CSJ - STC20810-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20810-2026 Radicación n.º 20001-22-14-000-2026-00312-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia del 23 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acción de tutela promovida por Oneider Antonio Lara Misal contra los Juzgados Civil del Circuito de Chiriguaná y Primero Promiscuo Municipal de Curumaní, trámite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el ejecutivo de n.° 2017-00026-00/01.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , «defensa y contradicción», igualdad procesal y acceso efectivo a laRadicación n.º 20001-22-14-000-2026-00312-01

2 administración de justicia, presuntamente vulnerado s por las autoridades judiciales convocadas.

2. En síntesis, señaló que el Banco de Occidente S.A. promovió en su contra proceso ejecutivo con fundamento en una garantía hipotecaria constituida sobre un inmueble de su propiedad , asunto que correspondió por reparto al

Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Curumaní.

Sostuvo que, dentro de dicho trámite, se llevó a cabo la

una garantía hipotecaria constituida sobre un inmueble de su propiedad , asunto que correspondió por reparto al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Curumaní.

Sostuvo que, dentro de dicho trámite, se llevó a cabo la diligencia de remate, la cual culminó con la adjudicación del inmueble en favor de Juan Carlos Castrilon . Agregó que, en su criterio, y de acuerdo con el avalúo aportado por la ejecutante del que tuvo conocimiento, el valor ofrecido en la referida diligencia fue considerablemente inferior al valor real del inmueble.

Reseñó que elevó incidente de nulidad al considerar que no fue notificado debidamente dentro del proceso, solicitud que se negó por el juzgado de conocimiento mediante auto del 15 de mayo de 2024 , negativa que posteriormente fue confirmada por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná en providencia del 5 de septiembre de 2024.

3. Acude al presente amparo por considerar vulneradas sus prerrogativas fundamentales a partir de la decisión que aprobó el avalúo del inmueble dado en garantía. Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos «la aprobación del avalúo y las actuaciones posteriores que dependan de ella », en consecuencia, que se ordene al estrado judicial convocado « rehacer laRadicación n.º 20001-22-14-000-2026-00312-01

3 actuación afectada garantizando una valoración idónea orientada a establecer razonablemente el precio real del inmueble y asegurando los derechos de contradicción y defensa de todas las partes e intervinientes».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

establecer razonablemente el precio real del inmueble y asegurando los derechos de contradicción y defensa de todas las partes e intervinientes».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Curumaní solicitó denegar el amparo, advirtió que la actuación a partir de la cual el tutelante estima vulnerados sus derechos fundamentales se emitió hace más de 8 años, sin que en aquella oportunidad haya presentado la oposición que aquí pretende, pues en providencia del 17 de octubre de 2018 se corrió traslado al ejecutado del avalúo allegado por la ejecutante, término que venció sin reparos, por lo que en providencia del 29 de mayo de 2019 el inmuebl e finalmente fue adjudicado.

2. El Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná defendió la legalidad de sus decisiones al interior del proceso ejecutivo, reseñó que a través de providencia del 5 de septiembre de 2024 confirmó la negativa a la nulidad propuesta por el pretensor.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala de Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar declaró la improcedencia de la salvaguarda por el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez . Relievó que desde la decisión del 5 deRadicación n.º 20001-22-14-000-2026-00312-01

4 septiembre de 2024 a través de la cual el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná confirmó la negativa a la nulidad propuesta por el ejecutado, han transcurrido cuando menos

4 septiembre de 2024 a través de la cual el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná confirmó la negativa a la nulidad propuesta por el ejecutado, han transcurrido cuando menos dos años sin ninguna gestión del interesado. Así las cosas, es evidente la injustificada tardanza del accionante en acudir a este mecanismo constitucional, desvirtuando la urgencia que justifica su procedencia.

IMPUGNACIÓN

La interpuso el accionante, señaló que no desconoce que el avalúo presentado «fue puesto en traslado y no fue objetado oportunamente», sin embargo, insiste en que se estudie de fondo si «la valoración utilizada para realizar judicialmente el inmueble pudo producir una afectación constitucional material que trascienda una simple discrepancia económica o una objeción ordinaria omitida».

CONSIDERACIONES

1. El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la inmediatez, con el que se busca impedir que se desnaturalice el trámite de la tutela, en tanto la protección que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneración o amenaza actual.

Al respecto, ya se encuentra decantado que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuación que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, como lo ha dicho esta Sala:Radicación n.º 20001-22-14-000-2026-00312-01

5 En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política,

5 En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses. (CSJ, STC, 29 abr 2009, rad. 2009 -00624-00, recientemente en STC17149-2025).

Este presupuesto adquiere relevancia cuando la censura se circunscribe a una providencia judicial y su análisis requiere mayor rigor, ya que lo que eventualmente se desvirtuaría serían principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y de contera la autonomía e independencia judicial. Esa es la postura reiterada de esta

Corte:

En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo

independencia judicial. Esa es la postura reiterada de esta

Corte:

En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente , en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de terceros . (CSJ, STC10554-2018 reiterando STC12196-2014).

2. Anuncia la Sala que ratificará la improcedencia del amparo tal como lo concluyó el fallo de primer grado, porRadicación n.º 20001-22-14-000-2026-00312-01

6 incumplimiento del principio de la inmediatez , por los motivos que a continuación se exponen.

2.1. En el asunto, el promotor afirma que en el ejecutivo n.° 2017-00026-00 se vulneraron sus derechos fundamentales, motivo por el cual acude al presente amparo pretendiendo que se dejen sin efectos las decisiones emitidas dentro del proceso, a partir de la providencia del 7 de noviembre de 2018, en la cual, previo a realizar la diligencia de remate y el traslado correspondiente al ejecutado, se aprobó el avalúo del bien inmueble allegado por la parte ejecutante.

Ahora bien, la salvaguarda constitucional fue presentada el 11 de septiembre de 2026, es decir que, la acción constitucional se interpuso más de 7 años después de proferida la decisión a partir de la cual alega la

Ahora bien, la salvaguarda constitucional fue presentada el 11 de septiembre de 2026, es decir que, la acción constitucional se interpuso más de 7 años después de proferida la decisión a partir de la cual alega la vulneración de sus garantías fundamentales, por lo que pronto se advierte la desatención del referido presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela , comoquiera que, si el pretensor consideraba que dicha determinación transgredía sus prerrogativas, debió acudir al resguardo de manera tempestiva, pero no lo hizo dentro del término señalado como prudente por la jurisprudencia constitucional, conforme los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

2.2. La desatención de este presupuesto también se pregona de la providencia de 5 de septiembre de 2024 emitida por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, mediante la cual confirmó la negativa a la solicitud deRadicación n.º 20001-22-14-000-2026-00312-01

7 nulidad elevada por el tutelante dentro del trámite ejecutivo, pues tampoco se encuentra dentro del término de seis meses para la interposición de la acción de tutela, el cual venció el 5 de marzo de 2025.

3. Téngase en cuenta que, en algunos casos se ha flexibilizado el requisito de inmediatez, sin embargo, ello solo puede obedecer, entre otras, a la existencia de un motivo válido que justifique la inactividad del accionante para activar la jurisdicción constitucional. Al respecto ha indicado

la Corte:

Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del

válido que justifique la inactividad del accionante para activar la jurisdicción constitucional. Al respecto ha indicado la Corte:

Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acción, la Corte ha establecido los siguientes criterios: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii ) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición . (CSJ, STC 39492021).

En el sub-lite, la Sala no encuentra que las manifestaciones realizadas por el promotor permitan evidenciar alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del mentado presupuesto, por lo que se releva a esta particular justicia de ahondar en análisis de otras temáticas , como la juridicidad de las decisiones criticadas, examen que sin dudaRadicación n.º 20001-22-14-000-2026-00312-01

8 está condicionado a la superación del referido requisito temporal.

4. En definitiva, como se superó el término considerado como prudencial para acudir a la salvaguarda, ese sólo criterio resulta suficiente para ratificar la improcedencia del amparo.

temporal.

4. En definitiva, como se superó el término considerado como prudencial para acudir a la salvaguarda, ese sólo criterio resulta suficiente para ratificar la improcedencia del amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación, pero por el motivo señalado.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARadicación n.º 20001-22-14-000-2026-00312-01

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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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