CSJ - STC20798-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20798-2026 Radicación n° 54001-22-13-000-2026-00337-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por Fabio Andrés Ortíz Ramírez, frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 14 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovi da contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad , trámite al que se vincularon las partes e intervinientes en el hipotecario, bajo radicado No. 1997-00463-00.

ANTECEDENTES

1.- El accionante busca la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso efectivo a la administración de justicia.Rad. n° 54001-22-13-000-2026-00337-01 2 2.- En síntesis, manifestó que la controversia se originó en un ejecutivo con garantía real promovido en su contra, cuyo conocimiento corresponde al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta. Indicó que, mediante auto del 21 de agosto de 2026, dicha autoridad negó la actualización del avalúo comercial elaborado en septiembre de 2024 por valor de $32.171.200.724 y concluyó que su vigencia anual debía contabilizarse desde el 19 de junio de 2026, fecha en la que

avalúo comercial elaborado en septiembre de 2024 por valor de $32.171.200.724 y concluyó que su vigencia anual debía contabilizarse desde el 19 de junio de 2026, fecha en la que se aceptó el desistimiento de los recursos interpuestos por el ejecutante contra la providencia que había acogido dicha valoración. A su juicio, ese desistimiento únicamente produjo la firmeza procesal de la decisión, sin que ello implicara una nueva revisión técnica ni la actualización económica del avalúo.

Expuso que, pese a la antigüedad material de la valoración y a las solicitudes formuladas para su actualización, el juzgado la mantuvo vigente sin practicar una nueva inspección, experticia o estudio de mercado. Sostuvo que la decisión incurrió en defecto sustantivo, motivación insuficiente, desconocimiento del precedente y exceso ritual manifiesto, al confundir la firmeza de la providencia con la vigencia económica del avalúo. En respaldo de sus argumentos, citó diversas providencias de esta Corporación , en especial la sentencia STC486 -2025, proferida dentro del mismo proceso, en la que se destacó la necesidad de que las ventas judiciales se sustenten en valores acordes con la realidad comercial de los bienes.Rad. n° 54001-22-13-000-2026-00337-01 3 Señaló que contra el auto del 21 de agosto de 2026 interpuso oportunamente recurso de reposición y, ante la negativa de conceder la apelación, formuló recurso de queja, mecanismos que aún se encuentran pendientes de decisión. No obstante, consideró necesar ia la intervención del juez

interpuso oportunamente recurso de reposición y, ante la negativa de conceder la apelación, formuló recurso de queja, mecanismos que aún se encuentran pendientes de decisión. No obstante, consideró necesar ia la intervención del juez constitucional ante la proximidad de la diligencia de remate, fijada para el 16 de octubre de 2026. Por ello, solicitó, como medida provisional, la suspensión exclusiva de dicha diligencia, mientras el despacho judicial emit e una nueva decisión en la que se analicen de manera diferenciada la firmeza procesal de la providencia, la revisión o impugnación del avalúo y su actualidad económica.

3.- Con fundamento en lo anterior, pretende que se ordene: i) «DEJAR SIN EFECTOS, en lo pertinente, el auto de 21 de agosto de 2026, respecto de la determinación que negó la actualización del avalúo y consideró que el término anual de vigencia debía comenzar a contabilizarse desde el 19 de junio de 2026»; ii) «ORDENAR al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta adoptar una nueva decisión debidamente motivada sobre la actualidad e idoneidad económica del avalúo, diferenciando la firmeza procesal de la providencia, el alcance de la revisión o impugnación del av alúo y la actualidad material de la valoración» y iii) «Como consecuencia del amparo, disponer que la diligencia de remate no se realice con fundamento en el avalúo cuestionado hasta que se adopte la nueva decisión ordenada por el juez constitucional».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

diligencia de remate no se realice con fundamento en el avalúo cuestionado hasta que se adopte la nueva decisión ordenada por el juez constitucional».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta informó que, conforme a lo expuesto por el accionante,Rad. n° 54001-22-13-000-2026-00337-01 4 mediante auto del 21 de agosto mantuvo la decisión adoptada el 19 de junio y concedió la apelación subsidiaria. Asimismo, fijó fecha para la diligencia de remate pendiente. Indicó que tales determinaciones fueron objeto de recursos de reposición y queja, actualmente en trámite.

Agregó que la acción de tutela carece de vocación de prosperidad, pues el actor pretende obtener, por vía constitucional, una valoración distinta respecto de la vigencia de los avalúos, asunto ya definido por el juez natural. Señaló que tal pretensión resu lta improcedente, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, que impide utilizar el amparo como una instancia adicional para controvertir la valoración probatoria o la interpretación jurídica efectuada por el funcionario competente.

2.- Recuperadora y Cobranzas S.A. – RYCSA, parte demandante en el proceso cuestionado, sostuvo que la tutela promovida por el actor es improcedente, debido a que dentro del asunto ejecutivo se encuentran pendientes de resolver los recursos de reposición y queja, circunstancia que evidencia que no se ha agotado la vía ordinaria. Afirmó, además, que el accionante pretende utilizar el resguardo como mecanismo

del asunto ejecutivo se encuentran pendientes de resolver los recursos de reposición y queja, circunstancia que evidencia que no se ha agotado la vía ordinaria. Afirmó, además, que el accionante pretende utilizar el resguardo como mecanismo dilatorio, conducta que —según indicó — ha desplegado durante 29 años mediante la formulación de recursos, objeciones y acciones temerarias.

Añadió que no existe vulneración de derecho fundamental alguno y que la tutela únicamente persigue impedir la diligencia de remate ya programada, razón por laRad. n° 54001-22-13-000-2026-00337-01 5 cual solicitó su rechazo de plano y la compulsa de copias por temeridad y mala fe.

3.- El Ministerio de Agricultura solicitó su desvinculación del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.- El accionante allegó escrito en el que precisó que la tutela no pretende revaluar el precio ni sustituir al juez natural, sino establecer jurídicamente si el desistimiento de los recursos puede generar un nuevo término anual de vigencia respecto de un avalúo elaborado en 2024, efecto que —afirmó— no se encuentra previsto en norma alguna ni fue justificado en el informe rendido por el juzgado. Asimismo, aclaró que el auto del 21 de agosto no concedió la apelación subsidiaria, como se indicó en la respuesta del despacho , y recordó que contra esa decisión se interpusieron los recursos de reposición y queja, aún pendientes de solución.

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta

recordó que contra esa decisión se interpusieron los recursos de reposición y queja, aún pendientes de solución.

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta estudió de fondo la acción de tutela promovida contra el auto del 21 de agosto de 2026. Explicó que, si bien se encontraban pendientes de resolución los recursos de reposición y queja, la proximidad de la diligencia de remate justificaba abordar el asunto, sin que ello implicara la procedencia automática del amparo.Rad. n° 54001-22-13-000-2026-00337-01 6 Tras examinar la motivación de la jueza accionada, concluyó que la decisión cuestionada era razonable, pues la firmeza del avalúo debía contabilizarse a partir del 19 de junio de 2026, fecha en la que se aceptó el desistimiento de los recursos interpuestos contra el auto del 27 de junio de 2025, de conformidad con los artículos 302 y 457 del Código General del Proceso.

Precisó que la jueza no actualizó el avalúo ni atribuyó efectos técnicos al desistimiento, sino que determinó correctamente el momento a partir del cual quedó en firme dicha valoración. Agregó que el accionante no aportó una nueva experticia que acreditara una variación sustancial en el valor de los inmuebles. En consecuencia, estimó que no se configuró una vía de hecho ni causal alguna de procedibilidad de la acción de tutela, razón por la cual denegó la salvaguarda solicitada.

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión, el gestor impugnó el fallo

configuró una vía de hecho ni causal alguna de procedibilidad de la acción de tutela, razón por la cual denegó la salvaguarda solicitada.

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión, el gestor impugnó el fallo que negó el amparo. Sostuvo que la sentencia no resolvió el problema sustancial planteado, consistente en determinar si un avalúo comercial elaborado en septiembre de 2024 puede considerarse vigente para una diligencia de remate prevista para octubre de 2026, por el solo hecho de que la providencia que lo acogió hubiera quedado ejecutoriada en junio de 2026. Afirmó que la firmeza procesal no sustituye el examen de la actualidad económica del avalúo y destacó que no se practicóRad. n° 54001-22-13-000-2026-00337-01 7 una nueva inspección ni se efectuó actualización técnica alguna.

Asimismo, cuestionó que el tribunal omitiera analizar la incidencia del artículo 316 del Código General del Proceso, relativo al desistimiento, y su relación con el artículo 457 ibidem, que regula la oportunidad para aportar un nuevo avalúo. Finalmente, invocó precedentes de esta Sal a en los que se ha resaltado la importancia de valorar la antigüedad material del avalúo y de procurar que el precio de los bienes se aproxime a su realidad económica.

CONSIDERACIONES

1.- De entrada, se advierte que la salvaguarda está llamada al fracaso y, por tanto, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia, pues la pretensión principal de Fabio Andrés Ortiz Ramírez es que se deje sin efectos el

1.- De entrada, se advierte que la salvaguarda está llamada al fracaso y, por tanto, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia, pues la pretensión principal de Fabio Andrés Ortiz Ramírez es que se deje sin efectos el auto del 21 de agosto de 2026, respecto de la decisión que negó la actualización del avalúo y consideró que el término anual de vigencia debía comenzar a contabilizarse desde el 19 de junio de 2026 y no concedió el recurso de apelación propuesto como subsidiario contra el auto del 19 de junio de este año.

No obstante, el amparo resulta prematuro, toda vez que contra la providencia del 21 de agosto se formularon recursos de reposición y queja, los cuales se encuentran en trámite. En consecuencia, corresponde al juez competente resolverlos y determinar si le asiste o no razón al tutelante.Rad. n° 54001-22-13-000-2026-00337-01 8

Por consiguiente, será dicho funcionario judicial quien deba pronunciarse sobre la controversia planteada, sin que la acción de tutela constituya el mecanismo idóneo para anticipar las decisiones que le corresponde adoptar.

Al respecto, ha sostenido esta Corte que:

(…) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de est a senda y las normas de orden público,

competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de est a senda y las normas de orden público, que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa» STC3650-2024.

2.- De acuerdo con lo reflexionado, se convalidará el veredicto confutado, pero por estas razones.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.Rad. n° 54001-22-13-000-2026-00337-01 9 Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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