omisiones concretas que afecten, lesionen o amenacen sus garantías superiores en forma idónea y particular y sin alejarse o desconocer el poder de disposición del mandante , aspecto especialmente trascendente, si se tienen en cuenta las resultas y efectos de este trámite supralegal, tales como la institución de la cosa juzgada constitucional, que impide volver a acudir a esta instancia, o una eventual sanción por temeridad » (CSJ STC10721 -2023) Negrillas fuera de texto.

Por lo tanto, y a pesar de que la Sala a-quo requirió al profesional del derecho para que adjuntara poder especial para promover la acción y así lo hizo, el allegado no precisó con suficiencia la actuación frente a la cual se despliega el

Por lo tanto, y a pesar de que la Sala a-quo requirió al profesional del derecho para que adjuntara poder especial para promover la acción y así lo hizo, el allegado no precisó con suficiencia la actuación frente a la cual se despliega el mecanismo constitucional , pues en él solo se indica que confiere: « (…) PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE; al doctor CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ BOLAÑOS […] para que actúe como mi defensor en todo lo referente dentro de la acción de tutela contra providencia judicial ante la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal » (Expediente digital 11001020400020260229500 – archivo: 0011Memorial.pdf.)Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

12 Por lo tanto , aun cuando la Homóloga Penal avocó el conocimiento de la acción y profirió decisión pese a que el mandato aportado no reunía los requisitos de la especificidad, esta Sala de Casación Civil reitera que la debida acreditación del derecho de postulación y de la legitimación en la causa por activa constituyen presupuestos inescindibles de procedibilidad que, al no haber sido advertidos o saneados en la primera instancia, deben ser examinados obligatoriamente en sede de impugnación.

En efecto, se reitera, conforme al abundante precedente citado, la representación judicial en materia de amparo exige que el poder otorgado contenga expresamente los datos del poderdante, la autoridad accionada, los derechos fundamentales invocados y el acto o providencia que origina el litigio, exigencias insustituibles, por lo que, al comprobarse

que el poder otorgado contenga expresamente los datos del poderdante, la autoridad accionada, los derechos fundamentales invocados y el acto o providencia que origina el litigio, exigencias insustituibles, por lo que, al comprobarse que el mandato otorgado en este asunto adolece de dicha especificidad al no identificar la providencia o actuación judicial objeto de censura, deviene la inviabilidad de la salvaguarda.

4. En conclusión, se ratificará la desestimación del resguardo, pero porque resultaba perentorio que el profesional del derecho que lo formuló e impugnó la determinación de la a-quo, demostrara en debida forma el derecho de postulación para tal evento, pues el poder conferido no es suficientemente específico para promover el auxilio, según la jurisprudencia de esta Sala.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02295-01

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DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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