CSJ - STC20820-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20820-2026 Radicación n.° 73001-22-13-000-2026-00465-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 17 de septiembre del 2026, dentro de la acción de tutela promovida por María Dolfi González Duarte contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad , trámite al cual fueron vinculados las partes y los intervinientes en el ejecutivo con n° 2021-00291-00.

ANTECEDENTES

1. La actora acude al presente mecanismo en busca de la protección del derecho fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y petición, que considera quebrantados por la autoridad jurisdiccional convocada.Rad. n.° 73001-22-13-000-2026-00465-01

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2. En síntesis, expuso que el Banco BBVA Colombia S.A. promovió en contra de Eisemjawer Echeverry Prada y otra el litigio referido en líneas anteriores, trámite en el cual, pese a que el 1 2 de ma yo de 2026 solicitó «El amparo de pobreza, conforme al artículo 151 del Código General del Proceso », el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué no ha emitido respuesta.

a que el 1 2 de ma yo de 2026 solicitó «El amparo de pobreza, conforme al artículo 151 del Código General del Proceso », el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué no ha emitido respuesta.

3. Por lo anterior, pretende que se ordene al Juez aludido que «emitir de manera inmediata una respuesta de fondo a la solicitud».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS

El titular del Juzgado convocado solicitó negar el amparo invocado al precisar que, mediante providencias del 24 de abril y 6 de mayo de 2026, se definió que la accionante no ostenta la calidad de parte ni sujeto procesal en el juicio ejecutivo de origen. Por tal razón, se consideró improcedente pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo de pobreza incoada el 12 de mayo siguiente.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia negó el amparo solicitado, al considerar que resulta prematuro, pues lo cierto es que está pendiente de resolverse el recurso de reposición y en subsidio apelación que la actora interpuso contra el auto del 24 de abril de 2026 , que negó su vinculación al proceso.Rad. n.° 73001-22-13-000-2026-00465-01 3

IMPUGNACIÓN

La parte accionante la presentó y reiteró, en esencia, los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES

1. El artículo 23 de la Constitución garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes formuladas

CONSIDERACIONES

1. El artículo 23 de la Constitución garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes formuladas en interés general o particu lar; así las cosas, el derecho de petición tiene una doble dimensión, la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuestión planteada.

Sin embargo, tratándose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado que:

las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuación judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de éstas comporta la vulneración del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garantía del libre acceso a la administración de justicia, también consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem . De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que sólo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petición a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales están regulados por las normas que disciplinan la administración pública» (ver entre otras STC3077-2021).

En igual sentido, se ha precisado que:Rad. n.° 73001-22-13-000-2026-00465-01 4 no resulta factible inferir vulneración del derecho de petición dentro de una actuación judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los términos previstos en el

4 no resulta factible inferir vulneración del derecho de petición dentro de una actuación judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso está sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo éstos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petición sino el debido proceso» (Cit.).

Luego, cuando por vía de tutela se aduce la vulneración del derecho de petición por parte de una autoridad judicial en curso de una actuación reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio de l proceso, por demás regulado en la ley adjetiva.

2. En el caso concreto, María Dolfi González Duarte pretende que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, resuelva de fondo la petición que elevó para que se le otorgara amparo de pobreza en el proceso ejecutivo con rad. 2021-00291-00.

3. Sin embargo, analizado el material probatorio allegado a la actuación y lo expuesto por las partes en el presente trámite, no advierte la Corte que se hubiese vulnerado la garantía fundamental invocada por l a accionante, en razón a que el funcionario judicial convocado procedió de la manera que legalmente le correspondía.

En efecto, la petición elevada por l a accionante, no

vulnerado la garantía fundamental invocada por l a accionante, en razón a que el funcionario judicial convocado procedió de la manera que legalmente le correspondía.

En efecto, la petición elevada por l a accionante, no enmarca de manera alguna una temática de tipoRad. n.° 73001-22-13-000-2026-00465-01 5 administrativo, sino que, por el contrario, obedece a un asunto de carácter procesal comoquiera que solicita que se otorgue el beneficio del amparo de pobreza en los términos del artículo 151 del Código General del Proceso , luego, la autoridad convocada estaba en la obligación de pronunciarse en los términos del canon 120 ídem.

En tal sentido, se evidencia que, ante la solicitud de vinculación como litisconsorte necesaria e intervención procesal planteada por la accionante, el Juzgado del conocimiento no se encontraba en la obligación de resolver lo pertinente en relación con el amparo de pobreza, hasta tanto no se decidiera de forma definitiva sobre su reconocimiento de parte dentro del proceso ejecutivo.

En efecto, contra el auto del 24 de abril último que negó la integración requerida, la promotora del amparo interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales a la fecha se encuentran pendientes de resolución , en consecuencia, mientras no se desate de manera definitiva dicha temática particular —la cual resulta indispensable para delimitar la legitimación de la solicitante —, por sustracción de materia no le es exigible al despacho judicial accionado un pronunciamiento de fondo en punto del beneficio aludido; por lo que se advierte entonces inexistente la vulneración de los derechos fundamentales alegada por la

sustracción de materia no le es exigible al despacho judicial accionado un pronunciamiento de fondo en punto del beneficio aludido; por lo que se advierte entonces inexistente la vulneración de los derechos fundamentales alegada por la actora, habida cuenta que la actuación del juzgado se ha ceñido a las normas procesales que rigen la materia y a la debida secuencia del trámite.Rad. n.° 73001-22-13-000-2026-00465-01 6 En punto de la inexistencia de lesión a las prerrogativas superiores, el máximo Tribunal Constitucional de tiempo atrás ha señalado que

El objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares (…). Así pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión.

En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que “partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los artículos 5º y 6º del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acción u omisión cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de

acción u omisión cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de derechos fundamentales (...) En suma, para que la acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”, ya que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (…)”.

Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jurídico, “ello resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitiría que el peticionario pretermitiera los trámites y procedimientos que señala el ordenamiento jurídico como los adecuados para la obtención de determinados objetivos específicos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos” (T-130 2014).

4. Corolario de lo expuesto, s e ratificará lo resuelto en primera instancia.Rad. n.° 73001-22-13-000-2026-00465-01

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DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en primera instancia.Rad. n.° 73001-22-13-000-2026-00465-01 7

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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