CSJ - STC20756-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20756-2026 Radicación n.º 17001-22-13-000-2026-00239-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 9 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acción de tutela promovida por Manuela Arias Valencia contra el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad , trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio verbal con radicado n.° 2025-00482-00.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y acceso efectivo a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada.Radicación n.º 17001-22-13-000-2026-00239-01

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2. En síntesis, expuso que, en su contra se promovió proceso de exoneración de cuota de alimentos, asunto que correspondió por reparto al Juzgado Cuarto de Familia de Manizales, el cual, mediante sentencia del 26 de marzo de 2026, dispuso la reducción de la cuota del 20% al 12% de todos los ingresos percibidos por el alimentante.

Reseñó que en la referida decisión se ordenó que la cuota del 12% debía descontarla directamente el pagador del

todos los ingresos percibidos por el alimentante.

Reseñó que en la referida decisión se ordenó que la cuota del 12% debía descontarla directamente el pagador del alimentante y consignarla dentro de los primeros cinco días de cada mes en la cuenta de depósitos judiciales que tiene ese despacho en el Banco Agrario de Colombia.

Sostiene que, pese a la orden judicial, en el mes de julio y agosto no se consignó el valor de su cuota alimentaria, por lo que se «está afectando de manera directa, grave y actual mi mínimo vital, sin que exista explicación alguna por parte del despacho ni de la pagaduría sobre la causa de la mora en el cumplimiento de una orden judicial en firme».

3. Por lo expuesto, solicitó que se ordene: i) al estrado accionado que adopte las medidas necesarias para garantizar de las cuotas alimentarias a su favor; y ii) al pagador del alimentante que informe el estado de los descuentos realizados en julio y agosto de 2026 por concepto de la cuota.Radicación n.º 17001-22-13-000-2026-00239-01

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado Cuarto de Familia de Manizales relacionó las actuaciones que se han adelantado dentro del trámite de alimentos, informó que hasta el 21 de julio de 2026 recibió la suma retenida por el empleador del alimentante. Advirtió que desconoce los motivos por los cuales se dejaron de realizar lo s pagos a partir del mes de agosto, igualmente relievó que la tutelante no ha elevado ante su despacho solicitud alguna.

2. La Dirección Ejecutiva Seccional de

cuales se dejaron de realizar lo s pagos a partir del mes de agosto, igualmente relievó que la tutelante no ha elevado ante su despacho solicitud alguna.

2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali alegó que no ha incurrido en vulneración a los derechos de la accionante, pues aplicó los descuentos sobre los ingresos que percibía el señor José Javier Arias Murillo , sin embargo, aquel estuvo vinculado laboralmente hasta el 30 de junio de 2026, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Florida , por lo que la última retención que efectuó fue sobre la prima de servicios el 23 de julio de 2026 , valor que puso a disposición del juzgado convocado.

3. José Javier Arias Murillo, progenitor de la accionante, corroboró que laboró en la rama judicial hasta el 30 de junio de 2026, pues el cargo que ocupaba en provisionalidad fue provisto en propiedad a partir del 1 de julio de 2026. Indicó que consignó directamente a la solicitante en julio y a gosto el equivalente al 12% de un salario mínimo mensual legal vigente.Radicación n.º 17001-22-13-000-2026-00239-01

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ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales declaró la improcedencia de la salvaguarda por inobservancia del criterio de subsidiariedad, puesto que la tutelante no ha expresado sus inconformidades ante la autoridad judicial a cargo del proceso criticado.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la querellante por considerar que el a quo constitucional aplicó rigurosamente el requisito de

puesto que la tutelante no ha expresado sus inconformidades ante la autoridad judicial a cargo del proceso criticado.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la querellante por considerar que el a quo constitucional aplicó rigurosamente el requisito de subsidiariedad sin ponderar el perjuicio irremediable que se deriva de no recibir la cuota de alimentos establecida en su favor. Añadió que el pago que realizó José Javier Arias para los meses de julio y agosto no se contrastó con sus ingresos reales, incluida su liquidación de prestaciones sociales «lo que desvirtúa la premisa de que el perjuicio se encuentra conjurado».

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer si el presente resguardo atiende el presupuesto de la subsidiariedad que le es connatural y, solo de superarse tal examen, si el Juzgado Cuarto de Familia de Manizales vulneró las prerrogativas invocadas por la promotora, por la presunta ausencia enRadicación n.º 17001-22-13-000-2026-00239-01

5 adoptar las medidas necesarias para garantizar el pago de las cuotas alimentarias a su favor.

2. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de las garantías fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa, salvo que se utilice como herramienta transitoria para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez

para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii ) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (ii i) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv ) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela. (CC, SU-813 de 2007).Radicación n.º 17001-22-13-000-2026-00239-01

6 De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente

6 De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2.1. De conformidad con lo expuesto , uno de los presupuestos fundamentales del amparo constitucional es el principio de la subsidiariedad, ya que el amparo sólo procede ante la ausencia de un instrumento jurídico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violación o amenaza y, por lo tanto, no puede considerársele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneración. Por ello, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que regula la acción de tutela, estableció entre las causales de improcedencia la existencia de « otros recursos o medios de defensa judicial».

Al efecto, la Sala ha decantado que:

Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acción pública no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir tópicos no controvertibles en se de constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no está concebida para sustituirlos o desplazarlos “sino única y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garantía de rango superior con ocasión de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o

concebida para sustituirlos o desplazarlos “sino única y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garantía de rango superior con ocasión de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla. (CSJ, STC13994-Radicación n.º 17001-22-13-000-2026-00239-01

7 2025 en reiteración de STC 16 jul. 2012, rad. 0099701).

La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino también porque aún existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectación de los derechos cuya tutela se reclama, e incluso cuando el interesado acude a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelación frente al funcionario competente.

3. Circunscrita a los términos de la impugnación , la Sala considera pertinente ratificar el fallo de primera instancia, ya que conforme a lo razonado por el a quo, el resguardo no satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prevé el numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 , tal como pasa a exponerse.

En el asunto, se evidencia que la accionante acudió directamente a este mecanismo para solicitar que se ordene al Juzgado Cuarto de Familia de Manizales que «adopte las medidas necesarias para garantizar la consignación inmediata a favor

En el asunto, se evidencia que la accionante acudió directamente a este mecanismo para solicitar que se ordene al Juzgado Cuarto de Familia de Manizales que «adopte las medidas necesarias para garantizar la consignación inmediata a favor de la accionante de las cuotas alimentarias correspondientes a julio, agosto», así como a la « Pagaduría de la Rama Judicial del Valle del Cauca que informe el estado de los descuentos realizados al señor José Javier Arias Murillo por concepto de cuota alimentaria correspondientes a julio y agosto de 2026 Murillo por concepto de cuota alimentaria correspondientes a julio y agosto de 2026».Radicación n.º 17001-22-13-000-2026-00239-01

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Sin embargo, verificados los medios de prueba incorporados al expediente y los informes allegados por la autoridad accionada y los vinculados , no se evidencia que dichos pedimentos hayan sido elevados por la tutelante ante el juzgado de conocimiento , omitiendo así, el uso de los mecanismos idóneos para exponer sus inconformidades.

Así las cosas, no es posible soslayar el incumplimiento del requisito de subsidiariedad para, en su lugar, emitir órdenes en la controversia propuesta por la accionante, aun cuando est a afirme necesaria la intervención del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable derivado del presunto incumplimiento en el pago de su cuota de alimentos.

Ello porque en el expediente no se advierten elementos objetivos que permitan tener por acreditados los presupuestos que la doctrina constitucional exige para predicar la configuración de un detrimento de esa entidad,

alimentos.

Ello porque en el expediente no se advierten elementos objetivos que permitan tener por acreditados los presupuestos que la doctrina constitucional exige para predicar la configuración de un detrimento de esa entidad, siendo insuficiente la sola invocación de su existencia , «por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitu cional» (CSJ STC7932021; reiterado STC3196-2022).

Sobre las características del perjuicio irremediable, esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar suRadicación n.º 17001-22-13-000-2026-00239-01

9 existencia, a saber: «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados » (CSJ STC723 -2021; reiterado en STC3196-2022).

En conclusión, en el asunto bajo examen no se evidencia que la accionante se encuentre en una situación de tal intensidad que haga inevitable la intervención inmediata

STC3196-2022).

En conclusión, en el asunto bajo examen no se evidencia que la accionante se encuentre en una situación de tal intensidad que haga inevitable la intervención inmediata del juez de tutela. Pues inclusive, se encontró que la última actuación judicial corresponde a un auto del 18 de septiembre de 2026, a través de l cual, atendiendo una solicitud elevada por el alimentante, se verificó que fueron constituidos depósitos judiciales por valor de $ 3.676.831 (10/07), $450.554 (21/07) y $630.324 (04/09), este último en que, según lo señalado por el progenitor, corresponde a la cuota de alimentos hasta septiembre con base en el 12% del salario mínimo, pues ya no trabaja en la rama judicial.

4. Corolario de lo discurrido, se confirmará el fallo impugnado dada la evidente improcedencia del resguardo.

DECISIÓNRadicación n.º 17001-22-13-000-2026-00239-01

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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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