CSJ - STC20775-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20775-2026 Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02586-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2026 por la Sala de Casación Penal, dentro de la tutela promovida por Daniel Duzda contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes en el juicio penal rad. n.º 2020-00657.

ANTECEDENTES

1. El gestor , en su propio nombre, reclamó la protección de sus garantías fundamentales al debido proceso, igualdad, « no discriminación », « protección integral de la familia», « unidad familiar», acceso «efectivo» a la administración de justicia y los de sus hijos, supuestamente vulnerados por la autoridad accionada.Rad. n.º 11001-02-04-000-2026-02586-01

2

2. En síntesis, adujo que se encuentra en territorio patrio « bajo el beneficio de libertad condicional » y solicitó autorización para salir temporalmente del país hacia República Checa, «con el propósito exclusivo de visitar a [su] familia», habiendo aportado diversos documentos para acreditar las condiciones de su entorno y arraigo familiar, su situación económica, su estancia en Colombia y la posibilidad de

República Checa, «con el propósito exclusivo de visitar a [su] familia», habiendo aportado diversos documentos para acreditar las condiciones de su entorno y arraigo familiar, su situación económica, su estancia en Colombia y la posibilidad de contar con una actividad laboral en aquel Estado , entre otros.

Señaló que ello le fue negado al interior del proceso penal rad. n.º 2020-006571, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación, pero fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. Se quejó, entonces, de que allí se concluyó « de manera arbitraria que existen más motivos para no regresar que para volver», pese a que, durante su estancia en establecimiento penitenciario, su conducta fue «intachable y ejemplar », habiendo demostrado «una verdadera voluntad de enmienda y respeto por la ley».

Agregó que su estatus migratorio le prohíbe ejercer cualquier actividad laboral o lucrativa en Colombia, lo que le impide demostrar un arraigo laboral o patrimonial con este país y que ello no suponga un «“riesgo de fuga”».

3. Con base en lo anterior, en esencia, pidió que se deje sin efectos el proveído que, emitido por la Sala Penal del

1 En ese trámite, el accionante fue condenado a 128 meses de prisión y multa de 1.334 SMLMV, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, en calidad de cómplice.Rad. n.º 11001-02-04-000-2026-02586-01 3

Tribunal Superior de Antioquia, confirmó la negativa a su

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, en calidad de cómplice.Rad. n.º 11001-02-04-000-2026-02586-01 3

Tribunal Superior de Antioquia, confirmó la negativa a su solicitud de salida del país; de modo que se ordene efectuar un nuevo estudio que valore «de manera integral [sus] derechos y eliminando presunciones derivadas de [su] condición de extranjero y de [su] imposibilidad de trabajar en Colombia».

Subsidiariamente, que se le autorice un permiso temporal de salida del país, «sujeto a las garantías de reporte consular y control que se estimen necesarias para asegurar [su] retorno a Colombia».

4. En memorial de aclaración, señaló que se incurrió en un defecto fáctico con la determinación criticada, toda vez que el documento que denominó « “CARTA DE COMPROMISO LABORAL”», que es «una promesa de trabajo futura (pensada para cuando culmine legalmente [su] condena)», fue utilizado como «una prueba que demuestra [su] proyección de resocialización futura para castigar[lo] y calificar[lo] erróneamente como un “riesgo de fuga”».

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia informó que vigila la pena impuesta al interior del proceso penal rad. n.º 202000657, además de alegar que su negativa a la solicitud del accionante no obedeció a una « decisión arbitraria », sino al «análisis de los elementos aportados con la solicitud del permiso de

pena impuesta al interior del proceso penal rad. n.º 202000657, además de alegar que su negativa a la solicitud del accionante no obedeció a una « decisión arbitraria », sino al «análisis de los elementos aportados con la solicitud del permiso de salida del país»Rad. n.º 11001-02-04-000-2026-02586-01 4

2. El colegiado convocado se limitó a hacer un recuento de las actuaciones surtidas ante sí.

3. La Dirección Seccional de Fiscalías de l mismo departamento y de Rionegro alegaron su falta de legitimación en la causa por pasiva.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala de Casación Penal negó el amparo invocado, al encontrar que «los razonamientos expuestos en la providencia del 18 de agosto de 2026, que confirmó lo decidido en auto del 3 de junio de 2026, se ajustan a criterios de razonabilidad jurídica y no pueden controvertirse en el marco de la acción de tutela».

IMPUGNACIÓN

La interpuso el gestor, con el fin de poner de presente que «[r]ecientemente, la autoridad migratoria […] RESUELVE NEGAR la solicitud de excepción/permiso especial de trabajo presentada por [su] parte», lo que le impide « desempeñar[s]e en cualquier actividad remunerada en territorio colombiano »; y criticar que el fallo del a quo constitucional terminó por avalar la «exigencia de una “certeza absoluta de retorno”, estándar que resulta desproporcionado e imposible de cumplir para cualquier ciudadano, más aún para un extranjero a quien se le impide laborar».

quo constitucional terminó por avalar la «exigencia de una “certeza absoluta de retorno”, estándar que resulta desproporcionado e imposible de cumplir para cualquier ciudadano, más aún para un extranjero a quien se le impide laborar».

CONSIDERACIONESRad. n.º 11001-02-04-000-2026-02586-01

5

1. Las providencias judiciales son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el precepto 86 de la Constitución Política, excepto, como lo ha precisado la jurisprudencia, en eventos en que resulten abiertamente irregulares, por albergar «vía de hecho», obvio, bajo la premisa de que el supuesto agraviado acuda en un lapso prudencial y haya utilizado los medios idóneos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesión endilgada, salvo que esté en presencia de un perjuicio irremediable.

2. En el presente caso, el accionante censuró que, al interior del proceso penal rad. n.º 2020-00657, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia confirmó la negativa a su solicitud para salir del país (18 ago. 2026). Ello, porque allí se concluyó « de manera arbitraria que existen más motivos para no regresar que para volver », pese a que, durante su estancia en establecimiento penitenciario, su conducta fue « intachable y ejemplar», habiendo demostrado « una verdadera voluntad de enmienda y respeto por la ley».

Agregó que su estatus migratorio le prohíbe ejercer cualquier actividad laboral o lucrativa en Colombia, lo que le

ejemplar», habiendo demostrado « una verdadera voluntad de enmienda y respeto por la ley».

Agregó que su estatus migratorio le prohíbe ejercer cualquier actividad laboral o lucrativa en Colombia, lo que le impide demostrar un arraigo laboral o patrimonial con este país y que ello no supon ga un «“riesgo de fuga”» y, en sede de impugnación, que, recientemente, la autoridad migratoria resolvió negarle una « solicitud de excepción/permiso especial de trabajo presentada por [su] parte», además de que se avaló la «exigencia de una “certeza absoluta de retorno”, estándar que resulta desproporcionado e imposible de cumplir para cualquier ciudadano, más aún para un extranjero a quien se le impide laborar».Rad. n.º 11001-02-04-000-2026-02586-01 6

3. No obstante, al examinarse esa determinación, por ser la que cerró el debate en segunda instancia, se advierte que lo decidido no estructura ningún defecto específico de procedibilidad que conlleve a su desautorización, sino que, por el contrario, obedece a un criterio fáctica y jurídicamente fundamentado.

Al respecto, memórese que el proveído objeto de ataque inició por reseñar la actuación procesal relevante, lo decidido por la primera instancia y los argumentos de la apelación. Luego, trajo a colación el contenido del numeral quinto del artículo 65 de la Ley 599 de 2000, según el cual es obligación del beneficiario de libertad condicional « 5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena».

artículo 65 de la Ley 599 de 2000, según el cual es obligación del beneficiario de libertad condicional « 5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena».

Tras eso, de cara al caso concreto, advirtió que el allí solicitante no aportó la información suficiente que permitiera inferir su «ánimo de retornar al país y así seguir cumpliendo con sus obligaciones legales », sino que «se puede evidenciar el ánimo y vocación de rehacer su vida en su país de origen, el condenado acompaña junto a la solicitud, un contrato laboral para desempeñar en el país al cual pretende viajar, Republica Checa, sin contar que en dicho lugar estará rodeado de su familia y núcleo más cercano como lo son su madre, padre, hijo y pareja sentimental».

En ese orden, puso de presente que el «hecho de que Daniel Duzda […] hubiese aportado la reserva de tiquetes con fecha de ida y de regreso cierta […] no asegura el cumplimiento de dichas obligaciones, pues estas son susceptibles a las modificaciones por parte del comprador». Además, que:Rad. n.º 11001-02-04-000-2026-02586-01 7

Sustenta el condenado el motivo del viaje en el estado de salud de su madre, y para ello aporta una historia clínica, en la cual se logra evidenciar que en efecto se encuentra afectada por una enfermedad cardiaca, pero a su vez, se colige de lo dicho por el propio Duzda que la misma cuenta con un grupo familiar establece en República Checa, que puede atender los cuidados de salud de la madre, además que de las afectaciones de salud aludidas

enfermedad cardiaca, pero a su vez, se colige de lo dicho por el propio Duzda que la misma cuenta con un grupo familiar establece en República Checa, que puede atender los cuidados de salud de la madre, además que de las afectaciones de salud aludidas según el sustento probatorio se presentaron a inicios del año en curso, sin presentar algún deterioro a la fecha.

Y finalizó indicando que:

(…) no solo basta con la exteriorización de la voluntad de regresar al país a cumplir con sus responsabilidades legales, sino que en efecto el condenado cuente con un arraigo en el país con el cual se permita colegir que en efecto retornara, evidenciando en el caso de marras todo lo contrario, toda vez que son más los motivos para permanecer en su país de origen, dado que su vínculo familiar completo se encuentra en República Checa, así como la posible relación laboral que tendría en dicho país, la cual no tien e en Colombia. Por consiguiente, no resulta probado que el señor Daniel Duzda regresaría al País a cumplir con sus obligaciones legales.

Conforme con lo previo, la determinación adoptada, como se anticipó, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuración de una vía de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo no encuentra recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo resuelto fue contrario a sus expectativas.

Por tanto, el descrito pronunciamiento no puede ser desaprobado de plano o tildado de caprichoso, « máxime si (…)

convocada, en tanto lo resuelto fue contrario a sus expectativas.

Por tanto, el descrito pronunciamiento no puede ser desaprobado de plano o tildado de caprichoso, « máxime si (…) no resulta contrari[a] a la razón, es decir si no está demostrado el defecto apuntado [...], ya que (...) [desconocería] normas de orden público ... yRad. n.º 11001-02-04-000-2026-02586-01 8

entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente [...] para definir el conflicto (...)» (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 01451, citada en STC7135-2016).

No en vano, ha advertido la Sala que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica [valoración] probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes » (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01).

Recuérdese que la tutela no es instancia adicional a las establecidas en las causas judiciales. Esto es, «no está previst[a] para desquiciar providencias (…) con apoyo en la diferencia de opinión de aqu[e]llos a quienes fueron adversas[;] obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico (...)» (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico (...)» (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 0140401, reiterada en STC4705-2016).

4. Por último, en relación con el «hecho nuevo» al que hizo alusión el accionante en sede de impugnación, consistente en que, recientemente, la autoridad migratoria resolvió negarle una « solicitud de excepción/permiso especial de trabajo presentada por [su] parte», vale destacar que, si así ocurrió, es al que definió la primera instancia de la solicitud presentada al que debe dirigir ese particular, pues el juez constitucional no está llamado a resolver sobre cuestiones que, además de novedosas frente a lo inicialmente planteado, son del resorte de ese ente, al margen de lo que decida.Rad. n.º 11001-02-04-000-2026-02586-01

9

5. De ese modo, se impone confirmar el fallo reprochado, por lo expuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto por un medio eficaz y , en oportunidad, envíense las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

oportunidad, envíense las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 0759D9DD320FB109535CD909094411E4484D038E438EEE84C1AECEDA0FEE8E8B Documento generado en 2026-10-26