CSJ - STC20778-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20778-2026 Radicación n° 05001-22-10-000-2026-00373-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada dentro de la acción de tutela promovida por C, en nombre propio y en representación del menor A frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de M el 30 de julio de 202 6 contra el Juzgado Segundo de Familia de T, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes del ejecutivo de alimentos bajo radicado No. 2026-00259-00.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de l menor de edad involucrado en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que seráRad. n° 05001-22-10-000-2026-00373-01 2 el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1.- La gestora procura la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así

de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1.- La gestora procura la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así como la salvaguarda de los derechos prevalentes de l menor de edad involucrado.

2.- En síntesis, manifestó que promovió proceso ejecutivo de alimentos en favor de su hijo menor, A, contra J, con fundamento en un título que presta mérito ejecutivo y reúne los requisitos previstos en el artículo 82 del Código General del Proceso, con el propósito de hacer exigible una obligación alimentaria vigente desde 2019.

No obstante, el Juzgado Segundo de Familia de T inadmitió la demanda mediante auto del 6 de mayo de 2026 y exigió: i) consolidar en un solo cuadro las sumas reclamadas, discriminadas mes a mes y año a año; ii) ajustar las pretensiones para solicitar únicamente el capital, separándolo de los intereses; y iii) presentar un nuevo escrito de demanda que integrara dichas correcciones. Según afirmó, tales requerimientos no corresponden a las causales taxativamente previstas en el artículo 90 del mismo estatuto.Rad. n° 05001-22-10-000-2026-00373-01 3 Sostuvo que atendió oportunamente el requerimiento y explicó que, tratándose de un proceso ejecutivo, no procedía inadmitir la demanda por aspectos relacionados con su forma de redacción, sino librar mandamiento de pago, conforme al artículo 430 del Código General del Proceso. Pese a ello, el despacho rechazó la demanda mediante auto T.A.

inadmitir la demanda por aspectos relacionados con su forma de redacción, sino librar mandamiento de pago, conforme al artículo 430 del Código General del Proceso. Pese a ello, el despacho rechazó la demanda mediante auto T.A. 146 del 24 de junio de 2026, en el que indicó que la réplica «no será atendida » y sustentó su determinación en los principios de autonomía e independencia judicial. Esa decisión fue mantenida el 3 de julio siguiente.

A su juicio, tales determinaciones incurrieron en exceso ritual manifiesto, al sacrificar el derecho sustancial en favor de formalismos no previstos en la ley; defecto procedimental absoluto, por desconocer la regla especial contenida en el artículo 430 de l Código General del Proceso, que, en su criterio, imponía librar mandamiento de pago; y desconocimiento del precedente, al apartarse de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional relativa a la prevalencia de los derecho s del menor implicado.

Asimismo, alegó falsa motivación, pues la autonomía judicial no autoriza el desconocimiento de normas de orden público. Finalmente, sostuvo que lo resuelto impidió el acceso a la administración de justicia de un menor que reclama alimentos y, con ello, com prometió su mínimo vital y el principio de interés superior del joven.Rad. n° 05001-22-10-000-2026-00373-01 4 3.- Con fundamento en lo anterior, pretende que se ordene a la autoridad accionada, i) «DEJAR SIN EFECTOS el Auto

4 3.- Con fundamento en lo anterior, pretende que se ordene a la autoridad accionada, i) «DEJAR SIN EFECTOS el Auto Interlocutorio del 3 de julio de 2026 (notificado por Estado Electrónico N° 095 del 6 de julio de 2026), que resolvió no reponer el rechazo de la demanda; y, por unidad de materia, el Auto Interlocutorio T.A. 146 del 24 de junio d e 2026 que rechazó la demanda, así como el auto inadmisorio del 6 de mayo de 2026, del cual aquellos son consecuencia» y ii) «ORDENAR al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de T que, en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, profiera una nueva providencia por medio de la cual, subsanando el defecto en que incurrió, admita la demanda ejecutiva de alimentos y libre mandamiento de pago en la forma pedida o en la que el Despacho considere legal, conforme al artículo 430 del Código General del Proceso, dándole al asunto el trámite del proceso ejecutivo de alimentos».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Segundo de Familia de T sostuvo que la inadmisión y el posterior rechazo de la demanda ejecutiva de alimentos se ajustaron a derecho, debido a que la accionante no subsanó los requisitos exigidos, consistentes en discriminar mes a mes las sumas reclamadas, separar el capital de los intereses y precisar la obligación dentro del escrito. Según el despacho, tales exigencias resultaban indispensables para garantizar la claridad de la demanda y el ejercicio del derecho de defensa del ejecutado.

capital de los intereses y precisar la obligación dentro del escrito. Según el despacho, tales exigencias resultaban indispensables para garantizar la claridad de la demanda y el ejercicio del derecho de defensa del ejecutado.

Afirmó que no era posible librar mandamiento de pago respecto de cifras globales ni reconocer intereses que pudieran implicar anatocismo. Añadió que losRad. n° 05001-22-10-000-2026-00373-01 5 requerimientos formulados no constituían un exceso ritual, sino el cumplimiento de lo previsto en el artículo 82 del Código General del Proceso. Por lo anterior, solicitó negar el amparo, al considerar que una decisión distinta afectaría los principios de autonomía e independencia judicial.

2.- La Personera Delegada en lo Penal y Familia de Itagüí solicitó su desvinculación del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Familia del Tribunal Superior de M concluyó que el juzgado accionado incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al rechazar la demanda ejecutiva de alimentos con fundamento en exigencias no previstas legalmente. Consideró que, con esa determinación, se desconoció lo dispuesto en el artículo 430 del Código General del Proceso, conforme al cual corresponde al juez librar mandamiento de pago y ordenar al demandado el cumplimiento de la obligación en la forma solicitada, si fuere procedente, o en aquella que estime ajustada a derecho.

Resaltó que tales requerimientos obstaculizaron injustificadamente el acceso a la administración de justicia y comprometieron el interés superior del menor, pues

procedente, o en aquella que estime ajustada a derecho.

Resaltó que tales requerimientos obstaculizaron injustificadamente el acceso a la administración de justicia y comprometieron el interés superior del menor, pues correspondía al juez interpretar la demanda, hacer uso de sus facultades procesales para garantizar su claridad y evitar que un rigor formal impidiera el trámite de una obligación alimentaria.Rad. n° 05001-22-10-000-2026-00373-01 6

En consecuencia, tuvo por acreditada la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, concedió el resguardo y ordenó dejar sin valor ni efecto el proveído del 3 de julio de 2026 y las actuaciones que de este dependieran, para que se resolviera nuevamente la impugnación formulada por la actora contra el auto del 24 de junio, con observancia de las consideraciones expuestas en el fallo.

IMPUGNACIÓN

El Juez Segundo de Familia de T impugnó el fallo de tutela, al considerar que la demanda ejecutiva fue correctamente rechazada, pues la actora no subsanó los defectos advertidos. Insistió en que el escrito introductorio no discriminó los montos adeudados ni precisó cuáles cuotas se enco ntraban insolutas, cuáles habían sido objeto de abonos y cuál era el saldo real, sino que se limitó a señalar una cifra global y a aportar una liquidación anexa que, a su juicio, no resulta clara y precisa.

Añadió que la liquidación presentada por la tutelante no guardaba correspondencia con el título ejecutivo, toda vez que actualizó la cuota alimentaria con fundamento en el

juicio, no resulta clara y precisa.

Añadió que la liquidación presentada por la tutelante no guardaba correspondencia con el título ejecutivo, toda vez que actualizó la cuota alimentaria con fundamento en el salario mínimo y no en el IPC, lo que, según afirmó, arrojaba valores superiores a los realmente exigibles e incluso un saldo a favor del demandado.

Por lo anterior, solicitó revocar el fallo y negar el amparo, al sostener que las exigencias formuladas noRad. n° 05001-22-10-000-2026-00373-01 7 constituyeron un exceso ritual, sino garantías mínimas de claridad, precisión y debido proceso, necesarias para determinar jurídicamente la obligación susceptible de ejecución.

CONSIDERACIONES

1.- Circunscrita la Corte a los motivos de inconformidad expuestos en la impugnación, desde ahora anuncia que confirmará la decisión de primera instancia, por las razones que se exponen a continuación.

1.1.- Examinado el proceso ejecutivo de alimentos con radicado n.° 2026-00259-00, se advierten las siguientes actuaciones:

Mediante auto del 6 de mayo de 2026, el Juzgado Segundo de Familia de T inadmitió la demanda ejecutiva de alimentos y requirió a la accionante para que: i) unificara en un solo cuadro las sumas reclamadas y discriminara, mes a mes y año a año, la cuota debida con su respectivo incremento, los abonos realizados y el saldo adeudado ; ii) separara formalmente el capital y los intereses en las pretensiones; y iii ) presentara un nuevo escrito rector que

mes y año a año, la cuota debida con su respectivo incremento, los abonos realizados y el saldo adeudado ; ii) separara formalmente el capital y los intereses en las pretensiones; y iii ) presentara un nuevo escrito rector que integrara las correcciones efectuadas.

Posteriormente, una vez recibido el escrito de subsanación, el juez rechazó la demanda mediante proveído del 24 de junio siguiente, al considerar que « no fueronRad. n° 05001-22-10-000-2026-00373-01 8 subsanados los requisitos echados de menos». Asimismo, indicó que la réplica formulada por el apoderado « no sería atendida » y sustentó su proceder en los principios de autonomía e independencia judicial.

Al resolver el recurso de reposición, el 3 de julio, el juzgador sostuvo que no era posible librar mandamiento de pago con fundamento en una cifra global, pues la demanda no discriminaba con claridad los valores insolutos, los pagos parciales ni los acuerdos referidos, circunstancia que, en su criterio, imp edía establecer el capital efectivamente adeudado y comprometía el derecho de defensa del ejecutado.

1.2.- Del anterior recuento se evidencia, tal como lo estableció el a quo constitucional, que el juzgador desconoció sus deberes de motivar adecuadamente la decisión, interpretar la demanda y aplicar lo dispuesto en el artículo 430 del Código General del Proceso.

En efecto, esa disposición establece que, cuando la demanda se acompaña de un documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento de pago en la forma

430 del Código General del Proceso.

En efecto, esa disposición establece que, cuando la demanda se acompaña de un documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento de pago en la forma solicitada por el ejecutante, si fuere procedente, o en aquella que considere ajustada a derecho.

De ahí que, aun cuando el juzgador advierta que la pretensión ejecutiva o la manera como fue formulada requiere algún ajuste para adecuarse al ordenamiento jurídico, tal circunstancia no constituye, por sí sola,Rad. n° 05001-22-10-000-2026-00373-01 9 fundamento para rechazar la demanda. En ese supuesto, le corresponde librar el mandamiento ejecutivo en los términos que estime jurídicamente procedentes, conforme al alcance del título y a las normas aplicables, en lugar de impedir el acceso a la administración de justicia mediante una decisión de rechazo, como ocurrió en este asunto.

Lo anterior adquiere especial relevancia porque se encuentran comprometidos los derechos alimentarios y el mínimo vital de un menor de edad, sujeto de especial protección constitucional, cuyas necesidades de alimentación, salud, vivienda y demás gastos indispensables para su subsistencia son objeto de controversia. En ese contexto, la autonomía e independencia judicial no pueden invocarse para impedir el trámite de un asunto que involucra directamente la garantía de sus derechos fundamentales.

En relación con este aspecto, la Sala ha precisado:

«cuando se está ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los niños, el juez de conocimiento de los distintos juicios debe ser más acucioso

En relación con este aspecto, la Sala ha precisado:

«cuando se está ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los niños, el juez de conocimiento de los distintos juicios debe ser más acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto más amplio (…)”.

Lo anterior porque se tienen como principios básicos que orientan la Doctrina de la Protección Integral a los niños, niñas y adolescentes, consolidada a partir de la Convención sobre Derechos del Niño: (i) la igualdad y no discriminación; (ii) el interés superior de las niñas y los niños; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participación solidaria …» (STC12755-2021).Rad. n° 05001-22-10-000-2026-00373-01 10

Así las cosas, había lugar a conceder el amparo solicitado, toda vez que el juez rechazó la demanda ejecutiva con fundamento en exigencias formales que no justificaban impedir su trámite, pese a que el artículo 430 del Código General del Proceso le permitía librar mandamiento de pago en la forma que estimara legal, desconociendo con ello el acceso a la administración de justicia y los derechos prevalentes del menor involucrado.

2.- En definitiva, se ratificará lo resuelto por el tribunal.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala (con impedimento)

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARad. n° 05001-22-10-000-2026-00373-01

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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala No firma impedimento

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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