CSJ - STC20767-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20767-2026 Radicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 20 de agosto de 20261 por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena , dentro de la tutela promovida por Elcida María Pedroza de Chona , Germinson José González Guillen , Luis Antonio Niño , José de Jesús Maldonado , Francisco Antonio Socarras Andrade, Luz Mary Barboza Lozano y María Oneida Lozando de Barbosa contra los Juzgados Primer o y Segundo Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras de Valledupar, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta , la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas , la Defensoría del Pueblo , la Procuraduría General de la

1 La cual ingresó a este despacho el 24 de septiembre de 2026.Radicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes de los procesos de esa especialidad rads. n.° 2021 -00070, 2021Nacional de Disciplina Judicial , trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes de los procesos de esa especialidad rads. n.° 2021 -00070, 202100007, 2022-00081, 2021-00086, 2025-00179, 2025-00184 y 2021-00019.

ANTECEDENTES

1. Los accionantes, actuando en n ombre propio , reclamaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas.

2. En sustento, adujeron:

2.1. Caso Elcida María Pedroza de Chona (rad. n.° 2021-00070), Luis Antonio Niño (rad. n.° 2021 -00007) y Germinson José González Guillen (rad. n.° 2022-00081)

Narraron que promovieron, por separado, los asuntos referenciados. Expresaron que el conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar y, a pesar de que sus solicitudes fueron admitidas en los años 2021 y 2022, aún se encuentran sin culminar la etapa probatoria.

2.2. Caso José de Jesús Maldonado Fuentes (rad. n.° 2021-00086)Radicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

Expuso haber iniciado la causa objeto de revisión, la cual se asignó al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, autoridad que inadmitió el libelo y ordenó a la Unidad

Expuso haber iniciado la causa objeto de revisión, la cual se asignó al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, autoridad que inadmitió el libelo y ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas subsanarla. No obstante, ante la falta de pronunciamiento, fue rechazada.

Explicó que, en consecuencia, presentó derecho de petición ante la Dirección Territorial Cesar – Guajira, al cual le brindaron respuesta indicándole que se encontraban realizando todas las diligencias para presentar nuevamente la solicitud. Sin embargo, ha n transcurrido más de cuatro años desde el rechazo, sin que la UAEGRTD subsane o vuelva a presentar la demanda.

2.3. Caso Luz Mary Barboza Lozano (rad. n.° 202500179) y María Oneida Lozano de Barboza (rad. n.° 202500184)

Expresaron que, presentaron solicitudes de restitución y formalización de tierras, las cuales fueron repartidas al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, el cual las admitió, mediante providencias de 27 de febrero y 17 de abril del año en curso, respectivamente.

2.4. Caso Francisco Antonio Socarras Andrade (rad. n.° 2021-00019)Radicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

Señaló que presentó solicitud de restitución y formalización de tierras, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en

Señaló que presentó solicitud de restitución y formalización de tierras, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, el cual admitió la solicitud el 21 de mayo de 2021. No obstante, han transcurrido varios años sin que haya culminado el periodo probatorio ni se haya adoptado una decisión definitiva dentro del proceso.

2.5. De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, las autoridades accionadas no han desplegado las actuaciones pertinentes para el impulso de sus causas.

3. Por lo anterior , pidieron ordenar i) «a la unidad de restitución de tierras (...) cumpla con la orden de subsanar la demanda», ii) a los juzgados « evacuar el periodo probatorio » y tomar las decisiones respectivas; y, iii) «a la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de D isciplina Judicial que tomen las medidas respectivas según sus competencias».

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar hizo un recuento de las actuaciones a su cargo y defendió la respectiva legalidad.Radicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar se opuso a la prosperidad de las pretensiones, tras estimar inexistente la vulneración y atribuyó la tardanza a la congestión estructural.

Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar se opuso a la prosperidad de las pretensiones, tras estimar inexistente la vulneración y atribuyó la tardanza a la congestión estructural.

3. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta remitió el link del expediente cuestionado e indicó que el trámite fue enviado al Tribunal debido a la presentación de oposición.

4. Hugo Alfonso Atencia Villareal –opositor en uno de los procesosugirió la improcedencia del resguardo y Augusto Madrid Martínez -solicitante en otrorespaldó los fundamentos del escrito inicial.

5. La Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Valledupar, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Procuraduría General de la Nación alegaron su falta de legitimación en la causa por pasiva.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena estimó su incompetencia y ordenó la remisión del asunto a «la Oficina Judicial de Reparto, para que sea repartida entre la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado». Empero, la Sección Segunda del Consejo de Estado suscitó conflicto negativo de competenciaRadicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

y la Sala Plena de la Corte Constitucional dispuso remitir la causa al inicialmente receptor.

A su turno, la citada Sala Especializada accedió a la salvaguarda solicitada por los señores Niño y Maldonado

y la Sala Plena de la Corte Constitucional dispuso remitir la causa al inicialmente receptor.

A su turno, la citada Sala Especializada accedió a la salvaguarda solicitada por los señores Niño y Maldonado Fuentes, negando en todo lo demás.

Frente al primero, por la inactividad del proceso durante más de cuatro años, ordenó al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar ejercer sus poderes de ordenación y decidir lo pertinente una vez obtenida la información requerida a la UAEDRTD y al IGAC.

En lo que atañe al segundo, aplicó la presunción de veracidad del Decreto 2591 de 1991 a la afirmación del actor referente a que, desde el rechazo de la demanda, la UAEGRTD no hab ía subsanado ni presentado una nueva solicitud. En consecuencia, ordenó a la Unidad que «dentro del término de un (1) mes, presente la demanda de restitución en representación» del actor.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas únicamente frente a la protección decretada, fundándose en: i) la indebida aplicación de la presunción; ii) la falta de integración de l a Fuerza Pública para pronunciarse de la condición de seguridad de la zona; y, iii) la inexistencia deRadicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

vulneración, pues no haber presentado la solicitud no obedece a una conducta omisiva o negligente , sino a la inseguridad en la zona para llevar a cabo las labores

vulneración, pues no haber presentado la solicitud no obedece a una conducta omisiva o negligente , sino a la inseguridad en la zona para llevar a cabo las labores catastrales. Subsidiariamente, pidió que se modifique el término otorgado, para que se compute a partir del momento en que existan condiciones de seguridad para el ingreso al territorio.

CONSIDERACIONES

1. De entrada, se anuncia que se confirmará la sentencia impugnada en lo que fue materia de impugnación, esto es, el amparo concedido al señor José de Jesús Maldonado Fuentes y la orden dada a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de presentar la demanda de resti tución, por cuanto la omisión que se le endilga está demostrada y no se acreditó que esté justificada.

2. La presunción de veracidad

El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece que «[s]i el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa ». En particular, la Unidad censura su aplicación porque, según afirma, contestó la acción y el a quo no valoró ese informe ni las pruebas aportadas.

Aun aceptando que la UAEGRTD contestó, el reparo noRadicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

tiene la incidencia que se le atribuye, pues aun aceptando que la impugnante contestó, la conclusión sería la misma, que, desde la devolución de la demanda, en 2021, no se ha

tiene la incidencia que se le atribuye, pues aun aceptando que la impugnante contestó, la conclusión sería la misma, que, desde la devolución de la demanda, en 2021, no se ha presentado una nueva. La propia alzada admite que la nueva demanda « aún no ha sido presentada ante la jurisdicción especializada» y se limita a justificarlo. Asimismo, ese hecho está acreditado por otros medios, como el informe del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, según el cual, tras la devolución del libelo, el asunto no continuó su trámite, y la respuesta de la Unidad al derecho de petición del accionante, en la que informó que adelantaba las diligencias para volver a presentar la demanda.

Lo que está en discusión no es, entonces, el hecho, sino su justificación, cuestión que la Corte examina rá enseguida sin apoyarse en la presunción. Por la misma razón, tampoco procede la nulidad que se depreca por ese motivo, pues un eventual error en la valoración probatoria no configura ninguna de las causales taxativas del artículo 133 del Código General del Proceso.

3. La Fuerza Pública: ni nulidad ni justificación

La Unidad sostiene que debió vincularse a la Fuerza Pública, por lo que pide declara la invalidación de lo actuado por indebida integración del contradictorio y alega que las condiciones de seguridad de la zona justifican su demora. No obstante, ninguno de los planteamientos está llamado a prosperar.Radicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

condiciones de seguridad de la zona justifican su demora. No obstante, ninguno de los planteamientos está llamado a prosperar.Radicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

En primer lugar, la sentencia no profirió orden alguna contra la Fuerza Pública ni afecta de manera directa su esfera jurídica, lo ordena se dirige a la Unidad y consiste en presentar una demanda. Que esta deba coordinar con aquella el acompañamiento para las labores pertinentes es una circunstancia fáctica, que constituye, en su caso, un medio de prueba sobre razones de la demora, no un supuesto que haga de la Fuerza Pública un litisconsorte necesario.

En segundo lugar, la nulidad por falta de citación de quien debió ser parte (art. 133, num. 8° del Código General del Proceso) solo puede ser alegada por la persona afectada (art. 135, ibidem) , de modo que la Unidad carece de legitimación para invocar un perjuicio ajeno; y ni siquiera en la impugnación se afirma que hubiera solicitado esa vinculación en el curso de la instancia.

En tercer lugar, la Unidad participa en los escenarios de coordinación con la Fuerza Pública previstos para el proceso de restitución, de modo que le correspondería dirigirse a esa autoridad para obtener información sobre la condición de seguridad y solicitar el acompañamiento, en caso de ser necesario, para ingresar al territorio. Sin embargo, no acredita haberlo hecho . No puede, entonces, invocar la falta de intervención de la Fuerza Pública como causa de nulidad ni como excusa, cuando no demuestra haberse dirigido a ella.

embargo, no acredita haberlo hecho . No puede, entonces, invocar la falta de intervención de la Fuerza Pública como causa de nulidad ni como excusa, cuando no demuestra haberse dirigido a ella.

Finalmente, en el trámite de tutela, caracterizado por suRadicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

informalidad, preferencia y sumariedad; decretar una nulidad, respecto de uno solo de siete accionantes, sobre el reclamo de una víctima de despojo que lleva más de cuatro años esperando, equivaldría postergar de forma desproporcionada una protección cuya urgencia es que informa la acción.

4. Procedibilidad

Aunque la impugnación no cuestiona la procedencia del amparo, la Sala advierte, como lo hizo el a quo, que la omisión atribuida a la UAEGRTD se prolonga en el tiempo y persiste hoy. Esa circunstancia, junto con la condición de víctima del accionante, permite tener por satisfecho el requisito de inmediatez. Además, t ampoco se advierte otro medio de defensa judicial idóneo para exigir a la Unidad, a quien corresponde la representación del solicitante, que presente la demanda.

5. Imputabilidad de la omisión

Entonces, corresponde ahora establecer si la omisión es atribuible a la Unidad. En ese sentido, su deber de presentar la demanda en representación del solicitante no se discute, como tampoco que no lo ha cumplido; lo que se alega es que la demora obedece a circunstancias técnicas y de seguridad. De suerte que, quien invoca un hecho que excusa su omisión, está en la responsabilidad de acreditarlo.

como tampoco que no lo ha cumplido; lo que se alega es que la demora obedece a circunstancias técnicas y de seguridad. De suerte que, quien invoca un hecho que excusa su omisión, está en la responsabilidad de acreditarlo.

Debe admitirse que el fallo de primer grado no ponderóRadicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

esas razones, dio por probada la vulneración a partir del tiempo transcurrido y de la presunción de veracidad, sin examinar si la demora estaba justificada. No obstante, no es necesario devolver el asunto, pues se puede suplir ese análisis con las pruebas allegadas, del cual se sigue que la omisión no está justificada.

En efecto, la inadmisión y posterior rechazo de la demanda en 2021 obedeció a la deficiente identificación del predio, pues el bien estaba conformado por más de un inmueble con identificación catastral y registral propia, de modo que debía aportarse linderos , coordenadas y georreferenciación de los de menor extensión. Desde entonces, han transcurrido más de cuatro años sin que la Unidad acredite una sola gestión concreta tendiente a superar esa deficiencia.

Lo único que se aporta es posterior al fallo, la reunión del 28 de agosto de 2026, de la cual ni siquiera se allegan las actas, por invocarse su reserva, y un cronograma elaborado por la propia entidad. Ciertamente, la reserva podrá oponerse a terceros, pero no releva a quien invoca un hecho de acreditarlo ante el juez. Y el cronograma, además de unilateral, es inconsistente con la tesis que respalda, pues

por la propia entidad. Ciertamente, la reserva podrá oponerse a terceros, pero no releva a quien invoca un hecho de acreditarlo ante el juez. Y el cronograma, además de unilateral, es inconsistente con la tesis que respalda, pues agenda las actividades para las cuatro semanas de agosto, cuando para la fecha del informe ya cursaba la última. En esa misma línea, previó una visita catastral al predio como primera actuación, pese a afirmarse que no existen condiciones para ingresar al territorio; y contempló que, realizada la visita, el informe técnico, la comunicación, laRadicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

entrega a la etapa judicial y la elaboración de la demanda se surtan en cuatro semanas, lo que desvirtúa que el término de un mes sea, en sí mismo, incompatible con las actividades requeridas.

A lo anterior se suma que, en la respuesta a su derecho de petición, la Unidad le informó al accionante que desde su coordinación judicial « se están adelantando todas las diligencias atinentes para volver a presentar la demanda», sin referir obstáculo de seguridad a lguno. Además, se trata de un reclamante víctima del conflicto, sujeto de especial protección constitucional, para quien los más de cuatro años transcurridos desde la devolución de la demanda desbordan cualquier plazo razonable.

Así, aunque las dificultades de orden público para acceder al territorio son una circunstancia que el propio a quo reconoció que puede incidir en las actuaciones de restitución que deben practicarse fuera de las sedes judiciales, no se acreditó que ella fuera la causa de una inactividad de casi cinco años ni que la U nidad hubiera

quo reconoció que puede incidir en las actuaciones de restitución que deben practicarse fuera de las sedes judiciales, no se acreditó que ella fuera la causa de una inactividad de casi cinco años ni que la U nidad hubiera agotado los medios a su alcance.

6. El término razonable

Subsidiariamente, la Unidad solicitó que el mes concedido se cuente « a partir del momento en que existan condiciones de seguridad para el ingreso al territorio y se cuente con el correspondiente aval de la Fuerza Pública ». Empero, tal anhelo corre la misma suerte que los anteriores. Ello, en cuanto esaRadicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

fórmula subordina el cumplimiento de la orden a una condición cuya verificación depende de un tercero y del propio informe de la obligada, sin fecha cierta ni límite alguno, con lo cual el amparo, cuya razón de ser es poner fin a una espera ya excesiva, quedaría diferido indefinidamente y despojado de contenido.

Y no se justifica conceder un término adicional a quien lleva casi cinco años sin presentar la demanda ni acreditar gestiones concretas, máxime cuando su propio cronograma muestra que, efectuada la visita al predio, el trámite hasta la elaboración de la de manda puede surtirse en cuatro semanas. Con todo, si sobreviniera una imposibilidad objetiva, deberá acreditarla ante el juez de primera instancia, a quien corresponde verificar el cumplimiento, valoración que no puede anticiparse en esta sede.

Precisase que nada de lo anterior implica que esta Corporación esté definiendo si la solicitud del accionante está

a quien corresponde verificar el cumplimiento, valoración que no puede anticiparse en esta sede.

Precisase que nada de lo anterior implica que esta Corporación esté definiendo si la solicitud del accionante está llamada a prosperar ni cómo debe presentarse la demanda, estos son asunto que corresponden al juez natural y a la Unidad, en ejercicio de sus competencias.

7. En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada en lo que fue materia de impugnación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrandoRadicación n.º 13001-22-21-000-2026-10035-01

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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