CSJ - STC20762-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20762-2026 Radicación n° 08001-22-13-000-2026-00773-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por Global Tourism S.A.S. y José Nicolás Martínez Meza frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 25 de agosto de 2026, dentro de la acción de tutela que promov ió contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, ambos de esa ciudad, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes del juicio de restitución de inmueble arrendado bajo radicado No. 2025-00213-00.

ANTECEDENTES

1.- Los accionantes buscan la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia.Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00773-01 2 2.- En síntesis, adujeron que, dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado promovido en su contra por Andrea Paola Otero León, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla inadmitió inicialmente la demanda y, posteriormente, la admitió y permitió su contestación con formulación de excepciones de mérito. Sin embargo,

por Andrea Paola Otero León, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla inadmitió inicialmente la demanda y, posteriormente, la admitió y permitió su contestación con formulación de excepciones de mérito. Sin embargo, mediante auto del 28 de enero de 2026, dispuso no oírlos hasta tanto consignaran los cánones presuntamente adeudados. Agregaron que, pese a haber interpuesto los recursos de repo sición, apelación y queja, ninguno fue resuelto.

Sostuvieron que, el 25 de febrero siguiente, se profirió sentencia sin permitirles ejercer plenamente su derecho de contradicción y, posteriormente, se aprobó la liquidación de costas sin atender los medios de impugnación formulados. Indicaron, además, que el expediente fue remitido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de esa ciudad, sin que hubieran podido ejercer adecuadamente su defensa, pese a contar con comprobantes de pago que, según afirmaron, acreditaban la inexistencia de mora e, incluso, un saldo a su favor.

En su criterio, el juez accionado aplicó de manera rígida el artículo 384 del Código General del Proceso y desconoció la jurisprudencia constitucional que permite oír al demandado, aun sin consignación previa, cuando existen dudas acerca de la existencia o validez del contrato. Añadieron que el negocio jurídico presentaba graves irregularidades, que el canon convenido eraRad. n° 08001-22-13-000-2026-00773-01 3 desproporcionado, que el inmueble se encontraba en condiciones ruinosas y que realizaron inversiones

irregularidades, que el canon convenido eraRad. n° 08001-22-13-000-2026-00773-01 3 desproporcionado, que el inmueble se encontraba en condiciones ruinosas y que realizaron inversiones significativas. Por tales razones, solicitaron dejar sin efectos las providencias adoptadas en dicho trámite.

3.- Con fundamento en lo anterior, solicitaron que se ordenara: i) «al JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, dejar sin efectos todas las actuaciones emitidas desde el auto de fecha 20 de enero de 2026 que negó oír al demandado y las actuaciones posteriores, como la sentencia de fecha 25 de febrero de 2026 en la que también se resolvieron los recursos contra el auto anterior y el auto de fecha 21 de mayo de 2026, que resolvió el recurso de reposición y subsidio apelación en contra del auto que decisión (sic) la liquidación de costas y envío al juzgado de ejecución»; ii) «Además de lo anterior, muy comedidamente les solicito se sirvan ordenar al juzgado segundo civil del circuito de ejecución de Barranquilla para que se abstenga de continuar con el trámite de ejecución de la sentencia dictada por el juzgado cuarto civil del circuito de Barranquilla y por lo tanto además también se abstenga de librar el respectivo despacho comisorio. Radicado Interno N. C4-0705-2026» y iii) «Las demás que oficiosamente ordene su señoría».

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla informó que todas las actuaciones fueron adoptadas

ordene su señoría».

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla informó que todas las actuaciones fueron adoptadas mediante providencias debidamente motivadas y que no se configuró vulneración de derechos fundamentales, pues la inconformidad de los accionantes recae sobre decisiones ejecutoriadas cuyo cumplimiento se encuentra actualmente a cargo del juzgado ejecutor.Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00773-01 4

2.- El Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de esa c apital informó que el proceso de restitución se encuentra en etapa de ejecución. Precisó que se comisionó al alcalde para efectuar la entrega del inmueble y que fue negada una solicitud de aclaración formulada por los actores.

Añadió que la inconformidad de los accionantes se origina en decisiones adoptadas por el juez de conocimiento, quien aplicó el artículo 384 del Código General del Proceso y dispuso no oírlos. No obstante, sostuvo que la acción de tutela no constituye el me canismo idóneo para reabrir debates ya definidos dentro del trámite y que no se advierte irregularidad alguna susceptible de corrección.

3.- Andrea Paola Otero León sostuvo que la acción de tutela es improcedente, toda vez que los actores participaron activamente en el proceso de restitución, pues contestaron la demanda, formularon excepciones e interpusieron recursos. Sin embargo, afirmó que incumplieron la carga procesal prevista en el artículo 384 del Código General del Proceso, al

activamente en el proceso de restitución, pues contestaron la demanda, formularon excepciones e interpusieron recursos. Sin embargo, afirmó que incumplieron la carga procesal prevista en el artículo 384 del Código General del Proceso, al no a creditar la consignación de los cánones ni aportar comprobantes de pago, requisito necesario para ser oídos cuando la restitución se fundamenta en la mora.

4.- La apoderada de los accionantes manifestó que el informe rendido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito resulta insuficiente y no refleja adecuadamente lo ocurrido en el proceso, pues omite que los demandados ejercieron suRad. n° 08001-22-13-000-2026-00773-01 5 defensa, propusieron excepciones y allegaron pruebas técnicas dirigidas a cuestionar el contrato de arrendamiento, así como a evidenciar presuntas irregularidades, fraude y vicios del consentimiento.

Afirmó que el juez aplicó de manera rígida una regla procesal, sin atender la entidad del debate planteado, con lo cual, a su juicio, restringió injustificadamente la posibilidad de ejercer una verdadera contradicción y afectó el debido proceso de sus representados.

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla negó el amparo solicitado, al considerar que la decisión de no oír a los demandados constituyó una aplicación válida y razonable del artículo 384 del Código General del Proceso. Concluyó que la in conformidad de los accionantes obedece a una discrepancia en la interpretación jurídica de dicha disposición y no a la vulneración de sus

aplicación válida y razonable del artículo 384 del Código General del Proceso. Concluyó que la in conformidad de los accionantes obedece a una discrepancia en la interpretación jurídica de dicha disposición y no a la vulneración de sus derechos fundamentales.

IMPUGNACIÓN

Inconformes con la decisión, los gestores reiteraron los argumentos expuestos en el escrito inicial y sostuvieron que el tribunal incurrió en contradicciones al pronunciarse sobre la improcedencia de la acción y, al mismo tiempo, abordar el fondo del asunto. Añadieron que dicha Corporación pasó porRad. n° 08001-22-13-000-2026-00773-01 6 alto que interpusieron oportunamente los recursos ordinarios y que su análisis terminó por avalar, de manera acrítica, la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, con afectación de su derecho al debido proceso. En consecuencia, solicitar on revocar el fallo impugnado y conceder el resguardo, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de su derecho de defensa.

CONSIDERACIONES

1.- La Corte anticipa que el amparo no está llamado a prosperar y, en consecuencia, deberá confirmarse la decisión de primera instancia, toda vez que la providencia proferida el 28 de enero de 2026 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, dentro del radicado n.° 2025-00213-00, no obedeció a criterios subjetivos ni se apartó de manera ostensible del ordenamiento jurídico o de la realidad procesal.

En dicha providencia se consideró que la parte demandante invocó exclusivamente la mora como causal de

obedeció a criterios subjetivos ni se apartó de manera ostensible del ordenamiento jurídico o de la realidad procesal.

En dicha providencia se consideró que la parte demandante invocó exclusivamente la mora como causal de restitución, por lo que correspondía a la convocada acreditar el pago de los cánones reclamados, bien mediante consignación a órdenes del juzgado, recibos expedidos por el arrendador o consignaciones efectuadas conforme a la ley, en los términos del inciso 2.º del numeral 4.º del artículo 384 del Código General del Proceso, carga que no cumplió.

En consecuencia, resolvió no oír a la parte demandada dentro del proceso hasta tanto demostrara haberRad. n° 08001-22-13-000-2026-00773-01 7 consignado, a órdenes del juzgado, la totalidad de los cánones y demás conceptos adeudados, de acuerdo con la prueba aportada con la demanda.

Contra esa determinación, los tutelantes interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente el 25 de febrero de 2026. En esa misma providencia se declaró terminado el contrato de arrendamiento suscrito el 1.º de septiembre de 2023 entre Andrea Paola Otero León y los accionantes, y se dispuso la restitución del inmueble, entre otras determinaciones.

Esa providencia también fue objeto de recursos de apelación, nulidad, reposición y, en subsidio, queja, todos rechazados por improcedentes mediante auto del 8 de abril de 2026.

Posteriormente, se efectuó la liquidación y aprobación

apelación, nulidad, reposición y, en subsidio, queja, todos rechazados por improcedentes mediante auto del 8 de abril de 2026.

Posteriormente, se efectuó la liquidación y aprobación de las costas del proceso, decisión que igualmente fue recurrida en reposición. Dicho medio de impugnación fue resuelto el 21 de mayo siguiente, oportunidad en la que, además, se dispuso iniciar trámite incidental por temeridad y mala fe contra la apoderada de los tutelantes.

2.- En ese orden, la Sala estima que las providencias cuestionadas se encuentra n debidamente sustentada s y contiene un criterio razonable, advirtiéndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por los memorialistas resultan incompatibles con la salvaguardaRad. n° 08001-22-13-000-2026-00773-01 8 constitucional, pues lo que pretenden es hacer prevalecer su propia comprensión jurídica y hermenéutica.

Así las cosas, no se evidencia la configuración de alguna causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales pues la simple expresión de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervención extraordinaria, frente a lo cual ha sido enfática esta Colegiatura al resaltar que, más allá:

«(…) de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resu ltado

descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resu ltado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo análisis». STC3305-2026.

3.- En consecuencia, se confirmará la providencia impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00773-01 9 Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez

Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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