CSJ - STC20754-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20754-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Mauricio Jurado Moreno contra la Sala de Casación Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa urbe, trámite al cual fueron vinculados los partícipes en la causa penal n.° 2019-00022.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales «al debido proceso (art. 29 C.P.), a la defensa técnica, al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), a la igualdad (art. 13 C.P.) y a la libertad personal (art. 28 C.P.) », que estimó vulnerados por las autoridades accionadas con las providencias emitidas en el juicio penal en el que se le condenó por el delito de acceso carnal violento.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00

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2. En síntesis, adujo que en su contra se siguió la causa penal n.° 52786-60-00-537-2019-00022, siendo condenado por el referido delito a trece años de prisión por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto mediante sentencia de 15 de febrero de 2022. Relató que su defensa

condenado por el referido delito a trece años de prisión por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto mediante sentencia de 15 de febrero de 2022. Relató que su defensa impugnó, pero tal determinación fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial el 25 de junio de 2024. Indicó que presentó recurso extraordinario de casación, pero la Sala de Casación Penal de esta Corte inadmitió su demanda en el auto AP4395-2026 de 24 de junio de 2026.

Afirmó, sobre su conducta y arraigo , que «NO representa un peligro para la sociedad. No tiene antecedentes de violencia, no tiene antecedentes de fuga, no tiene antecedentes de reincidencia. Es una persona integrada socialmente, con familia, trabajo y domicilio conocido» y que «NO tiene intención de evadir la justicia». Sostuvo que durante el juicio el abogado que lo representó ejerció una defensa deficiente, pues «si bien era profesional titulado, incurrió en múltiples y graves deficiencias que afectaron de manera directa y determinante el resultado del proceso».

Reprochó, entre otros, que no confrontó adecuadamente a los testigos de la Fiscalía ni a la denunciante, que omitió aportar las declaraciones extraprocesales de dos testigos y el teléfono celular del procesado, que no construyó una teoría del caso y que presentó una apelación y una demanda de casación carentes de técnica . P rueba de l o último fue la inadmisión de suRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00

3 demanda. Agregó que cuenta con pruebas nuevas que

de técnica . P rueba de l o último fue la inadmisión de suRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00

3 demanda. Agregó que cuenta con pruebas nuevas que acreditan una relación sentimental con la denunciante.

De ese panorama derivó la lesión a sus prerrogativas fundamentales toda vez que, en su concepto, fue condenado y se le inadmitió la casación sin una « defensa técnica efectiva», mediante providencias en las que, según adujo, se valoró indebidamente la prueba, se desconoció el precedente y se motivó de manera deficiente. Afirmó que la acción de revisión, « mecanismo legalmente previsto para la valoración de pruebas nuevas» no suspende la ejecución de la condena , por lo que se enfrenta a un riesgo inminente de privación de la libertad sin que se hayan examinado las pruebas nuevas, con grave afectación para él y para su familia, de la cual es sostén económico.

3. Por lo anterior , solicitó dejar sin efecto s las sentencias de 15 de febrero de 2022 y 25 de junio de 2024 para que, en su lugar, se ordene emitir unas nuevas decisiones con adecuada valoración probatoria y garantizando su defensa técnica. También pidió dejar sin efectos el auto AP4395-2026 y, en su lugar, que se ordene admitir la demanda de casación para proferir una decisión de fondo. Además, solicitó compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para investigar la actuación del abogado que lo representó, y a la Fiscalía General de la Nación, para investigar la posible conducta de los funcionarios intervinientes.

Nacional de Disciplina Judicial, para investigar la actuación del abogado que lo representó, y a la Fiscalía General de la Nación, para investigar la posible conducta de los funcionarios intervinientes.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOSRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00

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1. La Sala de Casación Penal realizó un breve recuento de las actuaciones a su cargo y pidió denegar el amparo al considerar que « [a]unque el escrito atribuye falta de motivación al auto AP43952026 del 24 de junio de 2026, no demuestra un defecto propio de esa decisión. Sus argumentos reiteran los reparos sobre la credibilidad de la víctima, la cadena de custodia y el interés económico que la defensa atribuyó a la denunciante. El auto examinó esos cuestionamientos».

2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto contestó cada uno de los reparos de la acción de tutela y solicitó « declarar manifiestamente improcedente la acción de tutela.

Aunque algunos cuestionamientos permiten superar los requisitos generales de procedencia y examinar los defectos específicos, estos a todas luces no se estructuran, ya que la demanda se limitó a afirmarlos sin demostrar su configuración ni su trascendencia».

3. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público relataron su intervención en el juicio censurado y solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no se le endilga vulneración alguna.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer , preliminarmente, si el amparo elevado ostenta relevancia

pasiva, toda vez que no se le endilga vulneración alguna.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer , preliminarmente, si el amparo elevado ostenta relevancia constitucional y si cumple los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad. Solo de superarse lo anterior, se analizará si las autoridades judiciales accionadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas con lasRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00

5 providencias emitidas en el juicio penal n.° 2019 -00022, conforme a los reproches expuestos.

2. El primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela es el de la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones.

Sobre este presupuesto, la Corte Constitucional ha indicado que conlleva tres finalidades concretas «i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instanc ia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces » (CC, SU-573 de 2019, reiterado en SU-128 de 2021). Así mismo, ha explicado que la relevancia

convierta en una tercera instanc ia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces » (CC, SU-573 de 2019, reiterado en SU-128 de 2021). Así mismo, ha explicado que la relevancia constitucional:

protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales [de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectaciónRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00

6 desproporcionada a derechos fundamentales (CC, SU-215 de 2022 y SU-134 de 2022; se resalta).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe lega l, probatoria o ambas. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se , la intervención del juez constitucional.

consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se , la intervención del juez constitucional.

3. De manera preliminar, se advierte que el presente análisis constitucional se circunscribe al auto AP4395-2026 mediante el cual la Sala de Casación Penal inadmitió la demanda de casación interpuesta por el accionante, no solo por ser el que resolvió de manera definitiva el asunto al clausurar la vía judicial ordinaria y extraordinaria, sino también porque los puntuales cuestionamientos elevados contra las sentencias de 15 de febrero de 2022, de primera instancia, y 25 de junio de 2024, de segundo grado, no superan el requisito de la inmediatez, conforme al cual el resguardo debe promoverse dentro de un plazo prudencial que la jurisprudencia considera de seis meses 1 y no, como

1 Cfr. CSJ, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado en STC17149-2025 y también STC10554-2018, en cita de STC12196-2014, entre otros.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00

7 aquí ocurrió, con más de cuatro y más de dos años, respectivamente.

Dicho lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo toda vez que la queja elevada contra el auto AP43952026 no ostenta relevancia constitucional.

3.1. El asunto no tiene la entidad de comprometer la interpretación o aplicación de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, aun cuando se hubiese invocado el debido proceso, la defensa técnica, el acceso a la

3.1. El asunto no tiene la entidad de comprometer la interpretación o aplicación de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, aun cuando se hubiese invocado el debido proceso, la defensa técnica, el acceso a la administración de justicia y la libertad personal, toda vez que los reproches esbozados revelan que se utiliza este mecanismo de amparo como una instancia adicional en el juicio penal, finalidad para la cual no está concebido.

3.2. En ese sentido, se trata de la prolongación de un debate jurídico que ya se planteó, desarrolló y culminó con sentencias de primera y segunda instancia condenatorias, además del auto AP4395-2026 que inadmitió la demanda de casación contra el fallo del ad quem.

Puntualmente, en lo que respecta a la providencia de la Sala de Casación Penal, se advierte que esa autoridad, en su calidad de tribunal de cierre de la jurisdicción penal, precisó que la vía extraordinaria exige, en la postulación de los reparos y su desarrollo , la observancia de las exigencias requeridas según la causal invocada y la clase de error propuesto, lo cual se incumplió.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00

8 Adicionalmente, el accionante pretende revivir el ya finalizado debate jurídico mediante la invocación de una supuesta falta de defensa técnica, argumento novedoso, únicamente planteado con este mecanismo de amparo y no previamente a lo largo de las distintas etapas del juicio penal, que no tiene la magnitud suficiente para tornar procedente este resguardo. Tampoco es de recibo el argumento de que la

únicamente planteado con este mecanismo de amparo y no previamente a lo largo de las distintas etapas del juicio penal, que no tiene la magnitud suficiente para tornar procedente este resguardo. Tampoco es de recibo el argumento de que la inadmisión de la demanda prueba dicha falta de defensa técnica, pues los estrictos contornos del recurso extraordinario de casación implican un alto estándar técnico difícil de alcanzar, como ocurrió en este caso.

Por demás, recuérdese que la relación entre cliente y abogado no libera a la parte de su carga de vigilancia directa del proceso que cuestiona, y frente al cual confirió el mandato de defensa, máxime cuando se trató de un asunto penal que involucraba su libertad, bien jurídico de suprema trascendencia. Al respecto, tiene sentado esta Sala que:

(…) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporación, la improcedencia de la acción excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situación, le impidió ejercer su derecho de defensa y de contradicción, pues dicha justificación no tiene la fuerza jurídica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la órbita del juez constitucional (CSJ, STC12840-2017, reiterado en STC6829 -2021; negrilla ajena al original).

En el mismo sentido, «la eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que atañe a este mecanismo, lo que no

ajena al original).

En el mismo sentido, «la eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que atañe a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridadesRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00

9 competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones» (CSJ , STC214-2016, citada entre otras en STC8229-2020).

En relación con lo anterior, y conforme las pretensiones de compulsar copiar para una investigación disciplinaria al abogado o penal a los funcionarios intervinientes, se le recuerde que el actor debe interponerla de manera directa frente a la autoridad qu e estime competente para elevar dicha queja, pues no corresponde al juez constitucional analizar tales conductas. Así lo ha dicho esta Corporación en casos análogos:

si el aquí convocante estima que alguno de los intervinientes incurrió en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, está facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haciéndose por supuesto responsable de su gestión y consecuencias (CSJ, STC de 23 oct. 2015, rad. 00366 -01, reiterada en STC17147-2025).

3.3. Todo lo anterior revela que no estamos ante una afectación de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto. Además, tampoco se advierte que estén involucradas garantías fundamentales

STC17147-2025).

3.3. Todo lo anterior revela que no estamos ante una afectación de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto. Además, tampoco se advierte que estén involucradas garantías fundamentales sensibles, ni sujetos de especial protecció n, que eventualmente denote la necesidad de analizar el planteamiento de fondo del amparo.

Contrario a lo argüido en el escrito, no se causa un perjuicio irremediable por la privación de la libertad delRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00

10 accionante, pues ello no es más que la consecuencia jurídica del proceso penal que ha discurrido, con las etapas correspondientes en donde debió hacer valer su defensa, todo lo cual culminó con sentencia s de primera y segunda instancia condenatorias, y con el auto inadmisorio de su demanda de casación. No es la acción de tutela el mecanismo para evitar la ejecución de la condena y de la orden de captura.

Adicionalmente, el mismo accionante alude a la acción extraordinaria de revisión, mecanismo legalmente contemplado mediante el cual puede hacer valer las pruebas nuevas que dice tener. Tampoco es la acción de tutela la vía para ello.

4. En definitiva, se advierte que el promotor pretende utilizar este auxilio excepcional como una instancia adicional dentro de la causa penal, finalidad para la cual no fue concebido. Entonces, lo promovido es la prolongación de un debate jurídico culminado , alejado de derechos fundamentales y que no compromete garantías esenciales o sujetos de especial protección, lo cual denota una falta de

concebido. Entonces, lo promovido es la prolongación de un debate jurídico culminado , alejado de derechos fundamentales y que no compromete garantías esenciales o sujetos de especial protección, lo cual denota una falta de relevancia constitucional, criterio de procedencia que impide el estudio de fondo del asunto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y porRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05598-00

11 autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a través de la acción de tutela de la referencia.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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