CSJ - STC20752-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20752-2026 Radicación n.º 47001-22-13-000-2026-00325-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la impugnación formulada por Bancolombia S.A. frente a la sentencia de 10 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acción de tutela promovida por Guillermo León Toro, contra el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Tuluá y Bancolombia S.A. , asunto al cual fueron vinculados los partícipes en el ejecutivo n.° 2026-00285.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al «mínimo vital, dignidad humana, vida en condiciones dignas, seguridad social, protección reforzada como adulto mayor, debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia», que consideró vulnerados por los accionados con ocasión de las medidas cautelares decretadas en auto de 22Radicación n.º 47001-22-13-000-2026-00325-01

2 de julio de 2026, dentro del ejecutivo de alimentos de mayor de edad n.° 76834-31-84-003-2026-00285.

2. En síntesis, adujo que es pensionado, mayor de setenta años, y que su mesada, consignada en una cuenta

de edad n.° 76834-31-84-003-2026-00285.

2. En síntesis, adujo que es pensionado, mayor de setenta años, y que su mesada, consignada en una cuenta de ahorros de Bancolombia S.A., constituye su fuente esencial de ingresos. Indicó que, en el referido juicio ejecutivo de alimentos adelantado en su contra, el juzgado accionado embargó el treinta por ciento de su pensión y, además, los productos financieros a su nombre, entre ellos la cuenta receptora de aquella prestación. Precisó que Bancolombia S.A. aplicó l a medida sobre dicha cuenta, lo que dejó retenidas las mesadas de julio y agosto de 2026.

Manifestó que el 5 de agosto de 2026 solicitó al banco la liberación de los recursos y pidió al juzgado el control de legalidad y la adecuación de la cautela. Agregó que la ejecutante pidió después la terminación del proceso por pago total y el levantamiento de las medidas, solicitud que él coadyuvó. Señaló que el juzgado no se pronunció, por la suspensión de términos judiciales derivada del sismo de 10 de agosto de 2026. Añadió que Bancolombia S.A. le informó, el 27 de agosto siguiente, que mantenía los recursos congelados a la espera de una orden de desembargo.

3. Por lo anterior, solicitó que se ordenara a Bancolombia S.A. liberar los recursos pensionales de las mesadas de julio y agosto de 2026 y abstenerse de practicar nuevas retenciones que implicaran una afectación

3. Por lo anterior, solicitó que se ordenara a Bancolombia S.A. liberar los recursos pensionales de las mesadas de julio y agosto de 2026 y abstenerse de practicar nuevas retenciones que implicaran una afectación acumulada; también que se ordenara al juzgado accionadoRadicación n.º 47001-22-13-000-2026-00325-01

3 dar trámite prioritario a las peticiones de control de legalidad y de terminación del proceso.

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Tuluá informó que, dentro del proceso ejecutivo de alimentos, mediante auto de 22 de julio de 2026 decretó el embargo del treinta por ciento de la mesada pensional neta del ejecutado y la retención de sus productos financieros hasta el límite allí fijado, medidas cuya e jecución material correspondió a las entidades destinatarias de los oficios. Señaló que los memoriales presentados el 5 y el 6 de agosto de 2026, relativos a la adecuación de la cautela y a la terminación del proceso por pago total con levantamiento de las medidas, quedaron pendientes de trámite por la suspensión de términos judiciales dispuesta tras el sismo del 10 de agosto siguiente. Agregó que no se registran títulos judiciales constituidos en el proceso y sostuvo que no incurrió en conducta vulneradora de derechos fundamentales. Por ello, solicitó negar el amparo respecto de ese despacho.

2. Bancolombia S.A. informó que aplicó la medida de embargo impartida dentro del proceso ejecutivo de alimentos

conducta vulneradora de derechos fundamentales. Por ello, solicitó negar el amparo respecto de ese despacho.

2. Bancolombia S.A. informó que aplicó la medida de embargo impartida dentro del proceso ejecutivo de alimentos y sostuvo que actuó como ejecutora de la orden judicial recibida. Manifestó que «no puede determinar que estos ingresos sean de salario o pensión » y que « es un mero ejecutor de las órdenes de embargo, las cuales son un requerimiento judicial o administrativo de obligatorio cumplimiento para la entidad, razón por la que se encuentra sometida a las ordenanzas provenientes de las autoridades competentesRadicación n.º 47001-22-13-000-2026-00325-01

4 para su rectificación, actualización o levantamiento ». Alegó que el accionante contaba con mecanismos judiciales y administrativos para obtener la protección pretendida, por lo que no se satisfacía el requisito de subsidiariedad. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y su desvin culación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Yasmín Villada Mejía, contraparte del accionante en el ejecutivo, manifestó que dicho proceso se promovió por el incumplimiento de una obligación alimentaria. Señaló que las medidas cautelares fueron decretadas por el juzgado y que su ejecución material co rrespondió a las entidades destinatarias de las órdenes, por lo que la retención de recursos en la cuenta bancaria del accionante no le era atribuible. Añadió que, una vez cancelada la obligación, solicitó el 6 de agosto de 2026 la terminación del proceso por pago total y el levantamiento de las cautelas, petición

recursos en la cuenta bancaria del accionante no le era atribuible. Añadió que, una vez cancelada la obligación, solicitó el 6 de agosto de 2026 la terminación del proceso por pago total y el levantamiento de las cautelas, petición coadyuvada por el ejecutado y pendiente de decisión debido a la suspensión de términos judiciales. Con fundamento en ello, pidió su desvinculación del trámite.

4. La Superintendencia Financiera de Colombia informó que no halló queja ni petición del accionante sobre estos hechos y que estos no le constaban . Que no intervino en la medida cuestionada y que carecía de legitimación en la causa por pasiva. Por ello, solicitó su desvinculación.

5. La Administradora Colombiana de Pensiones — Colpensiones— comunicó que recibió la orden de embargoRadicación n.º 47001-22-13-000-2026-00325-01

5 del treinta por ciento de la mesada. Indicó que el 19 de agosto de 2026 pidió al juzgado aclarar el número de cuenta de destino de los dineros y que no tenía respuesta. Precisó que el accionante no le había formulado petición alguna. Por ello, sostuvo que no vulneró derechos fundamentales.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta concedió la salvaguarda de manera transitoria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable tras concluir que «el mínimo vital del accionante se ve afectado, puesto que el embargo cobijó el 100% de su mesada pensional, y no únicamente el 50% como lo señala el artículo 344 del Código

irremediable tras concluir que «el mínimo vital del accionante se ve afectado, puesto que el embargo cobijó el 100% de su mesada pensional, y no únicamente el 50% como lo señala el artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo, aspecto que merma, tal como declaró, su mantenimiento básico mensual».

En consecuencia, le ordenó a Bancolombia S.A. «que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia libere a favor del señor Guillermo León Toro el 50% de los emolumentos retenidos con posterioridad a mayo de 2026 que provengan del concepto de pago de pensión».

IMPUGNACIÓN

La interpuso Bancolombia S.A. aduciendo que se había configurado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado toda vez que acreditó la satisfacción del objeto de la acción de tutela . Ello, por cuanto una vez realizadas validaciones internas en la entidad, «se evidenció que dicha medida [cautelar] había sido aplicada sobre una cuentaRadicación n.º 47001-22-13-000-2026-00325-01

6 clasificada bajo el Plan 018 - Plan Pensión. Como resultado de dicha verificación, la entidad procedió a modificar el estado de la medida a cancelada, al determinar que no correspondía mantener la afectación sobre el producto en cuestión. En consecuencia, se efectuó el levantamiento del embargo y se liberaron los recursos que se encontraban bloqueados en la cuenta del accionante».

CONSIDERACIONES

1. Circunscritos a la impugnación, corresponde a la Corte establecer si la actuación aducida por Bancolombia

encontraban bloqueados en la cuenta del accionante».

CONSIDERACIONES

1. Circunscritos a la impugnación, corresponde a la Corte establecer si la actuación aducida por Bancolombia S.A. con la que dijo satisfacer los derechos fundamentales del accionante configura una carencia actual de objeto por hecho superado y, por ello, se torne necesario revocar el fallo constitucional de primera instancia.

2. El artículo 86 de la Constitución Política consagró este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.

Ahora bien, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque cesó la conducta violatoria, dejó de tener vigencia o aplicación el acto que vulneró el derecho, o se realizó la actividad cuya omisión constituía desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ahí que no tendría objeto impartir alguna orden, porqueRadicación n.º 47001-22-13-000-2026-00325-01

7 aquella caería en el vacío. Ante ese panorama, al juez de tutela, una vez constate la superación del presunto hecho vulnerador, le corresponde declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Al respecto, la Sala ha sostenido que:

(…) la carencia de objeto impide que el fallador constitucional intervenga en relación con situaciones que al momento de la sentencia ya no existen , o al menos no se suscitan con las

que:

(…) la carencia de objeto impide que el fallador constitucional intervenga en relación con situaciones que al momento de la sentencia ya no existen , o al menos no se suscitan con las características de origen , ya que (…) si la omisión por la cual la persona se queja no existe o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (…) la tutela pierde su eficacia y razón de ser (…). (CSJ, STC1836-2017 en cita de STC 13 mar. 2009, rad. 00147 -01, entre otros; se resalta).

Sin embargo , este fenómeno del hecho superado se configura «cuando, entre la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez constitucional , desaparece la presunta afectación o amenaza al derecho fundamental cuya protección se invoca» (CC, T-179/24; se resalta). Además, ello debe obedecer a una conducta voluntaria de la parte demandada y no en cumplimiento de una orden judicial . Sobre el particular, la Corte Constitucional tiene dicho que:

(i) El hecho superado sólo puede producirse de manera previa al proferimiento de una sentencia que ampare el derecho fundamental invocado para su protección. (ii) Los fallos de tutela son de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de que hayan sido impugnados, conforme a lo prescrito en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Razón por la cual, no constituye hecho superado, sino un simple cumplimiento de sentencia, la conducta que acata la orden impartida por el juez de primera instancia en procura de amparar derechos

en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Razón por la cual, no constituye hecho superado, sino un simple cumplimiento de sentencia, la conducta que acata la orden impartida por el juez de primera instancia en procura de amparar derechos fundamentales.Radicación n.º 47001-22-13-000-2026-00325-01

8 (iii) Por lo tanto, en las circunstancias descritas en el párrafo precedente, el ad quem no podría declarar el acaecimiento de un hecho superado, encontrándose limitado a confirmar o infirmar la providencia del a quo . (CC, T -439/18; se resalta).

3. En el asunto en concreto, d e conformidad con los lineamientos jurisprudenciales y a partir del análisis de los elementos de prueba, la Sala anuncia la ratificación del veredicto impugnado toda vez que la actuación aducida por Bancolombia S.A. no tiene la entidad de configurar la carencia actual de objeto por hecho superado.

La entidad financiera con su escrito de impugnación aduce que, tras una revisión interna, advirtió que la medida cautelar se había aplicado sobre una cuenta de pensión, por lo que canceló dicha medida y, en ese orden, «efectuó el levantamiento del embargo y se liberaron los recursos que se encontraban bloqueados en la cuenta del accionante», lo cual lograría satisfacer la pretensión objeto de la tutela.

Sin embargo, no se acreditó que la actuación invocada hubiera ocurrido antes de la sentencia impugnada, pues ni indica cuándo ocurrió, ni ello se colige de los pantallazos adjuntos, además de que

Sin embargo, no se acreditó que la actuación invocada hubiera ocurrido antes de la sentencia impugnada, pues ni indica cuándo ocurrió, ni ello se colige de los pantallazos adjuntos, además de que tampoco se demostró que tal actuación obedeciera a una conducta espontánea e independiente de la orden de amparo. Por demás, en la contestación de la tutela que esa institución rindió el 3 de septiembre de 2026 no realizó esa misma manifestación, pues no fue sino hasta la presentación del escrito de impugnación el 16 de ese mes que indicó loRadicación n.º 47001-22-13-000-2026-00325-01

9 señalado, es decir, con posterioridad al fallo impugnado que data de 10 de septiembre.

Lo anterior no permite evidenciar que se configuren los presupuestos del hecho superado, pues, se insiste, no es claro que la actuación aducida fuese previa al fallo impugnado, ni de manera voluntaria , sino, más bien, con posterioridad a la sentencia de primera instancia ; en consecuencia, se debe ratificar la concesión del amparo y , con ello, la orden impartida, la cual se debe acatar en los puntuales términos dispuestos por el Tribunal Superior de Santa Marta y acreditar su cumplimiento ante esa autoridad, sin que el presente análisis constituya una declaración de que la misma fue satisfecha.

4. En definitiva, como no se acreditó la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, se impone la ratificación del fallo constitucional de primer grado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

de la carencia actual de objeto por hecho superado, se impone la ratificación del fallo constitucional de primer grado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Radicación n.º 47001-22-13-000-2026-00325-01

10

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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