CSJ - STC20750-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20750-2026 Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02288-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 11 de agosto de 2026 proferida por la Sala de Casación Penal, dentro de la acción de tutela promovida por Gerardo Quintero Calderón contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de esa urbe, asunto al cual se vincularon los partícipes en la causa penal n.° 2018-01868.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales « al debido proceso, a la igualdad, a la Dignidad Humana, la Unión Familiar adultos mayores o personas con discapacidad como padre/cuidador de personas de especial protección constitucional y Libertad », que consideró vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02288-01

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2. En síntesis, adujo que mediante sentencia de 16 de abril de 2024 el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de Neiva lo condenó a 42 meses y 19 días de prisión por el delito de lesiones personales dolosas agravadas, determinación confirmada por el Tribunal Superior de esa urbe en sentencia de 22 de abril de 2026.

Función de Conocimiento de Neiva lo condenó a 42 meses y 19 días de prisión por el delito de lesiones personales dolosas agravadas, determinación confirmada por el Tribunal Superior de esa urbe en sentencia de 22 de abril de 2026.

Señaló que con este mecanismo « no pretende reabrir el debate probatorio ni controvertir la responsabilidad penal asignada », sino controvertir que dichos fallos le hubiesen negado como mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad el poder cumplir la condena en su domicilio. Manifestó que ello resultaba necesario toda vez que él era « el único proveedor económico y cuidador exclusivo de dos personas en situación de extrema vulnerabilidad», a saber, su padre de crianza, José María Medina de 91 años , y su hijo de crianza , Andrés Felipe Sánchez de 22 años, ambos con complicaciones de salud . Afirmó que su reclusión intramural los dejaría en desamparo, con riesgo para su vida, salud e integridad , ocasionando un perjuicio irremediable.

3. Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos las sentencias cuestionadas en lo relativo a la negativa de los mecanismos sustitutivos de la pena y concederle la prisión domiciliaria por las necesidades expuestas.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOSRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02288-01

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1. El Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de Neiva sostuvo que garantizó el debido proceso del accionante y que la sentencia condenatoria, incluida la negativa de los mecanismos sustitutivos de la

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1. El Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de Neiva sostuvo que garantizó el debido proceso del accionante y que la sentencia condenatoria, incluida la negativa de los mecanismos sustitutivos de la pena, fue confirmada por el superior. S eñaló que la tutela pretendía reabrir un debate resuelto en el proceso penal y que la solicitud de prisión domiciliaria por las circunstancias familiares alegadas se encontraba bajo estudio del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad d e Neiva. Por ello, advirtió incumplido el requisito de subsidiariedad, solicitó negar el amparo y su desvinculación del trámite.

2. La Fiscalía Doce Local UCP de Neiva hizo un breve recuento de las actuaciones a su cargo en el juicio penal en el cual adelantó la investigación y presentó la acusación contra el accionante, allegando piezas procesales del proceso.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala de Casación Penal declaró improcedente la salvaguarda por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad toda vez que el accionante « no promovió el recurso extraordinario de casación para controvertir la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior (…) que confirmó íntegramente la decisión de primer grado, incluida la negativa de conceder los mecanismos sustitutivos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria » y porque «se constató que ante el Juzgado 3.° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva cursa una solicitud elevada por el accionante en aras de obtener la

la pena y la prisión domiciliaria » y porque «se constató que ante el Juzgado 3.° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva cursa una solicitud elevada por el accionante en aras de obtener la concesión de subrogados».Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02288-01 4

IMPUGNACIÓN

La interpuso el promotor del amparo precisando que los mecanismos expuestos por el a quo constitucional no resultaban eficaces por carecer «de la inmediatez requerida para conjurar la vulneración », por lo que insistió en la procedencia excepcional del amparo para « la prevención de un perjuicio irremediable, grave e inminente e impostergable sobre sujetos de especial protección constitucional», esto es, su padre de crianza y su hijo de crianza.

CONSIDERACIONES

1. La Sala ratificará la declaratoria de improcedencia del amparo no solo porque es evidente la desatención del presupuesto de la subsidiariedad, tal como lo concluyó el veredicto impugnado, sino porque, adicionalmente, se advierte una falta de legitimación en la causa por activa del abogado promotor, como pasa a explicarse.

2. En realidad la salvaguarda constitucional involucra los derechos fundamentales tanto de Gerardo Quintero Calderón, accionante quien otorgó poder especial al profesional en derecho que presentó la acción, como de José María Medina y Andrés Felipe Sánchez, señalados como padre e hijo de crianza del tutelante, quienes no lo hicieron.

En ese sentido, frente a las prerrogativas del accionante

profesional en derecho que presentó la acción, como de José María Medina y Andrés Felipe Sánchez, señalados como padre e hijo de crianza del tutelante, quienes no lo hicieron.

En ese sentido, frente a las prerrogativas del accionante se observa la improcedencia del amparo por incumplir elRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02288-01 5 principio de la subsidiariedad, mientras que en lo relativo a los otros sujetos se advierte la improcedencia pero por falta de legitimación en la causa por activa.

2.1. Ciertamente la subsidiariedad es un presupuesto fundamental que rige el mecanismo constitucional de amparo. El artículo 86 de la Constitución Política estableció que esta acción « solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ». En consecuencia, el canon 6° del Decreto 2591 de 1991 consagró entre las causales de improcedencia de la acción de tutela la existencia de « otros recursos o medios de defensa judicial », con la misma excepción referida.

En el caso en concreto, los derechos fundamentales del accionante estarían involucrados en la medida en que cuestiona la negativa a su solicitud de sustitución de la pena privativa de la libertad para cumplir la condena en su domicilio. Al respecto, resulta acertada la conclusión del fallo constitucional de primer grado en el sentido de que el promotor no agotó el recurso extraordinario de casación contra el fallo del ad quem que confirmó la referida negativa (incuria), además de advertir que el accionante presentó esa

constitucional de primer grado en el sentido de que el promotor no agotó el recurso extraordinario de casación contra el fallo del ad quem que confirmó la referida negativa (incuria), además de advertir que el accionante presentó esa solicitud ante el correspondiente juzgado de ejecución de penas, la cual estaba pendiente de tramitarse (prematuridad).

Ahora bien, fíjese que el tutelante no cuestiona la existencia de dichos mecanismos ordinarios, sino suRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02288-01 6 efectividad, para lo cual reitera su argumentación de la posible consumación de un perjuicio irremediable consistente en « el daño sobre la vida e integridad física del adulto mayor y del joven discapacitado ». Insiste con el escrito de impugnación en que «exigir el agotamiento completo de dichas vías ordinarias equivale a someter a dos personas vulnerables a un estado absoluto de desamparo físico, psicológico y asistencial».

Es decir, en ese punto la acción de tutela trasciende las prerrogativas fundamentales de Gerardo Quintero Calderón e invoca aquellas de José María Medina y Andrés Felipe Sánchez, señalados como padre e hijo de crianza del accionante.

2.2. Al respecto, recuérdese que, sin perjuicio de la especial naturaleza del auxilio constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos básicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimación en la causa, ya sea por activa o por pasiva, así como la debida representación. Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591

son ajenos algunos de los presupuestos básicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimación en la causa, ya sea por activa o por pasiva, así como la debida representación. Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prevé que esta acción «podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud».

A partir de dicha disposición, la Corte Constitucional ha señalado que toda persona puede ejercer esta acción directamente o a través de su representante legal, agenteRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02288-01 7 oficioso en las condiciones previstas en la ley o apoderado judicial con el mandato judicial respectivo , así: « Tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso» (CC, T-301 de 2007, reiterando T-531 de 2002).

En este aspecto, el profesional en derecho que representa al tutelante no cuenta con poder especial y

agente oficioso» (CC, T-301 de 2007, reiterando T-531 de 2002).

En este aspecto, el profesional en derecho que representa al tutelante no cuenta con poder especial y específico otorgado por José María Medina y Andrés Felipe Sánchez, ni actúa como agente oficioso. En consecuencia, no puede ejercer esta acción constitucional en procura de los derechos fundamentales de tales sujetos , por lo que se advierte su falta de legitimación en la causa por activa.

2.3. Con todo, de dejarse a un lado el anterior razonamiento, en especial por las afirmaciones de que s e trata de «sujetos de especial protección constitucional» en «estado de extrema vulnerabilidad», la Sala tampoco advierte la viabilidad de conceder el auxilio de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, pues los argumentos expuestos no son suficientes para demostrar la configuración de los presupuestos mínimos exigidos para su viabilidad , principalmente por la ausencia de prueba de lo afirmado, limitándose a declaraciones juramentadas e historial clínico que no son suficientes para dar cuenta de manera certera y objetiva de la situación de máxima vulnerabilidad en la que se verían inmersos el padre e hijo de crianza de ejecutarse laRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02288-01 8 condena del accionante, es decir, que en efecto el accionante sea la única persona que pueda hacerse cargo de ellos. Por demás, dicha situación no tiene la entidad suficiente para que en sede de tutela se sustituya la ejecución de la condena, pues ello corresponde a los jueces ordinarios de la causa penal.

Sobre las características del perjuicio irremediable, esta

demás, dicha situación no tiene la entidad suficiente para que en sede de tutela se sustituya la ejecución de la condena, pues ello corresponde a los jueces ordinarios de la causa penal.

Sobre las características del perjuicio irremediable, esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos , que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutel a, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados » (CSJ, STC723 -2021; reiterado en STC3196-2022).

3. En definitiva, las razones expuestas imponen la necesidad de ratificar la improcedencia de la salvaguarda elevada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y porRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02288-01 9 autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por los motivos expuestos.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a

9 autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por los motivos expuestos.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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