CSJ - STC20742-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20742-2026 Radicación nº 13001-22-13-000-2026-00712-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 28 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Rolando Sinning Sinning, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena y las partes e intervinientes en la acción constitucional radicado nº 202600767.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, obrando en su propio nombre , reclamó la protección de los derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por la agencia judicial convocada.Rad. nº 13001-22-13-000-2026-00712-01

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2. Expuso en síntesis que, el 2 de septiembre de 2026 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena profirió fallo de segundo grado (ratificando la desestimación del amparo) dentro de la acción de tutela – rad. 2026-00767 – que promovió contra el Condominio Santillana de los Patios

PH.- Edificio Laureles.

Relató que, el 7 de ese mismo mes , elevó derecho de

del amparo) dentro de la acción de tutela – rad. 2026-00767 – que promovió contra el Condominio Santillana de los Patios PH.- Edificio Laureles.

Relató que, el 7 de ese mismo mes , elevó derecho de petición al mencionado juzgado solicitando copia del documento en el que conste el envío del expediente de la tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuestionó que han transcurrido más de 10 días hábiles y hasta la fecha de presentación de este amparo, sin que la autoridad mencionada haya dado contestación a la petición radicada en donde solicita la entrega de documentos, así como tampoco ha cumplido con el deber legal de remitir el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para la revisión.

3. Por lo anterior, pidió que se ordene al accionado, que « proceda a remitir para revisión de la Corte Constitucional el expediente correspondiente al radicado [2026-00767] y remitirme a mi correo electrónico copia de la constancia de envío».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juez Cuarto Civil del Circuito de Cartagena informó que, sobre lo pretendido por el actor, remitió elRad. nº 13001-22-13-000-2026-00712-01

3 expediente de la tutela en cuestión el 21 de septiembre, « es decir, antes de la notificación de esta acción de tutela, cumpliendo así con el mandato constitucional y la orden contenida en la sentencia respectiva». Agregó que, el asunto constitucional no se remitió de manera inmediata debido « al incremento significativo en el

decir, antes de la notificación de esta acción de tutela, cumpliendo así con el mandato constitucional y la orden contenida en la sentencia respectiva». Agregó que, el asunto constitucional no se remitió de manera inmediata debido « al incremento significativo en el reparto de acciones constitucionales en el año 2026, mismo que no solo obligó a la creación de los juzgados transitorios de Cartagena para el conocimiento de acciones de tutela, sino que, lógicamente, ha traído consigo el aumento de las cargas propias de los despachos judiciales y secretarías en cuanto a los trámites constitucionales se refiere».

2. El Juez Sexto Civil Municipal de esa ciudad, manifestó que no le consta las actuaciones que se critican de su superior funcional. Indicó que, de acuerdo con la página de consulta judicial, existe certeza sobre la remisión del expediente de tutela a la Cort e Constitucional el pasado 21 de septiembre. Solicitó su desvinculación del presente trámite.

3. La representante legal del Condominio Santillana de los Patios PH., indicó que, simplemente participó y contestó la demanda de tutela interpuesta por Rolando Sinning, pero que no tiene ninguna incidencia respecto de lo pretendido por aquel en esta nueva salvaguarda.

FALLO DE PRIMER GRADO

Resolvió negar el amparo solicitado porque, en primer lugar, no resulta viable invocar el derecho de petición en asuntos judiciales; y, segundo, porque, en todo caso, « se advierte que, con anterioridad a la notificación de la presente acción deRad. nº 13001-22-13-000-2026-00712-01

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asuntos judiciales; y, segundo, porque, en todo caso, « se advierte que, con anterioridad a la notificación de la presente acción deRad. nº 13001-22-13-000-2026-00712-01

4 tutela al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, este ya había desplegado la actuación correspondiente frente al asunto que constituye el objeto de la presente solicitud de amparo».

IMPUGNACIÓN

La interpuso el accionante refutando lo resuelto por el tribunal a-quo, por cuanto, considera que abordó de manera errada el análisis de lo pretendido en la presente acción. Alegó que la petición cuya respuesta reclama no es de carácter jurisdiccional «dado que lo que se solicita es la entrega de un documento donde conste que el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, documento que aún a día de hoy no reposa en el expediente, pues lo único que se ha subido al expediente digital es un oficio donde presuntamente se ordena la remisión del expediente, pero que no constituye prueba de que efectivamente el expediente haya sido remitido, situación que se probaría con la constancia del envío del correo con el expediente a la Corte o constancia de radicado en el sistema».

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde dilucidar si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena vulneró la garantía fundamental invocada, por no responder a la petición elevada por el acá querellante el 7 de septiembre 2026, dirigida a solicitar que se remita el expediente de tutela rad. 2026-00767 a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y se le aporte la

querellante el 7 de septiembre 2026, dirigida a solicitar que se remita el expediente de tutela rad. 2026-00767 a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y se le aporte la constancia respectiva de dicho envío.Rad. nº 13001-22-13-000-2026-00712-01

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2. Improcedencia del derecho de petición cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales

En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa tratándose de trámites judiciales (salvo en el caso de temas de carácter administrativo) en razón a que aquéllos están sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jurídico procesal de imperiosa aplicación, cuyo desconocimiento eventualmente daría lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje.

Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que:

«(…) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuación judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de éstas comporta la vulneración del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garantía del libre acceso a la administración de justicia, también consagrado como princi pio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que sólo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petición a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales están regulados por las normas que disciplinan la administración pública» (CSJ STC 20

imputar el desconocimiento del derecho de petición a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales están regulados por las normas que disciplinan la administración pública» (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras)

En igual sentido, se precisa, que:

«(…) no resulta factible inferir vulneración del derecho de petición dentro de una actuación judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo, ya que el jue z o magistrado que conduce un proceso está sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedanRad. nº 13001-22-13-000-2026-00712-01

6 tener a su cargo éstos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petición sino el debido proceso». (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199 -01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 0030401).

Así, cuando por vía de tutela se aduce el desconocimiento del derecho de petición por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si la solicitud cuya respuesta se reclama, concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendrá improcedente, por las razones expuestas.

autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si la solicitud cuya respuesta se reclama, concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendrá improcedente, por las razones expuestas.

3. Caso concreto.

3.1. En el sub examine no puede predicarse vulneración de la garantía contenida en el artículo 23 de la Carta Política, considerando que el requerimiento en cuestión tiene vínculo con la acción de tutela radicado nº 2026-00767 que curs ó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, por lo que, conforme se expuso en los precedentes jurisprudenciales destacados, no resulta viable el mecanismo constitucional deprecado para tal efecto.

En ese orden, tal como lo coligió el tribunal a-quo, no puede prosperar la demanda, toda vez que el aquí actor no se encontraba habilitado para pretender, mediante el escrito petitorio, que la autoridad tutelada respondiera sobre un asunto propio del trámite judicial en los términos previstos en la normativa que reglamenta la prerrogativa supralegal aludida – artículo 14, Ley 1437 de 2011 – Código deRad. nº 13001-22-13-000-2026-00712-01

7 Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015 –. Dicho de otra manera, no emerge afectación de aquélla conforme los presupuestos generales de esa regulación.

Lo anterior, por cuanto, los cuestionamientos sobre los casos sometidos a la competencia del juez deben ser

de 2015 –. Dicho de otra manera, no emerge afectación de aquélla conforme los presupuestos generales de esa regulación.

Lo anterior, por cuanto, los cuestionamientos sobre los casos sometidos a la competencia del juez deben ser resueltos a través de los procedimientos estatuidos, razón por la cual, la falta de aplicación de la legislación previamente mencionada no abre camino al amparo solicitado.

3.2. Ahora bien, al margen de lo anterior, se tiene que tampoco podría atribuirse violación de ninguna otra prerrogativa, dado que, de acuerdo a lo informado en estas diligencias por el juzgado accionado, la remisión del expediente de la tutela promovida por Rolando Sinning se efectuó el 21 de septiembre anterior, antes de que se surtiera la notificación de la admisión del presente resguardo, proceder que constituía el propósito cardinal de la petición elevada el 7 de ese mismo mes.

De lo anterior, se desprende que la reclamación de l quejoso resulta claramente infundada, ya que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena atendió el pedimento con la tramitación del envió del asunto a la Corte Constitucional, actuación que consta en el historial de la página web de consulta judicial de la Rama Judicial.Rad. nº 13001-22-13-000-2026-00712-01

8 3.3. Aunado a lo anterior, y para efectos de complementar la fundamentación frente a los reparos manifestados por el accionante en su escrito de impugnación, corresponde señalar que el registro o anotación del trámite de remisión del expediente a la Corte

complementar la fundamentación frente a los reparos manifestados por el accionante en su escrito de impugnación, corresponde señalar que el registro o anotación del trámite de remisión del expediente a la Corte Constitucional en la plataforma web de Consulta Judicial de la Rama Judicial constituye constancia verificable de la actuación cumplida, según lo informó el juzgado accionado en estas diligencias.

En tal sentido, la inconformidad expresada por el actor ante la falta de expedición de un certificado o constancia escrita sobre el envío carece de asidero jurídico, por cuanto no resulta obligatorio para la autoridad judicial generar certificaciones adici onales respecto de dicho proceder, en razón a que los actos procesales se asientan directamente en el historial del expediente digital y en el sistema de gestión de procesos, bastando para el efecto la emisión del oficio de remisión respectivo.

4. En definitiva, por lo expuesto, se impone ratificar la negativa de la salvaguarda habida cuenta que, como viene de puntualizarse, no se demostró vulneración de derecho alguno.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrandoRad. nº 13001-22-13-000-2026-00712-01

9 justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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