CSJ - STC20819-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20819-2026 Radicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el pasado 11 de septiembre por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta 1, dentro de la tutela promovida por Tyron Fitzgerald Johnson contra el Juzgado Once de Familia del Circuito de Cali y Katherin Lizeth Calonje Suárez; trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Catorce de Familia de Cali, a la Fiscalía 119 Seccional de Jamundí, David Eduardo Palacios Urbano y las demás partes e intervinientes en el juicio de nulidad de matrimonio rad. n.° 2024-00122-00.

ANTECEDENTES

1 Ese Tribunal a quien se distribuyó la acción la conoció y avocó en auto admisorio del 1° de septiembre de este año, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA26 -12567 del 12 de agosto de 2026, al disponerse como despacho itinerante para atender las acciones de tutela correspondientes al Distrito Judicial de Cali.Radicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 2

1. El gestor , en su propio nombre , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,

correspondientes al Distrito Judicial de Cali.Radicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 2

1. El gestor , en su propio nombre , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, petición y derecho a la propiedad privada , presuntamente vulnerado s por los accionados.

2. En síntesis, adujo que demandó la nulidad de l matrimonio civil que contrajo con Katherin Lizeth Calonje Suárez (rad. 2024-00122), el cual conoció el Juzgado Once de Familia del Circuito de Cali , quien dictó sentencia el del 16 de julio de 2025 en la que declaró nulo ese vínculo y la no conformación de la sociedad conyugal; decisión que apelada el superior funcional confirmó el 24 deoctubre de 2025.

Sostuvo que si bien el juzgado accionado mediante auto del 27 de mayo de 2022 ordenó el embargo de la cuenta bancaria de Katherin Lizeth Calonje Suárez en el Banco Davivienda; también lo era que ella retiró la totalidad de los fondos embargados en dos momentos distintos, desconociendo deliberadamente la orden judicial y, por tanto, incurriendo en obstrucción a la justicia, desacato y fraude procesal; tanto más, si ningún fiscal la ha procesado por tales tipos penales.

Aseguró que su ex pareja Calonje Suárez se ap oderó ilegalmente de $891 ’000.000.oo, pertenecientes a su patrimonio personal , provenientes de la venta de un inmueble de su exclusiva propiedad ubicado en GeorgiaAseguró que su ex pareja Calonje Suárez se ap oderó ilegalmente de $891 ’000.000.oo, pertenecientes a su patrimonio personal , provenientes de la venta de un inmueble de su exclusiva propiedad ubicado en GeorgiaEstados Unidos, patrimonio que le había sido confiado a la demandada para la construcción de una vivienda ; empero,Radicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 3

ésta se apropió de tal dinero injustificadamente; además, hizo lo mismo sobre un capital que asciende a más de “2.2 mil millones de pesos”, en tanto, la accionada retuvo, otros bienes adquiridos con recursos de su propiedad , a saber, un vehículo marca c hevrolet captiva de placas KVO -900, una casa denominada “Propiedad Falco”, un lote avaluado en 1.000 millones de pesos que fue puesto a nombre de la demandada y, un reloj marca Rolex serial n.° 345F0738, valorado en $19.700,00USD.

Relató que, desde el inicio del litigio, aportó los soportes documentales de su reclamación, entre ellos, el contrato de venta de una propiedad ubicada en Estados Unidos, certificaciones financieras, registros bancarios, certificados de tradición, informac ión tributaria, documentación sobre un vehículo y otros elementos dirigidos a acreditar la procedencia y destino de los recursos.

Señaló que en la audiencia de fallo celebrada el 16 de julio de 2025 el juez accionado restringió la discusión a la nulidad del matrimonio, pues, según afirmó, le indicaron que no se debatirían asuntos relativos a dinero, bienes o derechos

julio de 2025 el juez accionado restringió la discusión a la nulidad del matrimonio, pues, según afirmó, le indicaron que no se debatirían asuntos relativos a dinero, bienes o derechos patrimoniales; tanto más, cuando en un acto calificado de “intencional y deliberado de fraude” , le negó la pretensión de devolución de sus bienes argumentando falta de pruebas, a pesar de contar con evidencia documental y confesiones ; además, le prohibió referirse a su patrimonio durante la diligencia, det eniendo la grabación en múltiples ocasiones cuando intentaba presentar sus reclamos y ocultando adrede el registro en video de esa sentencia y todo lo ocurrido. Por loRadicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 4

tanto, tildó el actuar del juzgador de haber cometido « abuso de autoridad, violación de los derechos depropiedad privada bajo el Artículo 58 de la Constitución, y también cometió prevaricato al defraudar al accionante de su dinero y sus bienes y entregárselos a Katherine mediante su fallo ilegal e injusto».

Aseguró que no contaba con otro medio judicial eficaz, pues la sentencia quedó ejecutoriada; además, las presuntas investigaciones penales se han visto truncadas por más de 3 años, pues «la fiscal está en desacato porque se niega a procesar a la acusada por sus delitos de hurto agravado»; además, el «Juez Palacios también utilizó su abuso de autoridad para proteger a la fiscal de ser obligada a cumplir con su deber bajo la ley de procesar a la acusada por sus delitos de hurto agravado ». Agregó que se incurrió en

también utilizó su abuso de autoridad para proteger a la fiscal de ser obligada a cumplir con su deber bajo la ley de procesar a la acusada por sus delitos de hurto agravado ». Agregó que se incurrió en violencia patrimonial ejercida por su ex pareja en su contra, al apropiarse de todos los bienes que relacionó en la tutela.

Agregó que, el abogado Jairo Iván Flórez Guerrero , actuando como su mandatario incurrió en fraude procesal al renunciar a las pretensiones sobre diversos bienes y propiedades del actor, sin el conocimiento ni consentimiento suyo.

3. Con base en lo anterior, pidió que se ordenara a Katherin Lizeth Calonje Suárez, devolverle (i) los dineros por $891’000.000.oo, más intereses y daños por la privación ilegal de la propiedad por más de 3 años; (ii) la casa llamada por él “propiedad Falco”; (iii) el rodante de marca chevrolet captiva con placas KVO-900; (iv) un lote sin identificación; (v) el reloj Rolex Serial n.° 345F0738, valorado enRadicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01

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$19.700,00USD; y, se decretara contra ella una investigación financiera integral y búsqueda de todas las cuentas bancarias, instrumentos financieros y bienes suyos; al igual que se recomendara investigaciones penales contra ella por la comisión de diferentes tipos penales y se le conminara a «pagar todas las costas procesales, gastos, tarifas y multas asociadas con la recuperación de [su] dinero y [sus] bienes».

También solicitó que se ordenara al Juzgado Once de

«pagar todas las costas procesales, gastos, tarifas y multas asociadas con la recuperación de [su] dinero y [sus] bienes».

También solicitó que se ordenara al Juzgado Once de Familia de Cali: (i) decretar el embargo inmediato de todos los bienes de Katherin Lizeth Calonje Suárez, incluyendo los que refiere el actor son de su propiedad; (ii) suministre el expediente completo del proceso de nulidad de matrimonio (Rad. 2024-00247), incluyendo «TODAS LAS GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO DE LASAUDIENCIAS (sic), incluyendo TODAS LAS INTERRUPCIONES Y DETENCIONES DE LA GRABACIÓN que ocurrieron durante las audiencias, para que este tribunal pueda VALIDAR CON SUS PROPIOS OJOS Y OÍDOS la conducta del Juez PALACIOS URBANO »; y (iii) entregue el enlace del video de la audiencia de fallo del 16 de julio de 2025, en cuya acta de audiencia «el Juez PALACIOS URBANO omitió intencionalmente del fallo, para que [se] pueda (…) la conducta del juez, su fraude, suprevaricato, su abuso de autoridad, y su violación de los derechos fundamentales del accionante».

Finalmente, requirió se compulsaran copias para investigación disciplinaria contra el Juez convocado David Eduardo Palacios Urbano ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y; contra su ex pareja, para investigación penal por los delitos de hurto, fraude, obstrucción a la justicia y violación de orden judicial; además, se «recomendara

Eduardo Palacios Urbano ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y; contra su ex pareja, para investigación penal por los delitos de hurto, fraude, obstrucción a la justicia y violación de orden judicial; además, se «recomendara una investigación penal» contra el funcionario accionado por losRadicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 6

delitos de prevaricato por omisión, abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y violación del código de ética judicial.

Adicionó su petítum en escrito separado exigiendo se dispusiera la investigación de los presuntos actos de corrupción y el manejo irregular del caso por parte de los distintos funcionarios involucrados, haciendo mención expresa del juez David Eduardo Palacios Urbano y de la Directora Seccional de Fiscalías, requiriendo, en consecuencia, la protección integral de sus derechos fundamentales y el restablecimiento de sus garantías procesales.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Once de Familia del Circuito de Cali pidió se declare la improcedencia del resguardo al no existir quebranto alguno imputable a ese despacho y no superarse los requisitos de subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela. Agregó que respecto de «las peticiones decimocuarta, decimoquinta y decimosexta del escrito tutelar, y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral segundo del auto admisorio, (…) no opone reparo alguno y procede a remitir copia digital íntegra del expediente del proceso de nulidad de matrimon io civil, junto con los enlaces de acceso a las

dispuesto en el numeral segundo del auto admisorio, (…) no opone reparo alguno y procede a remitir copia digital íntegra del expediente del proceso de nulidad de matrimon io civil, junto con los enlaces de acceso a las grabaciones de las audiencias celebradas en él».

2. La Fiscalía 119 Seccional Unidad Fiscalías Jamundí Valle del Cauca, alegó falta de legitimación en la causa porRadicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01

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pasiva, pues las órdenes pretendidas no se dirige n contra actuaciones actuales de ese organismo acusador.

3. El Juzgado Catorce de Familia de Cali , narró las actuaciones realizadas en el proceso de divorcio de Tyrone Fitzgerald Johnson contra Katherin Lizeth Calonje Suarez , con radicación 2022 -00143, destacando que « no existen solicitudes de las partes e intervinientes, que el Despacho tenga que resolver».

4. La Defensoría de Familia ICBF – Regional Valle del Cauca, Centro Zonal Centro dijo que no se evidencia amenaza vulneración de los derechos prevalentes de menores de edad, que requiera medidas de restablecimiento, por tratarse de una controversia patrimonial y procesal.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Superior de Cúcuta declaró improcedente el amparo, porque se incumplieron los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez que gobiernan la tutela; lo primero de manera general, en cuanto « no se alegó ni demostró que los escenarios procesales naturales resultaran ineficaces para la salvaguarda de los derechos deprecados, ni se acreditó la estructuración

primero de manera general, en cuanto « no se alegó ni demostró que los escenarios procesales naturales resultaran ineficaces para la salvaguarda de los derechos deprecados, ni se acreditó la estructuración de un perjuicio irremediable (…)»; lo segundo, por cuanto, la providencia del 16 de julio de 2025 se adoptó hace más de 13 meses a la fecha de formulación de este auxilio.

Añadió que la acción de tutela no era el instrumento adecuado para pedir la restitución de dineros y bienesRadicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 8

presuntamente extraviados, ni era el escenario para el decreto o levantamiento de medidas cautelares patrimoniales fuera de las oportunidades y presupuestos legales ; menos aún, es la vía para pedir compulsa de copias y promoción de investigaciones penales y disciplinarias en contra de funcionarios judiciales, fiscales y particulares.

IMPUGNACIÓN

La presentó el gestor, insistiendo en la presunta vulneración de los derechos invocados, descartando la ausencia de subsidiariedad e inmediatez , porque en su criterio, si agotó los remedios con los que contaba, sólo que estos fracasaron, dado que, el abogado que lo representó en el proceso rebatido “renunció a las pretensiones patrimoniales sin autorización y le dijo que no podía apelar” ; además de haber actuado mediane denuncias penales que conoce la Fiscalía General de la Nación, queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca quien se inhibió de investigar por auto del 29 de abril de 2026 y una

actuado mediane denuncias penales que conoce la Fiscalía General de la Nación, queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca quien se inhibió de investigar por auto del 29 de abril de 2026 y una tutela anterior, que se declaro improcedente el pasado 3 de agosto.

Afirmó que frente a la exigencia temporal, la a quo constitucional aplicó la inmediatez de forma mecánica , inobservando que (i) en este caso se trata de un ciudadano estadounidense que no domina el idioma Español, ni tiene formación jurídica y actúa sin apoderado ; (ii) su s bienes siguen en poder de la accionada y (iii) la demora en formular el amparo obedeció al tiempo que necesitó para obtener losRadicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 9

Videos 79 y 80, el informe de la DIAN y, la prueba del artificio de su anterior apoderado.

Refutó los demás argumentos del fallo de primera instancia, enunciando principalmente que no pidió en su escrito de tutela « que el juez de tutela declare de quién son los bienes», sino que el juez constitucional « restablezca el debido proceso que le fue negado»; por lo que, a su juicio solo pretendió inicialmente que se valoraran las pruebas del expediente, sin que la tutela defin iera derechos de dominio, posesión o restitución de los referidos bienes. De ahí que, adujo, no pretende el decreto de medidas cautelares, embargos o secuestros, sino que se rebra el debate probatorio, acceso al expediente y compulsa de copias, como en otros asuntos,

pretende el decreto de medidas cautelares, embargos o secuestros, sino que se rebra el debate probatorio, acceso al expediente y compulsa de copias, como en otros asuntos, dado que, en su sentir probó el perjuicio irremediable con la presunta privación y riesgo inmiente de sus bienes ; por lo que, en esta instancia, elevó las siguientes nuevas pretensiones:

«SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir de la audiencia del 16 de julio de 2025, incluida la Sentencia No. 127, por indebida representación del apoderado Jairo Iván FlórezGuerrero (artículos 77, 133-4 y 135 del CGP).

TERCERO. Como consecuencia, ORDENAR al Juzgado Once de Familia del Circuito de Cali que:

Reabra el debate probatorio y decrete de oficio las pruebas necesarias para esclarecer la propiedaddel dinero y los bienes.

Valore el informe DIAN del 25 de marzo de 2025, los comprobantes de transferencias, el contratode venta de la propiedad en Georgia, la declaración de fraude de Navy Federal y el acta deconciliación.

Aporte el registro audiovisual completo y sin edición de la audiencia del 16 de julio de 2025.Radicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 10

Se abstenga de impedir la referencia al patrimonio del accionante.

CUARTO. REQUERIR al Juzgado Once de Familia para que certifique si el registro audiovisual fueeditado, interrumpido o manipulado.

(…)

SEXTO. ORDENAR al Juzgado Once de Familia que, en término

CUARTO. REQUERIR al Juzgado Once de Familia para que certifique si el registro audiovisual fueeditado, interrumpido o manipulado.

(…)

SEXTO. ORDENAR al Juzgado Once de Familia que, en término de quince (15) días hábiles, dicte unfallo de fondo sobre las pretensiones patrimoniales, valorando la totalidad del acervo probatorio.

SÉPTIMO. REQUERIR a la Defensoría del Pueblo para que, si el accionante lo solicita, le designe un defensor público» (Negrilla del texto original).

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exigeRadicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 11

acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exigeRadicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 11

una carga especial al actor; (ii ) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (ii i) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tenga n un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela

(C.C., C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. En el caso particular, se observa que el accionante se quejó del trámite impartido al proceso, luego del decreto d el embargo de la cuenta bancaria de Katherin Lizeth Calonje Suárez en el Banco Davivienda, en proveído de de 27 de mayo de 2022 y de lo ocurrido y decidido en la diligencia de fallo,

embargo de la cuenta bancaria de Katherin Lizeth Calonje Suárez en el Banco Davivienda, en proveído de de 27 de mayo de 2022 y de lo ocurrido y decidido en la diligencia de fallo, llevada a cabo el 16 de julio de 2025 por el Juzgado accionado, en en el proceso de nulidad de matrimonio rad. n.° 2024-00122-00.

También, criticó que las actuaciones del entonces juez Once de Familia del Circuito de Cali, David Eduardo Palacios Urbano y de la Directora Seccional de Fiscalías ; debían ser investigadas disciplinaria y penalmente por las autoridades correspondientes, ante la posible comisión de tipos penales graves, como prevaricato por omisión, abuso de autoridad,Radicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 12

obstrucción a la justicia y violación del código de ética judicial. Similar conductas penales, le atribuyó a su ex pareja convocada en este resguardo, ante el presunto hurto de bienes de su propiedad.

3. Sin embargo, e xaminada la queja constitucional al tenor de la jurisprudencia aplicable y su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, advierte la Sala que confirmar á el fallo criticado.

3.1. Al respecto, memórese que la acción de tutela tiene cabida solo de manera excepcional, porque su aplicación procede únicamente para la « protección inmediata » de los derechos constitucionales fundamentales (art. 86 C.P.), razón por la que su objetivo se desvanece si su ejercicio es tardío.

cabida solo de manera excepcional, porque su aplicación procede únicamente para la « protección inmediata » de los derechos constitucionales fundamentales (art. 86 C.P.), razón por la que su objetivo se desvanece si su ejercicio es tardío.

(…) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses (...) (CSJ, STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-0062400, reiterada, entre otras, en CSJ, STC323-2023).Radicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 13

Aunado a lo anterior, cuando la censura se dirige contra una determinación judicial, el mentado requisito adquiere más relevancia; en esos casos, el estudio preliminar de dicho

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Aunado a lo anterior, cuando la censura se dirige contra una determinación judicial, el mentado requisito adquiere más relevancia; en esos casos, el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a un más riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuaría serían principios esenciales como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y, de contera, la autonomía e independencia judicial.

3.2. En este asunto, si bien el demandante pretende cuestionar las decisiones adoptadas el 27 de mayo de 2022 y 16 de julio de 2025 por el Juzgado Once de Familia del Circuito de Cali, lo cierto es que, de fondo y teniendo en cuenta los pedimentos elevados, sus planteamientos de carácter constitucional están dirigidos a que se revoque el fallo emitido por ese mismo despacho judicial el 16 de julio de 2025; mientras que el presente amparo, de acuerdo con el soporte de envío que consta en el expediente, se promovió hasta el 20 de agosto del año en curso2.

En ese sentido, se superó el término que se ha entendido como prudente y razonable para ejercer la acción, situación que impide examinar el fondo del caso, pues la demora en incoar la protección supralegal es suficiente para descartar la presencia de arbit rariedades por parte de las autoridades convocadas y que tengan efectos en las prerrogativas fundamentales.

2 La tutela inicialmente fue repartida en esa fecha, al Juzgado Dieciocho Penal Municipal Con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, quien , por auto del 21 de agosto de 2026 la

prerrogativas fundamentales.

2 La tutela inicialmente fue repartida en esa fecha, al Juzgado Dieciocho Penal Municipal Con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, quien , por auto del 21 de agosto de 2026 la remitió a esta Sala Especializada de esta Corte, y a su vez, se distribuyó para el conocimiento al Tribunal Itinerante que conoció la primera instancia, por auto del 24 de agosto pasado.Radicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 14

Ahora, en algunos casos se ha flexibilizado el requisito de inmediatez y superada su ausencia, sin embargo, ello solo puede obedecer, entre otras, a la existencia de un motivo válido que justifique la inactividad del accionante para activar la jurisdicción constitucional. Al respecto ha indicado la Corte:

Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acción, la Corte ha establecido los siguientes criterios: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii ) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si e l fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición (…) (C.C. sentencia T033/10 y CSJ, STC3949-2021, entre otras).

derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición (…) (C.C. sentencia T033/10 y CSJ, STC3949-2021, entre otras).

En el caso, la Sala no encuentra que las manifestaciones realizadas por la parte promotora permitan evidenciar alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del mentado presupuesto, por lo que se releva a esta particular justicia de ahondar en análisis de otras temáticas, como la nacionalidad del actor, que la vulneración que pregona recae sobre bienes de su propiedad y que no pudo acceder con prontitud al expediente; examen que sin duda está condicionado a la superación del referido requisito temporal.

Al respecto, es preciso indicar que el plazo y despliegue para formular la acción se cuenta a partir del contextoRadicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 15

fáctico-jurídico que originó la aparente vulneración, sin que sea posible extender su entorno a escenarios posteriores.

3.3. En lo atinente a la ausencia del requisito de subsidiariedad que no encontró satisfecho el Tribunal de primer grado, se comparte tal criterio, por cuanto, el amparo constitucional no puede sustituir los mecanismos ordinarios legalmente establecidos para atender y procurar el cese de esta clase de conductas, de ahí que viable deviene la improcedente de l resguardo; máxime cuando, todos los anhelos y ordenes edificados contra Katherin Lizeth Calonje Suárez resultan extraños a los fines de este instrumento, cuyo propósito es evitar la violación o amenaza de los

improcedente de l resguardo; máxime cuando, todos los anhelos y ordenes edificados contra Katherin Lizeth Calonje Suárez resultan extraños a los fines de este instrumento, cuyo propósito es evitar la violación o amenaza de los privilegios básicos de los ciudadanos, de manera que cualquier otro deseo le es ajeno y, por tanto, no tiene venero.

Más aun cuando en el asunto no se encuentra acreditado una situación de actual peligro inminente o la configuración de un perjuicio irremediable con las características exigidas para activar de manera excepcional este remedio supralegal. Para lograr la procedencia excepcional por esta circunstancia no basta con efectuar manifestaciones sin fundamento probatorio suficiente, dado que, estos se tornan necesarios para determinar la imperiosa necesidad de inmiscuirse en el caso concreto. Sobre las características esta figura esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber:

«(…) la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidadRadicación n.º 54001-22-13-000-2026-00336-01 16

de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela , como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados».

necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela , como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados».

(CSJ STC723-2021).

4. En relación con las peticiones encaminadas a que se compulsen copias para investigación disciplinaria contra el doctor David Eduardo Palacios Urbano anterior juez Once de Familia de Cali, ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y; contra su ex pareja , el aludido funcionario y la Directora Seccional de Fiscalías, para investigación penal por los delitos, entre otros, de prevaricato por omisión, abuso de autoridad, obstrucción a la justicia, violación del código de ética judicial, hurto, fraude, obstrucción a la justicia , violación de orden judicial ; habida cuenta de las conductas presuntamente irregulares que expone el convocante, basta decir que le corresponde a este acudir directamente ante las autoridades competentes, « naturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven », pues ha sido criterio de esta Corporación, que «la función del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisión o por acción » (CSJ STC9513 -2019; reiterado en STC8571-2026 y STC13691-2026).

5. Dicho lo anterior, las demás manifestaciones realizadas en el escrito de impugnación, en torno a su noved