CSJ - STC20740-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20740-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05913-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Javier Alejandro Ospina Silvestre contra la Sala de Casación Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, los Juzgados Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, todos de Cali y demás partes e intervinientes en el proceso penal adelantado contra el accionante, radicado 2017-04120-00.

ANTECEDENTES

1.- El solicitante, por conducto de apoderad a, reclama la protección de la s garantías fundamentales al debido proceso, libertad personal, defensa, presunción de inocencia, acceso efectivo a la administración de justicia, «derecho a laRad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 2 motivación judicial», igualdad, favorabilidad, buena fe, confianza legítima y «legalidad penal».

2.- En síntesis, señaló que el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, pese a haber advertido, mediante auto del 7 de diciembre de 2017, la ausencia de soporte probatorio, profirió sentencia condenatoria en su contra el 29 de marzo de 2019, por los

haber advertido, mediante auto del 7 de diciembre de 2017, la ausencia de soporte probatorio, profirió sentencia condenatoria en su contra el 29 de marzo de 2019, por los delitos de fraude procesal, abuso de confianza y falsedad en documento privado, sin que los elementos materiales probatorios hubieran sido incorporados formalmente al expediente.

Sostuvo que la condena se fundamentó en lo expuesto durante las audiencias preliminares, lo que, a su juicio, generó inconsistencias fácticas y cronológicas. Agregó que dicha irregularidad quedó corroborada mediante el Oficio 859 del 22 de mayo de 2026, en el que el mismo despacho certificó que, en la etapa de conocimiento, no reposan elementos materiales probatorios ni constancia de radicación previa.

Afirmó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, mediante auto del 20 de marzo de 2018, revocó una nulidad, sin que se hubiera subsanado la irregularidad advertida, lo que permitió la continuación del proceso sin un respaldo probatorio verificable. Añadió que, en certificación del 4 de junio de 2019, esa Corporación reconoció que en la carpeta judicial «no reposan elementos materiales probatorios », pese a lo cual, mediante sentencia del 14 de septiembre de 2020,Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 3 confirmó la condena con fundamento en reconstrucciones verbales, en lugar de documentos originales.

Asimismo, cuestionó que la Sala de Casación Penal, mediante sentencia SP485-2023 del 29 de noviembre de ese

3 confirmó la condena con fundamento en reconstrucciones verbales, en lugar de documentos originales.

Asimismo, cuestionó que la Sala de Casación Penal, mediante sentencia SP485-2023 del 29 de noviembre de ese año, mantuviera la condena de 45 meses de prisión, apoyándose en las reconstrucciones verbales de las audiencias preliminares, sin advertir que los elementos materiales probatorios nunca fueron radicados en el expediente de conocimiento. Reprochó que no se hu bieran contrastado tales conclusiones con documentos oficiales, como el Oficio 859 de 2026, que, según afirmó, evidenciaban la falta de incorporación y trazabilidad de los 1.217 folios. A su juicio, ello configuró un defecto fáctico y una motivación insuficiente frente a circunstancias que modificaban el panorama probatorio.

Finalmente, cuestionó las decisiones del Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, proferidas el 27 de febrero y el 20 de mayo de 2026, mediante las cuales se negó la prescripción de la pena y se actualizó la orden de captura libra da en su contra, determinación confirmada por el superior el 8 de julio siguiente. Alegó que dichas providencias omitieron pronunciarse de manera congruente y suficiente sobre la naturaleza, validez y efectos de los actos materiales de ejecución realizados desde 2019, pese a encontrarse registrados y conservados por la administración judicial. En su criterio, esa omisión constituyó un defecto sustantivo y de motivación con

de los actos materiales de ejecución realizados desde 2019, pese a encontrarse registrados y conservados por la administración judicial. En su criterio, esa omisión constituyó un defecto sustantivo y de motivación con incidencia directa en su derecho a la libertad personal.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 4 3.- En virtud de lo anterior , solicita se ordene : i) «DECLARAR, si así resulta del examen constitucional, que la actuación penal incurrió en un defecto procedimental absoluto al avanzar hacia sentencia condenatoria sin acreditarse que el soporte cognoscitivo exigido para la verificación judicial derivada del allanamiento hubiese sido incorporado a la actuación y puesto jurídicamente a disposición del juez de conocimiento en la oportunidad procesal correspondiente. Como mecanismo de restablecimiento y sin efectuar pronunciamiento alguno sobre la inocencia del accionante ni permitir retractación del allanamiento, DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones posteriores que dependan de la causal y jurídicamente del defecto identificado, incluida la sentencia condenatoria, en cuanto resulte necesario para restablecer el debido proceso».

De igual modo, pide: ii) «se ORDENE a la autoridad judicial competente REANUDAR la actuación desde el momento procesal inmediatamente anterior a la vulneración, preservando las actuaciones anteriores válidamente realizadas y efectuando desde allí el control que corresponda conforme a los artículos 29 de la Constitución, 142.2, 293, 381 y disposiciones concordantes de la Ley 906 de 2004 y la regla fijada en la sentencia SP9379-2017»; iii) «ORDENAR que mientras se rehacen

381 y disposiciones concordantes de la Ley 906 de 2004 y la regla fijada en la sentencia SP9379-2017»; iii) «ORDENAR que mientras se rehacen las actuaciones y se profiere la nueva decisión judicial correspondiente, se suspendan los efectos de la orden de captura y de cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la privación de la libertad de JAVIER ALEJANDRO OSPINA SILVESTRE, con el fin de evitar que se consolide un perjuicio sobre su libertad antes de que sean corregidos los defectos constitucionales advertidos».

Por último, solicita: iv) «SUBSIDIARIAMENTE, en el evento de no prosperar el cargo principal relativo al soporte cognoscitivo, dejar sin efecto jurídico el Auto EPMS 026 de 8 de julio de 2026 exclusivamente para que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali profiera una nueva decisión que responda de manera expresa y congruente el argumentoRad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 5 planteado por la defensa sobre la naturaleza y consecuencias jurídicas de las actuaciones estatales desarrolladas en abril de 2019, sin alterar el problema jurídico hacia una extensión personal del subrogado de otro condenado».

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1.- La Sala de Casación Penal remitió el enlace de acceso al expediente relacionado con el asunto cuestionado.

2.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, solicitó negar la tutela, argumentando que la controversia planteada corresponde a una inconformidad con las decisiones judiciales que negaron la prescripción de la sanción penal y que dicho asunto ya fue estudiado en varias

solicitó negar la tutela, argumentando que la controversia planteada corresponde a una inconformidad con las decisiones judiciales que negaron la prescripción de la sanción penal y que dicho asunto ya fue estudiado en varias oportunidades por los jueces de instancia.

3.- El Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa metrópoli presentó una relación cronológica de las actuaciones adelantadas en el proceso penal. Precisó que la sentencia condenatoria por allanamiento a cargos fue proferida el 29 de marzo de 2019, apelada y posteriormente confirmada por el tribunal el 14 de septiembre de 2020. Agregó que dicha decisión fue casada parcialmente por la Corte Suprema de Justicia el 29 de noviembre de 2023 y que, en 2024, el expediente se remitió al Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 6 Reconoció que en el expediente no reposan los elementos materiales probatorios ni constancia de su incorporación previa, aunque señaló que el juez de conocimiento hizo referencia a aquellos mencionados por la fiscalía durante la audiencia de control de garantías. Finalmente, sostuvo que no existen actuaciones a su cargo susceptibles de corrección por vía de tutela.

4.- El Juzgado Catorce Penal Municipal de Cali informó que, en 2017, legalizó la captura del accionante, formuló imputación e impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Añadió que aquel aceptó los cargos y que, posteriormente, el expediente fue remitido al Centro de

que, en 2017, legalizó la captura del accionante, formuló imputación e impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Añadió que aquel aceptó los cargos y que, posteriormente, el expediente fue remitido al Centro de Servicios Judiciales, por lo que solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

5.- La Coordinadora de Defensa Jurídica de EMCALI EICE ESP solicitó declarar improcedente el amparo, al considerar que el ac tor pretende controvertir decisiones judiciales proferidas entre 2019 y 2023 mediante una acción de tutela promovida en 2026, sin satisfacer el requisito de inmediatez.

6.- La Fiscalía Cuarenta y Ocho Seccional de Cali manifestó que el proceso penal se adelantó con observancia de las garantías del debido proceso. Recordó que el gestor fue imputado, se allanó a los cargos y posteriormente fue condenado por varios delitos, razón por la cual solicitó negar el resguardo.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 7 7.- El Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad indicó que su intervención se ha limitado a la ejecución de la condena impuesta al accionante. Explicó que, en distintas oportunidades, negó la solicitud de prescripción de la pena por incumplimiento de los requisitos legales, dado que la sentencia adquirió firmeza en diciembre de 2023. Añadió que sus determinaciones fueron confirmadas por los superiores funcionales y que no se advierte contradicción alguna ni vulneración de derechos fundamentales.

legales, dado que la sentencia adquirió firmeza en diciembre de 2023. Añadió que sus determinaciones fueron confirmadas por los superiores funcionales y que no se advierte contradicción alguna ni vulneración de derechos fundamentales.

8.- Edgar José Velasco Perafán, condenado en el mismo proceso penal que el actor, coadyuvó la solicitud de amparo y advirtió graves irregularidades en la actuación, relacionadas con la ausencia de elementos materiales probatorios en el expediente, inconsistencias en su custodia y manejo, contradicciones entre lo expuesto por la Fiscalía y la documentación del caso, así como deficiencias en la verificación del allanamiento a cargos.

9.- El accionante cuestionó su condena por irregularidades probatorias y un trato desigual frente a la prescripción, por lo que solicitó revisar su caso y proteger sus privilegios esenciales.

CONSIDERACIONES

1.- Desde ahora se anticipa el fracaso del resguardo, toda vez que los cuestionamientos dirigidos contra las sentencias condenatorias proferidas por el Juzgado VeinteRad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 8 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad y la Sala de Casación Penal de esta Corte, mediante las cuales se impuso al accionante una pena de 45 meses de prisión, como autor responsable de lo s delitos de fraude procesal, abuso de confianza calificado y falsedad en documento privado, no satisfacen el presupuesto de inmediatez que rige esta vía excepcional, sin que se advierta justificación alguna para la tardanza.

confianza calificado y falsedad en documento privado, no satisfacen el presupuesto de inmediatez que rige esta vía excepcional, sin que se advierta justificación alguna para la tardanza.

En efecto, entre la expedición de la última providencia cuestionada —SP485-2023, de 29 de noviembre de 2023— y la presentación de esta acción constitucional —15 de septiembre de 2026— transcurrieron aproximadamente dos años y diez meses , lapso que supera ampliamente el término de seis meses que esta Corporación ha considerado razonable para acudir al mecanismo de amparo, sin que el interesado hubiese expuesto circunstancias que justificaran su prolongada inactividad.

Sobre el tema, se ha predicado que:

[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesiónRad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 9 o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

9 o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses . Se resalta (STC3264-2025).

Lo anterior impide examinar el fondo del asunto, pues si el gestor demoró en acudir a esta acción, ese descuido, por sí solo, resulta suficiente para descartar la existencia de una conducta indebida atribuible a las autoridades accionadas con repercusión directa en los derechos fundamentales invocados.

2.- De otro lado, tampoco se advierte irregularidad alguna en la providencia de 8 de julio de 2026, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali ratificó el auto de 27 de febrero de es ta anualidad, proferido por el Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, que negó la prescripción de la sanción penal impuesta al accionante y ordenó actualizar la orden de captura librada en su contra.

En efecto, el tribunal explicó que, conforme al artículo 89 del Código Penal, el término de prescripción de la sanción comienza a contabilizarse a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria. En ese sentido, precisó que, si bienRad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 10 el fallo de primera instancia se profirió en marzo de 2019, no

sentencia condenatoria. En ese sentido, precisó que, si bienRad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 10 el fallo de primera instancia se profirió en marzo de 2019, no adquirió firmeza en esa oportunidad, dado que el proceso continuó su curso en segunda instancia y, posteriormente, en sede de casación. Por consiguiente, la ejecutoria únicamente se produjo el 29 de noviembre de 2023, con la expedición de la sentencia SP485 -2023 por la Sala de Casación Penal, de manera que contabilizar el término prescriptivo desde una fecha anterior desconocería la normativa aplicable y la jurisprudencia que descarta la existencia de ejecutorias parciales.

Asimismo, aclaró que el acta de compromiso suscrita el 8 de abril de 2019 no podía producir efectos extintivos respecto del tutelante, por cuanto fue firmada exclusivamente por su compañero de causa, Miguel Ángel Jaramillo Martínez, con ocasión del subrogado penal que le fue concedido. En consecuencia, dicha actuación no podía extenderse a terceros ni modificar la fecha de ejecutoria de la sentencia. Agregó que, aun si se admitiera que sus efectos cobijaban al gestor, ello no favorecería la prescripción alegada, pues la suscripción de un acta de compromiso supone el sometimiento a la autoridad judicial y al cumplimiento de la pena, circunstancia que, en los términos expuestos por esa Corporación, daría lugar a la interrupción del término prescriptivo.

Finalmente, descartó la vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima, al considerar que no existía

expuestos por esa Corporación, daría lugar a la interrupción del término prescriptivo.

Finalmente, descartó la vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima, al considerar que no existía actuación estatal dirigida al interesado que le hubiese generado una expectativa razonable sobre la extinción de laRad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 11 sanción. Reiteró, además, que el inicio del cómputo prescriptivo depende de la ejecutoria de la sentencia y no de actuaciones relacionadas con su cumplimiento material, como la suscripción de un acta de compromiso o el inicio de un subrogado penal. Bajo es as consideraciones, concluyó que el juzgado ejecutor había procedido conforme a derecho al negar la prescripción de la pena y, por tanto, corroboró la determinación impugnada.

Sobre el particular, la Sala ha dicho en reiteradas oportunidades que:

(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (STC5656-2026).

3.- Así las cosas, el amparo no puede salir avante.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

promotor de este amparo (STC5656-2026).

3.- Así las cosas, el amparo no puede salir avante.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05913-00 12 Comuníquese lo aquí resuelto a las partes, por un medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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