CSJ - STC20769-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20769-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01814-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Inversiones Las Veraneras S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali ; trámite al que fueron vinculados el Juzgado Once Civil del Circuito de la referida ciudad y todas las autoridades, partes e intervinientes en el juicio divisorio n.° 2022-00035.

ANTECEDENTES

1. La sociedad accionante reclama la protección de los derechos fundamentales debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

2. En síntesis, señaló que G enaro Andrés Caicedo Muñoz promovió el divisorio de la referencia en su contraRad. n.° 11001-02-03-000-2026-01814-01

2 respecto del inmueble ubicado en la carrera 109 núm. 16-44 de Cali e identificado con matrícula No. 370 -344720, pretendiendo su venta conforme a su avaluó por valor de $2.753.030.280.

Relató que s e opuso sosteniendo que el bien era susceptible de división material , y advirtió irregularidades respecto del avalúo aportado por el demandante. Por ello,

$2.753.030.280.

Relató que s e opuso sosteniendo que el bien era susceptible de división material , y advirtió irregularidades respecto del avalúo aportado por el demandante. Por ello, solicitó la aplicación del artículo 227 del Código General del Proceso para que se le concediera un término adicional para allegar la experticia.

Indicó que, mediante auto del 27 de marzo de 2025 el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali le concedió a la parte demandante un término de diez días para aportar el dictamen por lo que pidió su corrección. Sin embargo, en proveído del 29 de julio de 2025 , en ejercicio del control de legalidad, dejó sin efectos dicha concesión, consideró improcedente la aplicación del artículo 227 al tratarse de un trámite regido por el artículo 409 ibidem y ordenó la venta del inmueble.

Expuso que, presentó apelación contra esa determinación, por lo que, en providencia del 25 de septiembre de 2025, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali la revocó, pero señaló que el lapso para aportar la experticia había vencido sin que esta fuera allegada y dispuso que el trámite continuara mediante la convocatoria a audiencia, con el fin de interrogar a los peritos de la parte demandante.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-01814-01 3

Advirtió que solicitó la aclaración y corrección de dicha providencia y, posteriormente, formuló recurso de súplica, pero, estas fueron resueltas desfavorablemente el 3 de octubre y del 12 de noviembre de 2025, respectivamente, de

providencia y, posteriormente, formuló recurso de súplica, pero, estas fueron resueltas desfavorablemente el 3 de octubre y del 12 de noviembre de 2025, respectivamente, de manera que, una vez devuelto el expediente, el juez profirió auto de obedecimiento a lo resuelto y convocó a los peritos de la parte demandante para la contradicción de su dictamen.

En su criterio el colegiado excedió el objeto del recurso de apelación al pronunciarse sobre el vencimiento de la oportunidad para aportar la experticia y determinar anticipadamente el alcance de la audiencia , además de que esa actuación desconoció los dictámenes aportados con la contestación y restringió sus posibilidades de solicitar, aportar y controvertir pruebas destinadas a demostrar la divisibilidad material del inmueble.

3. En este contexto, estima n vulneradas sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pretende que se conserve la decisión del Tribunal que revocó el auto del 29 de julio de 2025, pero que se dejen sin valor ni efecto las consideraciones relativas al vencimiento del término probatorio, la exclusión del trabajo pericial anunciado y la convocatoria restringida de la audiencia.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOSRad. n.° 11001-02-03-000-2026-01814-01

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1. El Tribunal convocado se remitió a las consideraciones de la determinación criticada.

2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Cali relató las actuaciones a su cargo.

3. Genaro Andrés Caicedo Muñoz pidió negar el amparo.

CONSIDERACIONES

2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Cali relató las actuaciones a su cargo.

3. Genaro Andrés Caicedo Muñoz pidió negar el amparo.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales con el fin de salvaguardar los principios de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. En efecto, no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados para modificar las determinaciones emitidas en ellos.

Excepcionalmente se estableció su procedencia para aquellos casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. En este caso deberán concurrir los presupuestos generales de procedibilidad de : inmediatez, subsidiariedad, que no se cuestionen sentencias emitidas en el marco de otra acción de tutela y la relevancia constitucional . Junto a ellos, debe verificarse la ocurrencia de alguno de los defectos específicos:Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-01814-01 5 sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación de la Constitución.

2. La relevancia constitucional.

En torno a este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones

2. La relevancia constitucional.

En torno a este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional[63] y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad [64]; (ii ) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales[65] y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces[66]» (C.C, SU-128 de 2021).

En esa línea, se ha sostenido que el mismo «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales[119]» (C.C., SU -215 de 2022). En esa línea, se han adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario» (C.C. SU-016 de 2026).

En esa medida, este presupuesto de procedibilidad exige que entre la actuación cuestionada y la presunta

como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario» (C.C. SU-016 de 2026).

En esa medida, este presupuesto de procedibilidad exige que entre la actuación cuestionada y la presunta vulneración de los derechos fundamentales exista unaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-01814-01 6 relación directa, específica y suficientemente acreditada. No basta con que la parte accionante manifieste su inconformidad frente a la interpretación de la norma hecha por el fallador, con la valoración de una prueba o con el resultado adverso del proceso.

Es necesario, entonces, que la parte interesada explique de qué manera la decisión censurada trasgredió el ámbito de la autonomía judicial y produjo una afectación constitucionalmente relevante. Dicho de otro modo, el debate debe trascender la simple discrepancia interpretativa y poner de manifiesto una actuación que, por su arbitrariedad, irrazonabilidad o manifiesta incompatibilidad con la Constitución comprometa de forma efectiva una garantía fundamental.

En conclusión, la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental ni con la simple invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia. Además de ello, es indispensable demostrar que la providencia cuestionada produjo una afectación directa, concreta y desproporcionada de tales garantías. Por tanto, cuando el amparo se limita a reiterar discusiones de índole legal, probatoria y procesal, o pretende reabrir debates ya resueltos, la controversia carece de verdadera trascendencia constitucional y no habilita la

discusiones de índole legal, probatoria y procesal, o pretende reabrir debates ya resueltos, la controversia carece de verdadera trascendencia constitucional y no habilita la intervención excepcional del juez de tutela.

2. Caso concretoRad. n.° 11001-02-03-000-2026-01814-01 7 2.1. Acá, la accionante cuestiona el auto proferido el 25 de septiembre de 2025 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, en particular, censura las consideraciones mediante las cuales el colegiado tuvo por vencido el término para aportar un dictamen pericial, dispuso prescindir de esa experticia y ordenó continuar el trámite con la convocatoria a audiencia para interrogar a los peritos de la parte demandante.

A su juicio con la expedición de dicha providencia se configuraron los defectos procedimental es absoluto y por exceso ritual manifiesto. El primero, porque se habría excedido los límites de la apelación al resolver asuntos que no integraban el objeto del recurso y el segundo, porque, mediante una interpretación restrictiva de las normas procesales, habría desconocido los dictámenes aportados con la contestación y limitado injustificadamente sus oportunidades de prueba y contradicción. Asimismo, le atribuye un defecto orgánico, al considerar que la accionada asumió atribuciones propias del juez de primera instancia cuando declaró vencida una oportunidad probatoria.

2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero que advierte la Sala es el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de inmediatez, por cuanto el amparo se

cuando declaró vencida una oportunidad probatoria.

2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero que advierte la Sala es el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de inmediatez, por cuanto el amparo se presentó en un término razonable (3 abr. 2026) respecto de la situación que aparentemente genero la vulneración teniendo en cuenta que contra la determinación criticada se presentó «adición y aclaración» negada el 3 de octubre de 2025. Así mismo se cumple con el presupuesto de subsidiariedadRad. n.° 11001-02-03-000-2026-01814-01 8 en tanto que contra la mismo no procedía recurso alguno.

No obstante, el asunto sometido a consideración carece de relevancia constitucional, pues los reparos de la gestora se dirigen, en esencia, contra la interpretación que efectuó la autoridad accionada acerca de la oportunidad para aportar una experticia en un juicio divisorio y de las actuaciones necesarias para controvertir el dictamen presentado por la parte demandante. Ciertamente, se trata de una discusión sobre el alcance de los artículos 227, 228 y 409 del Código General del Proceso y sobre la conducción de la etapa probatoria de dicho litigio , cuestiones que pertenecen, en principio, al ámbito de competencia del juez natural.

Además, la providencia cuestionada no revela una actuación arbitraria. Por el contrario, en aplicación del debido proceso, el Tribunal explicó que el juzgado había decretado prematuramente la venta del inmueble, pues fundó esa determinación en el dictamen de la parte demandante sin haber permitido su contradicción mediante

actuación arbitraria. Por el contrario, en aplicación del debido proceso, el Tribunal explicó que el juzgado había decretado prematuramente la venta del inmueble, pues fundó esa determinación en el dictamen de la parte demandante sin haber permitido su contradicción mediante el interrogatorio de los peritos, pese a que la socied ad demandada había solicitado oportunamente su comparecencia.

Aunado a ello, y en relación con la experticia anunciada por la sociedad acá accionante , el colegiado constató que, mediante auto del 27 de marzo de 2025, se había concedido un plazo de diez días para su presentación y que, transcurridos cuatro meses, el dictamen no había sido allegado. Sobre esa base, consideró inoficiosa laRad. n.° 11001-02-03-000-2026-01814-01 9 determinación posterior del juzgado de dejar sin efecto el término concedido, por cuanto esté ya había expirado, y estimó que correspondía continuar con la contradicción de la prueba pericial aportada por la parte demandante.

De igual forma, la providencia no rechazó expresamente los demás documentos técnicos que la accionante afirma haber aportado con la contestación de la demanda . Por el contrario, el funcionario judicial se limitó a examinar específicamente el dictamen que había sido anunciado al solicitar el plazo del artículo 227 del Código General del Proceso y que, según verificó, no fue presentado dentro del término concedido. Las controversias acerca de si otros documentos reúnen las exigencias de una prueba pericial o si fueron aportados oportunamente corresponden al trámite ordinario.

Así, la acción pretende que el juez de tutela revise

término concedido. Las controversias acerca de si otros documentos reúnen las exigencias de una prueba pericial o si fueron aportados oportunamente corresponden al trámite ordinario.

Así, la acción pretende que el juez de tutela revise nuevamente el cómputo del término probatorio, determine los efectos de las solicitudes de aclaración, establezca cuáles documentos constituyen dictámenes periciales y defina la forma en que debe adelanta rse su contradicción. Acceder a ese examen supondría convertir el amparo en un recurso adicional para sustituir la interpretación adoptada por el juez ordinario.

En conclusión, la sociedad accionante no acreditó que la providencia cuestionada hubiera producido una afectación directa, concreta y desproporcionada de sus garantías fundamentales y, por el contrario, sus reparos expresan unaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-01814-01 10 discrepancia con la interpretación de las normas procesales. Admitir la relevancia constitucional en estas condiciones supondría habilitar la tutela para revisar toda controversia en la que una parte atribuya a la interpretación legal consecuencias adversas para sus intereses.

3. Conclusión.

Por tanto , al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará la improcedencia del amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve : DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.

en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve : DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZRad. n.° 11001-02-03-000-2026-01814-01

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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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