CSJ - STC20759-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20759-2026 Radicación n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2026 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá , dentro de la tutela promovida por Víctor Eduardo Muñoz Rosero , quien dijo actuar como apoderado judicial de Carlos Andrés Pardo García, Cristhian Camilo López Vidal, Damaris Elena Echeverri Pamplona, Diego Alejandro Zapata Otálvaro, Édgar Darío Jaramillo Duque, Edwin Norbey Guerra Lopera, Eliseo Toro Ramírez, Etilvia del Carmen Burgos Peña, Germán José Cumplido Mendoza, Harvy Correa Herrera, Isabel Cristina Restrepo Tangarife, Jaime Humberto Quevedo Urrea, Blanca Yaneth Garzón Parada, Yanicsa Karina Ebrat Araújo, Javier Francisco Muñoz Arenas, Jonathan Correa Martínez, Jorge William Villegas Arango, Juan Sebastián Buendía Puyo, Juan Carlos Naranjo Estrada, Laura Alzate Hernández,Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01 2

Leonardo Reyes Rivero, Liliana María Bedoya Cárdenas, Lina María Sánchez Tamayo, Luis Felipe Guzmán Ruiz, Luisa María Guilombo Aldana, María Alejandra Vallejo

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Leonardo Reyes Rivero, Liliana María Bedoya Cárdenas, Lina María Sánchez Tamayo, Luis Felipe Guzmán Ruiz, Luisa María Guilombo Aldana, María Alejandra Vallejo Pino, María Paula Madariaga Cubides, Mónica Villegas Noguera, Nicolás García Barreto, Nancy Paola Rojas Gómez, Rodrigo Alberto Murillo Arboleda, Liliana Patricia Sánchez Fernández, Sonia María Otálvaro Suárez, William Fernando Valencia Otálvaro, Wily Alberto Alzate Castro y Ximena Madrigal Puerta contra la Superintendencia de Sociedades ; proceso al cual fueron llamados los vinculados en el trámite de la intervención judicial Nro. 93.359.

ANTECEDENTES

1. El gestor , en la forma indicada , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, «defensa y contradicción», igualdad «material», acceso «efectivo» a la administración de justicia, « legalidad», «seguridad jurídica », «buena fe» y «confianza legítima», presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.

2. En síntesis, adujo que , en el expediente de la intervención judicial Nro. 93.359, adelantado por la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de facultades jurisdiccionales, sus poderdantes tienen la calidad de afectados reconocidos, trámite en el que los intervenidos presentaron inicialmente un « plan de desmonte », que no fue aprobado (23 oct. 2024), frente a lo cual se radicó una nuevaRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01

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propuesta que sí fue objeto de aprobación por parte de la

aprobado (23 oct. 2024), frente a lo cual se radicó una nuevaRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01 3

propuesta que sí fue objeto de aprobación por parte de la referida autoridad (20 feb. 2025).

Se quejó, entonces, de que esa determinación fue confirmada en sede de reposición (21 mar. 2025), pese a que los documentos contentivos del referido « plan de desmonte» no fueron objeto de «un análisis constitucional suficiente para determinar si la voluntad expresada por los afectados frente a la propuesta anterior podía extenderse legítimamente a la nueva propuesta», con lo que « la autoridad judicial no podía limitarse a verificar formalmente la existencia de votos, sino que debía determinar qué propuesta concreta fue conocida y votada por los afectados».

También, censuró que los intervenidos han venido «haciendo supuestas entregas de lotes (bienes inmuebles) y derechos fiduciarios sobre lotes, en el proyecto de urbanización de cerros de Guadalupe», «conducta dudosa e ilegal», aun cuando el respectivo inmueble «se encuentra bajo medida cautelar del accionado y además recae una hipoteca del Banco Davivienda»; lo que da cuenta de « su mismo modus operandi para engañar, nuevamente haciendo promesas sobre inexistentes».

3. Con base en lo anterior, en esencia, pidió que se dejen sin efectos tanto la decisión aprobatoria del plan de desmonte previamente referido como la que la confirmó en sede de reposición ; para que, en su lugar, se ordene a la

autoridad accionada que:

dejen sin efectos tanto la decisión aprobatoria del plan de desmonte previamente referido como la que la confirmó en sede de reposición ; para que, en su lugar, se ordene a la autoridad accionada que:

a. Determine de manera objetiva la naturaleza jurídica y procesal del memorial 2024-02-020725 del 22 de noviembre de 2024. b. Establezca cuáles fueron las modificaciones introducidas respecto del plan presentado en septiembre de 2024.Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01 4

c. Determine si dichas modificaciones fueron efectivamente conocidas por los afectados. d. Establezca si los votos utilizados para acreditar el cumplimiento del 75 % de aprobación correspondieron materialmente a la propuesta que finalmente fue sometida a aprobación. e. En caso de determinarse que los votos no correspondieron a la versión definitiva del plan, disponga la realización de una nueva votación respecto de dicha versión. f. Realice un análisis constitucionalmente suficiente sobre el cumplimiento del requisito de publicidad. g. Realice un juicio de igualdad material respecto del esquema de pagos escalonados previsto en el plan. h. Analice la suficiencia, disponibilidad y realizabilidad de los bienes afectos al plan.

1. Analice la viabilidad real del mecanismo de devolución previsto en el plan.

j. Profiera una decisión debidamente motivada, que responda de manera suficiente a los aspectos determinantes planteados por los afectados.

4. Mediante memorial posterior, se opuso a lo alegado por la autoridad convocada en este trámite.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

afectados.

4. Mediante memorial posterior, se opuso a lo alegado por la autoridad convocada en este trámite.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

La Superintendencia de Sociedades solicitó que se declare que, en relación con las decisiones objeto de queja, existe cosa juzgada; y, subsidiariamente, que no existe vulneración de derechos.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo solicitado, por no hallarse cumplido el requisito de la inmediatez.

IMPUGNACIÓNRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01

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La interpuso el gestor, con el fin de argumentar que «debe distinguirse entre la fecha en que se profirió la providencia que originó la afectación y aquella en que efectivamente cesaron los efectos vulneradores derivados de esta». De esa manera, criticó que el a quo constitucional no verificó « cuándo cesaron los efectos de los autos, si el plan de desmonte continuaba produciendo consecuencias y si la situación desfavorable de los accionantes seguía vigente al momento de la tutela».

CONSIDERACIONES

1. En relación con la legitimación para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el artículo 10 del

Decreto 2591 de 1991 establece que:

(…) podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se

(…) podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

Sobre el alcance del precepto legal en mención, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:

(…) la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii ) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C., T-878 deRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01 6

2007, citada por la Sala en CSJ, STC2889-2024 y CSJ, STC3217-2024, entre otras).

Ahora, en cuanto a la legitimación para cuestionar decisiones judiciales, esta Corporación ha sostenido que:

(…) Lo anterior impone concluir que cualquier actuación, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aqu [e]llas

Ahora, en cuanto a la legitimación para cuestionar decisiones judiciales, esta Corporación ha sostenido que:

(…) Lo anterior impone concluir que cualquier actuación, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aqu [e]llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes allí intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte (CSJ, STC, 2 mar. 2011, rad. 2011-00301-00).

Ello por cuanto:

(…) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en él se enfrentan, impetrar la acción de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador , pues está claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales están facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando además de verificarse la conculcación de sus garantías fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del trámite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a través de los medios ordinarios consagrados en la ley (negrilla adrede) (CSJ, STC16617 -2016; mencionada en CSJ, STC4993-2018 y reiterada en CSJ, STC1455 -2025, entre otras).

Y, frente a la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, la Sala de vieja data ha dicho, con

entre otras).

Y, frente a la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, la Sala de vieja data ha dicho, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que:

(…) exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T -001 de 1997 [...] que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales queRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01 7

alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.

De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentació n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente.

(...)

La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos , no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa (negrilla y subrayado adrede) (C.C. T-658/02, reiterada en STC10346 -2024 y STC17352 -2024, entre otras).

ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa (negrilla y subrayado adrede) (C.C. T-658/02, reiterada en STC10346 -2024 y STC17352 -2024, entre otras).

Mandato que, según se ha señalado en reiteradas ocasiones, debe especificar: (i) que se otorga para una acción constitucional; (ii) las autoridades accionadas; (iii) así como la clase de proceso y las actuaciones y/u omisiones endilgadas a cada una de ellas, condiciones que debe atender el citado documento para predicarlo suficiente para promover este resguardo, tal y como lo expuso esta Sala en la sentencia STC10721-2023.

2. De la evidencia allegada a este asunto constitucional muy pronto surge la impertinencia del ruego que promovió el abogado Víctor Eduardo Muñoz Rosero, en

nombre de Carlos Andrés Pardo García, Cristhian Camilo López Vidal, Damaris Elena Echeverri Pamplona, Diego Alejandro Zapata Otálvaro, Édgar Darío Jaramillo Duque, Edwin Norbey Guerra Lopera, Eliseo Toro Ramírez, Etilvia del Carmen Burgos Peña, Germán José Cump lido Mendoza,Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01 8

Harvy Correa Herrera, Isabel Cristina Restrepo Tangarife, Jaime Humberto Quevedo Urrea, Blanca Yaneth Garzón Parada, Yanicsa Karina Ebrat Araújo, Javier Francisco Muñoz Arenas, Jonathan Correa Martínez, Jorge William Villegas Arango, Juan Sebastián Buendía Puyo, Juan Carlos

Parada, Yanicsa Karina Ebrat Araújo, Javier Francisco Muñoz Arenas, Jonathan Correa Martínez, Jorge William Villegas Arango, Juan Sebastián Buendía Puyo, Juan Carlos Naranjo Estrada, Laura Alzate Hernández, Leonardo Reyes Rivero, Liliana María Bedoya Cárdenas, Lina María Sánchez Tamayo, Luis Felipe Guzmán Ruiz, Luisa María Guilombo Aldana, María Alejandra Vallejo Pino, María Paula Madariaga Cubides, Mónica Villegas Noguera, Nicolás García Barreto, Nancy Paola Rojas Gómez, Rodrigo Alberto Murillo Arboleda, Liliana Patricia Sánchez Fernández, Sonia María Otálvaro Suárez, William Fernando Valencia Otálvaro, Wily Alberto Alzate Castro y Ximena Madrigal Puerta, ya que los poderes especiales que allegó no habilita n su mediación en este particular asunto como representante judicial de los presuntos afectados, comoquiera que no cumple n a cabalidad los requisitos antes mencionados, de lo que se deriva su falta de legitimación en la causa por activa.

Lo anterior, por cuanto es necesario que dicho s mandatos relacionen tanto la clas e de proceso como las actuaciones y/u omisiones de la autoridad accionad a que originan la vulneración de derechos fundamentales que se denuncia1, de suerte que el señalado mandatario no puede ejercer la representación de sus poderdantes en este caso.

1 Además de estar dirigidos a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá , aluden a una «actuación penal» que no guarda relación con el asunto sobre el cual aparentemente recaen las quejas.Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01 9

penal» que no guarda relación con el asunto sobre el cual aparentemente recaen las quejas.Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01 9

Al respecto, la Sala en muchos casos ha declarado la falta de legitimación del abogado debido a la ausencia de los referidos datos en el poder. Por ejemplo, en la STC11653 de 18 de octubre de 2023, señaló lo siguiente:

(…) En el caso concreto, el tutelante pretende la protección de los derechos fundamentales de Technical Petroleum Services Engineering TPSE S.A.S., sin embargo, centrada la Sala en la evaluación del poder allegado para actuar en su nombre, a la luz de lo decantado en la sentencia CSJ STC10721 -2023 del 28 de septiembre anterior, se advierte que el documento n o reúne las características de especialidad exigidas para la acción de tutela. Esto, en razón a que, si bien precisa la autoridad accionada, lo cierto es que no determina el derecho invocado, el proceso y la actuación a censurar ni hace referencia alguna que permita individualizar la situación fáctica o procesal que origina el mandato otorgado, por lo cual es inviable pronunciarse de fondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados en la acción de tutela; máxime que ante el Tribunal accionado se han surtido distintas actuaciones (negrilla y subrayado intencional).

Y, recientemente, en la CSJ, STC12959 de 2 de octubre de 2024, precisó que:

Así las cosas, aplicados esos presupuestos al caso concreto, se advierte que el mandato presentado por el impulsor -otorgado por

Y, recientemente, en la CSJ, STC12959 de 2 de octubre de 2024, precisó que:

Así las cosas, aplicados esos presupuestos al caso concreto, se advierte que el mandato presentado por el impulsor -otorgado por Fiduciaria Scotiabank Colpatria SA - no reúne las características de especialidad exigidas para la acción de tutela. Ello pues, aunque precisa los despachos judiciales accionados, no identifica el proceso objeto de censura -por su número de radicado o partes en contienda-, ni las providencias que causan la petición de amparo constitucional, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situación fáctica que origina el mandato, lo cual impide analizar, en esta instancia, el fondo del debate planteado, por falta de legitimación en la causa por activa (negrilla y subrayado adrede).

3. De ese modo, se impone confirmar el veredicto reprochado, pero por lo expuesto.Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-03985-01

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DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto por un medio eficaz, y en oportunidad, envíense las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

Constitucional, para la eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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