CSJ - STC20792-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20792-2026 Radicación nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga (28 sep. 2026), que declaró improcedente la tutela promovida por Carlos Enrique Campillo Parra, Consuelo Campillo Parra, Claudia Marcela, Dielmer y Milton Fabián Toro Campillo frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja , trámite al cual fueron vinculados los intervinientes en la pertenencia nº 2023-00127.

ANTECEDENTES

1. El apoderado de los accionantes reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración deRad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01

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justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada.

2. De las pruebas incorporadas al expediente y el escrito de tutela se extrae que José Yesid Montoya del Río promovió proceso verbal de pertenencia contra Consuelo Campillo Parra, Claudia Marcela, Dielmer y Milton Fabián Toro Campillo y demás personas indeterminadas, asunto que conoce el Juzgado Primero Civil del Circuito de

promovió proceso verbal de pertenencia contra Consuelo Campillo Parra, Claudia Marcela, Dielmer y Milton Fabián Toro Campillo y demás personas indeterminadas, asunto que conoce el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja (rad. 2023 -00127) y en el que el actor interviene como apoderado de los demandados.

El accionante afirmó que el Juzgado acusado vulneró sus garantías y las de sus representados, porque (i) mediante auto (28 ago. 2026) adelantó para el 11 de septiembre la inspección judicial prevista para el 9 de octubre de 2026, sin notificarle esa decisión por correo electrónico, de modo que «violó el derecho a la defensa técnica de mis poderdantes». Aclaró que su inasistencia a la diligencia «no se debió a negligencia, sino a los cambios que el propio Juzgado propició».

Además, (ii) rechazó de plano, mediante auto (22 jul. 2026), la nulidad que propuso por falta de vinculación de la Agencia Nacional de Tierras, ante la « presunción de baldío de la Nación del predio objeto de este proceso de pertenencia »; y (iii) no se ha pronunciado sobre sus escritos de 22 de enero y 2 de febrero de 2026, en los que pidió correr traslado de las objeciones al juramento estimatorio y resolver los recursos de reposición y apelación relacionados con el reconocimiento como litisconsorte necesario que en nombre propio reclamó.Rad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 3

3. Pretende en consecuencia, que se declare la nulidad de lo actuado a partir de las providencias que no se

como litisconsorte necesario que en nombre propio reclamó.Rad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 3

3. Pretende en consecuencia, que se declare la nulidad de lo actuado a partir de las providencias que no se le notificaron por correo electrónico y de la diligencia de inspección judicial, que se fije nueva fecha para esta y que se conmine al juzgado para que «se me hagan las notificaciones mediante el correo electrónico».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juez Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja se opuso al amparo. Señaló que la nulidad que pretende el actor « no ha sido propuesta ante este Despacho respecto de los hechos concretos que sustentan la presente tutela» y que las providencias se notificaron por estado, pues el ordenamiento procesal «no establece como regla general que todos los autos deban ser comunicados individualmente por correo electrónico a los apoderados judiciales».

Explicó que la inspección judicial se reprogramó a solicitud de la parte demandante y de la curadora ad litem, aprovechando fechas disponibles en una agenda comprometida hasta julio de 2027. Además, que a la Agencia Nacional de Tierras se le remitió el ofi cio previsto en el artículo 375 del Código General del Proceso.

2. José Yesid Montoya del Río se opuso a las pretensiones y alegó el incumplimiento del requisito de subsidiariedad y la inexistencia de un perjuicio irremediable.Rad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01

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3. La curadora ad litem de los demandados

subsidiariedad y la inexistencia de un perjuicio irremediable.Rad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 4

3. La curadora ad litem de los demandados indeterminados se refirió a los hechos y se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

FALLO DE PRIMER GRADO

El Tribunal Superior de Bucaramanga declaró improcedente el amparo por falta de legitimación en la causa por activa. Consideró que Carlos Enrique Campillo Parra «no es parte procesal en el trámite verbal de pertenencia», sino apoderado de los demandados, y que no obraba en representación de estos porque «no acotó a las diligencias el poder especial que lo faculte para representarlos».

IMPUGNACIÓN

La interpuso el accionante, quien aportó el poder especial que le confirieron los demandados para promover la acción y reiteró los argumentos del escrito inicial. Agregó que, al notificarse por estado el auto que negó de plano la nulidad, «se desconoció el deber del Despacho y el derecho mío como apoderado de la parte demandada, de conocer la providencia dentro del término legal para interponer recursos».

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Si bien el a quo constitucional declaró la « falta de legitimación en la causa por activa» de Carlos Enrique Campillo Parra, lo cierto es que en sede de impugnación se subsanó dicha anomalía, toda vez que el abogado, junto con el escritoRad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 5

de alzada, allegó poder especial otorgado por Consuelo

dicha anomalía, toda vez que el abogado, junto con el escritoRad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 5

de alzada, allegó poder especial otorgado por Consuelo Campillo Parra, Claudia Marcela, Dielmer y Milton Fabián Toro Campillo con el lleno de los requisitos legales, con lo que legitima su participación en este trámite constitucional.

Superado ese aspecto, corresponde a la Corte establecer si la demanda constitucional cumple el requisito de la subsidiariedad frente a los reproches por la notificación del auto que adelantó la inspección judicial, por el rechazo de la nulidad fundada en l a falta de vinculación de la Agencia Nacional de Tierras y por el traslado de las objeciones al juramento estimatorio.

Asimismo, si frente al reproche por la falta de resolución del recurso que Carlos Enrique Campillo Parra interpuso el 2 de febrero de 2026 contra el numeral segundo del auto (27 ene. 2026) se configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

2. La subsidiariedad

El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino también porque aún existan otras vías tendien tes a solucionar la afectación a los derechos.

La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposición del interesado, dado el carácterRad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 6

eminentemente residual de esta acción, pues de otra manera

al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposición del interesado, dado el carácterRad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 6

eminentemente residual de esta acción, pues de otra manera se convertiría en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas.

En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido:

«[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los m edios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente » (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014).

De igual modo, ha precisado que la tutela no puede anticipar la decisión del juez natural sobre asuntos que aún no le han sido sometidos:

«(…) [E]ste medio de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección (…)» (STC4663-2025).

3. Caso concreto

3.1. De la notificación del auto que adelantó la

siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección (…)» (STC4663-2025).

3. Caso concreto

3.1. De la notificación del auto que adelantó la inspección judicial

El actor cuestionó que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, mediante auto (28 ago. 2026), adelantara para el 11 de septiembre la inspección judicialRad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 7

que estaba prevista para el 9 de octubre de 2026, decisión de la que, según afirma, no fue debidamente notificado, lo que le impidió asistir a la diligencia.

No obstante, el accionante no acreditó haber planteado ante el juez natural la irregularidad que alega en la notificación de ese auto.

Como el proceso de pertenencia aún no cuenta con sentencia, el interesado puede formular esa solicitud en los términos de los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso, y es al juez de la causa a quien corresponde definir, en primer lugar, si le a siste razón. Esa definición no puede ser anticipada por el juez constitucional.

La misma razón impide acoger la súplica dirigida a que se conmine al juzgado a modificar la forma en que le comunica las providencias, pues es un asunto que debe plantearse ante el juez natural, quien cuenta con competencia para resolverlo.

3.2. Del rechazo de la nulidad por la falta de vinculación de la Agencia Nacional de Tierras

El gestor también cuestionó el rechazo de la nulidad que

competencia para resolverlo.

3.2. Del rechazo de la nulidad por la falta de vinculación de la Agencia Nacional de Tierras

El gestor también cuestionó el rechazo de la nulidad que propuso por falta de vinculación de la Agencia Nacional de Tierras. A su juicio, esa entidad debía ser llamada al proceso por la « presunción de baldío de la Nación del predio objeto de este proceso de pertenencia», pese a lo cual el juzgado « negó de plano» su solicitud.Rad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 8

Mediante auto (22 jul. 2026), el juzgado consideró que la omisión alegada « no constituye una afectación directa a los derechos procesales de quien promueve la nulidad » y que la intervención de la Agencia Nacional de Tierras se limita a la comunicación prevista en el numeral 6º del artículo 375 del Código General del Proceso. Allí añadió que las controversias sobre la naturaleza baldía o privada del inmueble «constituyen cuestiones de mérito que deberán resolverse en la sentencia y no causales de nulidad procesal».

Frente a esa determinación procedían los recursos de reposición y apelación, de conformidad con los artículos 318 y 321, numeral 6º, del Código General del Proceso, de los cuales no hizo uso el accionante. Esa omisión constituye incuria, que no se suple co n la inconformidad que ahora expone sobre la notificación por estado del auto, ya que ese era el escenario idóneo en el que debió esbozar las quejas que aquí trae.

Al respecto, esta Corte ha sostenido:

expone sobre la notificación por estado del auto, ya que ese era el escenario idóneo en el que debió esbozar las quejas que aquí trae.

Al respecto, esta Corte ha sostenido:

«(…) el descuido en el empleo de los medios de protección que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los trámites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de último momento para rescata r oportunidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protección previstos en el orden jurídico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria (…) » (CSJ STC6663 -2018, reiterada en STC5416-2024).

3.3. Del perjuicio irremediableRad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 9

Frente a los reproches por la notificación del auto que adelantó la inspección judicial y por el rechazo de la nulidad, el amparo tampoco procede como mecanismo transitorio, pues no se acreditó un perjuicio irremediable. Es insuficiente la sola invocación de su existencia, « por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional» (CSJ STC793-2021, reiterada en STC3196-2022).

con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional» (CSJ STC793-2021, reiterada en STC3196-2022).

Las circunstancias personales de Consuelo Campillo Parra que se invocan en el escrito no alteran esa conclusión, pues actúa en el proceso por medio de apoderado y los mecanismos ordinarios siguen a su disposición.

3.4. Del traslado de las objeciones al juramento estimatorio

El actor cuestionó que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja no se hubiera pronunciado sobre su escrito de 22 de enero de 2026, en el que pidió que se corriera el traslado previsto en el artículo 206 del Código General del Proceso frente a las objeciones que la parte demandante formuló al juramento estimatorio.

No obstante, el accionante cuenta aún con escenarios dentro del proceso para plantear esa inconformidad, pues el litigio no ha llegado a la audiencia inicial, oportunidad en la que el juez debe pronunciarse sobre las pruebas solicitadasRad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 10

por las partes, conforme al numeral 10 del artículo 372 de esa codificación.

Además, mediante memorial de 2 de febrero de 2026, el propio accionante se pronunció sobre las objeciones y aportó las pruebas que estimó pertinentes, de modo que corresponde al juez natural definir lo relativo al traslado y a la consideración de esos elementos.

En esa medida, la intervención del juez constitucional resulta prematura, pues no le es dable anticipar una decisión

corresponde al juez natural definir lo relativo al traslado y a la consideración de esos elementos.

En esa medida, la intervención del juez constitucional resulta prematura, pues no le es dable anticipar una decisión que debe adoptarse dentro del trámite ordinario, el cual se encuentra en curso.

3.5. Del recurso interpuesto el 2 de febrero de 2026

Carlos Enrique Campillo Parra cuestionó que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja no hubiera resuelto el recurso de reposición y en subsidio apelación que interpuso, en nombre propio, contra el numeral segundo del auto (27 ene. 2026), me diante el cual se abstuvo de tramitar, por extemporáneos, los recursos que formuló contra la providencia (25 ago. 2025) que negó su vinculación como litisconsorte necesario.

No obstante, examinada la queja constitucional y su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala negará el amparo en este aspecto ante la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.Rad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 11

En efecto, obra en el expediente el auto (6 oct. 2026), proferido durante el trámite de esta impugnación, mediante el cual el juzgado resolvió «MANTENER el auto de fecha y contenido arriba indicado », negó la apelación subsidiaria por no ser susceptible de ese recurso y declaró « infundada la nulidad advertida por el ahora impugnante».

En este sentido, la presunta vulneración fue superada en el trámite de esta acción constitucional, de manera que el

susceptible de ese recurso y declaró « infundada la nulidad advertida por el ahora impugnante».

En este sentido, la presunta vulneración fue superada en el trámite de esta acción constitucional, de manera que el amparo invocado, en la forma inicialmente propuesta, se muestra improcedente al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que carecería de sentido proferir algún pronunciamiento al respecto.

Al respecto ha venido sosteniendo esta corporación que la carencia de objeto impide que el fallador constitucional intervenga en relación con unas circunstancias que al momento de la sentencia ya no existen, o al menos no se suscitan con las mismas características de origen, ya que:

«(…) si la omisión por la cual la persona se queja no existe o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (…) la tutela pierde su eficacia y razón de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecería de sentido » (CSJ. STC de 13 mar. 2009, rad. 00147-01, reiterada entre otras en STC1836-2017).

Lo anterior, sin que corresponda a esta Sala pronunciarse sobre el sentido de lo decidido en esa providencia, pues no fue objeto de esta acción.Rad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01 12

4. Conclusión

En definitiva, los reparos por la notificación del auto que adelantó la inspección judicial y por el rechazo de la nulidad resultan improcedentes por incumplir el requisito de la

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4. Conclusión

En definitiva, los reparos por la notificación del auto que adelantó la inspección judicial y por el rechazo de la nulidad resultan improcedentes por incumplir el requisito de la subsidiariedad, y el relativo al traslado de las objeciones al juramento esti matorio es prematuro. Frente a la falta de resolución del recurso interpuesto el 2 de febrero de 2026, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que se confirmará la sentencia impugnada, aunque por las razones aquí expuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZRad. nº 68001-22-13-000-2026-00754-01

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FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

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FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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