CSJ - STC20744-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20744-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05928-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela formulada por Germán Alonso Quiroga Zapata e Ivana Sofía Franco Rodríguez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma urbe ; trámite al cual fueron vinculados Orlanda Arredondo Gaviria, Cristian Camilo, Juan Sebastián y Ángela María Guevara Arredondo; Ana de Jesús Montes de Guevara, Julián Andrés, Dora Luci (o Lucy), José Nelson, Gloria María, Edilberto Antonio, Carlos Albeiro, Yaneth y Diana Carmenza Guevara Montes; y las demás autoridades, partes e intervinientes involucrados en el declarativo de responsabilidad civil extracontractual rad. n.º 2024-00251.

ANTECEDENTESRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05928-00

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1. Los gestores, a través de apoderado, reclamaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, «defensa» y acceso «efectivo» a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.

2. En síntesis, adujeron que familiares de Fernando de Jesús Guevara Montes promovieron en su contra el

«defensa» y acceso «efectivo» a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.

2. En síntesis, adujeron que familiares de Fernando de Jesús Guevara Montes promovieron en su contra el proceso de responsabilidad civil extracontractual rad. n.º 2024-00251, cuyo trámite correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales, tras la muerte de aquel en un accidente de tránsito.

Indicaron que esa autoridad judicial resolvió, en primera instancia, declararlos civil y solidariamente responsables, y los condenó a pagar «40 SMLMV a la cónyuge; 30 SMLMV a cada uno de los tres hijos y a la madre; y 10 SMLMV a cada uno de siete hermanos », pero negó « el daño emergente, el daño a la vida de relación y las pretensiones de Diana Carmenza Guevara Montes»; determinación que fue objeto de apelación, en la que se « reprochó la valoración fragmentada de la prueba , la decisión fundada en conjeturas y el desconocimiento de las excepciones de fondo [y] [s]e solicitó que se declarara el hecho exclusivo de la víctima o “cuando menos, una concurrencia de culpas”».

Se quejaron, en lo medular, de que el Tribunal accionado confirmara la condena impuesta en su contra dentro del declarativo rad. n.º 2024 -00251, sin valorar de manera integral los testimonios, tergiversando el dictamen del perito Atehortúa Ríos y el interr ogatorio del conductor, apreciando de forma irracional el dictamen del perito RondónRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05928-00 3

del perito Atehortúa Ríos y el interr ogatorio del conductor, apreciando de forma irracional el dictamen del perito RondónRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05928-00 3

Tovar, y omitiendo resolver la concurrencia de causas y los reparos contra la motivación del fallo de primer grado.

3. Con base en ello, en esencia, pidieron que se deje sin efectos la sentencia que, dictada por la Sala accionada el 7 de abril de 2026, confirmó las declaraciones y condenas que les fueron impuestas; y que, en su lugar, se ordene dictar

una nueva decisión que:

(i) valore de manera integral, y no fragmentada, los testimonios de Mónica María Arango Arbeláez, Carlos Fernando Vásquez Jaramillo y Jaime Alberto León Estrada en lo relativo a la posición del grupo de ciclistas en la vía; (ii ) aprecie el dictamen del perito Hernán Alonso Atehortúa Ríos y el interrogatorio del demandado en su sentido real; (iii) examine las contradicciones del dictamen del perito Javier Orlando Rondón Tovar conforme al artículo 232 del Código General del Proces o; (iv ) resuelva los reparos formulados contra la motivación de la sentencia de primera instancia; y (v) se pronuncie expresamente sobre la excepción de hecho exclusivo de la víctima y, en subsidio, sobre la concurrencia de causas y la consecuente reducción de l a indemnización conforme al artículo 2357 del Código Civil.

De manera subsidiaria, solicitaron que se ordene determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima y, como consecuencia, el ad quem natural «reduzca la condena

conforme al artículo 2357 del Código Civil.

De manera subsidiaria, solicitaron que se ordene determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima y, como consecuencia, el ad quem natural «reduzca la condena en la proporción que corresponda».

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

Una magistrada de la corporación convocada señaló que la actuación criticada no incurrió en defecto alguno.

CONSIDERACIONESRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05928-00

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1. Relevancia constitucional – procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión respectiva lesiona derec hos fundamentales, resulta admisible el amparo, siempre que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (C.C., C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración y con respecto al cual la Corte Constitucional

prosperidad de la protección (C.C., C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración y con respecto al cual la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces» (C.C., SU-128 de 2021).

En esa línea, se ha sostenido que el mencionado requisito «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, lasRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05928-00 5

competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» (C.C., SU-215 de 2022). Por esa vía, se han adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional, debiéndose verificar que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso

legal o económico[161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordina rio[162]» (C.C., SU-016 de 2026).

De la jurisprudencia expuesta se deriva que la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental, de manera que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal, probatoria o económica.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional. Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el fondo del asunto, esto es, si la s autoridades accionadas incurrieron en los defectos endilgados.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala declarará improcedente el amparo, pues el asunto sometido a su consideración careceRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05928-00 6

de relevancia constitucional, lo que torna innecesario extender el examen al estudio de fondo de los defectos enunciados por la parte actora.

3.1. Los gestores se quejaron de que la corporación judicial accionada hubiese confirmado, mediante sentencia de 7 de abril de 2026, el fallo de primer grado que los declaró civil y solidariamente responsables por la muerte de Fernando de Jesús Guevara Montes e impuso condenas en

judicial accionada hubiese confirmado, mediante sentencia de 7 de abril de 2026, el fallo de primer grado que los declaró civil y solidariamente responsables por la muerte de Fernando de Jesús Guevara Montes e impuso condenas en su contra.

Ello, en esencia, porque, a su juicio, el Tribunal (i) valoró de forma fragmentada y contradictoria los testimonios de los tres ciclistas que acompañaban a la víctima, al aceptar lo relativo al orden y la velocidad de la fila, pero no que esta avanzaba por la berma; (ii) tergiversó el dictamen del perito Atehortúa Ríos y el interrogatorio del conductor, al emplear la expresión « se sale aproximadamente 1 metro 30 » como prueba de que no se guardó la distancia de 1,50 metros; (iii) apreció irracionalmente el dictamen del perito Rondón Tovar, que describiría « dos dinámicas incompatibles »; y (iv) no resolvió la concurrencia de causas ni los reparos contra la motivación del fallo de primer grado.

Para decidir, el Tribunal planteó como problema jurídico si « [...] se acreditó el rompimiento del nexo causal por la ocurrencia de alguna causa extraña, específicamente el hecho de la víctima». Con ese propósito, valoró «de manera conjunta, a la luz de las reglas de la experiencia y la sana crítica» el informe policial y su croquis, los testimonios, el interrogatorio del conductor, laRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05928-00 7

necropsia y los dictámenes de los peritos Atehortúa Ríos y Rondón Tovar, y consideró que los demandados no lograron

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necropsia y los dictámenes de los peritos Atehortúa Ríos y Rondón Tovar, y consideró que los demandados no lograron acreditar el hecho de la víctima, pues « no milita en el plenario medio de convicción que acredite la supuesta maniobra intempestiva» y, pese a que la defensa « enfiló sus esfuerzos en indicar que este iba por la berma de la vía », « nada de ello se confirmó »; que los tres declarantes iban delante de la víctima, por lo que « ninguno de ellos pudo presenciar directamente el choque» y de sus dichos «no es dable inferir» que esta transitara por la berma; que, según el perito Atehortúa Ríos, la víctima « se sale aproximadamente 1 metro 30» y el conductor «no lleva distancia», de lo cual infirió que este, « como incluso lo confesó en su interrogatorio », inobservó la distancia de 1,50 metros; y que esa conducta, «en contravención a la normativa », « fue la causa adecuada para la producción del accidente».

3.2. Analizados los reproches , se advierte que la controversia planteada no versa sobre un asunto constitucional, sino acerca de la valoración que el Tribunal hizo de los medios de prueba —testimonios, dictámenes, interrogatorio e informe policial— y de lo que de ellos infirió sobre el hecho de la víctima y la causa del accidente . Esas son cuestiones cuya solución compete al juez ordinario, con independencia de si la adoptada fue o no la más acertada, más porque se trata de un asunto de carácter legal y probatorio.

son cuestiones cuya solución compete al juez ordinario, con independencia de si la adoptada fue o no la más acertada, más porque se trata de un asunto de carácter legal y probatorio.

Así lo evidencia el propio escrito de tutela, que formula cada reproche como una discrepancia con la manera en queRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05928-00 8

se apreciaron los medios de convicción, de modo que su desacuerdo se concentra en el resultado de esa apreciación y no en un asunto de naturaleza iusfundamental.

Sobre el punto, esta Sala ha reiterado que un asunto carece de relevancia constitucional cuando la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales, como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango legal, o cuando es eviden te su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas (CSJ , STC10390-2024 y CSJ, STC6151-2025, entre otras); y que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica [valoración] probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes » (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01).

3.3. De otro lado, frente a la alegada violación del debido proceso, la defensa y el acceso efectivo a la administración de justicia, lo realmente criticado es la manera como el Tribunal valoró la prueba, sin que la

3.3. De otro lado, frente a la alegada violación del debido proceso, la defensa y el acceso efectivo a la administración de justicia, lo realmente criticado es la manera como el Tribunal valoró la prueba, sin que la solución del caso exigiera a la Sala pronunci arse sobre el contenido, alcance o goce de esos derechos; pues con su mención se pretende plantear un desacuerdo que es, en el fondo, probatorio.

Lo mismo cabe decir de la alegada omisión de pronunciamiento, pues esta no proviene del desconocimientoRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05928-00 9

de las garantías de motivación o de congruencia, sino del desacuerdo con la forma en que el Tribunal resolvió la alzada: examinó la conducta atribuida a la víctima, que no halló probada, y concluyó que la causa adecuada fue el proceder del conductor; lo di scutido es, entonces, el alcance de la prueba para decidir si procedía la reducción del artículo 2357 del Código Civil, asunto de mera legalidad.

3.4. Finalmente, al ser aspectos que fueron ventilados, discutidos y objeto de resolución a lo largo del proceso — desde la contestación hasta la sentencia de segunda instancia—, queda claro que la protección solicitada busca reabrir, por esta vía excepcional, u n debate que ya se agotó ante el juez natural y en dos instancias.

4. Conclusión

En definitiva, al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará la improcedencia del amparo por esta sola razón, sin que sea del caso adentrarse en el examen de los defectos alegados.

DECISIÓN

En definitiva, al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará la improcedencia del amparo por esta sola razón, sin que sea del caso adentrarse en el examen de los defectos alegados.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y porRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05928-00 10

autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo invocado.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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