CSJ - STC20738-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20738-2026 Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00682-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 25 de septiembre de 20261 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la tutela promovida por María Raquel Buendía Canabal contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Simití, trámite al cual fueron vinculad os las autoridades, partes e intervinientes de l juicio de alimentos rad. n.° 2024-00031.

ANTECEDENTES

1. La accionante, actuando a través de apoderado , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , mínimo vital, vida digna y petición , presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.

1 La cual ingresó a este despacho el 8 de octubre de 2026.Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00682-01

2. En sustento, adujo haber sido demandada en el asunto objeto de revisión. Expuso que, al interior de la causa «se decretó una medida cautelar de embargo y retención sobre cuenta y/o mesada pensional a través de COLPENSIONES, derivada de una fijación de cuota alimentaria pactada de manera voluntaria ». Narró que, ha solicitado varias veces a la autoridad «la terminación de

y/o mesada pensional a través de COLPENSIONES, derivada de una fijación de cuota alimentaria pactada de manera voluntaria ». Narró que, ha solicitado varias veces a la autoridad «la terminación de la cuota voluntaria y el levantamiento inmediato de la medida de embargo (desembargo), adjuntando la manifestación expresa, libre y espontánea de desistir», sin éxito.

De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, «[c]on ocasión del descuento continuo y permanente practicado por concepto de esta cuota voluntaria ya desistida, el ingreso neto mensual percibido queda por debajo del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV)».

3. Por lo anterior , pidió que se deje sin efecto el proveído que desató su solicitud, para que, en su lugar, se resuelva nuevamente conforme a sus intereses.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Simití remitió el link del expediente cuestionado, hizo un recuento de las actuaciones a su cargo y defendió la respectiva legalidad.

2. Colpensiones alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva.Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00682-01

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena despachó desfavorablemente la salvaguarda tras constatar que el juzgado había impulsado el trámite y su solicitud se encontraba pendiente de resolución. Con todo, descartó la transgresión a los derechos fundamentales de la accionante.

salvaguarda tras constatar que el juzgado había impulsado el trámite y su solicitud se encontraba pendiente de resolución. Con todo, descartó la transgresión a los derechos fundamentales de la accionante.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la gestora en reiteración de sus argumentos iniciales.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurrió en los presuntos yerros censurados en la homologación de alimentos adelantada (rad n.º 2024-00031), por haber omitido resolver su solicitud de desistimiento , supuestamente en desmedro de sus prerrogativas.

2. Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en línea de principio la salvaguarda no procede contra decisiones judiciales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinacionesRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00682-01

proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

No obstante, cuando se haya configurado alguno de los defectos específicos de procedibilidad del amparo frente a una providencia, que la Corte Constitucional clasificó en sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente m otivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación directa de la Constitución, el amparo se abre paso, siempre y cuando este

sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente m otivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación directa de la Constitución, el amparo se abre paso, siempre y cuando este respete las exigencias generales de la inmediatez y la subsidiariedad.

Ahora bien, frente al presupuesto de subsidiariedad, el precedente constitucional tiene decantado que la acción de tutela, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecida para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio, a menos que se interponga como mecanismo transitorio para ev itar un perjuicio irremediable.

Al efecto, la Sala ha señalado:

Recuérdese que la acción de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario natural del respectivo trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, únicamente es permiti da la revisión del desarrollo procesal respecto de las garantías propias del juicio, pero en ningún momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la ley lesRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00682-01

han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conduciría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política (CSJ, STC102792017).

han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conduciría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política (CSJ, STC102792017).

Ligado al anterior criterio, se ha destacado que éste también se incumple cuando la demanda procura la protección constitucional de asuntos que están pendientes de resolución en el marco de un trámite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irr egularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a través de los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia.

3. Caso concreto

3.1. Dicho lo anterior, considera la Sala que el presente resguardo no satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prevé el numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

3.2. En efecto, María Raquel Buendía Canabal acudió al mecanismo supra legal medularmente por la tardanza del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Simití en atender su solicitud de «desistir de la cuota alimentaria voluntaria, obtener la terminación y archivo del proceso, la exoneración de su representada y el levantamiento de la medida cautelar decretada».

No obstante, de la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales del precitado juicioRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00682-01

incorporadas al expediente constitucional, se advierte que,

constitucional y a las piezas procesales del precitado juicioRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00682-01

incorporadas al expediente constitucional, se advierte que, con el fin de ventilar dicho pedimento, elev ó varios memoriales (22 sep. 2025 y 5 jun. 2026 ). En particular, en los citados escritos solicitó «se acepte este desistimiento, se ordene el archivo definitivo de las presentes diligencias (o lo que corresponda legalmente respecto a esta pretensión) y se me exonere de cualquier obligación derivada de este trámite voluntario a partir de la fecha. Asimismo, solicito de manera inmediata el desembargo de la cuenta y la correspondiente notificación a Colpensiones para proceder con dicho desembargo».

En ese sentido, en atención a sus solicitudes, el pasado 14 de septiembre el juzgador emitió pronunciamiento en el que dio continuidad al trámite y ordenó correr traslado de los pedimentos al demandante, para que «manifieste si la coadyuva, se opone a ella o informe si entre las partes existe un nuevo acuerdo respecto de la obligación alimentaria objeto del proceso».

De ahí, que resulte anticipado cualquier pronunciamiento frente al reproche que se expone, teniendo en cuenta que el juicio aún no ha culminado, escenario dentro del cual se podrán participar con miras a lo que se pretende.

3.2. Con todo, si su censura se encuentra direccionada a cuestionar concretamente la falta de resolución de fondo, memórese que para ello debe agotarse el procedimiento legal, el cual se encuentra sometido al cumplimiento de las formas propias de cada juicio. De ahí, que también resulte

a cuestionar concretamente la falta de resolución de fondo, memórese que para ello debe agotarse el procedimiento legal, el cual se encuentra sometido al cumplimiento de las formas propias de cada juicio. De ahí, que también resulte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la denuncia,Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00682-01

en vista de que el trámite aún no finaliza, contexto propio para insistir en lo que se pretende.

3.3. De manera que no es la tutela la vía idónea para debatir el tema propuesto habida consideración que no puede utilizarse como si fuera una instancia paralela a las consagradas en el ordenamiento procedimental, y mucho menos para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos o de sconocer la competencia legalmente atribuida a las autoridades para la decisión del asunto.

Proceder como lo plantea la demandante implicaría asumir que esta acción es un mecanismo de protección alternativo con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

4. En definitiva, confirmará la sentencia impugnada, por las razones aquí expuestas, esto es, el desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad que gobierna esta sede constitucional.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrandoRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00682-01

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrandoRadicación n.º 13001-22-13-000-2026-00682-01

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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