CSJ - STC20746-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20746-2026 Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00712-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 22 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Leonardo Valencia Aguilar contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al cual fueron vinculados los acreedores de la liquidación patrimonial n.º 2025-00415.

ANTECEDENTES

1. El accionante, por intermedio de apoderada judicial, reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la confianza legítima y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01

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2. De las pruebas incorporadas al expediente y el escrito de tutela se extrae que, en el proceso de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante rad. n.º 2025-00415, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín decretó la apertura del trámit e (8 abr. 2026) y le ordenó al deudor -Leonardo Valencia - pagar los honorarios provisionales del liquidador. Luego lo requirió para que

decretó la apertura del trámit e (8 abr. 2026) y le ordenó al deudor -Leonardo Valencia - pagar los honorarios provisionales del liquidador. Luego lo requirió para que acreditara el pago, so pena de desistimiento tácito (28 abr. 2026), y como no lo hizo, dio por terminado el proceso (17 jun. 2026).

El deudor pidió la nulidad de lo actuado desde la apertura, por indebida notificación, la cual el juzgado negó (13 ago. 2026). Al resolver la reposición, mantuvo su decisión y no concedió la apelación, por tratarse de un trámite de única instancia (4 sep. 2026).

Afirma el accionante, que con esas decisiones se incurrió en defecto procedimental absoluto y se desconoció la confianza legítima. Lo anterior, porque i. el auto de apertura ordenó comunicarle esa providencia y compartirle el expediente por correo electrónico, pero « La Secretaría del Juzgado omitió dar cumplimiento a la orden judicial impartida en el numeral décimo segundo»; y ii. exigirle el pago bajo apremio de desistimiento tácito, en esas condiciones, « vulnera el debido proceso y deviene en un exceso formal que lesiona las garantías fundamentales».

3. Pretende que se dejen sin efecto los autos de 13 de agosto y 4 de septiembre de 2026, y que se ordene al juzgado decretar la nulidad de lo actuado desde el auto de apertura.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín pidió negar el amparo. Explicó que la liquidación se originó en el fracaso de la negociación de deudas, que el auto de apertura impuso al deudor la carga de acreditar el pago de los honorarios provisionales en un término perentorio y que, si bien no se materializó la orden de comunicarlo al correo del deudor, sí se publicó en estados electrónicos.

Añadió que requirió nuevamente al deudor, bajo la advertencia del artículo 317 del Código General del Proceso, y que este guardó silencio durante el término concedido. Estimó que el procedimiento se ajustó a la legalidad y que no se vulneró la confianza legítima, pues el accionante contaba con acceso al expediente y las providencias se notificaron por estados.

2. Martha Luz Berrío Álvarez, acreedora en el proceso de liquidación, pidió declarar improcedente el amparo o, en subsidio, negarlo, porque la controversia versa sobre « la interpretación y aplicación de normas procesales ordinarias (notificación por estado, nulidades, desistimiento tácito)».

Agregó que el auto de apertura advirtió que « las providencias subsiguientes se seguirán notificando por estados (no por correo electrónico)», que el expediente estaba compartido con el deudor y su apoderada desde el 24 de noviembre de 2025, y que la terminación tiene sustento en el numeral 1 del artículo 564 del Código General del Proceso. Pidió, además, verificar

correo electrónico)», que el expediente estaba compartido con el deudor y su apoderada desde el 24 de noviembre de 2025, y que la terminación tiene sustento en el numeral 1 del artículo 564 del Código General del Proceso. Pidió, además, verificar la debida constitución del poder conferido para la tutela.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 4

SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El tribunal de Medellín negó el amparo por improcedente, al considerar que el accionante no atendió el requerimiento de pago ni impugnó el auto que dio por terminado el proceso, pese a que ambas providencias se publicaron en estado electrónico. Para el tribunal, la omisión de la Secretaría « no relevaba a la parte del deber de diligencia para estar al tanto de las actuaciones», de modo que la tutela «carece de subsidiariedad», pues no sirve para « revivir las oportunidades precluidas».

LA IMPUGNACIÓN

La interpuso la apoderada del accionante, quien sostuvo que el tribunal « tuvo por demostrado el incumplimiento de una orden judicial expresa por parte de la Secretaría » y, aun así, le restó eficacia por la publicación en estados. Insistió en que «la diligencia exigible a la parte no puede convertirse en una exoneración del incumplimiento de la administración de justicia».

Adujo que, tras un reparto que involucró inicialmente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, « una cosa es que una providencia sea formalmente publicada por estados y otra que la parte se encuentre materialmente en condiciones de identificar el proceso cuyo estado debe consultar ». Citó las sentencias T -515 y

al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, « una cosa es que una providencia sea formalmente publicada por estados y otra que la parte se encuentre materialmente en condiciones de identificar el proceso cuyo estado debe consultar ». Citó las sentencias T -515 y T-261 de 2025 de la Corte Constitucional y pidió revocar el fallo, conceder el amparo y decretar la nulidad de lo actuado desde el auto de 8 de abril de 2026.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 5 Al final del escrito afirmó que el deudor « es catalogado como adulto mayor».

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural.

Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier

otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo.

Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechosRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 6 fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue:

«(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instan cia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces » (CC SU573 de 2019, SU-128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales », de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar:

«(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un

reabrir debates meramente legales », de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar:

«(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales» (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental.

La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el d ebido proceso o el acceso a laRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 7 administración de justicia no habilita, per se, la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, su estudio solo se aborda una vez superadas la inmediatez y la subsidiariedad, presupuestos que le anteceden.

Aunque el tribunal declaró la improcedencia por falta de subsidiariedad, la Sala advierte que ese presupuesto se satisface: la tutela se promovió pocos días después del auto de 4 de septiembre de 2026, y el accionante pidió la nulidad

Aunque el tribunal declaró la improcedencia por falta de subsidiariedad, la Sala advierte que ese presupuesto se satisface: la tutela se promovió pocos días después del auto de 4 de septiembre de 2026, y el accionante pidió la nulidad y formuló la reposición, pues la apelación no procedía, ya que el trámite de liquidación patrimonial es de única instancia (art. 534 del Código General del Proceso).

Verificados esos presupuestos, el análisis se concentra en la relevancia, cuya ausencia, según pasa a exponerse, sella la improcedencia del amparo.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer si la acción de tutela promovida por Leonardo Valencia Aguilar satisface los presupuestos generales de procedibilidad.

Solo de superarse ese examen, la Sala determinará si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la confianza legítima y al acceso a la administración de justicia, al negar la nulidad de lo actu ado desde la apertura de la liquidación patrimonial y no reponer esa decisión.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 8

3. Caso concreto – Las providencias cuestionadas

Se anticipa que la Sala confirmará la negativa del amparo, pues en las providencias cuestionadas no se advierte una actuación que imponga la injerencia del juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia cons titucional, según se pasa a exponer:

3.1. El promotor dirige el amparo contra los autos que

constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia cons titucional, según se pasa a exponer:

3.1. El promotor dirige el amparo contra los autos que negaron la nulidad de lo actuado desde la apertura de la liquidación y no repusieron esa decisión; sin embargo, en esencia, su inconformidad recae sobre el efecto que el juzgado le dio a la omisión de la Secretaría frente al régimen legal de notificación por estado.

Al resolver la reposición, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín recordó que en el auto recurrido reconoció que la Secretaría no cumplió la orden de remitir el auto de apertura por correo electrónico, pero explicó que «dicha circunstancia no equivalía a la falta de notificación de esa decisión, pues el artículo 564 del C.G.P. no establece para el deudor una modalidad especial de notificación personal o mediante mensaje de datos del auto de apertura », por lo que resultaba aplicable la notificación por estado de los artículos 295 del Código General del Proceso y 9 de la Ley 2213 de 2022.

Agregó que la orden adicional debía cumplirse, pero que «su inobservancia no tenía la virtualidad de sustituir la forma de notificación establecida por el legislador ni de convertir la comunicación individual por correo electrónico en condición para la eficacia de la notificación realizada por estado».Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 9

Precisó, además, que según constancia del Sistema de Gestión Documental Electrónica de la Rama Judicial el expediente « fue compartido con las direcciones electrónicas (...)

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Precisó, además, que según constancia del Sistema de Gestión Documental Electrónica de la Rama Judicial el expediente « fue compartido con las direcciones electrónicas (...) correspondientes al deudor y su apoderada, desde el 24 de noviembre de 2025 », y que frente al radicado 2026 -00162, que la apoderada dijo vigilar, « no obra actuación alguna que permita asociar dicho número con el trámite de insolvencia de Leonardo Valencia Aguilar».

Y frente al desistimiento tácito, señaló que «la terminación no se produjo de manera inmediata ante la falta de pago, sino después de haberse requerido al deudor para satisfacer la carga pendiente, bajo la advertencia expresa de la consecuencia derivada de su incumplimiento».

El actor, por el contrario, sostiene que esa omisión lo dejó en «indefensión real» y que, aun así, se le trasladaron sus consecuencias, y es esa valoración de los efectos de la omisión la que pretende imponer por vía de tutela.

3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretende el tutelante es que el juez constitucional dirima una controversia de interpretación y aplicación de normas legales.

En efecto, sus reproches recaen sobre el alcance de los artículos 295 y 564 del Código General del Proceso y 9 de la Ley 2213 de 2022, y sobre el efecto que tiene frente a la notificación por estado la omisión de una comunicación adicional ordenada por el juez, cuestiones todas de estricta legalidad que fueron definidas por el juez natural.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 10

notificación por estado la omisión de una comunicación adicional ordenada por el juez, cuestiones todas de estricta legalidad que fueron definidas por el juez natural.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 10

De donde se extrae que no se debate aquí una cuestión que comprometa la interpretación o el alcance de la Constitución, sino la forma como el juzgado entendió las normas procesales que regulan la notificación y la terminación del trámite.

Que el accionante haya planteado la misma tesis en la solicitud de nulidad (10 jul. 2026), en la reposición, en la tutela y ahora en la impugnación, confirma que el amparo se emplea como una instancia adicional para reabrir un debate agotado, cometido ajeno a la naturaleza de este instrumento iusfundamental.

Así lo muestra la impugnación, que pregunta si « puede una autoridad judicial incumplir una orden expresa impartida por ella misma, reconocer posteriormente ese incumplimiento y, pese a ello, trasladar íntegramente al ciudadano las consecuencias procesales derivadas de la falta de conocimiento efectivo de la actuación», cuando ante el juzgado la apoderada ya había insistido en que « el incumplimiento de la orden impartida a la Secretaría impidió el conocimiento efectivo de las actuaciones».

A lo anterior no obsta el reparo sobre el cambio de radicado entre despachos, que el juzgado ya examinó y que corresponde a una valoración de los hechos y las pruebas propia del juez natural.

Tampoco la cita de las sentencias T -515 y T -261 de 2025 confiere relevancia al asunto, pues los apartes que

corresponde a una valoración de los hechos y las pruebas propia del juez natural.

Tampoco la cita de las sentencias T -515 y T -261 de 2025 confiere relevancia al asunto, pues los apartes que transcribe la impugnante tratan de la omisión de notificar, mientras que aquí el juez natural concluyó que lasRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 11 providencias sí se notificaron por estado, en la forma prevista por el legislador.

3.3. En segundo lugar, la consecuencia jurídica que se desprende de las providencias cuestionadas, esto es, que la omisión de una comunicación adicional no sustituye la notificación por estado y que la falta de pago de los gastos de la liquidación, tras el requ erimiento, conduce al desistimiento tácito, es la que el ordenamiento prevé para esta clase de controversias.

En efecto, el artículo 295 del Código General del Proceso consagra la notificación por estado como forma general para las providencias que no deban hacerse personalmente, y el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022 dispuso que se haga mediante su publicación en la página web de la Rama Judicial, lo que, según esta Sala, «constituye el mecanismo oficial, auténtico y público de notificación» (CSJ STC8333-2026).

Por su parte, el artículo 564, numeral 1.º, del Código General del Proceso, modificado por la Ley 2445 de 2025, según lo transcribió el juzgado, dispone que, salvo que en el inventario hubiera recursos en efectivo, « el deudor correrá con los gastos de la liquidación y al respecto se podrán aplicar las causales

según lo transcribió el juzgado, dispone que, salvo que en el inventario hubiera recursos en efectivo, « el deudor correrá con los gastos de la liquidación y al respecto se podrán aplicar las causales y el trámite correspondientes al desistimiento tácito para que el juez termine el proceso».

Entonces, esas determinaciones, contrastadas con la Constitución, no resultan por sí mismas lesivas de derecho fundamental alguno, pues no hacen más que extraer las consecuencias que el legislador dispuso para la notificaciónRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 12 por estado y para la terminación del trámite por falta de pago de los gastos de la liquidación.

3.4. Y en tercer lugar, no se acredita una afectación desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto.

El accionante contó con los medios de defensa que la ley prevé, pues pidió la nulidad y formuló la reposición, y cada una se resolvió de manera motivada, a lo que se suma que el expediente estaba compartido con él y su apoderada desde el 24 de noviembre de 2025 y que el requerimiento y el auto de terminación, notificados por estado, no fueron recurridos.

La alusión a una «indefensión real» no cambia lo anterior, pues no se explica por qué ese enteramiento, previsto por el legislador y complementado con el acceso al expediente, resultó desproporcionado.

A ello se suma que la controversia es de contenido patrimonial y con efectos particulares, porque gira en torno a la terminación de la liquidación del deudor por no sufragar

resultó desproporcionado.

A ello se suma que la controversia es de contenido patrimonial y con efectos particulares, porque gira en torno a la terminación de la liquidación del deudor por no sufragar los honorarios provisionales del liquidador, sin que en el escrito de tutela se al egara ni se demostrara una situación de vulnerabilidad que torne ese interés en un asunto de subsistencia o dignidad.

En la impugnación se afirmó, por primera vez, que el deudor «es catalogado como adulto mayor». Ese hecho no se invocó ante el tribunal ni obra prueba que lo respalde y, en todoRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 13 caso, no guarda conexidad con lo reprochado, que es la forma como se le notificaron las providencias, por lo que no modula el examen de relevancia.

Lo que subyace es una simple diferencia de criterio frente a la interpretación de la autoridad accionada, a la cual el actor se limita a oponer la propia.

Insiste la Sala en que la mera invocación del debido proceso o de la confianza legítima, sin demostración de una afectación desproporcionada, no confiere por sí sola relevancia constitucional a una controversia que sigue siendo legal, de modo que lo perseg uido no es la guarda de un derecho fundamental, sino la apertura de una instancia adicional, cometido ajeno a la acción de tutela.

4. Conclusión

En definitiva, como las decisiones cuestionadas no constituyen una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional, pues lo que en el fondo pretende el actor es anteponer su criterio al del Juzgado

4. Conclusión

En definitiva, como las decisiones cuestionadas no constituyen una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional, pues lo que en el fondo pretende el actor es anteponer su criterio al del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Mede llín, y al carecer el asunto de relevancia constitucional, se confirmará el fallo impugnado, por las razones aquí expuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y porRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00712-01 14 autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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