CSJ - STC20817-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20817-2026 Radicación n.° 15693-22-08-000-2026-10347-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el 17 de septiembre de 2026 , dentro de la acción de tutela promovida por Sergio Soto Zuleta contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, trámite al cual fueron vinculadas los intervinientes en el disciplinario con n°. 2024-00260-00.

ANTECEDENTES

1. El actor acude al presente mecanismo en busca de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administración de justicia, que considera quebrantados por la autoridad jurisdiccional convocada.Rad. n.° 15693-22-08-000-2026-10347-01

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2. En síntesis, expuso que comoquiera que la «Fiscal 136 de Bogotá» incurrió en «omisión de funciones, silencio administrativo absoluto y archivo arbitrario de [su] denuncia» formuló la queja disciplinaria referida, trámite en el cual, pese a que «constaba la identificación plena» de la funcionaria querellada, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá decretó el «archivo

disciplinaria referida, trámite en el cual, pese a que «constaba la identificación plena» de la funcionaria querellada, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá decretó el «archivo definitivo de la indagación bajo la premisa formal de "fiscal por determinar"».

Señala que, aunque interpuso recurso de apelación contra esa decisión «solicitando expresamente que el expediente fuera remitido ante el Superior Jerárquico (…) para que evaluara la legalidad del archivo y la plena identificación de la Fiscal implicada, la cual constaba claramente en el formato FPJ -14 del expediente », la Colegiatura convocado declaró desierto el mencionado mecanismo tras considerar que «no se sustentó en debida forma»; asegura que en la anterior actuación no solo se «usurp[ó]» funciones de la Comisión Nacional, sino además se arguyó a un fundamento «contrario a la realidad» procesal

3. Por lo anterior, pretende «DEJAR SIN EFECTOS » el proveído proferido el 28 de agosto de 2026 y que como consecuencia se ordene a la Corporación aludida «REMIT[A]» el memorado asunto al superior funcional para desatar la alzada; así mismo, ordenar investigación penal y disciplinaria contra la magistrada sustanciadora.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOSRad. n.° 15693-22-08-000-2026-10347-01

3 La Comisión convocada solicitando negar el amparo, tras explicar que el archivo de la indagación se dispuso porque no se encontró registro del derecho de petición en la seccional de Boyacá ni se pudo individualizar a un servidor

3 La Comisión convocada solicitando negar el amparo, tras explicar que el archivo de la indagación se dispuso porque no se encontró registro del derecho de petición en la seccional de Boyacá ni se pudo individualizar a un servidor implicado, ordenando además compulsar copias a Bogotá frente a los hechos de la Fiscalía 136. Asimismo, defendió la legalidad del auto que declaró desierto el recurso de apelación, señalando que aplicó legítimamente el artículo 132 de la Ley 1952 de 2019 al constatar que el impugnante carecía de una sustentación material que combatiera los fundamentos de la decisión.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia negó el amparo solicitado «pues la decisión cuestionada no evidencia una actuación arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable que habilite la intervención excepcional del juez constitucional».

IMPUGNACIÓN

La presentó la parte accionante para lo cual señaló, en esencia, argumentos en la línea del escrito de tutela.

CONSIDERACIONES

1. En el caso bajo estudio se observa que el reclamo de Sergio Soto Zuleta se dirige contra el proveído proferido el 28 de agosto de 2026 por medio del cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bo yacá declaró desierto el recurso de apelación que formuló contra la determinaciónRad. n.° 15693-22-08-000-2026-10347-01 4 del 13 de agosto anterior por medio de la cual se dispuso el archivo de la queja con rad. 2024-00260-00.

2. Examinada la queja constitucional al tenor de la

4 del 13 de agosto anterior por medio de la cual se dispuso el archivo de la queja con rad. 2024-00260-00.

2. Examinada la queja constitucional al tenor de la normativa aplicable y su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmará la decisión de primer grado constitucional que negó la protección reclamada, en la medida en que la determinación cuestionada carece de trascendencia constitucional.

En efecto, el debate planteado en torno a la exigencia de sustentación del recurso interpuesto resulta irrelevante frente al fondo de la protección alegada, toda vez q ue no se observa una vulneración real ni un perjuicio irremediable en los derechos fundamentales invocados.

Lo anterior se fundamenta en que, aun cuando la queja disciplinaria promovida por el actor no subsiste ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá dada la indeterminación de un funcionario adscrito a esa circunscripción territorial, la cont roversia respecto de los hechos denunciados no ha quedado desatendida ni desprovista de trámite legal. Por el contrario, la actuación disciplinaria subsiste plenamente ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, autoridad llamada a conocer y resolver de fondo las quejas formuladas en contra de la Fiscal 136 de esta por ser la competente en virtud de los factores territorial y funcional.Rad. n.° 15693-22-08-000-2026-10347-01 5 En consecuencia, al mantenerse incólume la vía ordinaria ante el competente, el asunto carece de entidad

los factores territorial y funcional.Rad. n.° 15693-22-08-000-2026-10347-01 5 En consecuencia, al mantenerse incólume la vía ordinaria ante el competente, el asunto carece de entidad suficiente para exigir el pronunciamiento del juez constitucional.

En relación con la relevancia constitucional como uno de los requisitos de procedibilidad de la tutela, esta Sala ha señalado recientemente lo siguiente:

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue "(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces" (CC SU-573 de 2019, SU-128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional "protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional "protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales", de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales" (CC SU -215 de 2022, SU-134 de 2022).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la solaRad. n.° 15693-22-08-000-2026-10347-01 6 invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se, la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, su estudio solo se aborda una vez superadas la inmediatez y la subsidiariedad, presupuestos que le anteceden. Verificados en este caso, el análisis se concentra en la relevancia, cuya ausencia,

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, su estudio solo se aborda una vez superadas la inmediatez y la subsidiariedad, presupuestos que le anteceden. Verificados en este caso, el análisis se concentra en la relevancia, cuya ausencia, según pa sa a exponerse, sella la improcedencia del amparo (STC19101-2026).

4. Finalmente, en relación con la petición encaminada a que se ordene n investigaciones que según el dicho del tutelante ocurrieron en el trámite disciplinario , basta decir que le corresponde a ést e acudir directamente ante las autoridades competentes, «naturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven», pues ha sido criterio de esta Corporación, que «la función del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisión o por acción » (CSJ STC9513 -2019; reiterado en STC6543-2025).

5. Corolario de lo expuesto, s e ratificará lo resuelto en primera instancia

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación.Rad. n.° 15693-22-08-000-2026-10347-01 7 Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que

7 Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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