CSJ - STC20812-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20812-2026 Radicación nº 11001-22-10-000-2026-02095-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de AAA el 17 de septiembre de 20 26, dentro de la acción de tutela promovida por G.C.G., contra el Juzgado 000 de Familia de AAA, trámite al cual fueron vinculados la Comisaría 2ª de Familia de BBB y los intervinientes en el trámite de medida de protección con radicado nº 2025-00000 (MP 000-2025 R.U.G. nº 000-2025).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

Como medida de protección a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicación de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que losRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 2 datos e información que permita su identificación, en procura de lo cual se elaborará otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresión, que será el publicable para todos los efectos correspondientes1.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, a través de apoderad o, invoc ó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso ,

de igual tenor, pero con tal supresión, que será el publicable para todos los efectos correspondientes1.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, a través de apoderad o, invoc ó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso , acceso a la administración de justicia, contradicción, defensa, dignidad y libertad de expresión y locomoción , presuntamente vulnerados por la agencia judicial convocada.

2. Del escrito inicial y los anexos se extrae en síntesis

que:

2.1. El 30 de julio de 2025 , la Comisaría 000 de Familia de BBB impuso medida de protección definitiva a favor de M.L.R.P. y en contra de G.C.G. (aquí accionante).

El 16 de diciembre de 2025, la denunciante presentó un incidente de segundo incumplimiento a la medida de protección, aduciendo la ocurrencia de hechos entre el 11 y el 15 de diciembre de 2025 y anexos referidos a fechas anteriores.

El 10 de febrero de 2026 , el accionante rindió diligencia de descargos ante la Comisaría de Familia,

1 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ - Sala de Casación Civil.Rad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 3 negando las agresiones atribuidas y exponiendo aspectos relativos al bienestar y educación de su menor hija.

El 26 de febrero de 2026, la Comisaría 000 de Familia de BBB profirió resolución mediante la cual declaró probado el segundo incumplimiento e impuso sanción de treinta (30) días de arresto.

El 26 de febrero de 2026, la Comisaría 000 de Familia de BBB profirió resolución mediante la cual declaró probado el segundo incumplimiento e impuso sanción de treinta (30) días de arresto.

El 6 de agosto de 2026, el Juzgado 000 de Familia de AAA confirmó en grado de consulta la resolución del 26 de febrero de 2026.

El 13 de agosto de 2026, el accionante presentó solicitud de aclaración, adición y complementación frente a la providencia de consulta, requiriendo además la autorización de cumplimiento domiciliario de la sanción de arresto.

El 25 de agosto de 2026, el juzgado resolvió la petición aclarando la delimitación temporal de valoración y negando las pretensiones de adición probatoria y arresto domiciliario.

2.2. El accionante acudió a la salvaguarda para cuestionar principalmente la determinación proferida en sede jurisdiccional de consulta de sanción por incumplimiento a medida protección por el Juzgado 000 de Familia de esta capital, que ratificó la imposición de 30 días de arresto en su contra.Rad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 4 Criticó la valoración probatoria efectuada por el juzgado, expuso que incurrió en defecto fáctico al apreciar los elementos de convicción de manera descontextualizada e imputar hechos extemporáneos del 11 de enero de 2026, respecto de los cuales no tuvo oportunidad de rendir descargos, dado que la denuncia del incidente se limitaba a eventos ocurridos hasta el 16 de diciembre de 2025.

respecto de los cuales no tuvo oportunidad de rendir descargos, dado que la denuncia del incidente se limitaba a eventos ocurridos hasta el 16 de diciembre de 2025. Adicionalmente, censuró la falta de incorporación digital de las carpetas de pruebas de ambas partes en el expediente judicial.

Respecto al contexto del conflicto familiar y las defensas planteadas, indicó que el juzgado restó idoneidad probatoria a la denuncia penal radicada por las amenazas de muerte recibidas desde el teléfono celular de la incidentante y a las discrepancias sob re la elección del centro educativo de la menor de edad. Asimismo, señaló que se omitió analizar el uso abusivo e instrumental de los mecanismos de protección a la mujer promovido por la denunciante.

En cuanto a la sanción privativa de la libertad, argumentó que la decisión de confirmación se sustentó únicamente en la extracción descontextualizada de dos palabras de sus comunicaciones «muerte y cárcel ». De igual manera, reprochó la negativa de autorizar el cumplimiento del arresto en modalidad domiciliaria, argumentando que la reclusión intramural le impedía laborar y proveer los alimentos de su menor hija.Rad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 5

3. Por lo anterior, pidió que, se deje sin efecto la providencia recriminada, y en consecuencia, se levante la sanción impuesta por la Comisaría de Familia que tramitó el incidente respecto del proceso de medida de protección cuestionado.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado 000 de Familia de AAA relató que la

incidente respecto del proceso de medida de protección cuestionado.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado 000 de Familia de AAA relató que la Comisaría tramitó el segundo incidente por hechos de violencia psicológica e intimidación acaecidos entre octubre de 2025 y enero de 2026, los cuales motivaron la resolución del 26 de febrero de 2026 que impuso treinta días de arresto, decisión confirmada el 6 de agosto de 2026 en consulta tras «una valoración sana y conjunta de los mensajes de WhatsApp, el testimonio de la promovente y el dictamen psicológico de la menor de edad».

Adicionalmente, precisó que en auto del 25 de agosto de 2026 aclaró que el período valorado comprendió de octubre de 2025 a enero de 2026 y negó la incorporación de un audio del 11 de enero de 2026 por resultar extemporánea para reabrir el debate probatorio. Asimismo, just ificó la negativa de otorgar la sustitución por arresto domiciliario en la prevalencia del interés superior de la niñez y en la efectividad de las medidas de protección contra la violencia intrafamiliar.

2. La Comisaría 000 de Familia de BBB manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda señalando que elRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 6 trámite del incidente garantizó el debido proceso, la contradicción y la publicidad. Aclaró que la actuación correspondía a la medida de protección MP 000-2025, acató la medida provisional de suspensión y resaltó que la sanción

6 trámite del incidente garantizó el debido proceso, la contradicción y la publicidad. Aclaró que la actuación correspondía a la medida de protección MP 000-2025, acató la medida provisional de suspensión y resaltó que la sanción de arresto fue impuesta en estricto cumplimiento de la ley ante la reincidencia en el incumplimiento de las órdenes de abstención, previa confirmación judicial en consulta.

3. El Procurador 000 Judicial II de Familia coadyuvó la demanda tutelar, pues consideró que no se acreditaron actos de violencia intrafamiliar ni desacato a las medidas de protección que justificaran la imposición de una sanción de arresto, sino «meros desacuerdos en el manejo del hogar y la escolaridad de la menor de edad ». Agregó que la decisión sancionatoria careció de certeza probatoria sobre las conductas reprochadas, solicitando la amparo de las garantías procesales del accionante.

4. La Defensora de Familia adscrita al Juzgado 000 de Familia solicitó su desvinculación de la acción constitucional, aduciendo que la controversia no derivó de procedimientos de restablecimiento de derechos ni de funciones del Código de la Infancia y la Adolescencia, sino de un trámite administrativo y s ancionatorio de violencia intrafamiliar.

5. M.L.R.P., vinculada, solicitó negar el amparo y mantener la sanción de arresto, manifestando que la medida de protección y sus incumplimientos «responden a un patrón

intrafamiliar.

5. M.L.R.P., vinculada, solicitó negar el amparo y mantener la sanción de arresto, manifestando que la medida de protección y sus incumplimientos «responden a un patrón persistente e ininterrumpido de violencia psicológica, acoso eRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 7 intimidación». Afirmó que durante el trámite incidental se respetaron los derechos de defensa y contradicción del accionante, quien ejerció libremente sus descargos y aportó pruebas ante las autoridades de instancia.

6. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia señaló que, dentro del marco de sus competencias legales, no incurrió en acción u omisión que vulnerara los derechos fundamentales invocados por el accionante, por lo cual solicitó su desvinculación de la causa constitucional.

SENTENCIA DE PRIMER GRADO

El tribunal a-quo negó la salvaguarda al advertir la sentencia atacada fundada en criterios de razonabilidad.

LA IMPUGNACIÓN

1. La interpuso el apoderado del quejoso reiterando los argumentos del escrito inicial en torno a su inconformidad con el fallo criticado2. Refutó la sentencia del

2 El abogado del accionante presentó escrito de adición a la impugnación, cuestionando las manifestaciones presentadas por M.L.R.P., sosteniendo que esta ha incurrido en un abuso de los mecanismos de protección a la mujer para distorsionar un conflicto familiar y de pareja. destacó el concepto del Procurador 000 Judicial II de Familia, quien concluyó que las pruebas

los mecanismos de protección a la mujer para distorsionar un conflicto familiar y de pareja. destacó el concepto del Procurador 000 Judicial II de Familia, quien concluyó que las pruebas no reflejaban un incumplimiento de las medidas de protección sino desacuerdos convivenciales. Asimismo, desmienten alegaciones sobre violencia física, despojo de documentos y supuesta falta de recursos de la contraparte, argumentando que G.C.G., fue la verdadera víctima de agresiones, montajes de caídas simuladas y amenazas de muerte.

Argumentó también que, tanto el Tribunal Superior de AAA como el Juzgado 000 de Familia cometieron graves defectos fácticos, probatorios y procedimentales que amenazan con privar a G.C.G., de su libertad injustamente. Entre los vicios señalados destac ó la descontextualización de frases aisladas ("cárcel" y "muerte"), la omisión de las conclusiones del informe psicológico forense que descartó maltrato o violencia, y la indefensión generada al no permitirle presentar descargos oportunamente frente a nueva s denuncias. Además, se cuestiona el uso de jurisprudencia no aplicable (relativa a mora en cuotas de administración) y la desatención de las denuncias penales instauradas por G.C.G., ante la Fiscalía por amenazas de muerte.Rad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 8 a-quo pues considera que incurrió en una «transcripción acrítica de las decisiones cuestionadas y desatendió el concepto del Ministerio Público que descartaba episodios de violencia intrafamiliar».

2. El accionante, por cuenta propia allegó escrito de

de las decisiones cuestionadas y desatendió el concepto del Ministerio Público que descartaba episodios de violencia intrafamiliar».

2. El accionante, por cuenta propia allegó escrito de descargos a manera de impugnación del fallo de primer grado. Expuso ser víctima de una estrategia de denuncias falsas, exigencias extorsivas de dinero y de escrituración de bienes propios, acompañada de agresiones físicas y verbales continuas. Como evidencia del patrón de violencia ejercido en su contra, detall ó una hospitalización de 6 días en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) de una clínica de la ciudad por contusiones múltiples y trauma facial, así como constantes amenazas de muerte recibidas de la denunciante y de su nueva pareja. A su vez, niega cualquier tipo de agresión hacia su expareja, su suegra o su menor hija, afirmando que la contraparte utilizaba actuaciones teatrales para forzar su expulsión del apartamento.

Finalmente, calificó las actuaciones de su expareja como «un evidente abuso de los mecanismos de protección a la mujer», orientado a destruirlo económica y personalmente. Pone de manifiesto irregularidades en los trámites de la Comisaría de Familia de BBB y del Juzgado 000 de Familia, además de revelar contactos de M.L.R.P. con terceros ajenos al proceso involucrados en otros litigios familiares.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídicoRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01

9

Corresponde a la Corte establecer si, el juzgado

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídicoRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01

9

Corresponde a la Corte establecer si, el juzgado accionado vulneró las prerrogativas del accionante con la decisión adoptada en sede de consulta de la sanción impuesta por incumplimiento a medida de protección, al confirmar la sanción de 30 días de arresto sin , supuestamente, valorar de forma integral el acervo probatorio, fundarse en hechos no incluidos en la denuncia de incumplimiento y negar la modulación del lugar de ejecución de la sanción privativa de la libertad.

2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contem plan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar ían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.Rad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01

medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar ían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.Rad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 10

Así mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoración probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cuál sería la más adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio.

3. Caso concreto – La providencia cuestionada

Al revisar el asunto sometido a consideración de la Corte, se anticipa el fracaso del resguardo, tal como lo coligió el tribunal a-quo, dado que la decisión del despacho acusado fue el resultado de una respetable interpretación del contexto analizado y de los medios probatorios allegados a la actuación.

3.1. A partir de la valoración de los elementos de prueba recaudados en el trámite administrativo en cuestión, la juez de familia accionada pudo constatar que, ciertamente, se presentaron nuevos actos de violencia en contra de la querellante protegida con la medida, con lo cual, concluyó que por segunda vez G.C.G infringió las órdenes dictadas en su momento por la comisaría en beneficio de aquella.

En primer lugar, en cuanto a las pruebas aportadas por la afectada, señaló la juez que:

«(…) En efecto, la accionante puso de presente que entre el 16 y el 26 de diciembre de 2025 recibió reiterados mensajes a través de WhatsApp en los cuales el sancionado la responsabilizaba de las

«(…) En efecto, la accionante puso de presente que entre el 16 y el 26 de diciembre de 2025 recibió reiterados mensajes a través de WhatsApp en los cuales el sancionado la responsabilizaba de las consecuencias legales del proceso, empleando un tono intimidanteRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 11 con alusiones explícitas a situaciones de 'muerte' y 'cárcel', copiando además a terceros de forma injustificada. Sostuvo que dicho comportamiento persistió durante el mes de enero de 2026 mediante la remisión de comunicaciones extensas y descalificadoras.

De manera particular, la incidentante refirió que el 11 de enero de 2026, durante el encuentro presencial programado para la entrega de la menor hija en común, el accionado instrumentó a la niña para vulnerar la distancia física ordenada, profiriendo comen tarios intimidatorios frente a la menor y generando un escenario de innecesaria tensión. Aunado a ello, indicó que el accionado alzó en brazos a la niña impidiéndole descender por su propia voluntad, acción dirigida a forzar la cercanía física con la vícti ma y desatender las órdenes de abstención decretadas».

El despacho a continuación reseñó los alegatos presentados por el sancionado en los que sostuvo que el conflicto giró en torno a discrepancias existentes frente al cuidado y crianza de la hija menor que tienen en común, negando haber desplegado conductas de intimidación, violencia o instrumentalización de la niña. Igualmente, afirmó haber sido objeto de amenazas y agresiones por parte

cuidado y crianza de la hija menor que tienen en común, negando haber desplegado conductas de intimidación, violencia o instrumentalización de la niña. Igualmente, afirmó haber sido objeto de amenazas y agresiones por parte de terceros y de la propia denunciante, atribuyendo el deterioro de la relación a desacuerdos sobre aspectos patrimoniales y, principalmente, sobre la elección de la institución educativa para la menor.

Así, en contraste con los elementos de convicción allegados por la querellante, principalmente de los mensajes que vía WhatsApp le envió el sancionado a la afectada, dijo el juzgado:

«Dicho material probatorio aporta certeza absoluta sobre la continuidad del hostigamiento, toda vez que evidencia el envíoRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 12 sistemático de comunicaciones extensas, descalificadoras y amedrentadoras, mediante las cuales el incidentado pretendió responsabilizar a la víctima de las consecuencias judiciales del proceso, involucró de manera injustificada a terceros y empleó términos alusivos a 'muerte' y 'cárcel'. Estas comunicaciones digitales constituyen una prueba directa y fehaciente de la transgresión al deber de abstención e inhibición impuesto en la medida de protección.

La declaración y ratificación prestada por la señora M.R.L.P., goza de total credibilidad y eficacia persuasiva, por cuanto su relato resulta persistente, detallado, coherente y perfectamente articulado con la evidencia digital allegada. La víctima narró con precisión de circunstancias de tiempo, modo y lugar los eventos de

de total credibilidad y eficacia persuasiva, por cuanto su relato resulta persistente, detallado, coherente y perfectamente articulado con la evidencia digital allegada. La víctima narró con precisión de circunstancias de tiempo, modo y lugar los eventos de intimidación virtual y el suceso presencial acaecido el 11 de enero de 2026, sin incurrir en contradicciones ni ambigüedades, desvirtuando cualquier atisbo de fabulación y consolidando la prueba del incumplimiento».

Luego, descartó valorar las situaciones conflictivas expuestas por el denunciado, ocurridas con anterioridad a la tramitación del segundo incumplimiento de la medida, al igual que las manifestaciones acerca de las supuestas agresiones de un tercero, debido a que no fueron debidamente acreditadas y no pertenecían al contexto evaluado.

Más adelante, apreció el dictamen psicológico y la entrevista rendida por la hija en común de los confrontados al equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, respecto de lo cual precisó:

«(…) A la luz de las reglas de la sana crítica y la sana valoración probatoria (artículo 176 del Código General del Proceso), dicha prueba técnica se erige como un medio de convicción de carácter conducente, pertinente y de incuestionable utilidad, al ser l a herramienta científica e idónea para auscultar de manera objetiva la esfera emocional, afectiva y conductual de la niña, permitiendoRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 13 verificar si las conductas desplegadas por el incidentado han

la esfera emocional, afectiva y conductual de la niña, permitiendoRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 13 verificar si las conductas desplegadas por el incidentado han generado un impacto psíquico o han sido instrumentalizadas para vulnerar el entorno de la menor.

Del análisis del relato y las manifestaciones recogidas en la evaluación psicológica de la menor de edad, se colige fehacientemente la ocurrencia de la violencia psicológica ejercida por el señor G.C.G., La entrevista deja al descubierto que las dinámicas de entrega y custodia —en particular el episodio del 11 de enero de 2026— fueron utilizadas por el accionado para forzar contactos físicos y realizar manifestaciones descalificadoras en presencia de la niña. La manifestación de la menor sobre el estado de incomodidad, contención e invención de escenarios de tensión al ser alzada y retenida contra su voluntad en brazos de su progenitor constituye un indicador clínico concluyente del sometimiento a un ambie nte de alta conflictividad e inseguridad afectiva provocado de manera directa por la conducta contumaz del procesado.

Las revelaciones obtenidas en la valoración psicológica desvirtúan por completo la tesis defensiva del señor G.C.G., quien adujo en sus descargos que sus actuaciones obedecían de forma exclusiva al “bienestar de la menor”. Por el contrario, la prueba demuestra que involucrar a la niña en las disputas de los adultos, usarla como canal de proximidad no deseada con la mad re y generar momentos de zozobra durante las entregas constituye una modalidad de violencia intrafamiliar psicológica e indirecta

que involucrar a la niña en las disputas de los adultos, usarla como canal de proximidad no deseada con la mad re y generar momentos de zozobra durante las entregas constituye una modalidad de violencia intrafamiliar psicológica e indirecta (violencia vicaria). Este tipo de agresión no solo quebranta las órdenes administrativas de alejamiento y abstención previamente impuestas, sino que instrumentaliza a la descendiente en común como un medio de control y coacción hacia la señora M.L.R.P.».

De esa forma, destacó el juzgado accionado que lo acreditado resultaba suficiente para ratificar la decisión sancionatoria de la Comisaría de Familia fundada en que, efectivamente, hubo reincidencia en los comportamientos reprochados por parte del denunciado y desconocimiento de las medidas adoptadas, y concluyó que:

«(…) debe resaltarse que la reiteración de las conductas agresivas por parte del incidentado con posterioridad a la imposiciónRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 14 originaria de la medida de protección y tras haberse tramitado previamente un primer incidente de incumplimiento evidencia una actitud de contumacia y desobediencia sistemática frente a las órdenes de abstención e inhibición impartidas por la autoridad de conocimiento. En consecuencia, la sanción impuesta al señor G.C.G., consistente en treinta (30) días de arresto, se encuentra plenamente ajustada a los parámetros legales previstos en el artículo 7° de la Ley 294 de 1996 (modificado por la Ley 575 de 2000 y la Ley 1257 de 2008), atendiéndose a los criterios de

plenamente ajustada a los parámetros legales previstos en el artículo 7° de la Ley 294 de 1996 (modificado por la Ley 575 de 2000 y la Ley 1257 de 2008), atendiéndose a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida, por lo que la decisión consultada resulta enteramente ceñida a derecho.

Así las cosas, al constatarse que el trámite administrativo se adelantó con estricto apego a las garantías constitucionales del debido proceso, a la debida valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica y a la protección reforzada en materia de violencia intrafamiliar y derechos de la niñez, este Juzgado procederá a confirmar la providencia objeto de revisión y a ordenar la devolución del expediente a la Comisaría de origen para la prosecución del trámite de cumplimiento de la orden de arresto».

3.2. De lo transcrito, emerge que la juez de la consulta evalúo los elementos de prueba y conforme al ordenamiento jurídico aplicable, encontró que en contra del querellado debía disponerse una sanción al desacatar, por segunda vez, la medida de protección por violencia intrafamiliar impuesta en favor de la afectada, la cual, según artículo 7º de la ley 294 de 1996, modificada por el canon 4º de la ley 575 de 2000, correspondía « por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto», y «si el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo de dos (2) años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) días». Se subraya.

el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo de dos (2) años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) días». Se subraya.

En todo caso, resulta improcedente la intervención excepcional del juez de tutela cuando el propósito que se revela del accionante es el de recurrir a esta vía para imponerRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 15 al fallador cuestionado una específica interpretación o enfoque del contexto fáctico-jurídico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. En tal sentido, se ha indicado:

«al juez de tutela le está vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicción (…) máxime cuando la determinación sobre la cual gravita la censura está soportada en un admisible examen de los hechos, así como de la prudente interpretación de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme así emerge de las razones expuestas en los proveídos acusados» (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016).

Ahora, el que el precursor del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisión discutible o poco convincente, sino que es necesario que ésta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situación que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que:

«(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para

desprovistos de fundamento objetivo, situación que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que:

«(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo » (CSJ STC, 15 feb. 2011, r ad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC47052016, 13 ab. rad. 00077-01).Rad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 16 Al respecto también se ha puntualizado de forma reiterada que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de l as partes». (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012 -0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 201300125-01).

Ahora, sobre la pretensión de hacer prevalecer un

2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 201300125-01).

Ahora, sobre la pretensión de hacer prevalecer un determinado raciocinio probatorio por sobre el efectuado por el juzgado y la comisaría accionada, la Sala en precedencia ha indicado:

«el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la s ana crítica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener una aplicación en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (...) de forma que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cua les se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisión » (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 0133900, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00).

De manera que, esta particular justicia sólo intervendría en esa esfera, cuando, eventualmente, el «error enRad. n° 11001-22-10-000-2026-02095-01 17 el juicio valorativo