CSJ - STC20805-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20805-2026 Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 15 de septiembre de 2026 proferida por la Sala F del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B, dentro de la acción de tutela promovida por LAGB, en nombre propio y en representación de su hijo EGG, contra SPFC, en su calidad de Fiscal 000 Y, extensiva al Juzgado A F de B , asunto al cual fueron vinculados los partícipes en el juicio de alimentos n.° 2019-00xxx.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de los menores de edad involucrados en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que seráRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 2 el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. La accionante, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, reclamó la protección de los derechos fundamentales a la « alimentación

de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. La accionante, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, reclamó la protección de los derechos fundamentales a la « alimentación equilibrada, educación, mínimo vital, vida digna, desarrollo integral, protección especial e interés superior del menor », que consideró vulnerados por las autoridades accionadas.

2. La promotora relató que el asunto guarda relación con el descuento de una cuota alimentaria dispuesta dentro del proceso n.° 2019 -00xxx adelantado ante el Juzgado A F de B, así como con ocasión de una queja que ella formuló contra SPFC por hechos concernientes a la determinación y descuento de la referida cuota alimentaria.

Indicó que acudió ante la Unidad Administrativa Especial de Justicia Y, entidad que, tras analizar la queja, le informó que los hechos atribuidos a SPFC, q uien se desempeñaba como Fiscal Y delegada ante el Juez Y de Conocimiento de O, no tenían relación con sus funciones judiciales. Añadió que, mediante auto de 16 de mayo de 2025, aquella Unidad planteó conflicto negativo de competencia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación y suspendió el trámite; posteriormente, por auto deRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 3 24 de junio de 2025, la Procuraduría remitió la queja al Comando de Personal del Ejército Nacional —COPER—.

De ese panorama derivó la lesión a las prerrogativas fundamentales invocadas toda vez que, en su concepto, tal remisión no resuelve de fondo la problemática, mientras que

Comando de Personal del Ejército Nacional —COPER—.

De ese panorama derivó la lesión a las prerrogativas fundamentales invocadas toda vez que, en su concepto, tal remisión no resuelve de fondo la problemática, mientras que «mi menor hijo continúa siendo afectado por las consecuencias económicas que se derivan del descuento de la cuota alimentaria, descuento que considero irregular y cuya legalidad solicito sea verificada por la autoridad competente». Agregó que «el valor que actualmente se descuenta por concepto de cuota alimentaria representa para nuestro núcleo familiar una afectación económica significativa, al punto de comprometer los recursos necesarios para cubrir adecuadamente las necesidades básicas de mi menor hijo y de los demás integrantes de la familia que dependen de estos recursos».

3. Por lo anterior, solicitó, en lo relevante, ordenar a SPFC y a las autoridades competentes abstenerse de realizar actuaciones que afectaran al menor; al Ejército Nacional, informar el estado de la queja; y a quien correspondiera, verificar la legalidad y el ajuste del descuento de la cuota alimentaria a la decisión judicial respectiva.

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado A F de B informó que conoce el proceso de alimentos n.° 2019-00xxx promovido por la aquí accionada, SPFC, contra EHGA. Explicó que recibió una demanda de exoneración y disminución de la cuota alimentaria, la cual inadmitió mediante auto de 3 de septiembre de 2026 para que se subsanaran las falenciasRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 4 advertidas. Afirmó que el asunto ha sido tramitado conforme

septiembre de 2026 para que se subsanaran las falenciasRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 4 advertidas. Afirmó que el asunto ha sido tramitado conforme al marco aplicable y que, de presentarse la subsanación, examinará las solicitudes formuladas. Solicitó negar el amparo.

2. SPFC manifestó que el descuento de alimentos cuestionado obedecía a la sentencia de 30 de octubre de 2023, proferida por el Juzgado A F de B dentro del proceso de aumento de cuota alimentaria promovido por ella contra EHGA, n.° 2019 -00xxx. Precisó que aquella providencia incrementó la obligación alimentaria en favor de su hija, MPGF, quien, según afirmó, cursa estudios universitarios y fue diagnosticada con trastorno del espectro autista sin deterioro intelectual. Sostuvo, además, que anteriormente se habían promovido acciones de tutela relacionadas con la misma controversia y solici tó negar el amparo y declarar la temeridad de la parte accionante.

3. La Fiscalía 000 Y de Conocimiento informó que su actual titular asumió el cargo el 25 de mayo de 2026. Señaló que los hechos expuestos en la tutela se relacionan con la determinación y el descuento de una cuota alimentaria dentro del proceso tramitado ante el Juzgado A F de B , materia ajena a las funciones ejercidas por SPFC como Fiscal

Y. Añadió que desconocía las actuaciones y decisiones adoptadas en torno a las quejas presentadas contra aquella.

En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite

materia ajena a las funciones ejercidas por SPFC como Fiscal

Y. Añadió que desconocía las actuaciones y decisiones adoptadas en torno a las quejas presentadas contra aquella.

En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 5

4. El Ministerio Público consideró que LAGB no estaba legitimada para controvertir las actuaciones surtidas en el proceso de alimentos adelantado contra EHGA, puesto que no es parte en él y su hijo no es el beneficiario de la cuota allí fijada. Agregó que se presentó una demanda de exoneración y disminución de cuota alimentaria, de modo que existe un mecanismo judicial en curso para debatir la obligación y la medida cautelar que la actora cuestiona. Por ello, pidió declarar improcedente la tutela frente al Juzgado A F de B y a la revisión de la medida cautelar.

5. El Juzgado C Civil del Circuito de B manifestó que no tiene injerencia ni competencia respecto de los hechos narrados ni de las órdenes pretendidas por la accionante.

Indicó que, al efectuar una consulta en el sistema de información judicial, advirtió la existencia de una tutela previa promovida por EHGA contra entidades vinculadas con la Justicia Y, relacionada con asuntos concernientes a MPGF.

6. El Ejército Nacional informó que el 17 de septiembre de 2026 comunicó a la accionante la contestación a su requerimiento. Precisó que, luego de consultar sus sistemas de información, no encontró registrada investigación disciplinaria contra SPFC por los hechos expuestos; agregó que sí figura una investigación penal

a su requerimiento. Precisó que, luego de consultar sus sistemas de información, no encontró registrada investigación disciplinaria contra SPFC por los hechos expuestos; agregó que sí figura una investigación penal ordinaria, cuyo trámite y estado afirmó desconocer por corresponder a la Fiscalía General de la Nación.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 6 Señaló que tampoco halló constancia de haber recibido, por remisión de la Procuraduría General de la Nación, la queja presentada contra la citada funcionaria, razón por la cual explicó que no se inició actuación disciplinaria. Añadió que, según su postura, la Dirección de Personal no tendría competencia territorial para conocer del asunto y que la queja presentada en octubre de 2024 había sido trasladada a la Unidad Administrativa Especial de Justicia Y, por estar relacionada con las funciones de la entonces Fiscal Penal Militar. Con fundamento en la respuesta suministrada, sostuvo que se configuró un hecho superado y solicitó abstenerse de continuar el trámite en su contra, ordenar el archivo de la actuación y su desvinculación.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala F del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B declaró improcedente la salvaguarda por el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad toda vez que « se echa de menos la documental que se anunció como prueba, en especial, la queja que la accionante asegura haber presentado en contra de la señora SPFC (…) no se acreditó la efectiva radicación/traslado de la referida queja », además de que « con el Juzgado A F y la señora SPFC, también

que la accionante asegura haber presentado en contra de la señora SPFC (…) no se acreditó la efectiva radicación/traslado de la referida queja », además de que « con el Juzgado A F y la señora SPFC, también accionados dentro de este asunto, como quiera que doña LAGB no demostró haber cursado escrito, directamente a cada uno de ellos, exponiéndoles la situación en la que funda la presente acción constitucional».

IMPUGNACIÓNRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 7 La interpuso la promotora reprochando, por un lado, que las respuestas advertían una irregularidad en torno a la queja que interpuso contra SPFC, por lo que «es necesario saber qué trámite se le dio a dicha queja, que ya va cumplir dos años de radicada» y, por otro, cuestionó nuevamente la cuota de alimentos señalado, entre otros, que la referida señora « está obteniendo un provecho económico disfrazado de cuota alimentaria, incurriendo en un abuso de posición dominante en contra de mí esposo».

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la promotora está actuando con temeridad y si se cumple el presupuesto de la subsidiariedad y, sólo de superarse lo anterior, se analizará si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas, conforme los reproches expuestos.

2. El artículo 86 de la Constitución Política consagró este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, ante el

expuestos.

2. El artículo 86 de la Constitución Política consagró este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.

3. En el asunto puesto a consideración , la Sala anuncia la ratificación del veredicto impugnado , pero en el sentido de advertir una actuación temeraria de laRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 8 accionante en lo relativo a sus cuestionamientos contra la cuota de alimentos decretada en el juicio n.° 2019 -00xxx y, en lo que respecta al trámite de la queja que dijo interponer, por incumplir el requisito de la subsidiariedad y no acreditar los supuestos de hecho alegados.

3.1. Para esta Sala resulta claro que la accionante plantea una controversia frente a la cuota de alimentos decretada en el juicio n.° 2019-00xxx mediante sentencia de 30 de octubre de 2023 por el Juzgado A F de B. Fíjese que en el escrito de tutela indica que considera dicho descuento «irregular» porque « representa para nuestro núcleo familiar una afectación económica significativa », por lo cual pide verificar su «legalidad, fundamento, origen y forma», así como determinar si «se encuentra ajustado a la decisión judicial correspondiente».

En consecuencia, se adviert e la improcedencia de la salvaguarda al revelarse una actuación temeraria de la

«legalidad, fundamento, origen y forma», así como determinar si «se encuentra ajustado a la decisión judicial correspondiente».

En consecuencia, se adviert e la improcedencia de la salvaguarda al revelarse una actuación temeraria de la actora, pues la censura elevada ya ha sido planteada con anterioridad, circunstancia que evidencia un abuso de este instrumento constitucional e impide reabrir nuevamente el debate. Recuérdese que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constitución el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo ob jeto. En relación con lo anterior, ha precisado esta Corporación:

(…) el abuso de este mecanismo especial de protección constitucional para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda laRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 9 sociedad e implica una pérdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010 -00, 3 de mayo de 2002), además que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra idéntica pretensión, pero a partir de la agregación de un “nuevo” derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohib ición legal de presentar dos o más peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al

fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohib ición legal de presentar dos o más peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petición anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171 -00, reiterada en STC9397-2019 y STC19448-2025).

En ese sentido, se advierte que en la acción de tutela con radicado n.° 2024-00xxx, dirigida contra el mismo Juzgado A F de B y cuya impugnación resolvió esta Sala en sentencia CSJ, STC5xxx-2024, 8 may. , se compendió la reclamación de la tutelante así:

En contra del esposo de la tutelante, E.H.G.A., se adelantó proceso de aumento de cuota alimentaria con respecto de la hija – menor de edad – M.P.G.F. por la demanda que promovió S.P.F.C., en calidad de madre y representante legal, asunto que correspondió conocer al Juzgado A F de B, con el consecutivo nº2019-00xxx.

Surtido el trámite respectivo, el estrado judicial emitió fallo en audiencia del 30 de octubre de 2023, en el que declaró impróspera la excepción innominada y aumentó la cuota alimentaria en la suma de $2.600.000, adicional cuotas

audiencia del 30 de octubre de 2023, en el que declaró impróspera la excepción innominada y aumentó la cuota alimentaria en la suma de $2.600.000, adicional cuotas solidarias y vestuario, para los meses de junio y diciembre.

De otro lado, E.H.G.A y L.A.G.O. tienen un hijo menor de edad de nombre E.G.G., así mismo la actora tiene otra hija, L.A.O.G., quien según registro civil, tiene actualmente18 años.

Como fundamento a la vulneración alegada, la promotora arguye que la determinación de la Juez fue « precipitada y arbitraria» en tanto lesiona su mínimo vital y el de su familia, porque E.H.G.A. «ha dejado de proveer para la manutención de la casa por dar cumplimiento a compromisos económicos adquiridos anteriormente, e incluso ha tenido que dejar de can celar algunos por esa fijación de cuota que reviste la calidad de un verdadero embargo» además discrepa el hecho de no haber sido tenida en cuenta como testigo y que en suRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 10 sentir «se desconoció el carácter de hija de crianza de L.A.O.G. respecto de E.H.G.A.».

3. En consecuencia, pretende que « SE ORDENE al Juzgado 18 F dejar sin ningún valor ni efecto la sentencia del 30 de octubre de 2023, y se profiera un nuevo fallo, teniendo en cuenta las pruebas decretadas que no se practicaron» y su «testimonio, respetando el debido proceso». (Se resalta). (Se resalta).

En esa oportunidad se confirmó la improcedencia del amparo por falta de legitimación por activa porque «aunque

decretadas que no se practicaron» y su «testimonio, respetando el debido proceso». (Se resalta). (Se resalta).

En esa oportunidad se confirmó la improcedencia del amparo por falta de legitimación por activa porque «aunque L.A.G.O. se queja del fallo de aumento de alimentos dictado en la contienda adelantada para ese fin, con radicado nº2019 -00xxx-00, refulge nítida su falta de participación, en tanto no fue parte (demandante o demandado) ni tercera reconocida, es más, no se observó que aquella hubiere acudido al proceso para enervar las inconformidades que ahora manifiesta, ni siquiera en procura de velar por los intereses de sus descendientes como en esta instancia pretende».

Aunado a lo anterior, la Sala también recordó que ese mismo reproche ya había sido conocido previamente por esta misma Corporación, en sentencia CSJ, STC 6xx-2024, 31 ene., se dijo que:

Aun de flexibilizar tal presupuesto, con ocasión de los derechos e intereses de sus hijos presuntamente comprometidos con el aumento de la cuota, tampoco saldría avante la protección constitucional, pues nótese que, con antelación el alimentante E.H.G.A. promovió una tutela (nº 2023 -01411) en la que pretendió, igualmente, la invalidación de la providencia emitida por el Juzgado A F, que ahora aquí censura su cónyuge, asunto que fue despachado desfavorablemente por el Tribunal a quo, y confirmada por parte de esta Corporación en sede de segunda instancia en sentencia STC6xx-2024 del 31 de enero del año cursante.

En esa oportunidad se calificó la razonabilidad de la

desfavorablemente por el Tribunal a quo, y confirmada por parte de esta Corporación en sede de segunda instancia en sentencia STC6xx-2024 del 31 de enero del año cursante.

En esa oportunidad se calificó la razonabilidad de la resolución cuestionada, de donde se coligió que el raciocinio del juzgador no fue subjetivo ni antojadizo:

«habida cuenta que se sustentó en criterios de proporcionalidad y de necesidad, y con el objetivo de que su descendiente pudiera centrarse en su desarrollo académico sin preocupaciones financieras excesivas,Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 11 lo que contribuirá, sin lugar a dudas, a su crecimiento y futuro profesional.

Así las cosas, esta reclamación deviene infundada por cuanto se dirige a censurar un proveído ajustado a derecho; con tal proceder se observa que el progenitor sólo demuestra la intención de hacer prevalecer su personal apreciación e interpretación frente al criterio del fallador de la causa, frente a lo cual se enfatiza que, de accederse a ello, tal situación convertiría la tutela en un recurso adicional y por ende contrario a su carácter residual y subsidiario.

De igual modo, el haber la Juzgadora desistido de unas pruebas decretadas de oficio no luce como arbitrario o caprichoso como lo ha querido ver el accionante, pues no puede desconocerse que el administrador de justicia, en ejercicio de sus atribuciones leg ales, tiene entera libertad para aplicar al asunto sus razonamientos probatorios o para separarse de ellos, a fin de aclarar el supuesto fáctico materia de debate, sin incurrir, desde luego, en una desviación

tiene entera libertad para aplicar al asunto sus razonamientos probatorios o para separarse de ellos, a fin de aclarar el supuesto fáctico materia de debate, sin incurrir, desde luego, en una desviación del ordenamiento legal. Finalmente, resulta importante destacar que el argumento del pretensor». (Se resalta).

De manera que, nótese, la tutela cotejada concuerda con la actual en los puntos cardinales que las motivan, concretamente en los fundamentos fácticos, y pese a que podrían diferir sutilmente en la forma de exponerlos, se puede concluir que se constituye una equivalencia de acciones que estructuran el presupuesto de improcedencia que viene advirtiéndose, sumado a que, tampoco se vislumbra acontecimiento o circunstancia sobreviniente que, eventualmente, amerite un nuevo pronunciamiento del juez constitucional. Al respecto, se advierte que la interposición de nuevos recursos o solicitudes que insistan en revivir un debate jurídico ya resuelto por una autoridad judicial, no configuran hechos nuevos que habiliten el estudio de otra salvaguarda constitucional; ni siquiera, como ocurrió en el presente caso, la interposición de quejas contra un funcionario judicial.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 12 Así las cosas, a ninguna otra conclusión puede arribarse, en tanto que, ciertamente, la vigente demanda reviste las identidades subjetivas, objetivas y causales que evidencian el indebido ejercicio del resguardo, de donde surge nítida la improcedencia de las posteriores actuaciones de similar naturaleza, como quiera que:

(…) admitir tal proceder implicaría que cada actuación judicial

evidencian el indebido ejercicio del resguardo, de donde surge nítida la improcedencia de las posteriores actuaciones de similar naturaleza, como quiera que:

(…) admitir tal proceder implicaría que cada actuación judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, adlibitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separación éste pudiera entablar un amparo, lo cual contraría totalmente la prohibición de reiterarlo, pues, en verdad no está justificando la repetición, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas . (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01, citada en STC20164-2017 y STC92962025).

3.2. En lo que respecta a la supuesta irregularidad en el trámite de una queja que ella interpuso contra SPFC, relacionada con la cuota alimentaria, se advierte, preliminarmente, que no se acreditaron los supuestos fácticos alegados, a saber, no se aportó prueba de que se haya radicado la referida queja. Además, el Ejército Nacional rindió informe indicando que no ha recibido la queja señalada.

Sobre la especial carga del actor de acreditar la vulneración de sus prerrogativas fundamentales, esta Corporación ha sostenido que para la prosperidad del amparo «no basta con que el accionante señale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o están amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicasRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 13

derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o están amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicasRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 13 o de los particulares en los casos previstos en la ley» (CSJ, STC37642021, reiterada en STC1035-2023). En similar sentido, se ha dicho que la prosperidad del resguardo se condiciona a:

el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quizás el primero y más elemental, la existencia cierta del agravio, lesión o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervención del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un mínimo de demostración en cuanto a la vulneración que afecta los derechos que se quieren proteger , pues si no son objeto de ataque o coacción, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (CSJ, STC8053-2019, reiterada en STC2038-2023).

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que cualquier reclamo en torno al trámite de la queja que dijo haber interpuesto debe elevarl o a las autoridades que considere pertinentes. Como no acreditó haberlo hecho, no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en el asunto.

4. En definitiva, se ratificará el fallo impugnado, pues la queja constitucional resulta, por un lado, temeraria y, por otro, incumple el presupuesto de la subsidiariedad.

DECISIÓN

4. En definitiva, se ratificará el fallo impugnado, pues la queja constitucional resulta, por un lado, temeraria y, por otro, incumple el presupuesto de la subsidiariedad.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por los motivos indicados.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02070-01 14

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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