CSJ - STC20808-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20808-2026 Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el pasado 16 de septiembre por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas , dentro de la tutela promovida por GH MIL S.A.S. contra el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa , trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes del ejecutivo rad. n.° 2022-00148.

ANTECEDENTES

1. La accionante, a través de apoderado, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

2. En síntesis, expuso que en el proceso ejecutivo para para la efectividad de la garantía real de Néstor Rodolfo Pérez Torres en contra de Adriana del Socorro Murillo Franco el juzgado accionado aprobó la liquidación del crédito en $179’759.605,91 (29 nov. 2023), agotadas las etapas de embargo, secuestro y avalúo, se aprobó éste último en $208’800.000.oo, y por auto del 25 de marzo de 2026, fijó

$179’759.605,91 (29 nov. 2023), agotadas las etapas de embargo, secuestro y avalúo, se aprobó éste último en $208’800.000.oo, y por auto del 25 de marzo de 2026, fijó fecha para la diligencia de remate y postura admisible el 70% del avalúo $146’160.000,oo.

Sostuvo que en la audiencia de remate celebrada el 31 de agosto pasado, presentó postura superior a la base de licitación, por cifra de $147’700.000.oo; sin embargo, e l demandante como acreedor hipotecario, también presentó una por cuenta de su crédito en suma de $160’000.000,oo, la que a su juicio, no alcanza el 100% del avalúo del bien $208.800.000); además, es inferior al monto total de la liquidación de crédito aprobada por el propio juzgado.

Señaló que en esa diligencia objetó la postura del acreedor antes de la adjudicación, al estimar que, por tratarse de un proceso de efectividad de garantía real, este debía licitar por el 100 % del avalúo y, si su crédito era inferior, consignar la diferencia en dinero, conforme al numeral 5.º del artículo 468 del CGP y al criterio jurisprudencial invocado (STC2136-2019); empero, el juzgado de manera adversa no tuvo en cuenta su criterio y adjudicó el inmueble al ejecutante por $160’000.000.oo, al considerar inaplicable el precedente citado, que no se había anunciado la persecución exclusiva del bien y que el créditoRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

considerar inaplicable el precedente citado, que no se había anunciado la persecución exclusiva del bien y que el créditoRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

era inferior al avalúo; decisión recurrida en reposición en esa misma vista pública por la actora, el cual, se mantuvo por no encontrar yerro en su determinación y tratarse de la recurrente de un tercero ajeno al proceso.

Reprochó que en las decisiones adoptadas en la diligencia de remate, se incurrió en vías de hecho por defectos, sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente; en mayor medida, porque en su criterio se aplicó indebidamente el régimen general de postura del 70% en lugar de exigir al acreedor hipotecario el 100% del avalúo, con base en la interpretación del numeral 5 ° del artículo 468 C.G.P. y en dicho sentido se desatendió sin justificación el precedente STC2136 -2019 de esta Corporación; además, se le negó injustificadamente su intervención en el proceso como postora interesada, al rechazar su legitimación para cuestionar las presuntas irregularidades del remate.

3. Por lo anterior , tras pedir se deje sin efectos los proveídos expedidos en audiencia de remate del 31 de agosto de esta anualidad, esto es, el que adjudicó el inmueble objeto del remate y el que que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra; exigió se le ordenara a la autoridad criticada expedir uno nuevo que «(i) reconozca la legitimación de GH MIL S.A.S., en su calidad de postor, para objetar irregularidades en

interpuesto en su contra; exigió se le ordenara a la autoridad criticada expedir uno nuevo que «(i) reconozca la legitimación de GH MIL S.A.S., en su calidad de postor, para objetar irregularidades en la diligencia de remate, conforme a los artículos 452 y 455 del C.G.P.; y (ii) resuelva de fondo la objeción formulada, aplicando el artículo 468 numeral 5 del C.G.P. conforme a la interpretación fijada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia STC21362019, valorando en consecuencia si la postura de $160.000.000 delRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

acreedor demandante cumple o no el estándar legal del 100% del avalúo (o, en su defecto, la consignación de la diferencia respectiva), y si, ante su inadmisibilidad, corresponde declarar ganadora la postura de GH MIL S.A.S. por $147.700.000».

RESPUESTA DEL ACCIONADO

El Juzgado Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de La Mesa envió el enlace del proceso ejecutivo n.° 2022-00148.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas negó la salvaguarda tras descartar la irrazonabilidad de la providencia cuestionada.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la gestora en reiteración de sus argumentos iniciales ; agregando ahora, la presunta configuración de un defecto fáctico en la providencia del a quo constitucional, porque habría dado por probado, sin

IMPUGNACIÓN

La interpuso la gestora en reiteración de sus argumentos iniciales ; agregando ahora, la presunta configuración de un defecto fáctico en la providencia del a quo constitucional, porque habría dado por probado, sin respaldo en el expediente, que la ejecución no se limitó al inmueble hipotecado, pese a que el proceso fue tramitado exclusivamente bajo el artículo 468 del Código General del Proceso.Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

Finalmente, resaltó la discusión en esta acción no corresponde a una divergencia de criterios, dado que «[h]ay un hecho supuesto que el expediente niega; una norma cuyo texto regula el caso en sentido contrario al decidido; una interpretación de esa norma que la Sala de Casación Civil ya declaró contraria a su literalidad; y un cargo que ningún juez ha examinado. Cuando la "razonabilidad" de una decisión se sostiene únicamente en un hecho inexistente, la deferencia al juez natural deja de tener objeto».

CONSIDERACIONES

1. Circunscritos a la impugnación, corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda de tutela satisface los presupuestos de legitimación y relevancia constitucional, y, de superarse lo anterior, si el Juzgado Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de La Mesa vulneró las garantías fundamentales aquí invocadas, al adjudicar en remate el inmueble objeto del proceso ejecutivo n.° 2022-00148 en la diligencia de 31 de agosto de 2026, incurriendo con ello en vías de hecho.

2. La acción de tutela es un mecanismo particular

proceso ejecutivo n.° 2022-00148 en la diligencia de 31 de agosto de 2026, incurriendo con ello en vías de hecho.

2. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales, de carácter residual y subsidiario. La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii ) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (ii i) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv ) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.

(CC, C-590/05 y SU-813/07).

requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.

(CC, C-590/05 y SU-813/07).

3. Examinada la queja constitucional, la Sala ratificará el fallo de primera instancia, pero porque la accionante no está legitimad a para debatir por esta vía excepcional las determinaciones que reprocha; además, en caso de rehuirse tal presupuesto, la discusión no franquea el umbral de la relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

4. Legitimación en la causa por activa.

En relación con la legitimación para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que

podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

Sobre el alcance del precepto legal en mención, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:

la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales

la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii ) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C. C. ST-878 de 2007; reiterada entre otras en STC16275 -2021,

STC12868-2023 y STC13679-2026).

5.- Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la

la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue "(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera insta ncia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces" (CC SU -573 de 2019, SU -128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional "protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales" , de suerte que, para

las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales" , de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales" (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio . En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se , la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, sino en estrecha relación con los demás presupuestos generales de procedibilidad; con todo, superados en este caso la subsidiariedad e inmediatez, el examen se concentra en la relevancia constitucional, cuya ausencia, según pasa a exponerse, impide la improcedencia del amparo.

6. Caso concreto

la subsidiariedad e inmediatez, el examen se concentra en la relevancia constitucional, cuya ausencia, según pasa a exponerse, impide la improcedencia del amparo.

6. Caso concreto

6.1. Como ya se enunció la promotora expone reparos generales frente a las actuaciones surtidas recientemente en la diligencia de remate llevada a cabo el pasado 31 de agosto en el ejecutivo n.° 2022-00148; principalmente, su disenso es con el hecho de no haberse tenido en cuenta su postura en esa audiencia para el remate y, por ende, haberse adjudicado el bien a favor del ejecutante; además, porque en su criterio, no se le tuvo en cuenta sus reparos al indicárseleRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

que carecía de legitimación en la causa por activa en ese proceso.

No obstante, tales quejas deben desestimarse, habida cuenta que tal como quedó probado con lo antes narrado, GH MIL S.A.S. no es parte ni tercero con interés reconocido en la litis cuestionada, circunstancia que descarta su legitimación para refutar por esta extraordinaria vía las demás decisiones allí expedidas.

En relación con la legitimación para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional y cuestionar decisiones judiciales, esta Sala ha sostenido que:

(…) cualquier actuación, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel trámite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes

(…) cualquier actuación, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel trámite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes allí participaron como partes; contrario sensu, carece de atribución para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuación judicial, quien allí no tuvo la calidad de sujeto procesal . (CSJ, STC12873-2018, reiterada en STC2680-2023; se resalta).

De manera similar, ha precisado que:

(…) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en él se enfrentan, impetrar la acción de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues está claro que esas determinac iones sólo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales están facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando además de verificarse la conculcación de sus garantías fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentroRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

del trámite no lograron que éstas fueran protegidas por el director del proceso, a través de los medios ordinarios consagrados en la ley. (CSJ, STC4993-2018, citada en STC11419 -2022; negrilla adrede).

6.2. En caso de soslayarse lo anterior , en l a determinación cuestionada no se advierte irregularidad

ley. (CSJ, STC4993-2018, citada en STC11419 -2022; negrilla adrede).

6.2. En caso de soslayarse lo anterior , en l a determinación cuestionada no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia del juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia constitucional ; pues (i) tal como se delimitaron lo reproches de la gestora, en el fondo, su inconformidad recae sobre la manera como el Tribunal, ponderó y evaluó e l material probatorio y la s normas que regulan lo atinente al remate en procesos ejecutivos, es decir, en realidad pretende la promotora que, el juez constitucional dirima una controversia de aplicación de normas legales (Num. 5°, art. 468 del CGP) y apreciación del acervo probatorio; y (ii) No se debate aquí una cuestión que comprometa la interpretación o el alcance de la Constitución, sino la forma como la autoridad accionada ponderó la prueba y adjudicó el inmueble objeto de remate en el proceso censurado, tomando en cuenta la primera postura del ejecutante; por lo que, los motivos del escrito tutelar bus can un pronunciamiento de esta Corporación sobre sus argumentos expuestos ahora en este escenario excepcional, lo que valida que el amparo se emplea como una instancia alternativa para reabrir un debate agotado, cometido ajeno a la naturaleza de este instrumento iusfundamental.

Refuerza ello, el hecho que la determinación refutada, contrastada con la C onstitución Política, no resulta por síRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

instrumento iusfundamental.

Refuerza ello, el hecho que la determinación refutada, contrastada con la C onstitución Política, no resulta por síRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

misma lesiva de derecho fundamental alguno y, la consecuencia jurídica que se desprende de ella, esto es, la adjudicación del bien raíz al allá demandante, es la que el ordenamiento prevé para esta clase de controversias, siempre que cumpla con el debido proceso y los derechos de las partes e involucrados, tal como se desprende de la actuación.

A lo anterior no obsta la invocación de la sentencia STC2136-2019, cuya sola cita no confiere relevancia constitucional, pues debía demostrarse su directa aplicación al caso concreto; máxime cuando se gest ó en una acción constitucional, es decir, surte efectos inter partes por haberse emitido en sede de tutela y dadas las características especiales que allí se debatieron. Luego, subyace es una simple diferencia de criterio s frente a la interpretación motivada de la autoridad accionada, a la cual la actora se limita a oponer la propia.

Con todo, la gestora tampoco acreditó una afectación desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto ; toda vez que, no se demostraron los requisitos del perjuicio irremediable, único evento que permitiría flexibilizar el requisito de la relevancia constitucional echado de menos, en caso de confluir sus puntuales exigencias. A saber, no acreditó los supuestos que la jurisprudencia constitucional exige, para que ese perjuicio

evento que permitiría flexibilizar el requisito de la relevancia constitucional echado de menos, en caso de confluir sus puntuales exigencias. A saber, no acreditó los supuestos que la jurisprudencia constitucional exige, para que ese perjuicio sea inminente, grave, urgente e impostergable, y que su configuración se demuestre con elementos concretos (CSJ, STC14223-2026), sin que basten las afirmaciones sobre el presunto quebranto de prerrogativas fundamentales.Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00715-01

7. Lo consignado, sin más, implica convalidar el fallo opugnado; empero, por los motivos antes expuestos.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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