CSJ - STC20796-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20796-2026 Radicación n.º 05001-22-03-000-2026-00725-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 29 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Luis Felipe Posada Echavarría contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín y Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de esa ciudad , trámite al cual fueron vinculados los intervinientes en el hipotecario rad. n.º 2004-00603.

ANTECEDENTES

1. El accionante, en nombre propio, reclama la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01

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2. De las pruebas incorporadas al expediente y el escrito de tutela se extrae que, en el hipotecario que el Banco Davivienda S.A. -quien cedió el crédito a Fideicomiso FC -CM Inversionespromovió contra Luis Felipe Posada Echavarría, el inmueble con matrícula inmobiliaria n.º 001 -319704 se adjudicó en pública subasta a Beatriz Elena López Baena el

Inversionespromovió contra Luis Felipe Posada Echavarría, el inmueble con matrícula inmobiliaria n.º 001 -319704 se adjudicó en pública subasta a Beatriz Elena López Baena el 19 de abril de 2018, venta que el juzgado de conocimiento aprobó (22 may. 2018).

El actor indicó que como la adjudicación no ha podido inscribirse en el folio de matrícula por los embargos decretados en el ejecutivo de alimentos rad. n.º 2004-00991, que conoce el Juzgado Once de Familia de Medellín, y en el cobro coactivo rad. n.º 2018 -00788, que adelanta la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 23 de julio de 2024 el ejecutado pidió declarar la «extinción de obligación de traditar inmueble rematado y adjudicado válidamente » y, en consecuencia, ordenar la « devolución de dineros y bienes entregados por partes procesales e interesados, más reconocimiento de frutos civiles a su propietario por despojo de inmueble desde 22 de junio 2021 hasta su restitución material».

El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín negó la solicitud (17 feb. 2025) y, al resolver la reposición, mantuvo su decisión y rechazó por improcedente la apelación (22 sep. 2025), determinación esta última que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín declaró bien denegada al desatar la queja (1 sep. 2026).Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01 3

de Sentencias de Medellín declaró bien denegada al desatar la queja (1 sep. 2026).Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01 3 El accionante afirmó que con esas decisiones se incurrió en defecto sustantivo y procedimental absoluto. Lo anterior, porque i. los embargos que pesan sobre el bien impiden registrar la adjudicación, de modo que la obligación de transferirlo debía declararse extinguida; y ii. el auto que negó su solicitud era susceptible de apelación, por lo que no podía rechazarse la alzada.

3. Pretende que se dejen sin efecto el auto de 22 de septiembre de 2025, proferido por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, y el de 1 de septiembre de 2026, dictado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de esa ciudad.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín pidió negar el amparo, porque la causal que invocó el ejecutado no se encuentra entre las de extinción de las obligaciones previstas en el artículo 1625 del Código Civil, y el auto re currido no está comprendido en ninguno de los numerales del artículo 321 del Código General del Proceso.

2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín sostuvo que su decisión se ajustó al ordenamiento jurídico y que la interpretación adoptada no puede calificarse como arbitraria o caprichosa.

3. Beatriz Elena López Baena solicitó negar el

de Sentencias de Medellín sostuvo que su decisión se ajustó al ordenamiento jurídico y que la interpretación adoptada no puede calificarse como arbitraria o caprichosa.

3. Beatriz Elena López Baena solicitó negar el amparo, pues los obstáculos para inscribir la adjudicaciónRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01 4 no extinguen los derechos que adquirió en la subasta, y precisó que adelanta las gestiones necesarias para liberar el inmueble de los gravámenes que impiden su registro.

4. El Banco Davivienda S.A. y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, División de Cobro Coactivo, alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva.

SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El tribunal de Medellín negó el amparo, al considerar que la inapelabilidad del auto de 17 de febrero de 2025 obedeció a una lectura razonable del artículo 321 del Código General del Proceso, y que no existe norma que autorice al juez de la ejecución a dejar sin efecto una adjudi cación aprobada mediante providencia ejecutoriada por las dificultades surgidas para su registro.

LA IMPUGNACIÓN

La interpuso el actor, quien insistió en que « si existe norma que aplicar cual es declarar la pérdida de la cosa que se debe pues esta fuera del comercio y frente a lo imposible nadie está obligado», ya que el inmueble tiene « varios embargos lo cual imposibilita a registro a registrarlo».

Agregó que, al acoger el vacío normativo, el tribunal continúa « negando justicia », porque « el juez siempre tiene que

ya que el inmueble tiene « varios embargos lo cual imposibilita a registro a registrarlo».

Agregó que, al acoger el vacío normativo, el tribunal continúa « negando justicia », porque « el juez siempre tiene que resolver así no halla norma positiva que aplicar», y pidió declarar «la ineficacia de dicho remate » con aplicación de « la teoría de los riesgos».Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01 5

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural.

Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo.

Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez

constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo.

Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuidoRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01 6 tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue:

«(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instan cia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces » (CC SU573 de 2019, SU-128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales », de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar:

«(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico

«(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales» (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental.

La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el d ebido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se, la intervención del juez constitucional.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01 7

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, su estudio solo se aborda una vez superadas la inmediatez y la subsidiariedad, presupuestos que le anteceden. Verificados en este caso, el análisis se concentra en la relevancia, cuya ausencia, según pa sa a exponerse, sella la improcedencia del amparo.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de relevancia constitucional.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de relevancia constitucional.

Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el fondo, esto es, si el Juzgado Décimo Civil Municipal y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, ambos de Ejecución de Sentencias de Medellín, incurrieron en los defectos endilgados al negar la extinción de la «obligación» de inscribir la adjudicación y declarar bien denegada la apelación, con la consiguiente lesión del derecho fundamental invocado.

3. Caso concreto – Las providencias cuestionadas

Se anticipa que la Sala confirmará la negativa del amparo, pues en las providencias cuestionadas no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia del juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia constitucional, según se pasa a exponer:Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01 8 3.1. El promotor dirige el amparo contra los autos que negaron dejar sin efecto la adjudicación del inmueble con matrícula n.º 001 -319704 y declararon bien denegada la apelación, sin embargo, en esencia, su inconformidad recae sobre la manera como los juzgados accionados interpretaron las normas que gobiernan la extinción de las obligaciones y la procedencia de la alzada.

El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín no repuso su decisión, porque la

las normas que gobiernan la extinción de las obligaciones y la procedencia de la alzada.

El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín no repuso su decisión, porque la dificultad para inscribir la adjudicación no afecta la validez ni la eficacia de una venta aprobada mediante providencia ejecutoriada, ni constituye a lguna de las causales de extinción de las obligaciones del artículo 1625 del Código Civil, a lo que añadió que cualquier discusión sobre la ineficacia de esa obligación debía ventilarse en un proceso declarativo.

Por su parte, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín declaró bien denegada la alzada, al estimar que el auto de 17 de febrero de 2025 no puso fin al proceso ni resolvió sobre medidas cautelares, de modo que no encajaba en los numerales 7 y 8 del artículo 321 del Código General del Proceso.

El actor, por el contrario, sostiene que los embargos sacaron el bien del comercio y que, ante la « pérdida de la cosa que se debe », no puede obligársele a transferirlo, y es esa lectura del ordenamiento la que pretende imponer por vía de tutela.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01 9 3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretende el tutelante es que el juez constitucional dirima una controversia de interpretación y aplicación de normas legales.

En efecto, sus reproches recaen sobre el alcance de los artículos 1625 y 1729 del Código Civil, la procedencia de la

controversia de interpretación y aplicación de normas legales.

En efecto, sus reproches recaen sobre el alcance de los artículos 1625 y 1729 del Código Civil, la procedencia de la apelación a la luz del artículo 321 del Código General del Proceso y los efectos de una venta forzada aprobada mediante providencia ejecuto riada, cuestiones todas de estricta legalidad que fueron definidas por el juez natural.

De donde se extrae que, no se debate aquí una cuestión que comprometa la interpretación o el alcance de la Constitución, sino la forma como las autoridades accionadas entendieron las normas civiles y procesales aplicables.

Que el actor haya planteado la misma tesis en la solicitud de 23 de julio de 2024, en la reposición, en la apelación, en la queja y ahora en la impugnación, confirma que el amparo se emplea como una instancia adicional para reabrir un debate agotado, cometido ajeno a la naturaleza de este instrumento iusfundamental.

A ello se suma que la controversia es de contenido estrictamente patrimonial y con efectos particulares, porque lo que persigue el actor, en últimas, es recuperar el inmueble que perdió en la subasta, aprovechando que la adjudicación aún no consta en el folio de matrícula.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01 10 Así se desprende de su solicitud de 23 de julio de 2024, en la que, además de la extinción de la « obligación de traditar», reclamó la «devolución de dineros y bienes» y el reconocimiento de frutos civiles «por despojo de inmueble desde 22 de junio 2021 hasta

en la que, además de la extinción de la « obligación de traditar», reclamó la «devolución de dineros y bienes» y el reconocimiento de frutos civiles «por despojo de inmueble desde 22 de junio 2021 hasta su restitución material», sin que haya alegado ni demostrado una situación de vulnerabilidad que torne ese interés en un asunto de subsistencia o dignidad.

A lo anterior no obsta la invocación de una supuesta denegación de justicia, cuya sola cita no confiere relevancia constitucional, porque los juzgados resolvieron la solicitud del ejecutado y la negaron al no existir norma que autorice dejar sin efecto una adjudicación en firme por las dificultades surgidas para su registro.

3.3. En segundo lugar, la consecuencia jurídica que se desprende de las providencias cuestionadas, esto es, la subsistencia de una adjudicación aprobada mediante providencia ejecutoriada y la inapelabilidad del auto que negó dejarla sin efecto, es la que el ordenamiento prevé para esta clase de controversias.

En efecto, según el artículo 455 del Código General del Proceso, «las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación», al paso que el artículo 321 de esa codificación enlista de manera taxativa los autos apelables, en ejercicio de la libertad de configuración que el artículo 31 de la Carta Política reconoce al legislador.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01 11 Entonces, esas determinaciones, contrastadas con la Constitución, no resultan por sí mismas lesivas de derecho fundamental alguno, pues no hacen más que extraer las

11 Entonces, esas determinaciones, contrastadas con la Constitución, no resultan por sí mismas lesivas de derecho fundamental alguno, pues no hacen más que extraer las consecuencias que el legislador dispuso para la firmeza de la venta forzada y para la procedencia de la alzada.

3.4. Y en tercer lugar, no se acredita una afectación desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto.

El actor contó con los medios de defensa que la ley prevé, pues formuló reposición, apelación y queja, y cada uno fue resuelto de manera motivada, a lo que se suma que las dificultades del registro las soporta la adjudicataria, quien defiende la eficacia d e la subasta y adelanta las gestiones para liberar el inmueble de los gravámenes.

Lo que subyace es una simple diferencia de criterio frente a la interpretación de las autoridades accionadas, a la cual el actor se limita a oponer la propia.

Insiste la Sala en que la mera invocación del debido proceso, sin demostración de una afectación desproporcionada, no confiere por sí sola relevancia constitucional a una controversia que sigue siendo legal, de modo que lo perseguido no es la guarda de un derecho fundamental, sino la apertura de una tercera instancia, cometido ajeno a la acción de tutela.

4. ConclusiónRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00725-01

12 En definitiva, como las decisiones cuestionadas no constituyen una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional, pues lo que en el fondo pretende el actor es anteponer su criterio al de las

12 En definitiva, como las decisiones cuestionadas no constituyen una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional, pues lo que en el fondo pretende el actor es anteponer su criterio al de las autoridades judiciales accionadas, y al carecer el asunto de relevancia constitucional, se confirmará el fallo impugnado, por las razones aquí expuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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