CSJ - STC20773-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20773-2026 Radicación n.º 44001-22-14-000-2026-10100-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación elevada frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Riohacha Sala Civil Familia Laboral el pasado 3 de septiembre, dentro de la acción de tutela promovida por Yaneth Rodríguez Salinas contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al cual fueron vinculados David Armando Bueno Rodríguez, Armando Bueno Macías, Joaquín Daniel Jiménez de la Rosa, Cristina Isabel Martínez Jaramillo, Sixta Tulia Ríos Orellano y la Sociedad San Salvador S.A.S.

ANTECEDENTES

1. La solicitante , en nombre propio , reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y dignidad; pues losRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 2 considera quebrantados por la autoridad demandada al incurrir en mora judicial injustificada en los procesos 202300012 y 2025-00001.

2. Como soporte de su queja expuso los siguientes

supuestos de hecho:

2.1. El Juzgado accionado admitió el 21 de abril de 2023 la demanda verbal que les promovió a David Armando

2. Como soporte de su queja expuso los siguientes

supuestos de hecho:

2.1. El Juzgado accionado admitió el 21 de abril de 2023 la demanda verbal que les promovió a David Armando Bueno Rodríguez y Armando Bueno Macías (rad. 202300012), expediente en el cual ese extremo pasivo ha formulado múltiples peticiones inequívocamente destinadas a entorpecer el avance de l mismo , las cuales, « han sido presentadas después de transcurrido mucho tiempo desde la fijación de fecha y hora para realizar la AUDIENCIA INICIAL y apenas unos pocos días antes de la fecha señalada por el juzgado para celebrarla », ante lo cual, el despacho ha corrido traslado de cada memorial, sin determinar su pertinencia y en muchos casos aplazando la celebración de la audiencia inicial, permitiendo que la pasiva obtenga su cometido, cual es, dilatar e l avance del procedimiento, impidiendo la celebración de esa diligencia desde el 18 de febrero de 2025 a la presente fecha.

Aseveró que al tiempo de presentar este resguardo tiene la plena convicción que la celebración de la audiencia fijada para el 23 de septiembre de 2026 en ese proceso , no se llevará a cabo ante nuevas peticiones de la pasiva.

2.2. El mismo juzgado convocado admitió otra demanda verbal que la actora presentó contra David Armando BuenoRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 3 Rodríguez y Armando Bueno Macías (rad. 2025 -00001), mediante auto del 11 de febrero de 2025; no obstante, el

3 Rodríguez y Armando Bueno Macías (rad. 2025 -00001), mediante auto del 11 de febrero de 2025; no obstante, el mismo abogado que representa al extremo pasivo, también ha presentado múltiples peticiones, como declaración de pérdida de competencia, control de legalidad, recusación del juez y nulidades procesales, a efectos de entorpecer el avance del proceso; por lo que, le critic ó al despacho , el tramitar fuera de audiencia las solicitudes de la demandada, ocasionando sucesivos aplazamientos , como la última de ellas que correspondió a un pedimento nulitativo del 14 de agosto de 2026, lo que en su criterio, ha dilatado injustificadamente la celebración de la audiencia inicial por más de nueve meses.

2.3. Censuró que, en ambos procesos, la actitud complaciente del juzgado accionado con la parte demandada, quebranta « la garantía del PLAZO RAZONABLE contemplada en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya observancia se ha reclamado frente a cada petición formulada por el apoderado de la parte demandada », facilitándole al extremo demandado la dilación injustificada de los procesos.

3. Bajo ese contexto, elevó las siguientes pretensiones:

«1-. Que, en la fecha señalada, 23 de septiembre de 2026, celebre la AUDIENCIA INICIAL dentro del proceso radicado con el número 44001310300120230001200, sin darle trámite a cualquiera otra petición del apoderado de la parte demandada que apunte a la dilación del proceso, como ha sucedido con las que ha presentado

44001310300120230001200, sin darle trámite a cualquiera otra petición del apoderado de la parte demandada que apunte a la dilación del proceso, como ha sucedido con las que ha presentado en el proceso en los últimos 18 meses.

2-. Que, en caso de presentarse alguna solicitud por parte del apoderado de la parte demandada, el juzgado se abstenga deRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 4 tramitarla y decidirla por fuera de la audiencia y, en su lugar, la trámite y decida dentro de la audiencia.

3-. Que se otorgue trámite preferencial al proceso radicado con el número 44001310300120230001200, dado que ha sufrido demasiada dilación.

4-. Que ordene al Juzgado la aplicación de las sanciones que contempla la ley al apoderado de la parte demandada, por haber realizado varias actuaciones manifiestamente dilatorias.

5-. Que en el proceso radicado con el número 44001310300120250000100 se señale inmediatamente una nueva fecha próxima para la celebración de AUDIENCIA INICIAL.

6-. Que se realice la audiencia en la fecha señalada, sin facilitar al apoderado de la parte demandada el aplazamiento de la misma con peticiones manifiestamente dilatorias, como las que han impedido avanzar en el trámite.

7-. Que se imponga al apoderado de la parte demandada las sanciones previstas en la ley por el abuso del derecho de litigar y la presentación de peticiones manifiestamente improcedentes.

8-. Que se imparta trámite preferente al proceso radicado con el número 44001310300120250000100, dado que ha sufrido

la presentación de peticiones manifiestamente improcedentes.

8-. Que se imparta trámite preferente al proceso radicado con el número 44001310300120250000100, dado que ha sufrido demasiada dilación».

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. La Secretaría del Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha narró cada una las peticiones realizadas por la parte demandada en ambos procesos y las decisiones que se emitieron al respecto, destacando como última actuación relevante en el proceso 20 23-00012, haber remitido el expediente virtual el 30 de julio de 2026 al Tribunal Superior de Riohacha, para que « surta trámite el recurso de apelación interpuesto contra la providencia adiada 27 de mayo de 2026, mediante la cual se rechazó por improcedente la solicitud de integración deRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 5 litisconsorte necesario». En cuanto a las actuaciones del proceso 2025-00001, destacó que el 19 de agosto de este año, comunicó a los extremos de la litis y sus apoderados el aplazamiento de la audiencia inicial en ese litigo, «en virtud de la solicitud de nulidad y el permiso laboral concedido al titular del despacho mediante resolución N° 283 del 18 de agosto de 2026».

Por lo tanto, pidió se declara ra la improcedencia del resguardo, porque a su juicio «dentro de los procesos cuestionados, les ha dado el trámite legalmente establecido a cada solicitud elevada por las partes, quienes han contado con las oportunidades procesales para impugnar las decisiones que se han emitido, medios procesales que

resguardo, porque a su juicio «dentro de los procesos cuestionados, les ha dado el trámite legalmente establecido a cada solicitud elevada por las partes, quienes han contado con las oportunidades procesales para impugnar las decisiones que se han emitido, medios procesales que resultan ser idóneos y eficaces, aunado al hecho que las actuaciones surtidas en el curso del trámite de primera instancia se han dado bajo los parámetros legales y constitucionales, respetando el debido proceso y debida administración de justicia».

2. Los vinculados Armando Bueno Macias y David Armando Bueno Macias , a través de apoderado, solicitaron declarar la improcedente de la acción de tutela, al no cumplirse el presupuesto de subsidiariedad, en tanto, la accionante no agotó los mecanismos ordinarios de contradicción y defensa frente a las decisiones cuestionadas, mientras otras actuaciones permanecen pendientes de resolución y son susceptibles de los recursos legales, sin que se hubiera acreditado un pe rjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del juez constitucional. Además, resalt aron la irrelevante constitucional, al estar infundado el petitum tutelar.Radicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01

6 Agregaron que se ejerció abuso del derecho , porque «sobre las actuaciones que se decían dilatorias y temerarias dentro del proceso 20230001200 ya fueron decididas en el proceso disciplinario 44001250200020250017800 con ponencia del magistrado Dr. REINALDO JAIME GONZÁLEZ, proceso que se inició en razón a la compulsa hecha por este despacho y que resolvió el archivo».

44001250200020250017800 con ponencia del magistrado Dr. REINALDO JAIME GONZÁLEZ, proceso que se inició en razón a la compulsa hecha por este despacho y que resolvió el archivo».

3. Sixta Ríos Orellano, esposa del demandado Armando Bueno Macias dijo que la acción «es improcedente en virtud a que los términos procesales son de obligatorio cumplimiento por ser precisamente de orden público»; tanto más si «[n]o puede pretender en su momento una etapa procesal paralela al desarrollo de estos Proceso pues están en curso (…)».

4. San Salvador S.A.S., a través de su representante legal Cristina Isabel Martínez Jaramillo adujo que, no le constan los hechos de la demanda de tutela y de ellos, no se avizoran peticiones en su contra « puesto que los hechos señalan actuaciones que devienen del oportuno derecho a la defensa y al control de legalidad que le asisten a todos los procesos dentro del ordenamiento colombiano».

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Superior de Riohacha, concedió parcialmente el amparo al «debido proceso en su faceta de plazo razonable» ordenándole al juzgado acusado (i) «en el proceso 4001310300120250000100 al juez que adopte las medidas tendientes a lograr la realización de la audiencia inicial en el término máximo de (2) meses, utilizando de ser el caso los poderes correccionales del juez ante actividades dilatorias» y (ii) «en el proceso 40001310300120230001200 al juez que lleve a cabo la audiencia prevista para el 23 de septiembreRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 7

actividades dilatorias» y (ii) «en el proceso 40001310300120230001200 al juez que lleve a cabo la audiencia prevista para el 23 de septiembreRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 7 de 2026; si debiera aplazarse, por motivo justificado, la nueva fecha no podrá exceder de diez (10) días siguientes». De igual modo, exhortó y conminó a la parte demandada en ambos procesos, para que empleara «los medios de defensa por su pertinencia y no por su disponibilidad» y , se abstuviera de « presentar peticiones notoriamente improcedentes o que impliquen una dilación manifiesta al proceso». Las demás pretensiones fueron denegadas.

Lo anterior, al considerar que, del recuento de las actuaciones en ambos procesos, (i) en el radicado n.° 202500001 el abogado del extremo pasivo incurrió en actuaciones dilatorias, tales como, insistir en la exclusión de un dictamen pericial mediante 4 memoriales y un recurso, o haber formulado reposición contra el auto de 5 de mayo de 2026 que resolvió uno de la misma estirpe, lo que era abiertamente improcedente, las cuales, condujeron a que «el término del art. 121 del C.G.P se [prorrogara] el 5 de marzo de 2026 y la audiencia inicial [siga] sin celebrarse », es decir, que se volviera una demora irrazonable; y (ii) en el radicado 2023 -00012 « es claro que la parte pasiva ha realizado un abuso del derecho de defensa » evidenciado en las últimas actuaciones realizadas por aquella, observándose que el asunto no reviste una

irrazonable; y (ii) en el radicado 2023 -00012 « es claro que la parte pasiva ha realizado un abuso del derecho de defensa » evidenciado en las últimas actuaciones realizadas por aquella, observándose que el asunto no reviste una complejidad que justifique más de tres años sin audiencia inicial, por lo que, « la parte actora no ha provocado los aplazamientos. La conducta del despacho judicial, aunque diligente en resolver cada petición, ha consistido en aplazar la audiencia en cada solicitud, en lugar de decidirla en ella o rechazarla de plano cuando eran notoriamente improcedente» y con ello el proceso no ha podido concluir su fase inicial.Radicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 8

IMPUGNACIÓN

1. Inconformes impugnaron parcialmente los vinculados Armando Bueno Macias y David Armando Bueno Macias, indicando que existía allanamiento parcial al fallo, dado que se mostraban conforme s con lo dispuesto en los «numerales primero, cuarto, sexto y séptimo » al no existir inconformidad con el amparo allí determinado en cuanto al proceso n.° 2023-00012, dado que, comparten «que el despacho de origen ha podido incurrir en mora injustificada en los procesos, hecho que fuera informado dentro de la acción, pero dejado de lado en las consideraciones».

Sin embargo, enunciaron que respecto al proceso n.° 2025-00001, la sentencia de tutela va en contravía de normas procesales de orden público sobre la duración del proceso, pues en el numeral segundo se dispuso ordenar al juzgado accionado « realizar la audiencia inicial en termino máximo

2025-00001, la sentencia de tutela va en contravía de normas procesales de orden público sobre la duración del proceso, pues en el numeral segundo se dispuso ordenar al juzgado accionado « realizar la audiencia inicial en termino máximo de dos (2) meses», sin haber realizado una revisión exhaustiva del expediente por el a quo constitucional, en el cual hubiese advertido que (i) desconoció la prórroga de competencia vigente hasta el 25 de septiembre de 2026, al imponer un término adicional de dos meses que podría llevar a que la decisión fuera adoptada por un funcionario carente de competencia; (ii) ese proceso no podía continuar mientras no se designara y notificara al curador ad litem de los terceros indeterminados ya emplazados, pues esa omisión podría configurar una nulidad por indebida representación y falta de notificación; y (iii) ausencia de mora provocada en eseRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 9 proceso, porque las oportunidades en las que el juzgado aplazó la audiencia ocurrió sin culpa de los demandados.

Con base en ello, resaltaron que «[e]s notable que la decisión adolece de no valorar en su conjunto la totalidad de la conductas procesales que se han suscitado dentro del proceso, pues de ser caso opuesto, todas las actuaciones hubieran tenido en cuenta el contexto de lo pedido, citación de lo argumentado en los memoriales y referido sobre si dichas actuaciones efectivamente podían inducir la mora o si fue propia del despacho »; máxime cuando, en criterio de los impugnantes, deviene improcedente tal amparo, porque « no se acudió a la tutela desde el momento en el que la parte tuvo

propia del despacho »; máxime cuando, en criterio de los impugnantes, deviene improcedente tal amparo, porque « no se acudió a la tutela desde el momento en el que la parte tuvo conocimiento y advirtió la mora al despacho siendo entonces además que los hechos de tutela ocurrieron a ciencia y paciencia de la accionante, pero también, el despacho ad quo NO TUVO EN CUE NTA los requisitos excepcionales de la acción de tutela contra providencias judiciales».

Finalmente, enunciaron su inconformidad con los numerales tercero y quinto en los que se les exhortó y les ordenó abstenerse de presentar peticiones abiertamente improcedentes, por cuanto, (i) desatiende la exigencia de la inmediatez, pues la tutelante no acudió oportunamente a la acción constitucional desde el momento en que el conoció y toleró la mora; (ii) no se acreditó ninguno de los defectos especiales de procedibilidad contra providencias judiciales; (iii) se observa el menoscabo de los principios constitucionales de non bis in ídem y juez natural de la allá pasiva, en tanto « se calificó nuevamente una conducta procesal ya juzgada y archivada por el Consejo Superior de la Judicatura en sede disciplinaria», porque se desconoció que « en la revisión fáctica del procedimiento hizo mención del proceso disciplinario de radicado 44001250200020250017800, no fue ello tenido en cuenta para elRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 10 análisis en las consideraciones y se procedió a valorar la conducta de dicho proceder endilgado » (Negrilla del texto); y (iv) el

10 análisis en las consideraciones y se procedió a valorar la conducta de dicho proceder endilgado » (Negrilla del texto); y (iv) el desconocimiento del principio de iura no bit curia , al no haberse ponderado con criterio general y sistemático las causas reales de la mora atribuida al despacho accionado.

2. Los vinculados San Salvador S.A.S. y Sixta Tulia Ríos Orellano coadyuvaron la impugnación al fallo, realizada por los demandados en los procesos objeto de queja, bajo los mismos reproches de estos, la última, en calidad de esposa del demandado Armando Bueno Macias, adicionó que no se valoró su escrito de contestación, en tanto, allí advirtió la configuración de una causal de impedimento no declarada, en cuanto, « la Dra. CLAUDIA PATRICIA GALÍNDEZ LÓPEZ, DEBIÓ DECLARARSE IMPEDIDA por las mismas razones del Magistrado Dr.

JORGE ALFREDO VARGAS ARROYO, dentro del trámite de conocimiento y al momento de actuar, pues la Dra., en este momento se encuentra conociendo la ap elación de auto que negó [su] intervención al proceso 44001310300120230001200 como litisconsorte necesario».

CONSIDERACIONES

1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o ame nazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio

constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o ame nazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o si existe, cuando se utilice comoRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 11 mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

En este caso particular, la tutelante acude al mecanismo supralegal en virtud de la presunta mora judicial en que ha incurrido el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha para continuar con la fase de audiencia inicial en los procesos verbales 2023 -00012 y 2025 -00001 que ella promovió contra David Armando Bueno Rodríguez y Armando Bueno Macías , al atender todas peticiones, memoriales y demás actuaciones realizadas por esa parte demandada, que en algunos casos denotan dilación procesal.

2. Las situaciones que habilitan la intervención del juez constitucional por la configuración de la mora judicial son aquellas donde la emisión de la respectiva decisión se ha extendido considerablemente en el tiempo sin que exista un motivo que lo justifiqu e, es decir, son el resultado de un comportamiento apático o negligente del funcionario.

En este sentido, la tutela del derecho fundamental al debido proceso por la demora judicial se limita a comprobar, de manera objetiva, si esta es justificada o injustificada. En consecuencia, si se acredita alguna causa razonable que explique el retraso, como fuerza mayor, caso fortuito, hechos atribuibles a un tercero u otra circunstancia objetiva que

de manera objetiva, si esta es justificada o injustificada. En consecuencia, si se acredita alguna causa razonable que explique el retraso, como fuerza mayor, caso fortuito, hechos atribuibles a un tercero u otra circunstancia objetiva que haga aceptable la tardanza, no puede afirmarse que exista vulneración a tal prerrogativa. En otras palabras, la protección efectiva procede únicamente cuando la mora judicial carece de justificación.Radicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 12

3. Circunscrita la Sala a los motivos de inconformidad planteados en la impugnación, se anticipa que se confirmará la decisión de primera instancia , siendo pasible que sólo se ciñen a la orden impartida en el proceso 2025 -00001 y el exhorto y advertencias realizadas en la parte resolutiva del fallo, frente a las conductas de la pasiva, encontrándose conforme los impugnantes, respecto de las demás órd enes impartidas en el fallo opugnado.

3.1.- Conforme con lo anterior, del expediente remitido se evidencia que tal como lo enunció el a quo constitucional, son conductas de dilación injustificada del apoderado del extremo demandado, la insistencia en varias oportunidades de pedir la exclusión de dictamen pericial aportado a la demanda, aun cuando el juzgado se pronunció en decisiones del 22 de mayo, 12 de agosto y 26 de agosto de 2025; y la formulación de un recurso de reposición contra al interlocutorio de 5 de mayo de 2026 que precisamente dirimió un recurso de reposición contra uno anterior, es decir, a sabiendas de la improcedencia prevista en el canon

formulación de un recurso de reposición contra al interlocutorio de 5 de mayo de 2026 que precisamente dirimió un recurso de reposición contra uno anterior, es decir, a sabiendas de la improcedencia prevista en el canon 318 de la Ley 1564 de 2012, la parte pasiva ejerció tal mecanismo sin la manifestación de puntos nuevos no decididos en el anterior; actuaciones éstas que , han prolongado de manera abiertamente injustificada la fijación de fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial en el proceso 2025-00001.

Las circunstancias descritas permiten advertir una actitud renuente y descuidada por parte del despacho accionado, comoquiera que aun cuando bien tiene el deberRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 13 de contestar, solventar y atender los memoriales y recursos formulados por las partes, también lo es su obligación de continuar con cada una de las etapas del proceso, sin perjuicio de la negativa a las múltiples actuaciones inconducentes de uno de los extremos de la litis, pues tampoco ha adoptado en ese litigio medidas eficaces para evitar la paralización del trámite echado de menos.

Tal indefinición ni siquiera fue justificada por el despacho recriminado al momento de contestar la acción de tutela, quien solamente se limitó a narrar cada una de las peticiones e intervenciones de la pasiva en cada uno de los procesos y pedir la negativa del amparo, porque en su criterio, « ha dado el trámite legalmente establecido a cada solicitud elevada por las partes, quienes han contado con las oportunidades

peticiones e intervenciones de la pasiva en cada uno de los procesos y pedir la negativa del amparo, porque en su criterio, « ha dado el trámite legalmente establecido a cada solicitud elevada por las partes, quienes han contado con las oportunidades procesales para impugnar las decisiones que se han emitido, medios procesales que resultan ser idóneos y eficaces».

Y es que no manifestó razones objetivas de la imposibilidad de continuar con la etapa de las audiencias , tales como, elevadas cargas laborales o congestión estructural, o el estricto seguimiento de turnos a los procesos judiciales, menos aún, las comprobó en este escenario, para que, desde una perspectiva constitucional, esa posible congestión del despacho y el respeto al turno legal pu dieran explicar el contexto del juzgado, como para justificar la mora en el proceso judicial referido. En efecto, el examen de la mora justificada exige verificar si el retardo es objetivamente razonable y proporcional frente al término legalmente establecido y si el juez activó medidas eficaces para evitarRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 14 que el paso del tiempo haga ilusoria la tutela judicial efectiva, lo cual no se acredita en el sub examine.

Tampoco enerva la procedencia del amparo en lo antes enunciado, los alegatos según los cuales, (i) la prórroga de competencia estaba vigente hasta el 25 de septiembre de 2026 y, por tanto , se perdió competencia por el juzgador acusado y (ii) que el proceso no podía continuar mientras no se designara y notificara al curador ad litem de los terceros

competencia estaba vigente hasta el 25 de septiembre de 2026 y, por tanto , se perdió competencia por el juzgador acusado y (ii) que el proceso no podía continuar mientras no se designara y notificara al curador ad litem de los terceros indeterminados ya emplazados, lo cual podría configurar una eventual nulidad en actos de representación o notificación ; como quiera que, lo primero en caso de haberse configurado en debida forma y debidamente justificada, a voces del canon 121 del Código General del Proceso, debe ser pedido ante el juez natural que no ante el juez constitucional, a quien le está vedado declarar su configuración en un proceso judicial. En cuanto a lo segundo, precisamente, encontrándose el proceso en etapa previa a la audiencia in icial, es deber también del juez impulsar la debida ejecución del proceso y en ese caso, en fase de notificación de indeterminados, proceder a la designación de curador ad litem, quien tendrá un término de Ley para contestar la demanda.

Por lo tanto, dichos argumentos no son óbice para confirmar el amparo en la forma en que se dispuso por el a quo constitucional, pues recuérdese que toda persona tiene derecho a que los trámites judiciales en que participe, en la calidad que sea, no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello iría en detrimento del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso a unaRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 15 real y efectiva administración de justicia, puesto que la resolución tardía de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. Además, es la autoridad

15 real y efectiva administración de justicia, puesto que la resolución tardía de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. Además, es la autoridad judicial la encargada de velar por la rápida solución del proceso, con cel eridad y diligencia, de adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del asunto puesto a su consideración, y de promover las actuaciones correspondientes para continuar con el curso de este.

3.2. En cuanto al segundo reproche de los impugnantes, respecto de la orden impartida por el a quo constitucional de exhortar a la pasiva para que empleara «los medios de defensa por su pertinencia y no por su disponibilidad» y, los conminara a que se abstuvieran de «presentar peticiones notoriamente improcedentes o que impliquen una dilación manifiesta al proceso»; de entrada se observa que dichas decisiones no comportan vulneración alguna de los derechos o prerrogativas invocados por los censores en su impugnación.

Ello es así, en tanto el referido exhorto no tiene carácter sancionatorio ni implica un juicio anticipado sobre la conducta de l extremo demandado -acá impugnante s-, lo mismo se predica de la orden efectuada en la tutela para que se abstengan de presentar peticiones improcedentes en ambos procesos.

Y es que contrario a lo deliberado por los demandados, no se les compulsó copias en esta actuación, conducta que por demás, podría verse como una puesta en conocimientoRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 16 de la autoridad competente de unos hechos que, en criterio

no se les compulsó copias en esta actuación, conducta que por demás, podría verse como una puesta en conocimientoRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 16 de la autoridad competente de unos hechos que, en criterio del fallador, podrían eventualmente revestir connotación disciplinaria. Sin embargo, como se dijo, el exhorto y orden impartidas, no tiene tal connotación disciplinaria como lo quieren hacer ver los impugnantes, al mencionar que ya les fue archivada una queja disciplinaria anterior o, que se les estaría vulnerando sus principi os de non bis in ídem y juez natural, lo cual, no acaeció en este escenario, pues se trata de una actuación que se inscribe dentro de las facultades propias del juez constitucional, sin que de ello pueda derivarse afectación al derecho de defensa de estos.

3.3. Finalmente, en cuanto a la presunta causal de impedimento referida en el escrito de impugnación que en esta instancia invocó la vinculada Sixta Tulia Ríos Orellano sobre la Magistrada Claudia Patricia Galíndez López que integró la terna de funcionarios que suscribió el fallo de primer grado constitucional, basta precisar que, en materia de acciones de tutela, conforme al artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, en «ningún caso será procedente la recusación» como para predicar que esa funcionaria de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, estuviera impedida.

4. En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, estuviera impedida.

4. En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural, administrandoRadicación. n° 44001-22-14-000-2026-10100-01 17 justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por el medio más expedito lo acá resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO