CSJ - STC20771-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20771-2026 Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 17 de septiembre de 2026 proferida por la Sala X del Tribunal Superior del Distrito Judicial Y, dentro de la acción de tutela promovida por KLRG, en nombre propio y en representación de su hija VJR, contra el Juzgado A X de Ejecución de Sentencias Y, el Juzgado B X de esa urbe y el FNG S.A., asunto al cual fueron vinculados los partícipes en el ejecutivo de alimentos n.° 2025-00xxx.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de los menores de edad involucrados en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que seráRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01 2 el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. La accionante, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de edad, reclamó la

de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. La accionante, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de edad, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al «debido proceso, de petición, al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia y el derecho de todo niño a que ambos padres concurran en los aportes de alimentos para garantizar su sostenimiento », que consideró vulnerados por los accionados.

2. En síntesis, adujo que promovió el ejecutivo de alimentos n.° 11001-31-10-020-2025-00xxx contra el padre de su hija, «ante el incumplimiento total de su rol de padre», proceso que correspondió inicialmente al Juzgado B X Y, autoridad que decretó el embargo de un porcentaje del salario devengado por el ejecutado en el FNG S.A. y, en noviembre de 2025, remitió el expediente al Juzgado A X de Ejecución de Sentencias Y para continuar con el trámite.

Relató que la entidad pagadora efectuaba las correspondientes consignaciones desde julio de 2025 a favor del primer despacho judicial. Sin embargo, sostuvo que no se había materializado la entrega de la totalidad de los recursos retenidos en favor de su hija, ni se había establecido si existían títulos judiciales constituidos ante el juzgado de origen que debieran convertirse, trasladarse o ponerse aRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01 3 disposición del despacho receptor. Precisó que el último pago recibido ocurrió en febrero de 2026, por una suma aproximada de $8.800.000.

3 disposición del despacho receptor. Precisó que el último pago recibido ocurrió en febrero de 2026, por una suma aproximada de $8.800.000.

Afirmó que presentó memoriales los días 9 y 24 de junio, 29 de julio y 19 de agosto de 2026, encaminados a obtener la entrega de los dineros y una decisión sobre las actuaciones pendientes. No obstante, señaló que únicamente se le informó que el expediente se encontraba «al despacho» y que estaba pendiente el trámite de un recurso de reposición formulado contra una liquidación. Añadió que el FNG S.A. se abstuvo de suministrarle directamente información sobre las retenciones y consignaciones, al considerar que esta debía solicitarse dentro del proceso judicial o por orden de la autoridad competente.

De ese panorama derivó la lesión a sus prerrogativas fundamentales toda vez que, en su concepto, las autoridades han dilatado « de forma injustificada la reclamación de los dineros para la manutención de mi menor hija afectando los derechos de mi hija menor de edad que hasta donde entiendo son prevalentes».

3. Por lo anterior, solicitó que se ampararan los derechos fundamentales de su hija y se tomaran las

siguientes determinaciones:

2. ORDENAR al Juzgado A de Ejecución en Asuntos X del Circuito Y que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, resuelva de fondo los memoriales presentados el 9 y 24 de junio, 29 de julio y 19 de agosto de 2026, y adopte todas las decisiones necesarias para el pago efectivo de lo s depósitos

notificación del fallo, resuelva de fondo los memoriales presentados el 9 y 24 de junio, 29 de julio y 19 de agosto de 2026, y adopte todas las decisiones necesarias para el pago efectivo de lo s depósitos ciertos, vencidos, disponibles y no controvertidos que correspondan a mi menor hija VJR.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01 4

3. ORDENAR al Juzgado B X del Circuito Y que, dentro del mismo término, certifique los títulos constituidos en su cuenta dentro del proceso 2025-00xxx y ejecute, en coordinación con el Juzgado A X de Ejecución, su conversión, traslado o puesta a disposición, según corresponda.

4. ORDENAR a los dos juzgados que coordinen directamente sus actuaciones, sin trasladar a la accionante las cargas derivadas del cambio de despacho o de la ubicación de los depósitos judiciales, e informen por escrito un cronograma inmediato y verificable de cumplimiento.

5. ORDENAR al FNG S. A. que entregue la certificación completa de retenciones y consignaciones y que, una vez reciba instrucción judicial, dirija las consignaciones futuras a la cuenta correcta, es decir al Juzgado A X de Ejecución de Sentencias, sin suspender ni alterar el embargo vigente.

6. ORDENAR que se informe a la suscrita accionante, de manera clara y completa, qué títulos fueron pagados, cuáles permanecen pendientes, qué actuación se realizó respecto de cada uno y la fecha cierta de disponibilidad de los recursos.

7. ADOPTAR cualquier otra medida que el despacho constitucional

y completa, qué títulos fueron pagados, cuáles permanecen pendientes, qué actuación se realizó respecto de cada uno y la fecha cierta de disponibilidad de los recursos.

7. ADOPTAR cualquier otra medida que el despacho constitucional considere necesaria para garantizar de manera efectiva y prioritaria los derechos prevalentes de mi hija VJR.

8. ORDENAR en lo sucesivo que los depósitos y entrega de dineros a la menor VJR sean inmediatos para no continuar con la vulneración de sus derechos, de ser posible sean consignados a la suscrita directamente con los respectivos soportes a los despachos judiciales.

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS

1. El Juzgado A X de Ejecución de Sentencias Y informó que adelantó actuaciones para obtener la conversión de los depósitos judiciales constituidos ante el Juzgado B X y explicó que la entrega de los títulos no era procedente mientras se resolvía el recurso interpuesto por la ejecutante contra la liquidación aprobada el 29 de mayo de 2026. Señaló que decidió ese recurso el 9 de septiembre siguiente y que, al día posterior, ordenó el pago de la totalidad de los depósitos judiciales disponibles, además de requerir al FNG S.A. para que dirigiera las retenciones futuras a órdenes del despachoRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01 5 de ejecución. Sostuvo que no incurrió en dilación injustificada, manifestó que no existían solicitudes pendientes de decisión y solicitó negar el amparo por considerar superada la situación que dio lugar a la acción.

2. El Juzgado B X Y informó que conoció inicialmente

injustificada, manifestó que no existían solicitudes pendientes de decisión y solicitó negar el amparo por considerar superada la situación que dio lugar a la acción.

2. El Juzgado B X Y informó que conoció inicialmente del proceso ejecutivo de alimentos cuestionado y que, una vez proferida la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución, remitió las diligencias a los juzgados de ejecución de sentencias de familia. Añadió que realizó oportunamente la conversión de los dineros consignados a órdenes del proceso y sostuvo que correspondía al despacho de ejecución requerir al pagador para que los descuentos posteriores se depositaran a órdenes de ese juzgado. Por ello, afirmó que no vulneró garantía fundamental alguna y solicitó su desvinculación.

3. El FNG S.A. manifestó que cumplió las órdenes de embargo y retención impartidas dentro del proceso ejecutivo de alimentos, inicialmente mediante consignaciones a órdenes del primer despacho cognoscente y, una vez recibió la respectiva comunicación, a disposición del juzgado de ejecución de sentencias. Informó que atendió la petición de la accionante y le suministró la certificación de los pagos realizados en virtud de la medida cautelar. Sostuvo que no le correspondía autorizar ni efectuar la entrega de los depósitos judiciales, pues esa atribución recaía en la autoridad judicial que conocía del proceso. En consecuencia, solicitó negar las pretensiones formuladas en su contra y disponer su desvinculación.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01

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ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala X del Tribunal Superior del Distrito Judicial Y

pretensiones formuladas en su contra y disponer su desvinculación.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01 6

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala X del Tribunal Superior del Distrito Judicial Y negó la salvaguarda por la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado tras advertir que « la situación fáctica que motivó la instauración de la tutela desapareció durante su trámite, toda vez que se resolvió el recurso pendiente, se autorizó y ordenó el pago de los depósitos judiciales y se suministró la información requerida sobre las consignaciones efectuadas».

IMPUGNACIÓN

La interpuso la promotora reconociendo la existencia del hecho superado, pero cuestionando que el mismo aconteciera tras la notificación de la presente acción. Precisó que « sería pertinente garantizar mecanismos para no verme en la necesidad de acudir a la acción de tutela cada vez que el Juzgado de Ejecución demore injustificadamente los pagos que son importantes y necesarios para la manutención y garantía de otros derechos de mi menor hija».

En consecuencia, advirtió que era necesario « dar respuesta a las pretensiones 7 y 8 de la tutela ya que la sentencia guardó silencio al respecto ». Tales pretensiones fueron del siguiente tenor:

7. ADOPTAR cualquier otra medida que el despacho constitucional considere necesaria para garantizar de manera efectiva y prioritaria los derechos prevalentes de mi hija VJR.

8. ORDENAR en lo sucesivo que los depósitos y entrega de dineros a la menor VJR sean inmediatos para no continuar con la

constitucional considere necesaria para garantizar de manera efectiva y prioritaria los derechos prevalentes de mi hija VJR.

8. ORDENAR en lo sucesivo que los depósitos y entrega de dineros a la menor VJR sean inmediatos para no continuar con la vulneración de sus derechos, de ser posible sean consignados a laRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01 7 suscrita directamente con los respectivos soportes a los despachos judiciales.

CONSIDERACIONES

1. Circunscritos a la impugnación, corresponde a la Corte abordar las dos pretensiones que la accionante consideró que no fueron objeto de respuesta por parte del tribunal constitucional de primer grado.

2. El artículo 86 de la Constitución Política consagró este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.

Ahora bien, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque cesó la conducta violatoria, dejó de tener vigencia o aplicación el acto que vulneró el derecho, o se realizó la actividad cuya omisión constituía desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ahí que no tendría objeto impartir alguna orden, porque aquella caería en el vacío . Ante ese panorama, al juez de tutela, una vez constate la superación del presunto hecho vulnerador, le corresponde declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Al respecto , la Sala ha

porque aquella caería en el vacío . Ante ese panorama, al juez de tutela, una vez constate la superación del presunto hecho vulnerador, le corresponde declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Al respecto , la Sala ha sostenido que:Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01 8 (…) la carencia de objeto impide que el fallador constitucional intervenga en relación con situaciones que al momento de la sentencia ya no existen, o al menos no se suscitan con las características de origen, ya que (…) si la omisión por la cual la persona se queja no existe o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (…) la tutela pierde su eficacia y razón de ser (…). (CSJ, STC1836-2017 en cita de STC 13 mar. 2009, rad. 00147 -01, entre otros; se resalta).

3. En el asunto en concreto, la Sala anuncia la ratificación del veredicto impugnado , en el sentido de desestimar las pretensiones invocadas, realizando las siguientes consideraciones en torno a la impugnación formulada.

3.1. Fíjese que la misma accionante reconoce que la vulneración alegada en el escrito de tutel a cesó con las actuaciones desplegadas por los accionados, en especial por las determinaciones adoptadas por el Juzgado A X de Ejecución de Sentencias Y. Sin embargo, considera que no se abordó su pretensión de « ADOPTAR cualquier otra medida que el despacho constitucional considere necesaria para garantizar de manera

las determinaciones adoptadas por el Juzgado A X de Ejecución de Sentencias Y. Sin embargo, considera que no se abordó su pretensión de « ADOPTAR cualquier otra medida que el despacho constitucional considere necesaria para garantizar de manera efectiva y prioritaria los derechos prevalentes de mi hija VJR».

Al respecto, basta con indicar que conforme la jurisprudencia constitucional citada, como desparecieron los supuestos de hecho aludidos en el amparo, toda vez que se realizó la actividad cuya omisión constituía la vulneración, el tribunal constitucional de primer grado se abstuvo de impartir orden alguna.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01 9 Y es que ciertamente la tutelante reconoce dicha situación, pues la amenaza cierta, grave y real a los derechos de su hija menor representada en la imposibilidad de acceder a unos dineros consignados como depósitos judiciales , fue enmendada por la autoridad judicial, quien explicó que no se había realizado la entrega de los títulos toda vez que estaba pendiente resolver el recurso interpuesto por la ejecutante contra la liquidación aprobada el 29 de mayo de 2026 , mismo que resolvió el 9 de septiembre y, el día 10 siguiente, ordenó el pago de la totalidad de los depósitos judiciales disponibles.

En ese sentido, se reitera, la amenaza cierta, grave y real cesó, por lo que no se hace necesario emitir orden adicional alguna, ni de carácter correctivo y/o preventivo como pretende la accionante, más allá de recordar que el juzgado accionado se encuentra sujeto a los términos procesales dispuestos por la codificación adjetiva y que, en

adicional alguna, ni de carácter correctivo y/o preventivo como pretende la accionante, más allá de recordar que el juzgado accionado se encuentra sujeto a los términos procesales dispuestos por la codificación adjetiva y que, en este tipo de asuntos que involucra los alimentos de un menor de edad, se torna necesario actuar con la mayor diligencia que requiere velar por el interés superior de los niños.

3.2. En lo que respecta a la pretensión de «ORDENAR en lo sucesivo que los depósitos y entrega de dineros a la menor VJR sean inmediatos para no continuar con la vulneración de sus derechos, de ser posible sean consignados a la suscrita directamente con los respectivos soportes a los despachos judic iales», se advierte que la misma no ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial pertinente, lo que torna improcedente su estudio por el juezRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01 10 constitucional, conforme el principio de la subsidiariedad que rige esta materia.

Ciertamente, en los memoriales elevados el 9 y 24 de junio, 29 de julio y 19 de agosto de 2026, la accionante no elevó de manera concreta, precisa y clara esta petición, la cual debe ser estudiada por el juzgado accionado para que decida sobre su viabilidad como en derecho corresponda, por lo que no le es dable al juez constitucional inmiscuirse por el momento en el asunto, menos aun cuando, como se indicó, la afectación cierta, grave y real a los derechos de la niña ya cesó.

4. En definitiva, se ratificará el fallo constitucional de

momento en el asunto, menos aun cuando, como se indicó, la afectación cierta, grave y real a los derechos de la niña ya cesó.

4. En definitiva, se ratificará el fallo constitucional de primer grado , con las precisiones realizadas en torno a la impugnación formulada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por los motivos indicados.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02086-01 11

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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