CSJ - STC20781-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20781-2026 Radicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia del pasado 22 de septiembre proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Felipe Chaves Martínez y Gladys Oliva Ulloque Berdejo, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias y la Alcaldía Local de Chapinero , ambos de esta ciudad, trámite al cual fue ron vinculados las partes e intervinientes del ejecutivo con radicado n.° 2018-00664.

ANTECEDENTES

1. Los actores reclamaron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, salud, vida y vivienda digna, presuntamente vulnerado por la autoridad y Alcaldía convocadas.Radicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01

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2. En síntesis, adujeron que ocupan desde noviembre de 2013 el apartamento 701 de la call e 78 n.° 4 -63 en esta ciudad, en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado con Rosa Beatriz Iguarán; sin embargo, no fueron integrados como parte en el proceso ejecutivo que el Banco de Occidente S.A. formuló contra Óscar Ramón Aguera López y Human

ciudad, en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado con Rosa Beatriz Iguarán; sin embargo, no fueron integrados como parte en el proceso ejecutivo que el Banco de Occidente S.A. formuló contra Óscar Ramón Aguera López y Human Transition Management S.A. (rad. 2018 -00664), escenario judicial donde se decretó el embargo del 50% del inmueble.

Señalaron que el 18 de noviembre de 2022 se practicó diligencia de secuestro sobre la mencionada porción del bien, oportunidad en la cual el funcionario comisionado declaró su entrega real y material al secuestre; no obstante, no se suscribió contrato de arrendamiento con los actores, ni se les requirió con esa finalidad.

Sostuvieron que, pese a encontrarse pendiente un incidente de levantamiento del embargo y secuestro, el juzgado accionado expidió auto de 24 de marzo de 2026, a través del cual comisionó la entrega del predio al secuestre; aunado al hecho que, en la diligencia del 26 de agosto de 2026 celebrada por la Alcaldía Local de Chapinero , formularon oposición alegando su condición de tenedores y solicitaron testimonios para acreditarla; no obstante, la autoridad comisionada rechazó de plano la oposición en esa fecha, negó las pruebas pedidas y ordenó la entrega voluntaria del inmueble; determinación que recurrieron en reposición y en subsidio apelación, resuelto el primero se envió al superior el segundo.Radicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 3 Reprocharon que los accionados incurrieron en vías de

reposición y en subsidio apelación, resuelto el primero se envió al superior el segundo.Radicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 3 Reprocharon que los accionados incurrieron en vías de hecho, por defecto fáctico, en cuanto la Alcaldía recriminada omitió los testimonios solicitados y valoró de manera anticipada e incompleta el material probatorio en el proceso ejecutivo; y , defecto sustantivo , porque el juzgado refutado ordenó la entrega del bien omitiendo el trámite de un proceso de restitución que los integrara a ellos ; mientras que, la Alcaldía rechazo de plano de la oposición al secuestro, sin advertir los presupuestos del artículo 309 del Código General del Proceso, aun cuando estaba pendiente el incidente de levantamiento de embargo y secuestro.

3. Por lo anterior, solicitaron dejar sin efectos el auto de 24 de marzo de 2026 expedido por el juzgado accionado, que ordenó la entrega del inmueble secuestrado y, en consecuencia, ordenarle a la Alcaldía Local de Chapinero abstenerse de realizar la diligencia de entrega programada en el proceso ejecutivo.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá resaltó que la entrega del inmueble al secuestre se sustentó en el proveído del 24 de marzo de 2026 debidamente ejecutoriado y no controvertido, orientado a garantizar su adecuada administración, sin que el incidente de desembargo pendiente impida las actuaciones

al secuestre se sustentó en el proveído del 24 de marzo de 2026 debidamente ejecutoriado y no controvertido, orientado a garantizar su adecuada administración, sin que el incidente de desembargo pendiente impida las actuaciones destinadas a su conservación mientras aquel se resuelve.Radicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 4

2. La Alcaldía Local de Chapinero adujo que no se configura acción u omisión atribuible a la Alcaldía Local de Chapinero que pueda considerarse vulneradora garantías fundamentales, dado que, las actuaciones desplegadas por esa entidad se realizaron en cumplimiento de una comisión impartida por una autoridad judicial competente.

3. Martha Elena Díaz Llanos, el Banco Agrario de

Colombia S.A., Alexander Espinosa Gómez, el Fondo Nacional de Garantías S.A., Ventas y Servicios S.A. y el Grupo Jurídico Deudu S.A.S., alegaron falta de legitimación por pasiva, dado que el presunto quebranto de garantías se predica del juzgado y Alcaldía convocados.

4. La sociedad Administrar Colombia S.A.S. se opuso a la demanda superlativa, resaltando que las actuaciones del juzgado accionado se encuentran ajustadas a derecho.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, denegó el amparo, advertida la falta de legitimación por activa de los convocantes, comoquiera que no son parte dentro del proceso. Además, sostuvo que « aunque se aceptara que tienen interés, lo cierto es que la juzgadora, a propósito de esta acción de amparo, por auto del 11 de septiembre pasado programó fecha para

convocantes, comoquiera que no son parte dentro del proceso. Además, sostuvo que « aunque se aceptara que tienen interés, lo cierto es que la juzgadora, a propósito de esta acción de amparo, por auto del 11 de septiembre pasado programó fecha para continuar el aludido trámite incidental, promovido por Stephan Tieber Iguarán» y, no se satisfizo el requisito de subsidiariedad, por cuanto, l os cuestionamientos contra las decisiones de la Alcaldía deben resolverse mediante el recurso de apelaciónRadicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 5 pendiente ante el Tribunal, sin que el juez constitucional pueda anticiparse al pronunciamiento del natural.

IMPUGNACIÓN

Los accionantes replicaron, con similares argumentos a los mencionados en el escrito inicial, resaltando el defecto fáctico por omisión probatoria , en tanto, se les negó su derecho de defensa al negarles los testimonios solicitados para acreditar la ocupación y posesión alegadas, pues la autoridad habría valorado anticipadamente su contenido sin practicarlos, pese a estar previstos como medio probatorio en el canon 309 de la Ley 1564 de 2012; además, refutaron el haberse rechazado su oposición, pese a alegar su condición de terceros ocupantes y que la autoridad comisionada resolviera aspectos sustanciales sobre la posesión, cuando, a su juicio, debía recibirse la oposición y remitirla al juzgado comitente para su decisión.

Aseveraron que el a quo constitucional no valoró el perjuicio irremediable, al exigirles esperar la apelación

a su juicio, debía recibirse la oposición y remitirla al juzgado comitente para su decisión.

Aseveraron que el a quo constitucional no valoró el perjuicio irremediable, al exigirles esperar la apelación concedida en cuanto al rechazo de la oposición , pese a que ésta no suspendía la entrega del inmueble, omitiendo valorar el riesgo de desalojo y la solicitud de suspensión que habían presentado ante la Alcaldía.

Con todo, enunciaron que no se aplicó la jurisprudencia respecto a la acción de tutela contra actos de ejecución y providencias que ordenan « la entrega sin restitución » pues el Tribunal avaló la entrega por constituir cumplimiento de unaRadicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 6 comisión, sin examinar si ordenar el desalojo a favor del secuestre, sin proceso de restitución y estando pendiente el incidente de levantamiento de las cautelas, configuraba una vía de hecho susceptible de protección constitucional.

CONSIDERACIONES

1. Circunscrita a las pretensiones textuales de la demanda, revalidadas en el escrito de impugnación, la Sala advierte que la decisión impugnada ha de ser confirmada, en la medida que l os promotores no acredit aron haber sido reconocidos como parte o terceros en el trámite cuestionado y debido a que no resulta viable acudir a este auxilio extraordinario con el fin de suspender el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme.

2. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la

extraordinario con el fin de suspender el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme.

2. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, aRadicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 7 saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una ca rga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se

inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.

(CC, C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

3. En relación con la legitimación para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el artículo 10 del

Decreto 2591 de 1991 establece que:

podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

Sobre el alcance del precepto legal en mención, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:Radicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 8 la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o

jurisprudencia constitucional ha estimado que:Radicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 8 la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio de apoderado judicia l (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C. C., ST-878 de 2007; reiterada entre otras en CSJ, STC16275 -2021,

STC10879-2025 y STC19463-2025).

4. En efecto, los accionantes censuraron las decisiones de 24 de marzo y 26 de agosto de 2026, a través de las cuales, el juzgado acusado comisionó la entrega del predio al secuestre y, la Alcaldía Local de Chapinero celebró esa diligencia y rechazó la oposición de los tutelantes, al interior del proceso de ejecución n.° 2018-00664; por lo que pidieron dejarlas sin efectos y conminar a la Alcaldía Local de Chapinero abstenerse de realizar la aludida entrega.

Sin embargo, descendiendo al caso concreto, se advierte que no son parte ni terceros con interés reconocido en el ejecutivo que concita la atención de esta Corte, por lo que

Chapinero abstenerse de realizar la aludida entrega.

Sin embargo, descendiendo al caso concreto, se advierte que no son parte ni terceros con interés reconocido en el ejecutivo que concita la atención de esta Corte, por lo que carecen de legitimación para cuestionar en nombre propio, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir se impartan las órdenes referidas en precedencia , especialmente lo atinente a la comisión para la diligencia de entrega del bien.

En efecto, tal y como lo ha sostenido de tiempo atrás la Sala, « cualquier actuación, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquél trámite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulneró algún derechoRadicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 9 fundamental, debe ser impetrada por quienes allí participaron como partes; contrario sensu, carece de atribución para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuación judicial, quien allí no tuvo la calidad de sujeto procesal» (ver entre otros CSJ, STC1042 -2019, reiterada en STC194632025).

Bajo el entendido que, « no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en él se enfrentan, impetrar la acción de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues está claro que esas determinaciones sólo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales están facultados para acudir, si es del

decisiones adoptadas por el juzgador, pues está claro que esas determinaciones sólo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales están facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando además de verificarse la conculcación de sus garantías fundamentales, y a pesar de su a ctuar diligente dentro del trámite no lograron que éstas fueran protegidas por el director del proceso, a través de los medios ordinarios consagrados en la ley» (ib.).

5. En relación con su pretensión consecuencial, relativa a que se conmine «a la delegada de la Alcaldía Local de Chapinero (…) se abstenga de continuar con la diligencia de entrega iniciada (…) el 26 de agosto del presente año y devuelva dichas diligencias al juez comitente», baste indicar que no resulta viable acudir a este auxilio extraordinario como medio para suspender el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme. Ello en tanto que la orden de entrega del bien inmueble se produjo luego del agotamiento de todas las etapas legales dentro del proceso. Al respecto ha señalado esta Sala que:Radicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 10 la tutela no se erige como un mecanismo idóneo para obtener la interrupción de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisión judicial adoptada en el marco de un proceso tramita do con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en él, por cuanto su fin exclusivo es la protección de los derechos fundamentales. (CSJ, STC791 -2021 reiterada

decisión judicial adoptada en el marco de un proceso tramita do con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en él, por cuanto su fin exclusivo es la protección de los derechos fundamentales. (CSJ, STC791 -2021 reiterada entre otras en STC2754-2023 y STC18414-2025).

Precisándose además que:

(…) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que según ha advertido esta Corte, ‘en principio, la práctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por sí misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, además, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para sí y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a órdenes legítimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acción de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podría impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales.

6. Finalmente, si lo anterior pudiere soslayars e, tal como lo consideró el a quo constitucional, de la revisión realizada a las piezas procesales incorporadas al expediente por el despacho judicial que conoce del asunto, también deviene inviable el resguardo respecto de las actuaciones de la Alcaldía Local de Chapinero, escenario en el cual han intervenido los convocantes, dado el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad por prematuro.

En efecto advierte la Corte que frente al rechazo de la

intervenido los convocantes, dado el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad por prematuro.

En efecto advierte la Corte que frente al rechazo de la oposición de la diligencia de entrega llevada a cabo en vista pública del 26 de agosto de los corrientes por la Alcaldía Local de Chapinero, se formularon recursos de reposición y enRadicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 11 subsidio apelación por los opositores, el primero se resolvió manteniendo la aludida determinación y la alzada se concedió ante el superior en el efecto devolutivo; mecanismo que, según se observa de las pruebas remitidas para surtir la impugnación aún no había sido resuelto; de ahí que, mientras esté pendiente de definir el asunto por parte del superior del juez natural, a quien el ordenamiento legal le asignó la función de dirimir la controversia, no es dable que los aspectos cardinales del pedimento sean expuestos para su resolución en sede constitucional, en tanto:

este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino que cuando carezca de estas” (CSJ STC, 28

de protección, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino que cuando carezca de estas” (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312 -01, reiterada entre otras en STC4010-2025).

7. Corolario de lo expuesto, se impone la confirmación del fallo opugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.Radicación n.° 11001-22-03-000-2026-03986-01 12 Comuníquese por medio expedito lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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