CSJ - STC20774-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20774-2026 Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 22 de julio de 202 6 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro de la tutela promovida por A.C.G.P. contra el Juzgado Cuarto de Familia , trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes de la disminución de cuota de alimentos rad. n.° 2025-00XX4.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de los menores de edad involucrad os en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de con formidad con elRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

artículo 1 del Acuerdo n.º 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El accionante, actuando a través de apoderado , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,

esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El accionante, actuando a través de apoderado , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital e interés superior del menor , presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.

2. En sustento, adujo haber iniciado la causa objeto de revisión con el fin de obtener la disminución de la cuota alimentaria fijada en favor de sus dos hijos. Expuso como fundamento de sus pretensiones su residencia en el exterior, quebrantos de salud, la disminución de sus ingresos y el nacimiento de nuevos descendientes , aportando el Registro Civil de uno, pero encontrándose pendiente el trámite de apostilla y legalización del segundo.

Señaló que, a pesar de lo anterior, el juzgador dictó sentencia desfavorable a sus intereses, funda do en que «el registro que daba cuenta del nacimiento de las menores en el extranjero no contaba con el rigor del trámite de la apostilla culminado formalmente para la fecha exacta del fallo, la existencia de los nuevos hijos "no podía ser valorada procesalmente"» y «frente al deteriorado estado de salud y la precaria condición laboral informal del demandante en el exterior, el juzgado despachó el argumento señalando lacónicamente que "no se aportó prueba idónea por la parte actora"» (17 jun. 2026).Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, el operador judicial «incurrió en una aplicación excesivamente formalista de las

De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, el operador judicial «incurrió en una aplicación excesivamente formalista de las reglas probatorias».

3. Por lo anterior , pidió dejar sin efectos el fallo atacado, para que, en su lugar, se resuelva nuevamente conforme a sus intereses.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. El Juzgado Cuarto de Familia remitió el link del expediente acusado, hizo un recuento de las actuaciones a su cargo y defendió la respectiva legalidad.

2. M.R.G.C. –madre de los menores - se opuso a la prosperidad de las pretensiones y solicitó amparo de pobreza.

Posteriormente, su abogado asignado respaldó los fundamentos de la decisión.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín accedió al amparo de pobreza solicitado y, a su turno, despachó desfavorablemente la salvaguarda tras descartar la irrazonabilidad de la providencia cuestionada y subrayar que los trámites alimentarios no hacen transito a cosa juzgada material.

IMPUGNACIÓNRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

La interpuso el gestor en reiteración de sus argumentos iniciales.

CONSIDERACIONES

1. Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en línea de principio la salvaguarda no procede contra decisiones judiciales, toda vez que en aras a mantener

iniciales.

CONSIDERACIONES

1. Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en línea de principio la salvaguarda no procede contra decisiones judiciales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, al juez constitucional no le es posible inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

No obstante, cuando se haya configurado alguno de los defectos específicos de procedibilidad del amparo frente a una providencia, que la Corte Constitucional clasificó en sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente m otivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación directa de la Constitución, el amparo se abre paso, siempre y cuando este respete las exigencias generales de la inmediatez y la subsidiariedad.

2. Examinada la queja constitucional al tenor de la normativa aplicable y su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmará la negativa de la protección reclamada,Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

según pasa a explicarse:

3. Razonabilidad

En efecto, al verificar la providencia denunciada en el amparo, mediante la cual la autoridad querellada negó la pretensión de disminución de la cuota alimentaria fijada en favor de sus hijos, supuestamente sin apreciar la manera en

En efecto, al verificar la providencia denunciada en el amparo, mediante la cual la autoridad querellada negó la pretensión de disminución de la cuota alimentaria fijada en favor de sus hijos, supuestamente sin apreciar la manera en que le estaba afectando su mínimo vital, no se advierte la configuración de una vía de hecho, ni la conculcación de las garantías esenciales invocadas, como pasa a explicarse.

Ciertamente, al momento de emprender el desarrollo de la audiencia, el juzgador inició por precisar las exigencias previstas en la ley y en la jurisprudencia para la fijación de alimentos en favor de menores de edad y su modificación. En ese sentido, procedió a recordar brevemente los acontecimientos del juicio. Una vez esclarecido lo anterior, prosiguió con la subsunción normativa de cada uno de los elementos precitados.

Luego de hacer un recuento de los fundamentos de las pretensiones, l os gastos de los menores alegad os en la contestación de la demanda y las distintas pruebas recaudadas, dio por probado el presupuesto axiológico de la necesidad. Posteriormente, al emprender el estudio de la capacidad económica del demandante y la presunta variación real, sustancial y comprobada en las circunstancias que sirvieron de fundamento para la fijación inicial de la cuota, memoró:Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

Frente a este presupuesto, la parte actora manifestó una variación de su capacidad económica en dos circunstancias. La primera de ellas consistente en que el señor A. C. es padre, no solo de M.P. y

Frente a este presupuesto, la parte actora manifestó una variación de su capacidad económica en dos circunstancias. La primera de ellas consistente en que el señor A. C. es padre, no solo de M.P. y S., sino de A. e I., quienes nacieron de su actual relación matrimonial con la señora J.B. La segunda es que actualmente se encuentra por fuera de Colombia en Italia, conforme se señaló en el escrito de la demanda. No obstante, aquel en el interrogatorio de parte manifestó que debió migrar a España, dado que no pudo mantener su estatus migratorio en Italia y que estuvo realizando trabajos informales hasta enero del año 2026 y que formó una nueva familia (...)

Por esa línea, al respecto del primer fundamento, es decir, el nacimiento de nuevos descendientes del demandante, el juzgador ad virtió que uno de los registros civiles no se encontraba debidamente apostillados y no se aportó en la oportunidad probatoria correspondiente, por lo que no podía ser tenido en cuenta. En concreto, consideró:

Con el escrito de demanda, se aportó el registro civil de nacimiento de A.G.B., en donde identificada con NUIP 1X2X62X2X5 dónde se anotó que es un señor padre, en efecto, es el señor A .C.G.P. con fecha de nacimiento, 27 de mayo del año 2015. Ahora bien, en el escrito presentado el 15 de mayo del año 2026, que obra en el archivo 35, el expediente digital, en el cual la parte demandante presentó el informe que fuere decretado en el auto del 29 de abril de 2025. Eso es el auto que decretó la s pruebas y fijó fecha de

archivo 35, el expediente digital, en el cual la parte demandante presentó el informe que fuere decretado en el auto del 29 de abril de 2025. Eso es el auto que decretó la s pruebas y fijó fecha de audiencia, la parte mandante aportó como anexo un documento titulado como registro civil de nacimiento de I .G. y con fecha de ocurrencia de este nacimiento el 16 de septiembre de 2024. Este documento al ser revisado, no se encuentra apostillado, de donde debe concluirse entonces que, para acreditar el estado civil, conforme se pretende hacer por la parte demandante, el código General del Proceso establece en el artículo 251 , de un lado, que un documento público otorgado en el extranjero para que tenga validez en Colombia deba estar debidamente apostillado por la autoridad competente del país de origen. Ese documento no cumple con la mencionada carga, no es posible, entonces , que se tenga como plena prueba al estado civil del señor A. frente a esta esta última de sus hijas, I.G. En igual sentido, el decretó 1260 en 1970 establece que para acreditar el estado civil se requiere una tarifa legal, es decir, que para acreditar el estado civil de padre o de hijo se debe aportar el correspondiente registro civil de nacimiento, conforme las leyes procesales vigentes. En ese ordenRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

de ideas, al no haberse acreditado, conforme lo dispone el Código General del Proceso y no haberse aportado el documento, en la oportunidad probatoria para ello, pues no se puede tener por acreditado, el estado civil frente a I.

Ahora bien, frente a la segunda de las justificaciones

General del Proceso y no haberse aportado el documento, en la oportunidad probatoria para ello, pues no se puede tener por acreditado, el estado civil frente a I.

Ahora bien, frente a la segunda de las justificaciones esbozadas por el actor, referente a su radicación en el extranjero, su conformación de un nuevo hogar y su condición de salud, el operador judicial se apoyó en los medios de convicción recaudados y estimó que los mismos no eran suficientes:

(...) si bien, el demandante manifiesta su disminución de los ingresos derivados de su situación laboral y de salud en el expediente, no obra prueba de cuál era su situación laboral y su capacidad económica con precedencia a la presentación de la demanda, ni cuál era al momento en que se fijó la cuota alimentaria de S. y M.P. en el año 2018. El interrogatorio de parte no hizo respuestas certeras sobre este aspecto. Se limitó a dar respuestas poco concretas, indicó que en el año 2018 trabajaba en fibra óptica en Colombia, que permaneció en Colombia hasta el año 2020, fecha en la que se trasladó al exterior. Expuso que trabajaba de manera ocasional en lo que resulte, sin estabilidad laboral. Precisó que se encuentra radicado en España desde inicios del 2025, y luego de haber vivido en Italia durante aproximadamente seis años a la espera de la documentación de la residencia.

Salvo por lo indicado por el mismo, eso es que trabaja en lo que resulte, no informa otros datos relevantes, a efectos de acreditar su situación laboral durante los seis años de estadía en Italia y en España, sus condiciones de vida, así como el tiempo que ha

Salvo por lo indicado por el mismo, eso es que trabaja en lo que resulte, no informa otros datos relevantes, a efectos de acreditar su situación laboral durante los seis años de estadía en Italia y en España, sus condiciones de vida, así como el tiempo que ha permanecido en estos lugares. Se enfocó en informar que a finales del 2025 y el mes de enero de 2026, presentó una desme jora de su salud y que le ha impedido trabajar.

Esa situación fue confirmada por la testigo J .P.B.A., quien manifestó (...) que desde el año 2025, com enzó con problemas y episodios de sangrado y el 3 de enero de 2026 sufrió una crisis de epilepsia, siendo diagnosticado formalmente con epilepsia en marzo del 2026, señaló que actualmente presenta crisis frecuente e incluido varias al día encontrándose en val oración médica con posibilidad de intervención quirúrgica. En relación con la actividad laboral del demandante, expuso que en Colombia se desempeñaba en labores en el sector de las telecomunicaciones. Y posteriormente en Italia en España realizaba trabajos informales del día a día, indicó que durante el año 2025 aún laboraba ocasionalmente, peroRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

que en el año 2026 cesó toda actividad laboral debido a su estado de salud.

Ahora bien, durante el curso de este proceso se expuso esta situación sobreviniente. Esto es , la relativa a la salud del señor A.C., teniendo en cuenta que la misma fue expuesta el 20 de mayo del año 2026, conforme el memorial que fuera presentado por el apoderado de la parte actora en el archivo 41 el expediente digital,

A.C., teniendo en cuenta que la misma fue expuesta el 20 de mayo del año 2026, conforme el memorial que fuera presentado por el apoderado de la parte actora en el archivo 41 el expediente digital, en donde se informó que en octubre de 2025 proyectó un episodio de sangrado sin diagnóstico de su origen, lo que afectó su capacidad para trabajar. Asimismo, obran unos conatos de prueba que dan un eventual diagnóstico, teniendo en cuenta la copia parcial de la historia clínica, donde se anota allí episodio paroxístico a estudio entre paréntesis posible crisis, epiléptica frontal, sin que obren mayores elementos de juicio sobre este diagnóstico.

Lo cierto es que estas afirmaciones no se encuentran debidamente acreditadas, no se aportó historia clínica completa o certificaciones medicas que acrediten una incapacidad real para la borar. Al no existir una prueba que dé cuenta de esa situación de salud o una incapacidad real para trabajar , tales como un dictamen médico, incapacidades laborales o certificaciones idóneas de los profesionales de la salud que verifiquen cuál es la capacidad productiva o la ausencia de esta queda entonces a los dichos de la parte demandante sin que se pueda corroborar con esta prueba documental.

En segundo lugar, se advierte entonces una inconsistencia temporal vinculada con la crisis de epilepsia alegada en el interrogatorio de parte y en el año 2026, teniendo en cuenta que esta se esgrime como la mayor razón de la disminución de la capacidad económica derivada a partir del año 2026 y al contrastarse esto y que la demanda fue presentada con mucha anterioridad a esta ocurrencia, es decir, cerca de un año antes, lo que implica entonces que esta supuesta disminución se dio dentro

capacidad económica derivada a partir del año 2026 y al contrastarse esto y que la demanda fue presentada con mucha anterioridad a esta ocurrencia, es decir, cerca de un año antes, lo que implica entonces que esta supuesta disminución se dio dentro del curso del proceso y no al momento de la presentación de la demanda.

Aunado a la anterior, el propio demandante reconoce que para la fecha de la presentación de la demanda se encontraba laborando, aunque con algunas dificultades derivadas de lo vinculado con su situación migratoria. No obstante, no aportó ninguna informació n concreta sobre los ingresos, ni para ese momento, ni los actuales, limitándose entonces a afirmar que no trabaja y sin acreditarse de manera suficiente la inexistencia de una capacidad productiva o la imposibilidad de procurarse recursos por medios acordes a su formación y experiencia laboral.

Finalmente, se observa entonces que su situación actual también se encuentra influenciada por decisiones de tipo personal, tales como su residencia en el exterior y la falta de formalización laboral,Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

circunstancias que no pueden ser trasladadas sin más al ámbito del deber alimentario respecto de sus dos hijos menores de edad. En la medida de que no se demuestra que dichas condiciones configuren con imposibilidad real, absoluta y no imputable para cumplir con sus obligaciones.

(...)

En consecuencia, si bien el demandante afirma una disminución de su capacidad económica sustentada en los problemas de salud, desempleo, nuevas cargas familiares. Lo cierto es que Tales alegaciones no se encuentran acreditadas de manera suficiente, ni permiten concluir la existencia de una variación real, sustancial,

de su capacidad económica sustentada en los problemas de salud, desempleo, nuevas cargas familiares. Lo cierto es que Tales alegaciones no se encuentran acreditadas de manera suficiente, ni permiten concluir la existencia de una variación real, sustancial, permanente y comprobada de las circunstancias que sirvieron de fundamento de la fijación inicial de la junta alimentaria. Razón por la cual no se satisface el estándar exigido para la modificación de la obligación, no siendo procedente, entonces acceder a la pretensión de disminución de la obligación alimentaria, elevada por el señor A.C.

Al punto del ejercicio probatorio, la funcionaria fue enfática en la reglamentación que regula la materia en este tipo de actuaciones

Finalmente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 281 del Código General del Proceso que establece que , para dictar sentencia se tendrá en cuenta el dicho por las partes, incluso hasta en los alegatos de conclusión, no está de más indicar que contrario a lo expuesto por el apoderado de la parte actora, le correspondía a la parte actora como promotora de la demanda de disminución de la cuota alimentaria, acreditar los presupuestos axiológicos o valorativos de la pretensión de variación de cuota, pues es esta parte quien debe probar los supuestos fáticos en que se apoya la norma que conlleva los efectos jurídicos pretendidos por aquella, principio procesal de la carga de la prueba traída en el artículo 167 del Código General del Proceso con los medios de prueba regular y oportunamente aportados al proceso, atendiendo al principio de necesidad de la prueba. Todo esto de conformidad con lo establecido en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia,

el artículo 167 del Código General del Proceso con los medios de prueba regular y oportunamente aportados al proceso, atendiendo al principio de necesidad de la prueba. Todo esto de conformidad con lo establecido en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, STC7393 del 2019, cuyo magistrado oponente fue el doctor Luis Armando Tolosa Villabona. Ahora bien, en el presente proceso no hubo inversión de la carga dinámica de la prueba, ni existían hechos notorios, y/o afirmación o negaciones indefinidas que estuvieran exentos de prueba.

Finalmente, frente al argumento esgrimido en los alegatos de conclusión por el apoderado de la parte demandante, esto es, que no se sabe si la enfermedad del señor A . es una enfermedadRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

terminal, que las dificultades que aquel presenta por encontrarse en España con una situación migratoria que manifiesta ser irregular; esos argumentos que sirven de sustento, tanto para decir que no hay lugar a aumentar una cuota alimentaria, como que esos mismos argumentos pueden sustentar la posibilidad de que S . y M.P. en el futuro modifiquen la actual cuota, carecen de una coherencia lógica y jurídica, pues si bien sostiene que esta enfermedad del demandante , que la inestabilidad laboral y las dificultades de la situación migratoria, constituye n los impedimentos para el aumento o la regulación actual de la cuota alimentaria, no explica por qué hechas de circunstancias no impedirían igualmente que en el futuro los hijos acudan a un nuevo procesos para solicitar la modificación de la cuota. En efecto, si no se tiene certeza sobre la naturaleza o la gravedad de la

impedirían igualmente que en el futuro los hijos acudan a un nuevo procesos para solicitar la modificación de la cuota. En efecto, si no se tiene certeza sobre la naturaleza o la gravedad de la enfermedad, incluso desconociéndose si se trata de una condición terminal como a quí lo señalan los alegatos de conclusión y las condiciones económicas del demandante permanecen inciertas , resulta contradictorio afirmar que tales factores justifican negar una regulación presente, pero no afectarían una eventual reclamación posterior.

En ese orden, tras el demarcado horizonte, que el juzgado decidiera despachar de manera desfavorable las pretensiones, en lo que aquí interesa, así:

PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA instaurada por A.C.G.P. identificado con C.C. 7X.2X1.X9X en contra de M .R.G.C. identificada con C.C. 1.X2X.4X0.X7 X en representación legal de S .G.G. identificado con NUIP 1.X2X.1X2.X6X y M.P.G.G. identificada con NUIP 1.X2X.1X9.X7X, en el proceso VERBAL SUMARIO con pretensión de DISMINUCIÓN

DE CUOTA ALIMENTARIA.

Conforme con ello, la resolución adoptada, como se anticipó, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se colige la configuración de una vía de hecho , siendo claro, entonces, que el reclamo no encuentra recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo decidido fue contrario a sus

entonces, que el reclamo no encuentra recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo decidido fue contrario a sus expectativas.Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

En relación con lo explicado, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podría abrirse camino la prosperidad de la protección constitucional, pues es necesario que la determinación se encuentre afectada por errores superlativos y d esprovistos de todo fundamento objetivo, situación que no ocurre en el sub lite.

Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que:

(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (CSJ, STC6743-2024, STC70892024, STC8564-2024, STC9537-2024, entre otras).

4. Subsidiariedad

Con todo, como las decisiones relacionadas con alimentos no hacen tránsito a cosa juzgada material, esto es, no adquieren el carácter de inmutables, el tutelante puede nuevamente demandar ante la justicia ordinaria su

Con todo, como las decisiones relacionadas con alimentos no hacen tránsito a cosa juzgada material, esto es, no adquieren el carácter de inmutables, el tutelante puede nuevamente demandar ante la justicia ordinaria su regulación y/o modificación, atendiendo a los a rgumentos ventilados ante el juzgador constitucional.

En ese orden, como el accionante cuenta con una gama de mecanismos idóneos y eficaces para tratar de alcanzar lo que pretende por esta vía excepcional, el amparo tampocoRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

puede salir avante, pues, esta Corte ha predicado que, «[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección , ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de éstas » (CSJ, STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada hace poco en la STC886-2024 y la STC9514 -2024, entre otras – Negritas ajenas al texto).

5. En consecuencia, se confirmará el fallo de primera instancia, por las razones expuestas, esto es, la razonabilidad de la sentencia censurada y el desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad que gobierna esta sede constitucional.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por

gobierna esta sede constitucional.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala (con impedimento)Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00343-01

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala No firma impedimento

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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