CSJ - STC20777-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20777-2026 Radicación n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2026 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá , dentro de la tutela promovida por Pedro Fernando Palacios León y Didier Arley Álvarez Galeano contra la Superintendencia de Sociedades; trámite al cual fueron vinculados Abago S.A.S. en liquidación judicial, Lauren Vanina Espinosa García (liquidadora) y las demás autoridades, partes e intervinientes en el expediente liquidatorio rad. n.º 68585.

ANTECEDENTES

1. Los gestores, en su propio nombre, reclamaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, «defensa», «contradicción», acceso «efectivo» a la administración deRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01

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justicia y trabajo , presuntamente vulnerados por l a autoridad enjuiciada.

2. En síntesis, adujeron que, mediante auto de 21 de marzo de 2023 , la Superintendencia de Sociedades dio por terminado el proceso de reorganización y dispuso la apertura de liquidación judicial de Abago S.A.S. (rad. n.º 68585), habiendo designado a Lauren Vanina Espinosa García como su liquidadora.

terminado el proceso de reorganización y dispuso la apertura de liquidación judicial de Abago S.A.S. (rad. n.º 68585), habiendo designado a Lauren Vanina Espinosa García como su liquidadora.

Indicaron que, tras cobrar fuerza ejecutoria esa determinación, la citada autoridad informó sobre ello mediante aviso de 22 de mayo de 2024, en el que «informó que los acreedores […] deberían presentar sus créditos ante la liquidadora designada dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes […], plazo perentorio que venció el día 4 de julio de 2024».

Señalaron que, con oficios 30 de agosto de 2024, les fue informado por parte de la liquidadora que, dada la apertura del trámite liquidatorio, sus contratos de trabajo habían finalizado desde el 17 de mayo de ese mismo año ; amén de que, a través de correos de 3 de septiembre siguiente, les fueron remitidas las respectivas liquidaciones, «advirtiendo que dichos valores quedarían sujetos a las reglas del proceso concursal, sin perjuicio de las preferencias y prelaciones legales correspondientes».

Refirieron que prestaron sus servicios en la referida sociedad y recibieron «pagos de naturaleza laboral hasta agosto de 2024», sin que hubiesen tenido conocimiento oportuno de la terminación de sus contratos ni contaron con la informaciónRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01 3

necesaria para presentar sus acreencias laborales dentro del término previsto para ese efecto, esto es, « la determinación concreta de la cuantía », «razón por la cual fueron presentadas extemporáneamente».

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necesaria para presentar sus acreencias laborales dentro del término previsto para ese efecto, esto es, « la determinación concreta de la cuantía », «razón por la cual fueron presentadas extemporáneamente».

Agregaron haber presentado peticiones de 10 de septiembre de 2024, reiterada el 23 de mayo de 2025, y de 16 de septiembre de 2025, para solicitar « copia del estado de acreencias, certificación de la cuantía reconocida y el estado actualizado del proceso concursal », así como « verificación de posibles irregularidades en la gestión de la liquidadora », habiendo recibido respuestas que, emitidas por la liquidadora el 6 de octubre de 2025, «confirmaron que las acreencias laborales de los accionantes fueron clasificadas como créditos postergados por extemporaneidad».

3. Con base en ello, en esencia, solicitaron que la Superintendencia de Sociedades examine « de manera expresa las circunstancias particulares que rodearon la presentación extemporánea del crédito laboral de los accionantes »; les conceda oportunidad para presentar sus acreencias ; determine si lo acontecido frente a ellos ocurrió igualmente «respecto de los demás trabajadores vinculados al momento de la apertura de la liquidación» y, en caso de que sí, les habilite igualmente un término para ejercer sus derechos; y garantice el suministro de la información solicitada mediante las peticiones presentadas.

4. Mediante memorial posterior, frente a lo que aquí interesa, indicaron que « no dejaron vencer voluntariamente las etapas del concurso», de modo que el juez constitucional debeRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01

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interesa, indicaron que « no dejaron vencer voluntariamente las etapas del concurso», de modo que el juez constitucional debeRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01 4

«determinar si existió una oportunidad real y efectiva para ejercer defensa antes de que las consecuencias concursales se consolidaran »; además de que se halla cumplido el requisito de la inmediatez, porque « [l]os créditos continúan clasificados como postergados» y « [l]a afectación jurídica sigue desplegando efectos actuales».

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. La liquidadora designada en el objeto de crítica sostuvo que en el presente trámite no se encuentra acreditado el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que no se agotaron los recursos procedentes contra la calificación y graduación de créditos. Además, alegó que « [l]a eventual demora en la entrega de la liquidación laboral no eximía al accionante de presentar su reclamación con los soportes que ya obraban en su poder

(contrato de trabajo, comprobantes de pago, entre otros), lo cual rompe el nexo causal entre la actuac ión de la suscrita y la extemporaneidad alegada».

2. La Superintendencia de Sociedades , en lo medular, argumentó que «[e]l análisis probatorio con el que se determina por parte del liquidador la inclusión de un crédito en el proyecto puesto en conocimiento del juez de acuerdo con lo ordenado en el artículo 48.5 de la ley 1116 de 2006, no se basa de manera exclusiva en la elaboración de la liquidación laboral, sino de todo medio de prueba

proyecto puesto en conocimiento del juez de acuerdo con lo ordenado en el artículo 48.5 de la ley 1116 de 2006, no se basa de manera exclusiva en la elaboración de la liquidación laboral, sino de todo medio de prueba que aporte el trabajador para demostrar su crédito», por lo que no es de recibo la afirmación según la cual «los créditos fueron presentados de manera extemporánea debido a la fecha de elaboración de la liquidación laboral».Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01 5

Agregó, en lo pertinente, que «se dejó de interponer objeciones al Proyecto de créditos presentado y/o el recurso de reposición, que conforme al Código General del Proceso es procedente para solicitar la reconsideración de autos que hayan sido dictados por este Juez concursal », con lo que solicitó negar el amparo invocado.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá denegó la protección solicitada, por no encontrar acreditados los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

IMPUGNACIÓN

La interpusieron los gestores, con el fin de criticar, en esencia, que el a quo constitucional hubiese reducido « el problema constitucional planteado a la circunstancia de que los accionantes no formularon oportunamente objeciones dentro del trámite concursal ni interpusieron recurso de reposición contra la decisión adoptada el 22 de mayo de 2025», aun cuando

Lo que se solicitó fue que se examinara si, atendidas las circunstancias particulares y excepcionales acreditadas, resultaba constitucionalmente admisible aplicar de manera automática la consecuencia prevista en el artículo 69.5 de la Ley

Lo que se solicitó fue que se examinara si, atendidas las circunstancias particulares y excepcionales acreditadas, resultaba constitucionalmente admisible aplicar de manera automática la consecuencia prevista en el artículo 69.5 de la Ley 1116 de 2006, cuando la información concreta relacionada con la terminación de los vínculos laborales y la liquidación de los respectivos créditos solamente fue comunicada después de vencido el término inicialmente previsto para la presentación de los créditos.

CONSIDERACIONESRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01

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1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial o administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales , a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii ) que la persona afectada haya

constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii ) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (ii i) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv ) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela

(C.C., C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficienteRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01 7

motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. En el presente caso, se extrae que los gestores criticaron que la Superintendencia de Sociedades clasificara sus créditos como de primera clase laboral postergados por extemporaneidad, lo que sucedió en el marco de la audiencia de 22 de mayo de 2025, en la que se aprobó el proyecto de

criticaron que la Superintendencia de Sociedades clasificara sus créditos como de primera clase laboral postergados por extemporaneidad, lo que sucedió en el marco de la audiencia de 22 de mayo de 2025, en la que se aprobó el proyecto de calificación y graduación de créditos (acta 2025 -01-422491 de 30 de mayo de 2025).

Lo anterior, porque, según adujeron, esa consecuencia no podía imponérseles sin valorar que sus contratos terminaron el 17 de mayo de 2024, que continuaron prestando servicios y recibiendo pagos hasta agosto siguiente, y que la terminación y las liquidacio nes de sus contratos solo les fueron comunicadas cuando ya estaba vencido el término para presentar créditos.

3. No obstante, examinada la queja constitucional al tenor de la jurisprudencia aplicable y su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, de entrada, advierte la Sala que confirmará el fallo criticado.

3.1. Memórese que la acción de tutela tiene cabida solo de manera excepcional, porque su aplicación procede únicamente para la « protección inmediata » de los derechos constitucionales fundamentales (art. 86 C.P.), razón por la que su objetivo se desvanece si su ejercicio es tardío.Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01 8

(…) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el

(…) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses (...) (CSJ, STC, 29 abr. 2009, Rad. 2009 -0062400, reiterada, entre otras, en CSJ, STC323-2023).

Aunado a lo anterior, cuando la censura se dirige contra una determinación judicial, el mentado requisito adquiere más relevancia; en esos casos, el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a un más riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuaría serían principios esenciales como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y, de contera, la autonomía e independencia judicial.

3.2. En ese orden, la queja de los gestores contra la

eventualmente se desvirtuaría serían principios esenciales como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y, de contera, la autonomía e independencia judicial.

3.2. En ese orden, la queja de los gestores contra la clasificación de sus créditos como postergados, aprobada en la audiencia de 22 de mayo de 2025, no admite un estudio de fondo por la inobservancia del requisito de la inmediatez, ya que el amparo fue promovido solo hasta el 31 de agosto de 2026.Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01 9

En ese sentido, se superó el término que se ha entendido como prudente y razonable para ejercer la acción, situación que impide examinar el fondo del caso, pues la demora en incoar la protección supralegal es suficiente para descartar la presencia de arbit rariedades por parte de las autoridades convocadas y que tengan efectos en las prerrogativas fundamentales, sin que en este caso haya lugar a flexibilizar el requisito de la inmediatez.

Lo previo, toda vez que la Sala no encuentra que las manifestaciones realizadas por la parte promotora permitan evidenciar alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del mentado presupuesto, por lo que se releva a esta particular justicia de ahondar en análisis de otras temáticas, como la juridicidad de lo criticado, examen que sin duda está condicionado a la superación del referido requisito temporal.

3.3. En cualquier caso, tampoco se acredita el requisito de la subsidiariedad , pues, a l haberse surtido en debida forma el aviso de apertura y el traslado del proyecto, los

superación del referido requisito temporal.

3.3. En cualquier caso, tampoco se acredita el requisito de la subsidiariedad , pues, a l haberse surtido en debida forma el aviso de apertura y el traslado del proyecto, los gestores tuvieron a su alcance los medios de defensa judicial idóneos -objeción al proyecto de calificación y graduación de créditos y reposición contra la decisión que lo aprobó- para plantear las pretensiones que plantean a través de este mecanismo contra la referida autoridad, circunstancia que no ocurrió.

En efecto, de las piezas procesales allegadas se advierte que las liquidaciones laborales les fueron remitidas el 3 deRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01 10

septiembre de 2024, esto es, el mismo día en que empezó a correr el traslado del proyecto de calificación y graduación de créditos (3 al 9 de septiembre), de modo que la información que dicen haber echado de menos la tuvieron cuando aún podían objetar, lo que no ocurrió ; ni recurrieron la decisión que aprobó el proyecto.

No es de recibo, entonces, que se invoque la falta de efectividad material de esos mecanismos, pues los propios gestores admiten que existieron, no explican qué les impidió utilizarlos y no se advierte que el juez del concurso les hubiera negado oportunidad alguna.

Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo, pues la tutela no es remedio de último momento para rescatar posibilidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisión,

Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo, pues la tutela no es remedio de último momento para rescatar posibilidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisión, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería fruto de su propia incuria.

Cabe anotar que la Sala ha sido enfática en precisar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (...)» (CSJ, STC4781-2018 y STC3154-2020, entre otras).

Tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que habilite el amparo de manera excepcional, pues el riesgo que invocan -que el avance de la liquidaciónRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01 11

torne ilusoria la protecciónes de índole patrimonial y no se respalda con elementos que demuestren una afectación cierta, inminente, grave y urgente de sus derechos fundamentales.

4. De ese modo, se impone confirmar el fallo reprochado, pero por lo expuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto por un medio eficaz, y en

en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto por un medio eficaz, y en oportunidad, envíense las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZRad. n.º 11001-22-03-000-2026-03771-01

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FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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