CSJ - STC20748-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20748-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05960-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Bancolombia S.A., contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil , trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esta capital y los intervinientes en el ejecutivo radicado nº 2024-00235.

ANTECEDENTES

1. La entidad financiera solicitante, a través de apoderado, reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por la corporación judicial convocada.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05960-00

2

2. Del escrito introductor y los anexos se extrae en

síntesis que:

2.1. Bancolombia S.A., promovió ejecutivo contra la sociedad Rex ingeniería S.A. en reorganización y Ligia Eugenia Rodríguez Salazar, para el cobro de un pagaré por valor de «$6.930’000.121.» que suscribieron las partes a título de mutuo comercial (contrato de leasing).

El asunto le correspondió tramitarlo al Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá (rad. 2024-00235) que, el

de mutuo comercial (contrato de leasing).

El asunto le correspondió tramitarlo al Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá (rad. 2024-00235) que, el 3 de septiembre de 2024 libró mandamiento de pago por la cifra de «$6.920.’014.952» más intereses causados.

La empresa ejecutada respondió a la demanda proponiendo excepciones de mérito que denominó « la obligación contenida en el título ejecutivo no es clara, expresa ni exigible; cobro de lo no debido; falsedad ideológica del título ejecutivo; ineficacia y/o inexistencia de pagaré por violación de instrucciones para llenar espacios en blanco; el valor indicado en el pagaré […] no corresponde a lo pactado en el contrato que le dio su origen al leasing por arrendamiento; falta de legitimación en la causa por activa; cobro de intereses sobre intereses y mala fe».

Agotadas las etapas de contradicción , el 25 de noviembre de 2025 el juzgado dictó sentencia declarando no probadas las excepciones propuestas por los demandados y ordenó seguir adelante con la ejecución. La parte ejecutada interpuso apelación.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05960-00 3 Mediante fallo del 29 de julio de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó el del a-quo, tras considerar que, atendiendo la argumentación de la alzada, el título valor no ofrecía claridad y expresividad en consonancia con la excepción titulada «ineficacia y/o inexistencia de pagaré por violación de instrucciones para llenar espacios en blanco».

considerar que, atendiendo la argumentación de la alzada, el título valor no ofrecía claridad y expresividad en consonancia con la excepción titulada «ineficacia y/o inexistencia de pagaré por violación de instrucciones para llenar espacios en blanco».

2.2. Acude Bancolombia a la presente salvaguarda para cuestionar el veredicto de segunda instancia que le fue desfavorable.

El reproche central radica en que la decisión atacada incurrió en defecto fáctico por una valoración arbitraria e irracional del material probatorio, al concluir «de forma errónea» que el pagaré ejecutable fue diligenciado en contravención de las pautas pactadas.

La entidad bancaria sostiene que el fallador de segunda instancia construyó su decisión mediante una aproximación sesgada a los documentos del proceso, afirmando puntualmente que «la conclusión determinante de la sentencia se habría construido a partir de la fragmentación y tergiversación, de pruebas documentales decisivas». En específico, cuestiona que el tribunal examinó exclusivamente el literal b) del numeral 2 de la carta de instrucciones, omitiendo analizar de manera integral los literales a, b, c, d y e, al igual que la liquidación del crédito aportada por un valor de «$6.930.000.121».

Adicionalmente, la parte accionante fundamenta su inconformidad manifestando que «existió una fragmentación en laRad. n° 11001-02-03-000-2026-05960-00 4 apreciación y lectura de las instrucciones que se encuentran inmersas en el pagare la cual se le dio una interpretación errónea y fragmentada».

Con base en lo anterior, aduce que la colegiatura omitió

4 apreciación y lectura de las instrucciones que se encuentran inmersas en el pagare la cual se le dio una interpretación errónea y fragmentada».

Con base en lo anterior, aduce que la colegiatura omitió «apreciar en conjunto y/o correctamente TODOS LOS LITERALES DE LAS INSTRUCCIONES para diligenciar los espacios en blanco del pagare objeto de cobro».

3. Por lo anterior, pretende que, se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia y dejar en firme la orden de seguir adelante con la ejecución dispuesta por el juzgado aquo del ejecutivo en cuestión.

RESPUESTA DEL ACCIONADO

La magistrada ponente de la providencia recriminada, del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, defendió la decisión allí adoptada indicando que, contrario a lo sostenido en la demanda tutelar, «sí se realizó un estudio sobre los medios de las probanzas arrimadas en aras de dirimir el fondo del asunto; providencia que, valga decir, no fue objeto de aclaración y/o corrección por la activante».

Agregó que el examen se enfocó en verificar si « el instrumento de pago había sido diligenciado en contravía de las directrices impartidas. Análisis en el que se vislumbró que los suscriptores únicamente habían autorizado la complementación por una suma equivalente a las cuotas vencidas e impagas, sin que hayan sido satisfechas esas condiciones en algunas de las obligaciones incorporadas en el documento – las cuales para la época del diligenciamiento no se habían causado».Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05960-00 5

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

incorporadas en el documento – las cuales para la época del diligenciamiento no se habían causado».Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05960-00 5

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala inicialmente establecer si, la controversia puesta a consideración en esta súplica alcanza la esfera de la trascendencia constitucional a fin de habilitar el estudio de fondo de la cuestión, y de superarse lo anterior, si la corporación judicial convocada vulneró las garantías supralegales invocadas por Bancolombia al interior del ejecutivo rad. 2024 -00235 que promovió contra Rex Ingeniería S.A. en reorganización y Ligia Eugenia Rodríguez Salazar, al revocar la sentencia de primera instancia estimatoria de las pretensiones, para en su lugar declarar probada la excepción de ineficacia del pagaré por violación de instrucciones y dar por terminado el proceso ejecu tivo, al incurrir, supuestamente en indebida valoración probatoria , concretamente por omitir apreciar en conjunto los literales del documento de instrucciones para el diligenciamiento del título y de la liquidación del crédito aportada.

2. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra

Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en unRad. n° 11001-02-03-000-2026-05960-00 6 recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue «(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instan cia o recurso adicional para controvertir

(ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instan cia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces» (CC SU-573/19; SU-128/21).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales », de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinarRad. n° 11001-02-03-000-2026-05960-00 7 el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales" (CC SU-215/22; SU-134/22).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se , la intervención del juez

continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se , la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, sino en estrecha relación con los demás presupuestos generales de procedibilidad; con todo, superados en este caso la subsidiariedad e inmediatez, el examen se concentra en la relevancia constitucional, cuya ausencia, según pasa a exponerse, sella la improcedencia del amparo.

3. Caso concreto

3.1. En el asunto bajo examen, la solicitud de amparo planteada por Bancolombia S.A. no satisface el presupuesto de relevancia constitucional, por lo que resulta improcedente. Aunque la accionante invoca la vulneración deRad. n° 11001-02-03-000-2026-05960-00 8 sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, argumentando no pretender convertir la tutela en una instancia adicional, el examen material de la queja demuestra que la controversia se circunscribe a una discrepancia de natural eza puramente legal y probatoria sobre la interpretación del documento de instrucciones del pagaré nº 170652 y la apreciación de la liquidación del crédito.

Asimismo, el litigio surge dentro del trámite de un proceso ejecutivo promovido para el cobro de una acreencia derivada del contrato de arrendamiento financiero leasing nº 170652 por la suma de «$6.930.000.121», lo cual evidencia un contexto estrictamente económico, particular y patrimonial

proceso ejecutivo promovido para el cobro de una acreencia derivada del contrato de arrendamiento financiero leasing nº 170652 por la suma de «$6.930.000.121», lo cual evidencia un contexto estrictamente económico, particular y patrimonial que carece de trascendencia iusfundamental.

3.2. Adicionalmente, y s in que lo anterior implique formular un juicio de corrección sobre la providencia censurada, la Sala advierte que el Tribunal Superior de Bogotá no actuó de manera manifiestamente arbitraria al revocar la orden de ejecución. En efecto, en la sentencia de 29 de julio de 2026, la autoridad accionada motivó su decisión al señalar que «al momento de diligenciarse el cartular, se incorporaron sumas adicionales a las acordadas », toda vez que la entidad bancaria incluyó cánones de arrendamiento futuros y no vencidos en contravención del literal b) del numeral 2° de las instrucciones acordadas por las partes, según las cuales el pagaré únicamente podía completarse por «los cánones de arrendamiento vencidos y no pagados».Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05960-00 9 En esa misma línea argumentativa, el fallador de alzada expuso que el acervo probatorio incorporaba «múltiples elementos que conducen a montos disímiles e incompatibles entre sí, sin que ninguno de ellos permita fijar, con cierto grado de certeza, el valor de la obligación», concluyendo que el título valor carecía de la claridad y expresividad exigidas por el artículo 422 del Código General del Proceso para sostener la orden de apremio. Tales razonamientos demuestran la existencia de

de la obligación», concluyendo que el título valor carecía de la claridad y expresividad exigidas por el artículo 422 del Código General del Proceso para sostener la orden de apremio. Tales razonamientos demuestran la existencia de una fundamentación jurídica y fáctica que descarta una actuación caprichosa o desprovista de sustento por parte del juez natural.

3.3. De acuerdo con el criterio decantado por esta Corporación en las sentencias STC8060 -2020 y STC33642025, las discusiones cuya solución se agota en la aplicación o interpretación de preceptos de rango legal – como las reglas sobre diligenciamiento de títulos valores del artículo 622 del Código de Comercio o los requisitos de ejecutabilidad del artículo 422 del Código General del Proceso , objeto de discusión en el ejecutivo en cuestión – carecen de dimensión constitucional cuando versan sobre pretensiones de carácter netamente económico con efectos particulares. La sola formulación de un lenguaje iusfundamental o la inconformidad con la apreciación de las pruebas no habilita la intervención del juez de amparo.

3.4. En consecuencia, la solicitud tutelar formulada por la entidad bancaria persigue reabrir el debate probatorio y normativo definido por la jurisdicción ordinaria, utilizandoRad. n° 11001-02-03-000-2026-05960-00 10 el amparo como una tercera instancia o recurso adicional para controvertir el sentido del fallo adverso.

La doctrina sobre la falta de relevancia constitucional fijada en las Sentencias SU -573 de 2019, SU -128 de 2021,

el amparo como una tercera instancia o recurso adicional para controvertir el sentido del fallo adverso.

La doctrina sobre la falta de relevancia constitucional fijada en las Sentencias SU -573 de 2019, SU -128 de 2021, SU-134 de 2022 y SU -215 de 2022 impide al juez de tutela sustituir al fallador ordinario en la valoración del material probatorio cuando este n o ha incurrido en una actuación ilegítima, preservando con ello la autonomía judicial y el principio de subsidiaridad.

Por consiguiente, al no superarse el examen de procedibilidad de la relevancia constitucional, que opera como compuerta de acceso al estudio de fondo en la tutela contra providencias judiciales, la acción promovida resulta improcedente, imponiéndose la desestimación del resguardo sin que sea admisible abordar el examen de los defectos fáctico o sustantivo aducidos en el escrito inicial.

4. Corolario de lo discurrido en precedencia, será la desestimación de la salvaguarda.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-05960-00 11 Comuníquese lo acá resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

expedito, y de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: CB8B669DB8D3C1FD16B506436EA4955979CD72C6E8C616BA9C38B15181EA1D28

Documento generado en 2026-10-26