CSJ - STC20816-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20816-2026 Radicación n° 05001-22-03-000-2026-00720-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 25 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Rectificadora Metro S.A.S. contra el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de la misma ciudad , trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en la acción de tutela con rad. 2026-00313-00.

ANTECEDENTES

1. La parte actora reclama la protección de los derechos fundamentales al d ebido proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia ,Rad. n° 05001-22-03-000-2026-00720-01 2 presuntamente conculcados por la autoridad accionada al negar la apertura de incidente por desacato.

2. En síntesis, expuso que promovió la acción constitucional referida en líneas anteriores contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP— por la falta de respuesta a la petición que elevó el 9 de junio de 2026, trámite en el cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín revocó parcialmente la decisión de primer grado

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP— por la falta de respuesta a la petición que elevó el 9 de junio de 2026, trámite en el cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín revocó parcialmente la decisión de primer grado para conceder al amparo y ordenó a la citada entidad atender el referido requerimiento respecto de los numerales 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 30, 32, 33, 34 y 37.

Señala que pese a que subsistían componentes de la orden sin atender y la entidad accionada adujó que cumplió el requerimiento que le fue efectuado , pues el 27 de agosto último remitió el oficio de respuesta, el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de la misma ciudad , no solo, no confrontó materialmente el contenido de las respuestas con la petición formulada, sino que además, ordenó de forma prematura el archivo definitivo de la actuación.

Indica que en la anterior decisión no se verificó de manera suficiente si la UGPP cumplió integralmente la sentencia, pues no se confrontó adecuadamente la información y documentación aportada por la entidad respecto del trámite administrativo sancionatorio con las objeciones formuladas respecto de las comunicacionesRad. n° 05001-22-03-000-2026-00720-01 3 electrónicas, la metodología empleada, los soportes de postulaciones y desembolsos, y la liquidación de la obligación; asegura, que posteriormente recibió una nueva comunicación con información adicional, cuya existencia,

3 electrónicas, la metodología empleada, los soportes de postulaciones y desembolsos, y la liquidación de la obligación; asegura, que posteriormente recibió una nueva comunicación con información adicional, cuya existencia, aunque no podía ser valorada al momento de la decisión, tampoco acredita por sí sola el cumplimiento total de lo ordenado.

3. Solicita entonces que se deje sin valor ni efecto el auto de fecha 14 de septiembre de 2026 y que como consecuencia que se ordene a la Juez aludida proferir una nueva decisión que atienda sus reparos.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado convocado, relacionó las actuaciones que conoció del trámite objeto de análisis y defendió la razonabilidad de su decisión.

2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP— precisó que, en cumplimiento de la orden de tutela, emitió una respuesta mediante oficio y posteriormente remitió información complementaria, sosteniendo que las comunicaciones expedidas atendían de fondo los requerimientos de la accionante. Asimismo, afirmó que l as discrepancias de Rectificadora Metro S.A.S. con los argumentos jurídicos, contables o técnicos expuestos no constituían una vulneración de derechos fundamentales.Rad. n° 05001-22-03-000-2026-00720-01

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ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia negó el amparo solicitado, tras advertir que existía carencia de postulación del profesional del derecho que adujo representar los derechos de la sociedad accionante pues no

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ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia negó el amparo solicitado, tras advertir que existía carencia de postulación del profesional del derecho que adujo representar los derechos de la sociedad accionante pues no aportó mandato para tal efecto.

IMPUGNACIÓN

La parte accionante la presentó ; de un lado allegó el poder especial que fue conferido para el presente asunto, y del otro, discutió sobre la inflexibilidad de la salvaguarda ante la ausencia del mentado legajo.

CONSIDERACIONES

1. La Corte Constitucional, en sentencia SU -627 fechada el 1º de octubre de 2015, consolidó los criterios dispuestos desde el año 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acción de tutela frente a una controversia suscitada con ocasión de un trámite de igual naturaleza, de la siguiente manera:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.Rad. n° 05001-22-03-000-2026-00720-01 5

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la

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4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cu ando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii ) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que hab ría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.

2. En el presente asunto, se observa que la Rectificadora Metro S.A.S. cuestiona el proveído proferido el 14 de septiembre de 2026 por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medellín por medio del cual negó la apertura delRad. n° 05001-22-03-000-2026-00720-01 6 incidente por desacato formulado en la acción constitucional que promovió contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP con rad. 2026-00313-00.

3. De la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente digital por

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP con rad. 2026-00313-00.

3. De la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente digital por el despacho judicial que conoce del asunto, se advierte, que la Sala revocará el fallo desestimatorio de primer grado, por cuanto se advierte la vulneración del debido proceso de la sociedad accionante.

3.1. En efecto se advierte un yerro de carácter sustancial, esto es, falta de motivación que amerita la intervención del juez constitucional con el fin de garantizar la efectividad de los derechos de la parte aquí accionante en el asunto objeto de revisión.

Téngase en cuenta que los funcionarios judiciales se pronuncian mediante autos y sentencias de conformidad con el artículo 278 del Código General del Proceso; en ese orden, no solo, el canon 279 Cit. dispone que «[s]alvo los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa», sino, además, el numeral 7º del artículo 42 ibídem estima como un deber de los jueces el de «[m]otivar la sentencia y las demás providencias».

Al respecto del análisis del auto que negó la apertura del trámite incidental, la Juez del conocimiento, después de citar la orden constitucional que fue impartida y referir queRad. n° 05001-22-03-000-2026-00720-01 7 la entidad allá accionada, tras el requerimiento previo «remitió simultáneamente un escrito de fecha 9 de septiembre de 2026, mediante

7 la entidad allá accionada, tras el requerimiento previo «remitió simultáneamente un escrito de fecha 9 de septiembre de 2026, mediante el cual acreditaba que, en cumplimiento a la orden impartida por el Honorable Tribunal Superior de Medellín, emitió respuesta de fondo el 27 de agosto de 2026, a cada uno de los puntos indicados, a saber: numerales 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 30, 32, 33, 34 y 37 de la petición presentada el 9 de junio de 2026 (…), comunicado que fue remitido, no solo al correo del apoderado de la accionante, gr@lexetlit.com, sino también al correo recomunoz@hotmail.com», precisó lo siguiente:

Para el caso que nos ocupa, simultáneamente con la notificación del auto de requerimiento al Dr. Luciano Grisales Londoño, en su calidad de Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP y a la Dra. Diana Patricia Rodríguez Turmequé en su calidad de Director Técnico 0100 de la misma, se acreditó que mediante escrito del 27 de agosto de 2026, se había dado cumplimiento a la orden impartida por el Honorable Tribunal Superior de Medellín, esto es, respuesta de fondo a los numerales

3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 30, 32, 33, 34 y 37 de la petición presentada el 9 de junio de 2026 (ver fls. 32 al 47 del Pdf. 3).

La acreditación del anterior hecho, demuestra el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela en segunda instancia, tornando improcedente continuar con el trámite incidental de sanción, pues no se dan los presupuestos para que se configure la “responsabilidad subjetiva” en la medida en que el derecho de petición recibió su respuesta de fondo

3.3. De este modo, la Sala estima que la protección reclamada está llamada a prosperar ; e n efecto, si bien el Juzgado convocado realizó una síntesis del devenir procesal, sus fundamentos resultan insuficientes para resolver el asunto, en tanto omitió abordar de fondo los reparos formulados por la sociedad actora. En su lugar, el despacho accionado se limitó a dar p or cierto el dicho de la entidad requerida, sin verificar materialmente si la respuesta emitidaRad. n° 05001-22-03-000-2026-00720-01 8 atendía los términos fijados en la orden constitucional proferida por el Tribunal en el fallo de segunda instancia.

Adviértase que el amparo concedido ordenaba responder de manera puntual determinados requerimientos e interrogantes. En tal sentido, no bastaba con que la UGPP informara el acatamiento del fallo mediante el envío de un escrito al correo electrónico de la solicitante; correspondía al juez del desacato adelantar un examen riguroso y confrontar

interrogantes. En tal sentido, no bastaba con que la UGPP informara el acatamiento del fallo mediante el envío de un escrito al correo electrónico de la solicitante; correspondía al juez del desacato adelantar un examen riguroso y confrontar el contenido de lo informado frente a lo expresamente peticionado —independientemente de que la contestación a cada ítem fuera favorable o desfavorable—, a fin de evaluar si se estructuraban los presupuestos de la responsabilidad subjetiva que rige el trámite incidental por su naturaleza sancionatoria.

4. En relación con la motivación de las decisiones judiciales, esta Sala de vieja data ha considerado, que

sufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivación resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. Así, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente Nº 2003-0526, se increpó al Tribunal por no ‘fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jurídicas que con rotundidad y precisión (…)’; lo propio ocurrió en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recriminó al ad quem por no expresar las ‘razones puntuales’ equivalentes a una falta de motivación; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004 -00137, se describe como desatención de ‘la exigencia de motivar con precisión la providencia’ (CSJ STC952falta de motivación; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004 -00137, se describe como desatención de ‘la exigencia de motivar con precisión la providencia’ (CSJ STC9522021; reiterada entre otras en STC3421-2026).Rad. n° 05001-22-03-000-2026-00720-01 9

5. En suma, dada la falta de motivación en la decisión que resolvió de fondo la problemática suscitada, no queda alternativa diferente a revocar el fallo objetado, para que la autoridad convocada se pronuncie sobre la temática planteada como en derecho corresponda.

DECISIÓN

PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de impugnación, para en su lugar CONCEDER la salvaguarda incoada por la Rectificadora Metro S.A.S..

SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO el proveído de fecha 14 de septiembre de 2026, proferido en la acción de tutela con rad. 05001-31-03-018-2026-00313-00.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medellín , que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión, profiera una nueva providencia en la que atienda los lineamientos trazados en este fallo.

CUARTO: COMUNÍQUESE por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de SalaRad. n° 05001-22-03-000-2026-00720-01 10

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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