CSJ - STC20787-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20787-2026 Radicación n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 16 de septiembre de 202 6, dentro de la acción de tutela que promovió Sandra María Ochoa Tirado contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbo , trámite al que se vincularon los intervinientes en el ejecutivo No. 2026-0016600.

ANTECEDENTES

1.- La libelista busca la protección de los derechos fundamentales al acceso efectivo a la administración de justicia, debido proceso, igualdad y «derechos y garantías constitucionales conexos».Rad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 2 2.- En síntesis, manifestó que el 31 de julio de 2026 promovió demanda ejecutiva contra Samir Villalba Moreno, con el propósito de obtener mandamiento de pago por $132.000.000, correspondientes a cánones de arrendamiento insolutos del predio rural denominado « Finca Santa Rita », junto con los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, desde la exigibilidad de cada obligación hasta su pago total, y la cláusula penal pactada por incumplimiento contractual.

Santa Rita », junto con los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, desde la exigibilidad de cada obligación hasta su pago total, y la cláusula penal pactada por incumplimiento contractual.

Afirmó que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbo incurrió en mora judicial injustificada, pues, pese a que el expediente ingresó al despacho el 3 de agosto de 2026, transcurrieron más de 30 días desde la radicación de la demanda sin que se resolviera sobre su admisión, inadmisión o rechazo, desconociendo, a su juicio, el término de 10 días previsto en el artículo 120 del Código General del Proceso.

Adujo que, aun cuando cumplió sus cargas procesales, la falta de pronunciamiento la mantiene en una situación de incertidumbre jurídica no atribuible a su conducta, con afectación de sus derechos fundamentales, la eficacia del proceso ejecutivo, la posibilidad de solicitar medidas cautelares y la exigibilidad de las obligaciones reclamadas.

3.- Con fundamento en lo anterior, pretende que se ordene: i) «DECLARAR que la autoridad judicial accionada ha incurrido, en el caso concreto y de encontrarse acreditados los presupuestos constitucionales correspondientes, en una mora judicial injustificada, al no haber adoptado oportunamente la decisión procesal que correspondeRad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 3 respecto de la demanda ejecutiva presentada por la parte accionante, pese al transcurso del término legal y razonable para adoptar dicha determinación y sin que exista una circunstancia objetiva, demostrada e

3 respecto de la demanda ejecutiva presentada por la parte accionante, pese al transcurso del término legal y razonable para adoptar dicha determinación y sin que exista una circunstancia objetiva, demostrada e inevitable que justifique la tardanza», ii) «Como consecuencia del amparo concedido, que se ORDENE a la autoridad judicial accionada que, dentro del término perentorio que el juez constitucional considere razonable, y preferiblemente dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a adoptar la decisión que en derecho corresponda respecto de la demanda ejecutiva presentada por la parte accionante, esto es, que determine si hay lugar a librar mandamiento de pago, inadmitir, rechazar o adoptar la decisión procesal que jurídicamente resulte procedente, de conformidad con el Código General del Proceso».

De igual modo, pretende que: iii) «Se ORDENE a la autoridad judicial accionada que, una vez proferida la correspondiente decisión, proceda a su notificación en debida forma y sin dilaciones adicionales, garantizando así la continuidad efectiva del trámite judicial y el ejercicio de los derechos procesales de la parte accionante»; iv) «Que, atendiendo a la condición de víctima del conflicto armado de la parte accionante, y de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, así como con los principios constitucionales de igualdad material, dignidad humana y protección reforzada de las personas que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, se ORDENE a la autoridad judicial accionada valorar dicha circunstancia dentro del trámite y adoptar las medidas de celeridad y priorización que jurídicamente resulten procedentes, sin que

de especial vulnerabilidad, se ORDENE a la autoridad judicial accionada valorar dicha circunstancia dentro del trámite y adoptar las medidas de celeridad y priorización que jurídicamente resulten procedentes, sin que ello implique predeterminar el sentido de la decisión que corresponde adoptar al juez natural».

Igualmente, pide: v) «En caso de que el juez constitucional encuentre acreditado que la mora judicial obedece a un retraso estructural o a la existencia de turnos pendientes, pero determine igualmente que las circunstancias particulares de la parte accionante, incluida su condi ción de víctima del conflicto armado, hacen necesaria una protección reforzada, que se ordene la priorización excepcional de laRad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 4 actuación dentro del sistema de turnos, siempre que se satisfagan los presupuestos constitucionales para ello, particularmente aquellos relacionados con la superación de los plazos razonables y la posibilidad de afectación definitiva de derechos fundamentales»; vi) «se ordene a la autoridad judicial accionada abstenerse de incurrir en nuevas dilaciones injustificadas respecto de la actuación procesal objeto de esta acción constitucional y observar, en adelante, los términos y deberes de celeridad previstos en la Const itución Política, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el Código General del Proceso».

Finalmente, requiere: vii) «Que, se disponga que la protección constitucional concedida comprenda no solamente el acceso formal de la parte accionante al aparato jurisdiccional, sino su acceso efectivo a una respuesta judicial oportuna, de manera que la demanda ejecutiva sea

constitucional concedida comprenda no solamente el acceso formal de la parte accionante al aparato jurisdiccional, sino su acceso efectivo a una respuesta judicial oportuna, de manera que la demanda ejecutiva sea objeto de la correspondiente determinación judicial y pueda continuar su trámite conforme a las reglas propias del Código General del Proceso »; viii) «Que, para efectos del cumplimiento del fallo, se ordene a la autoridad judicial accionada informar al juez constitucional, dentro del término que se establezca en la sentencia, sobre el cumplimiento efectivo de la orden impartida, remitiendo constancia de la providencia proferida y de su respectiva notificación a la parte accionante » y ix) «Que, se adopte cualquier otra medida de protección que el juez constitucional considere necesaria para garantizar de manera integral y efectiva los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, en los términos del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbo sostuvo que la acción de tutela carecía de fundamento, pues no se configuró mora judicial injustificada. Precisó que el proceso ejecutivo ingresó al despacho el 3 de agosto de 2026 y que, para la fecha de presentación del amparo, únicamenteRad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 5 habían transcurrido 24 días hábiles, sin superar el término de 30 días previsto en el artículo 90 del Código General del Proceso para resolver sobre la admisión o el rechazo de la demanda.

Explicó que el examen preliminar del libelo exige un

de 30 días previsto en el artículo 90 del Código General del Proceso para resolver sobre la admisión o el rechazo de la demanda.

Explicó que el examen preliminar del libelo exige un análisis cuidadoso de los hechos, las pretensiones y los documentos aportados, por lo que la ausencia de una decisión dentro del término legal no constituye dilación injustificada ni vulneración del dere cho de acceso a la administración de justicia. Agregó que, durante el trámite constitucional, profirió el auto mediante el cual negó el mandamiento de pago, circunstancia que, en caso de estimarse procedente el resguardo, configuraría una carencia actual de objeto por hecho superado.

2.- El apoderado de la accionante, Pedro Antonio Justinico Ortiz, afirmó que el juzgado accionado vulneró el derecho fundamental al debido proceso al negar el mandamiento de pago sin valorar adecuadamente el contrato de arrendamiento, cuya validez había sido reconocida por la administración exclusiva de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) . Cuestionó que se anticiparan juicios de fondo en la etapa inicial, se incorporaran pruebas de otro expediente sin garantizar su contradicción, se confundiera la inoponibilidad del negocio jurídico frente al FRISCO con su inexistencia y se asumieran defen sas propias del ejecutado, con lo cual se impidió el debate contradictorio.Rad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 6 Asimismo, sostuvo que, en otros trámites relacionados, tanto judiciales como policivos, se habían presentado actuaciones favorables al ejecutado que, a su juicio, comprometían la imparcialidad judicial y

6 Asimismo, sostuvo que, en otros trámites relacionados, tanto judiciales como policivos, se habían presentado actuaciones favorables al ejecutado que, a su juicio, comprometían la imparcialidad judicial y configuraban causales de recusación. Por consiguiente, solicitó la protección de las garantías invocadas, la suspensión de las actuaciones y la adopción de medidas encaminadas a garantizar la imparcialidad del juzgador.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia negó el amparo, al considerar configurada la carencia actual de objeto por hecho superado. Explicó que, mediante auto del 8 de septiembre de 2026, el juzgado accionado negó el mandamiento de pago sol icitado en el proceso ejecutivo promovido por la accionante, decisión que fue apelada. En consecuencia, concluyó que había desaparecido la situación fáctica que motivó la solicitud de protección constitucional, pues la actuación cuya presunta mora se cuestionaba ya había sido resuelta.

IMPUGNACIÓN

La tutelante, por conducto de apoderado judicial, impugnó la sentencia, al considerar que la expedición del auto del 8 de septiembre de 2026 no subsanó la vulneración alegada, pues la tutela no pretendía únicamente obtener un pronunciamiento judicial, sino garantizar que la funcionariaRad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 7 accionada actuara con imparcialidad y observancia del debido proceso, garantías que, a su juicio, continuaban comprometidas por las causales de recusación invocadas

7 accionada actuara con imparcialidad y observancia del debido proceso, garantías que, a su juicio, continuaban comprometidas por las causales de recusación invocadas contra la jueza convocada.

Sostuvo que el tribunal omitió valorar sus argumentos, incurrió en falta de motivación y confundió la emisión de una providencia con la superación efectiva de la vulneración. Asimismo, afirmó que desconoció la dimensión objetiva de la imparcialidad judicial y la necesidad de resolver la recusación conforme al artículo 143 del Código General del Proceso.

Agregó que la jurisprudencia constitucional permite emitir pronunciamientos de fondo, incluso ante la configuración de un hecho superado, cuando persisten circunstancias contrarias a la Constitución Política. Por tanto, estimó que el tribunal debió examinar si la funcionaria cuestionada podía continuar conociendo del proceso y adoptar las medidas necesarias para garantizar su imparcialidad, en lugar de considerar superada la controversia por la sola expedición del auto referido.

CONSIDERACIONES

1.- Desde ahora se advierte el fracaso de la salvaguarda constitucional y, en consecuencia, la confirmación de lo resuelto en primera instancia, por las razones que se exponen a continuación:Rad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 8

1.1.- Sandra María Ochoa Tirado manifestó que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbo incurrió en mora judicial injustificada, al no pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de la demanda ejecutiva que promovió contra

1.1.- Sandra María Ochoa Tirado manifestó que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbo incurrió en mora judicial injustificada, al no pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de la demanda ejecutiva que promovió contra Samir Villalba Moreno el 31 de julio de 2026, bajo el radicado n.º 2026 -00166-00, con lo cual vulneró su derecho fundamental de acceso oportuno a la administración de justicia.

No obstante, durante el trámite constitucional, mediante auto del 8 de septiembre de 2026, el despacho accionado negó el mandamiento de pago solicitado, al considerar que el contrato de arrendamiento aportado no constituía un título ejecutivo válido. Para ello, tuvo en cuenta las pruebas trasladadas de otro expediente, según las cuales la finca Santa Rita se encuentra sometida a extinción de dominio y bajo la administración exclusiva de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y su depositario, únicos facultados para celebrar contratos y recaudar cánones de arrendamiento.

Asimismo, advirtió que, conforme a lo informado por la SAE, la gestora carecía de facultades para comprometer el inmueble, por lo que el contrato suscrito por ella resultaba inoponible y carente de validez. En consecuencia, al concluir que la actora no estaba legitimada para exigir las obligaciones derivadas del uso del predio y que el contrato válido era el celebrado directamente entre la SAE y elRad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 9 ejecutado, el juzgado negó el mandamiento de pago y ordenó el archivo de las diligencias.

válido era el celebrado directamente entre la SAE y elRad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 9 ejecutado, el juzgado negó el mandamiento de pago y ordenó el archivo de las diligencias.

1.2.- Así las cosas, se advierte que, durante el trámite de la presente acción constitucional, la funcionaria cuestionada se pronunció sobre los aspectos cuya omisión reprochaba la tutelante e impartió el impulso correspondiente al proceso.

Por ende, se torna inane el análisis de fondo de la discusión planteada por la memorialista, ante la carencia actual de objeto por hecho superado, aspecto sobre el cual, se ha dicho que «(…) ningún sentido tiene que aquí se imparta cualquier tipo de orden en relación con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan características diferentes a las iniciales» (STC203-2024).

2.- Ahora bien, contra la determinación del 8 de septiembre se interpuso recurso de apelación, por lo que corresponde al superior resolver los cuestionamientos formulados frente a lo decidido por el despacho accionado, sin que la acción de tutela constituya la vía idónea para anticipar las decisiones que, en ejercicio de sus competencias, le corresponde adoptar.

Lo mismo ocurre con la pretensión encaminada a garantizar la imparcialidad judicial y obtener un pronunciamiento sobre la recusación, conforme al artículo 143 del Código General del Proceso, pues tales cuestionesRad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 10

garantizar la imparcialidad judicial y obtener un pronunciamiento sobre la recusación, conforme al artículo 143 del Código General del Proceso, pues tales cuestionesRad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 10 deben plantearse y resolverse ante el juez natural, a través de los mecanismos procesales previstos para ello, sin que resulte procedente acudir a la acción de tutela para sustituirlos.

Al respecto, esta Corte ha sostenido que:

«(…) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de est a senda y las normas de orden público, que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa» STC36502024.

3.- En definitiva, se ratificará lo resuelto por el tribunal.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Rad. n° 05000-22-13-000-2026-00404-01 11

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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