CSJ - STC20745-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20745-2026 Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 17 de septiembre 2026 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro de la acción de tutela promovida por Camilo Andrés Tocancipá García contra el Juzgado Séptimo Civil del mismo circuito judicial , trámite al cual fueron vinculados los partícipes en el divisorio n.° 202400379 -00.

ANTECEDENTES

1. El pretensor acude al presente amparo reclamando la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y «tutelaRadicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01

2 judicial efectiva », presuntamente vulnerado s por la s autoridades enjuiciadas.

2. En síntesis, expuso que promovió proceso divisorio respecto de cinco inmuebles en contra de Diego Alejandro Ramírez García, trámite en el que Luz Helena del Socorro García Echeverry se opuso , alegando que cursa una demanda de usucapión promovida por ella sobre los mismos bienes.

Por lo anterior, mediante auto del 30 de julio de 2026, el juzgado convocado dispuso la suspensión del divisorio,

demanda de usucapión promovida por ella sobre los mismos bienes.

Por lo anterior, mediante auto del 30 de julio de 2026, el juzgado convocado dispuso la suspensión del divisorio, determinación contra la cual interpuso reposición y , en subsidio apelación . Sin embargo, aquella se mantuvo incólume mediante providencia del 4 de septiembre siguiente, con fundamento en la apariencia de buen derecho de la demanda de pertenencia y en la improcedencia de la impugnación.

El actor sostiene que las referidas decisiones adolecen de motivación e incurren en defecto s fáctico y sustantivo , pues no se estudiaron con suficiencia los elementos aportados al expediente para controvertir la posesión, ni se explicó con suficiencia la apariencia del buen derecho, escenario del que deriva la lesión de sus derechos fundamentales.Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01

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3. Por lo anterior , el pretensor solicitó que se dejen sin efectos los autos del 30 de julio y 4 de septiembre del 2026, en consecuencia, se ordene al estrado accionado emitir una nueva decisión.

RESPUESTA DE LOS VINCULADOS

1. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín informó que se encuentra tramitando el proceso de pertenencia n.° 2024-00240-00, en el cual se integró al aquí tutelante, quien formuló las excepciones denominadas inexistencia de la posesión y falta de los requisitos axiológicos para acceder a la pertenencia.

2. Diego Alejandro Ramírez García, sostuvo que la

tutelante, quien formuló las excepciones denominadas inexistencia de la posesión y falta de los requisitos axiológicos para acceder a la pertenencia.

2. Diego Alejandro Ramírez García, sostuvo que la calidad registral de comunero que ostenta con el accionante no coincide con la posesión material de los inmuebles, la cual ostenta su madre, Luz Helena del Socorro García Echeverry, demandante en el usucapión n.° 2024-00240-00. Relievó que los alegatos del pretensor corresponden a aspectos que deben ser dirimidos por el juez natural del proceso.

3. La curadora ad litem , en representación de las personas indeterminadas, indicó que no advierte vulneración a los derechos del convocante toda vez que las providencias criticadas fueron debidamente sustentadas.Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01

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4. Luz Helena del Socorro García Echeverry, demandante en usucapión, alegó que ha ejercido actos de señora y dueña sobre los inmuebles cuya división se pretende desde el 1 de junio de 2010, por lo que pidió que se niegue el resguardo ante la ausencia de vulneración del actor, pues la decisión del juez criticado obedeció a la situación expuesta.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín negó el amparo tras considerar que las actuaciones del juez de conocimiento no son desproporcionadas, caprichosas o arbitrarias, ya que en el evento en que prosperara el juicio de pertenencia, los derechos de los adquirentes de los bienes rematados en el

actuaciones del juez de conocimiento no son desproporcionadas, caprichosas o arbitrarias, ya que en el evento en que prosperara el juicio de pertenencia, los derechos de los adquirentes de los bienes rematados en el divisorio se verían comprometidos.

IMPUGNACIÓN

La interpuso el promotor bajo similares argumentos a los expuestos en su escrito inicial, relievó que el a quo constitucional «confunde la existencia de motivación con la suficiencia en la motivación », ya que «el problema constitucional planteado no giraba alrededor de la existencia formal de una motivación. El problema consistía en determinar si dicha motivación resultaba suficiente para justificar constitucionalmente la restricción del derecho del comunero a obtener la terminación de la indivisión».Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01

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CONSIDERACIONES

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener indemnes los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Excepcionalmente se torna imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico, en los supuestos en que el funcionario judicial accionado ha

para disponer que lo haga de cierta manera.

Excepcionalmente se torna imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico, en los supuestos en que el funcionario judicial accionado ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley, pero ello en tanto haya superado el estudio de los requisitos generales de procedibilidad y se advierta la configuración de un defecto procedimental.

2. Circunscrita la Corte a los argumentos expuestos en impugnación, desde ya se anticipa que se confirmará la decisión de primer grado , pero por los motivos que a continuación se exponen.

2.1. En efecto, en el asunto se advierte que, si bien se superan los requisitos generales de procedibilidad consistentes en la legitimación, inmediatez y subsidiariedad,Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01

6 el resguardo decae en el incumplimiento del criterio de relevancia constitucional del conflicto.

La Corte Constitucional ha decantado que, una controversia es constitucionalmente relevante cuando: «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario» (SU-016 de 2026), delimitación cuyo propósito es proteger «el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y

concluidos en el proceso ordinario» (SU-016 de 2026), delimitación cuyo propósito es proteger «el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y prev[enir] que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» (SU-215 de 2022).

Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el cumplimiento de este este requisito exige que el accionante explique de qué manera la decisión censurada trascendió el ámbito de la autonomía judicial y compromete de forma efectiva una garantía fundamental , para lo cual no es suficiente con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental, alegando v.gr. la vulneración del derecho al debido proceso o acceso efectivo a la administración de justica, en cambio se requiere de la acreditación de una relación directa, específica y suficiente entre la actuación judicial cuestionada y la presunta vulneración.

2.2. En este caso, el accionante cuestiona el auto 30 deRadicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01

7 julio de 2026, a través del cual el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín suspendió el proceso divisorio con base en el ordinal 1° del artículo 161 del Código General del Proceso, conforme evidenció que antes de iniciarse la contienda divisoria, se promovió proceso de usucapión sobre los mismos inmuebles cuya división por venta en pública subasta se pretende. Igualmente, se queja del auto del 4 de septiembre siguiente , que resolvió no reponer dicha

contienda divisoria, se promovió proceso de usucapión sobre los mismos inmuebles cuya división por venta en pública subasta se pretende. Igualmente, se queja del auto del 4 de septiembre siguiente , que resolvió no reponer dicha resolución.

En sustento, el actor indicó que el juzgado convocado construyó la apariencia de buen derecho a partir de cuatro circunstancias: «1. la anterioridad de la acción de pertenencia; 2. el parentesco entre la demandante y los comuneros; 3. la coincidencia de los bienes; 4. y la alegación de posesión », sin embargo, en su concepto carece de suficiente motivación conforme «no explica: por qué la condición de madre constituye un indicio favorable a la usucapión; por qué la anterioridad de la demanda demuestra probabilidad de éxito; por qué una alegación de posesión equivale a una apariencia seria de prescripción adquisitiva; ni por qué esos factores justifican restringir el derecho del comunero a salir de la indivisión».

Igualmente, considera que se presenta defecto fáctico porque el despacho fundamentó la apariencia de buen derecho en elementos favorables a la demandante en usucapión, omitiendo elementos aportados por aquel como:

• el origen de la ocupación de los inmuebles; • la naturaleza inicial de esa ocupación;Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01

8 • los actos posteriores realizados por los propietarios; • las circunstancias expuestas por la oposición; • y las objeciones formuladas respecto de la mutación de tenencia a posesión.

Finalmente, indica que se presenta defecto sustantivo

8 • los actos posteriores realizados por los propietarios; • las circunstancias expuestas por la oposición; • y las objeciones formuladas respecto de la mutación de tenencia a posesión.

Finalmente, indica que se presenta defecto sustantivo porque la providencia « omite toda referencia al problema jurídico central de una pretensión de pertenencia promovida por quien originalmente recibió la tenencia del inmueble reconociendo dominio ajeno».

No obstante , al contrastar los argumentos del accionante con el expediente digital allegado por la autoridad judicial cuestionada, se advi erte la ausencia de relevancia constitucional, por cuanto se evidencia que el actor pretende utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir un debate ya zanjado por el juez natural.

En efecto , nótese que el actor promovió reposición contra el auto del 30 de octubre de 2026 con fundamento en argumentos sustancialmente coincidentes con los planteados en esta sede constitucional, los cuales fueron analizados y desestimados individualmente en providencia del 4 de septiembre siguiente, para concluir que: «el estudio de apariencia de buen derecho no puede confundirse con una sentencia anticipada sobre la acción de pertenencia».Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01

9 En este sentido lo que se concluye sin asomo de duda es una diferencia de criterio de l promotor frente a los razonamientos expuestos por la autoridad accionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonomía e independencia judicial -, situación que per se, no abre camino a la prosperidad de la protección

razonamientos expuestos por la autoridad accionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonomía e independencia judicial -, situación que per se, no abre camino a la prosperidad de la protección constitucional.

Sobre el particular, la postura de la Sala ha sido enfática en señalar que la tutela no es una instancia adicional a la causa judicial, resáltese que este mecanismo:

[N]o está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo . (CSJ, STC, 15 feb. 2011, rad. 01404 -01, reiterada en CSJ, STC16695-2023, STC842-2024, entre otras).

Además, se ha sostenido que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes». (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012 -000901; reiterada en STC1204-2024, entre otras).Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01

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01; reiterada en STC1204-2024, entre otras).Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01

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3. En conclusión, como las decisiones recriminadas carecen relevancia constitucional, se confirmará la decisión de primera instancia, para declarar improcedente del amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZRadicación n.º 05001-22-03-000-2026-00707-01

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FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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