CSJ - STC20791-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20791-2026 Radicación n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por O frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de M el 26 de agosto de 2026, dentro de la acción de tutela que promov ió contra el Juzgado Único Promiscuo de Familia de A, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes del incidente de desacato bajo radicado No. 2023-00231-00.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

Como medida de protección a la intimidad de la persona involucrada en el presente asunto en el que se evidencia hechos de acoso sexual y laboral , esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicación de esta, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e información que permitan su identificación, para lo cual seRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 2 elaborará otro texto de la presente decisión, de igual tenor, pero con tal supresión, que será el publicable para todos los efectos correspondientes.

ANTECEDENTES

1.- La accionante busca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad, dignidad humana,

efectos correspondientes.

ANTECEDENTES

1.- La accionante busca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad, dignidad humana, protección reforzada de sujetos de especial protección constitucional y «cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales».

2.- En síntesis, adujo que, dentro del incidente de desacato promovido por el incumplimiento de la Sentencia T266 de 2024, proferida por la Corte Constitucional el 9 de julio de ese año, mediante la cual se ampararon sus derechos fundamentales a la vida dign a, al trabajo y a laborar en entornos libres de violencia, el Juzgado Único Promiscuo de Familia de A, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, revocó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de ese lugar, que había sancionado al gerente de la ESE T, al considerar satisfechas las órdenes relacionadas con su reintegro y remuneración (18 jun. 2026).

En su criterio, el despacho efectuó una valoración meramente formal del acatamiento y desconoció que las órdenes impartidas por la Corte Constitucional exigían el restablecimiento material y efectivo de sus derechos. En particular, reprochó que se hubiera tenido por cumplida laRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 3 orden de reintegro con su nombramiento como Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 01, sin examinar integralmente las pruebas que, según afirmó, evidenciaban

3 orden de reintegro con su nombramiento como Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 01, sin examinar integralmente las pruebas que, según afirmó, evidenciaban diferencias entre la remuneración percibida y la correspondiente a trabajadores que desempeñaban funciones equivalentes.

Afirmó que existen documentos provenientes de la propia E.S.E. en los que constan remuneraciones de $2.581.315, mientras que a ella se le pagaron sumas inferiores. Por ello, cuestionó que, al resolver la consulta, se revocara la determinación adoptada en p rimera instancia respecto de su vinculación en el grado 1 y la correspondiente reliquidación, sin atender debidamente las inconsistencias documentales y salariales que había puesto de presente.

Asimismo, censuró la valoración probatoria contenida en la providencia atacada, al considerar que el despacho no examinó de manera conjunta los elementos que daban cuenta de las controversias aún existentes en torno a su remuneración, prestaciones, aportes pensionales y a las medidas relacionadas con los hechos de acoso laboral y sexual denunciados. Para sustentar su inconformidad, aludió, entre otros, a certificaciones y desprendibles de nómina, documentos relativos a trabajadores que estima comparables, información suministrada por Protección S.A. sobre su historia laboral, así como a las denuncias y actuaciones adelantadas por los referidos hechos.Rad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 4 Agregó que, mediante auto del 4 de junio de 2026, el incidente fue abierto a pruebas ante la insuficiencia de la

4 Agregó que, mediante auto del 4 de junio de 2026, el incidente fue abierto a pruebas ante la insuficiencia de la información aportada por la E.S.E., circunstancia que, en su criterio, impedía tener por satisfechas las órdenes constitucionales. Por ello, so stuvo que la decisión adoptada en grado de consulta desconoció el alcance material de lo dispuesto en la Sentencia T -266 de 2024 y prolongó la afectación de los derechos fundamentales amparados.

3.- Con fundamento en lo anterior, solicitó que se ordenara: i) «dejar sin efectos la providencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo de Familia de A dentro del grado jurisdiccional de consulta del incidente de desacato derivado de la Sentencia T-266 de 2024»; ii) «se ordene emitir una nueva decisión valorando integralmente todas las pruebas salariales, prestacionales y pensionales obrantes en el expediente», iii) «se determine si las actuaciones desplegadas por la E.S.E. T constituyen un cumplimiento material y efectivo de la Sentencia T-266 de 2024» y iv) «se tengan en cuenta mis condiciones particulares de vulnerabilidad y especial protección constitucional al momento de resolver la presente acción».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Único Promiscuo de Familia de A defendió la decisión adoptada en grado de consulta, al estimar cumplidas las órdenes impartidas en la Sentencia T266 de 2024, relacionadas con el reintegro, las funciones y la remuneración de la accionante, pues la Corte Constitucional no estableció un g rado específico para su

estimar cumplidas las órdenes impartidas en la Sentencia T266 de 2024, relacionadas con el reintegro, las funciones y la remuneración de la accionante, pues la Corte Constitucional no estableció un g rado específico para su vinculación. Asimismo, sostuvo que las diferencias salariales obedecen a la existencia de distintos grados dentro del cargoRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 5 de auxiliar administrativo y que la providencia cuestionada se sustentó en las pruebas obrantes en el expediente, de modo que la inconformidad de la tutelante radica en su desacuerdo con la valoración probatoria y el criterio judicial adoptados.

2.- El Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías informó que, mediante auto del 11 de junio de 2026, sancionó por desacato al gerente de la ESE T de esa localidad, con arresto de cinco días y multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, precisó que, al resolverse el grado de consulta, fue modificado el numeral segundo de la providencia y revocada la sanción allí impuesta, por lo que la inconformidad de la actora recae sobre lo decidido en segunda instancia.

3.- La E.S.E. T solicitó negar el amparo promovido por la accionante, al sostener que el Juzgado Único Promiscuo de Familia de A efectuó una valoración integral de las pruebas y que la asignación salarial reconocida corresponde al cargo de Auxiliar Administrativo Código 407, Grado 01. Precisó, además, que una de las certificaciones aportadas contenía un error al invertir los salari os correspondientes a

pruebas y que la asignación salarial reconocida corresponde al cargo de Auxiliar Administrativo Código 407, Grado 01. Precisó, además, que una de las certificaciones aportadas contenía un error al invertir los salari os correspondientes a los grados 01 y 03.

Asimismo, afirmó que la Sentencia T -266 de 2024 no ordenó vincular a la ac tora en un grado específico y que la entidad ha adelantado las actuaciones necesarias para su cumplimiento. En consecuencia, estimó que no se configuróRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 6 el defecto fáctico alegado ni la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

4.- R afirmó que la actora ejercía funciones de coordinación de facturación, pese a percibir una remuneración inferior, y señaló que las restricciones de acceso al sistema dificultaban el adecuado cumplimiento de sus labores.

5.- D solicitó su desvinculación del trámite de tutela, al sostener que no se le atribuye vulneración alguna y que carece de competencia para pronunciarse sobre los asuntos laborales reclamados por la tutelante.

6.- M manifestó que, durante el tiempo en que se desempeñó como secretaria de Gerencia de la E.S.E. T, tuvo conocimiento de que la tutelante ejercía funciones de coordinación del proceso de facturación de urgencias y recibía sus solicitudes e inconformidades para trasladarlas a la Gerencia. Aclaró, además, que nunca tuvo competencia para decidir sobre rei ntegros, salarios, prestaciones o el cumplimiento de decisiones judiciales, y que sus funciones

recibía sus solicitudes e inconformidades para trasladarlas a la Gerencia. Aclaró, además, que nunca tuvo competencia para decidir sobre rei ntegros, salarios, prestaciones o el cumplimiento de decisiones judiciales, y que sus funciones actuales, relacionadas con la asignación de citas, difieren de las desarrolladas por la actora.

7.- La Fiscalía 29 Seccional de A indicó que adelantó actuaciones dentro de la investigación penal por acoso sexual, actualmente a cargo de la Fiscalía 26 Seccional de S, luego de haberse aceptado el impedimento de la fiscal.Rad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 7 8.- La Procuraduría General de la Nación, A y P solicitaron su desvinculación del trámite, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de M concluyó que la acción de tutela promovida contra la providencia que resolvió el incidente de desacato satisfacía los requisitos generales de procedencia. Sin embargo, estimó que no se configuró el defecto fáctico alegado, pues el juzgado accionado sustentó razonadamente que la Sentencia T -266 de 2024 no ordenó el reintegro de la accionante en un grado específico y valoró el material probatorio para tener por cumplidas las órdenes relacionadas con el cargo, las funciones y la remuneración.

Asimismo, señaló que la controversia relativa al salario es de naturaleza económica y laboral, por lo que debe ser resuelta por la jurisdicción competente y no a través de la

funciones y la remuneración.

Asimismo, señaló que la controversia relativa al salario es de naturaleza económica y laboral, por lo que debe ser resuelta por la jurisdicción competente y no a través de la acción de tutela, sin que se hubiera acreditado la existencia de un perjuicio irremediable.

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión, la tutelante reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial y sostuvo que el Juzgado Único Promiscuo de Familia de A no valoró integralmente las pruebas al declarar cumplida la Sentencia T-266 de 2024, particularmente en lo relativo al cargo yRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 8 remuneración, pues afirm ó que las declaraciones de R y M evidencian que las funciones desempeñadas por la accionante no eran equivalentes a las del Grado 01 y que ejercía labores de coordinación, supervisión y auditoría sobre facturación.

Asimismo, cuestion ó las contradicciones entre las certificaciones salariales de la E.S.E., sus desprendibles de nómina, el pago retroactivo de $717.892 y los reportes pensionales, además de señalar que permanecían pendientes aspectos relacionados con el cálculo actuarial y l a investigación de acoso. En consecuencia, pid ió dejar sin efectos la providencia cuestionada y orden ar una nueva decisión que valore conjuntamente las funciones realmente desempeñadas, los grados del Código 407, testimonios y documentos salariales, y determine cuál trabajador de planta con funciones similares debía servir como referente para cumplir materialmente la Sentencia T-266 de 2024.

desempeñadas, los grados del Código 407, testimonios y documentos salariales, y determine cuál trabajador de planta con funciones similares debía servir como referente para cumplir materialmente la Sentencia T-266 de 2024.

CONSIDERACIONES

1.- De entrada, se advierte que la decisión impugnada ha de ser confirmada, pues en la providencia proferida en grado jurisdiccional de consulta, mediante la cual se revocó parcialmente la sanción impuesta al gerente de la ESE T, no se evidencia la configuración de una vía de hecho ni la vulneración de las garantías fundamentales invocadas, como pasa a exponerse:

1.1.- La herramienta de que trata el artículo 86 de laRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 9 Constitución Política no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre ó como únicos medios de contradicción en estos casos la impugnación y la eventual revisión ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: «(...) ha de tenerse en cuenta que en el trámite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acción constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnación ante el inmediato superior funcional y la revisión eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos» (STC4241-2016).

En punto de la viabilidad del resguardo constitucional frente a decisiones proferidas con posterioridad al fallo de tutela (trámite de cumplimiento o incidente de desacato), ha

defensivos» (STC4241-2016).

En punto de la viabilidad del resguardo constitucional frente a decisiones proferidas con posterioridad al fallo de tutela (trámite de cumplimiento o incidente de desacato), ha de acudirse al mismo criterio señalado en precedencia, el cual ha sido reiterado pacíficamente por la Sala y que señala que, contra actuaciones judiciales y proveídos de este mismo talante, este instrumento resulta, por regla general, improcedente:

(...) la actividad judicial que se inicia en el marco del artículo 86 de la constitución política, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jurídicos enunciados y previstos, que frente a los proveídos que se profieran en el trámite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ningún otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acción de tutela, porque se convertiría en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomada s en desarrollo de un trámite de indiscutido raigambre constitucional.

En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acción impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo análisis en torno a la actuación que se cumple a la luz del artículo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a laRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 10 orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a través de otra acción constitucional so pretexto de haber incurrido en una vía de hecho, porque las providencias que

10 orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a través de otra acción constitucional so pretexto de haber incurrido en una vía de hecho, porque las providencias que se profieran en el trámite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempló medio de impugnación alguno.

Es evidente que la real intención del legislador, en relación con el incidente de desacato, era que se regulara a sí mismo, a través de la decisión incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanción, con total autonomía y sin injerencia de órganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones (...) (STC13840-2016).

De otro lado, el precedente constitucional ha dicho que la decisión que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma vía en el que este tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneración a derechos también de orden su perior, y en particular «cuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanción arbitraria» (CC, T-1113 de 2005).

Seguidamente ese Alto Tribunal reiter ó la procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de «revertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo» (CC, T-951 de 2013, T-373 de 2014); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU -627 de 2015, concluy ó que « si la

una orden proferida en un proceso de amparo» (CC, T-951 de 2013, T-373 de 2014); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU -627 de 2015, concluy ó que « si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, ade más de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii ) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia deRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 11 tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».

Esta Corporación también ha sostenido su procedencia cuando la providencia reviste características vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su trámite legal y en aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificación del accionado, una vez este hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situación.

1.2.- En el presente asunto, M acudió al mecanismo supralegal al considerar que la autoridad accionada incurrió en error al tener por cumplida parte de la orden de tutela impartida a su favor. No obstante, al examinar se la

1.2.- En el presente asunto, M acudió al mecanismo supralegal al considerar que la autoridad accionada incurrió en error al tener por cumplida parte de la orden de tutela impartida a su favor. No obstante, al examinar se la providencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo de Familia de A, mediante la cual se resolvió en grado de consulta el incidente de desacato, se advierte que la determinación cuestionada no configura defecto específico de procedibilidad alguno que justifique su desautorización, pues se encuentra sustentada en criterios fácticos y jurídicos razonables.

En efecto, al resolver en grado de consulta el incidente promovido por la tutelante, la juez convocada examinó el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T266 de 2024, cuyo contenido, en lo pertinente, fue el siguiente:Rad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 12 «PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 12 de octubre de 2023 del Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías, que declaró improcedente la acción de tutela, y la sentencia del 23 de noviembre de 2023 del Juzgado Único Promiscuo de F amilia, que negó el amparo. En su lugar, DECLARAR que la ESE vulneró los derechos a la vida digna, al trabajo y el derecho de las mujeres a trabajar en entornos libres de violencia de la señora O, según las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. ORDENAR que la ESE, dentro de los diez días

trabajo y el derecho de las mujeres a trabajar en entornos libres de violencia de la señora O, según las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. ORDENAR que la ESE, dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta providencia, reconozca y pague a la señora O las prestaciones sociales de orden legal que percibiría un servidor de la misma categoría vinculado laboralmente a la planta de la entidad desde diciembre de 2020 hasta junio de 2023 y que no estén prescritas. Para esto, tomará mes a mes el ingreso base d e cotización pensional de la accionante, con base en el salario legalmente sufragado por quienes desempeñaban el empleo durante esos meses. Si existe diferencia entre los aportes de la señora O y los que efectivamente debió cumplir, la ESE deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones el valor restante. Para esto, la accionante deberá acreditar las cotizaciones efectuadas durante esos meses.

TERCERO. ORDENAR que la ESE dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta providencia: (i) pague los salarios dejados de percibir desde su desvinculación y hasta su reintegro efectivo. (ii) Reintegre a la señora O a un empleo vacante en la planta de personal de la ESE con funciones afines a las que desempeñaba mediante contratos de prestación de servicios. (iii) Esta designación deberá realizarse atendiendo a la naturaleza jurídica de la entidad hospitalaria. Si esta permite la vinculación a través de un contrato laboral, se realizará a través de dicha figura, de lo contrario, deberá vincularse en un cargo de carrera en provisionalidad. (iv) El salario y sus prestaciones se reconocerán

través de un contrato laboral, se realizará a través de dicha figura, de lo contrario, deberá vincularse en un cargo de carrera en provisionalidad. (iv) El salario y sus prestaciones se reconocerán en un valor equivalente al salario que recibe un trabajador de planta con un cargo similar al de la accionante en el área de facturación. (v) En ningún caso esta orden significa la vinculación directa en un ca rgo en carrera, toda vez que la accionante no ha participado en concurso alguno para acceder al mismo. El reintegro laboral no podrá ser inferior a seis meses contados a partir del momento en que se vincule nuevamente.

CUARTO. ORDENAR que la ESE, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de este fallo, expida un protocolo de prevención y actuación interna frente denuncias de acoso laboral y sexual para actuar de forma oportuna, idónea y eficazmente. El protocolo deberá incluir: principios orientadores, el ámbito de aplicación y la definición de las conductas, la conformación del comité de convivencia laboral, las medidas y rutas de atención frente a las denuncias de acoso laboral y sexual que incluya el análisis centrado en el género y las estrategias de promoción deRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 13 equidad y reducción de factores de riesgo. Además, la ESE deberá asegurar la capacitación de toda la planta sobre este protocolo y la importancia de que las mujeres trabajen en entornos libres de violencia. De esta orden, deberá remitir un informe de cumplimiento al juez de primera instancia.

QUINTO. ORDENAR que la ESE, dentro del mes siguiente a la

la importancia de que las mujeres trabajen en entornos libres de violencia. De esta orden, deberá remitir un informe de cumplimiento al juez de primera instancia.

QUINTO. ORDENAR que la ESE, dentro del mes siguiente a la expedición del protocolo de prevención y actuación interna frente denuncias de acoso laboral y sexual, investigue los hechos denunciados por la señora O. Este proceso deberá respetar el debido proceso de las partes, aplicar la perspectiva de género y que la accionante no sea confrontada con su agresor. De esta orden, deberá remitir un informe de cumplimiento al juez de primera instancia.

SEXTO. ORDENAR que la Personería Municipal, ejerza un acompañamiento permanente a la señora O desde su vinculación efectiva a la ESE y hasta que culmine la investigación por los hechos de acoso laboral y sexual.

SÉPTIMO. INSTAR a la Fiscalía Seccional, para que le imprima celeridad a la denuncia interpuesta por la señora O.

OCTAVO: LLAMAR LA ATENCIÒN del Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías y al Juzgado Único Promiscuo de Familia para que, en adelante, apliquen la perspectiva de género en los asuntos que impliquen desigualdad de género».

Acto seguido, expuso que la incidentante sostuvo que la E.S.E. T no había dado cumplimiento integral al fallo, pues su reintegro se produjo en un cargo de menor jerarquía y con una remuneración inferior a la que estimaba correspondiente. Asimismo, cuestionó el pago de las prestaciones y los aportes pensionales, y denun ció la

su reintegro se produjo en un cargo de menor jerarquía y con una remuneración inferior a la que estimaba correspondiente. Asimismo, cuestionó el pago de las prestaciones y los aportes pensionales, y denun ció la persistencia de actos de hostigamiento y revictimización, así como afectaciones a su salud mental.

No obstante, al examinar lo concerniente al reintegro, el juzgado concluyó que la E.S.E. había acatado la orden constitucional, toda vez que, mediante la Resolución 551 de 2024, la accionante fue nombrada provisionalmente comoRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 14 Auxiliar Administrativo Código 407, Grado 01, Facturador de Servicios de Salud, con funciones afines a las desarrolladas durante su vinculación mediante contratos de prestación de servicios. Precisó que la Corte Constitucional no dispuso su incorporación en un grado específico, como el 2 o el 3, sino su vinculación a un cargo vacante cuyas funciones guardaran correspondencia con las desempeñadas como facturadora.

En lo relativo a la remuneración y liquidación de prestaciones, el despacho se apartó del criterio según el cual estas debían calcularse tomando como referencia el grado 3. Advirtió que en el área de facturación existían cargos de Auxiliar Administrativo e n distintos grados y que la Sentencia T-266 de 2024 no estableció cuál de ellos debía emplearse específicamente como parámetro. En consecuencia, estimó ajustada al fallo constitucional la liquidación efectuada con fundamento en el grado 1 y concluyó que no se configuraba incumplimiento respecto del

emplearse específicamente como parámetro. En consecuencia, estimó ajustada al fallo constitucional la liquidación efectuada con fundamento en el grado 1 y concluyó que no se configuraba incumplimiento respecto del cargo, las funciones, la remuneración ni las prestaciones reconocidas con base en ese grado.

Distinta conclusión adoptó frente a los aportes pensionales. Aunque la E.S.E. acreditó haber efectuado pagos, la información suministrada por Protección S.A. evidenció que, para determinados periodos, no aparecía registrada la relación laboral y que, debid o al carácter extemporáneo de las cotizaciones, era necesario realizar el correspondiente cálculo actuarial para que los aportes seRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 15 reflejaran adecuadamente en la historia laboral de la accionante. Como la entidad no demostró haber adelantado las gestiones necesarias para subsanar esa situación, el juzgado tuvo por incumplida parcialmente la orden prevista en el numeral segundo de la Sentencia T-266 de 2024.

En cuanto a las órdenes relacionadas con el acoso laboral, el juzgado estableció que la E.S.E. cumplió con la expedición y socialización del protocolo de prevención, así como con la realización de capacitaciones. Sin embargo, determinó que no acreditó haber adelantado formalmente la investigación de los hechos denunciados por la accionante ni haber remitido el respectivo informe al juez de primera instancia. También advirtió insuficiencia probatoria respecto de las nuevas denuncias de hostigamiento y del acompañamiento permanente encomendado a la Personería

haber remitido el respectivo informe al juez de primera instancia. También advirtió insuficiencia probatoria respecto de las nuevas denuncias de hostigamiento y del acompañamiento permanente encomendado a la Personería Municipal, razón por la cual dispuso continuar las diligencias pertinentes y mantener las medidas de protección mientras culminaba la investigación.

En consecuencia, el Juzgado Único Promiscuo de Familia de A modificó la sanción impuesta en primera instancia al gerente del citado hospital, reduciéndola a un día de arresto y multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, al considerar que subsistía el incumplimiento respecto de las obligaciones pensionales y de la investigación de los hechos de acoso. A su vez, revocó la determinación que había tenido por desatendidas las órdenes relacionadas con el reintegro, el grado, la remuneración y la correspondiente liquidación, y mantuvo las demásRad. n° 47001-22-13-000-2026-00216-02 16 disposiciones encaminadas a obtener el cumplimiento efectivo de las órdenes que permanecían pendientes.

1.3.- En ese orden, la Sala estima que la providencia cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, advirtiéndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por la memorialista resultan incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es hacer prevalecer su propia comprensión jurídica y hermenéutica.

Así las cosas, no se evidencia la configuración de alguna causal de procedencia de la acción de tutela contra

constitucional, pues lo que pretende es hacer prevalecer su propia comprensión jurídica y hermenéutica.

Así las cosas, no se evidencia la configuración de alguna causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales pues la simple expresión de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervención extraordinaria, frente a lo cual ha sido enfática esta Colegiatura al resaltar que, más allá:

«(…) de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resu ltado de una actuación subjetiva y arbitraria del