CSJ - STC20824-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20824-2026 Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Familia del Tribunal Superior de Bogotá el pasado 22 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por D.L.H.R., en nombre propio y en representación de su hija menor de edad M.S.E.H., contra el Juzgado Veintisiete de Familia de la misma ciudad ; trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes dentro de l juicio de aumento de cuota alimentaria y modificación del régimen de visitas No. 2024-00000.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de la menor de edad involucrada en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia laRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01 2 información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclama la protección de sus

artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y vida libre de violencia, junto con el interés superior de su hija menor de edad, que estima quebrantados por la autoridad convocada.

2. Como soporte de su queja, expuso que desde 2023 cursa ante la Comisaría de Familia la medida de protección MP 0000-2023 – RUG 0000-2023 contra E.G.E.S., en la que se adoptaron medidas de protección definitivas y de seguimiento a favor de la tutelante y de sus tres hijas, entre ellas M.S.E.H., hija del vinculado.

3. Relató que promovió contra el progenitor proceso de aumento de cuota alimentaria y regulación de visitas ante el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogotá, despacho que en audiencia del 5 de mayo de 2026 ordenó, entre otras pruebas, solicitar información a la comisaría y entrevistar a la menor para conocer su opinión sobre el contacto con su padre y las condiciones en que este debía desarrollarse.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01

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4. Narró que la entrevista, practicada el 17 de julio de 2026, evidenció el vínculo afectivo de la niña con ambos progenitores y recomendó fortalecer el lazo paterno -filial de manera gradual, iniciando con encuentros sin pernocta.

5. Señaló que, en atención a ese requerimiento, la

progenitores y recomendó fortalecer el lazo paterno -filial de manera gradual, iniciando con encuentros sin pernocta.

5. Señaló que, en atención a ese requerimiento, la comisaría remitió al juzgado el 22 de julio de 2026 las actuaciones del trámite de protección, entre ellas la decisión del 22 de abril anterior, en la que, pese a declarar no probado el incumplimiento denunciado, mantuvo las medidas vigentes y ordenó a los progenitores asistir a un proceso psicoeducativo de por lo menos treinta sesiones.

6. Expuso que en la audiencia del 6 de agosto de 2026 no fue escuchada L .L.H.R., quien había sido identificada como testigo.

7. Agregó que, mediante sentencia parcial del 1° de septiembre de 2026, el despacho accionado fijó un régimen de visitas con pernoctas, períodos vacacionales y fechas especiales, y sustituyó el contacto presencial entre semana por llamadas o videollamadas.

8. La tutelante reprochó al juzgado no haber valorado integralmente la entrevista, la recomendación de progresividad, la actuación de la comisaría y las obligaciones terapéuticas pendientes del padre, ni haber explicado por qué adoptó de inmediato un régimen amplio con pernoctas.

Con ello, atribuyó a la providencia cuestionada defecto fáctico, defecto procedimental, motivación insuficiente,Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01 4 desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

9. Con fundamento en lo expuesto, la promotora

4 desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

9. Con fundamento en lo expuesto, la promotora solicitó amparar los derechos invocados, dejar sin efectos la sentencia del 1° de septiembre de 2026 en lo relativo al régimen de visitas y ordenar que se profiera una nueva decisión debidamente motivada.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA

El Juzgado Veintisiete de Familia de Bogotá pidió negar el amparo. Expuso que, aprobado el acuerdo de las partes sobre la pretensión alimentaria, profirió sentencia parcial el 1° de septiembre de 2026 con apoyo en las pruebas recaudadas, en atención al interés superior de la niña y a su derecho fundamental a mantener el contacto con su progenitor, sin incurrir en omisión ni vía de hecho. Agregó que dispuso remitir el enlace del expediente para su consulta.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo. Consideró que la providencia cuestionada valoró en conjunto la entrevista, las actuaciones de la comisaría y las obligaciones terapéuticas, y que la recomendación de progresividad no vincul aba a la juzgadora , pues esta tiene autonomía a la hora de valorar las pruebas y decidir; en todo caso, el juzgado mantuvo el régimen con pernocta vigenteRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01 5 desde 2023. Además, estimó que no se acreditó la incidencia determinante del testimonio omitido.

IMPUGNACIÓN

5 desde 2023. Además, estimó que no se acreditó la incidencia determinante del testimonio omitido.

IMPUGNACIÓN

La actora insistió en el amparo. Adujo que el a quo se limitó a invocar la autonomía del juez natural, sin examinar si debía explicar, con perspectiva de género, por qué descartó la progresividad recomendada. Pidió verificar la documentación de la comisaría y el registro de la audiencia del 6 de agosto de 2026, y revocar el fallo.

CONSIDERACIONES

1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contem plan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otroRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01 6 medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

Así, sobre la pretensión de exigir al juzgador una

6 medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

Así, sobre la pretensión de exigir al juzgador una determinada interpretación de las normas procesales o una específica valoración probatoria , la Sala en precedencia ha indicado que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes ». (CSJ, STC17645-2025, en cita de, entre otros, STC 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01).

De manera que esta particular justicia sólo intervendría cuando eventualmente la decisión cuestionada sea producto de un proceder notorio, flagrante y manifiestamente apartado del ordenamiento jurídico, con incidencia directa en las garantías fundamentales de la impugnante.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogotá, al regular el régimen de visitas en la sentencia parcial del 1° de septiembre de 2026, incurrió en defecto fáctico, defecto procedimental, motivación insuficiente, desconocimi ento del precedente o violación directa de la Constitución, al no acoger la recomendación de progresividad ni valorar integralmente el contexto deRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01 7 protección, o si esa decisión obedece a una apreciación

progresividad ni valorar integralmente el contexto deRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01 7 protección, o si esa decisión obedece a una apreciación razonable amparada en la autonomía judicial.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala confirmará la negativa del amparo, pues en la providencia cuestionada no se vislumbra irregularidad que imponga la injerencia del juez constitucional.

3.1. La conclusión del juzgado descansa en una valoración razonada y conjunta del acervo. Para empezar, contrastó las versiones de las partes con las decisiones de la comisaría del 22 de mayo de 2025 y del 4 de febrero de 2026, que declararon no probados los in cumplimientos denunciados. A ello sumó el informe de visita social, que constató un entorno adecuado y una red de apoyo idónea en el hogar paterno, y la entrevista de la niña, de la que destacó su opinión fundada de sentirse a gusto con ambos progenitores, sin temor ni rechazo hacia su padre, elemento que calificó de «fundante» para su decisión. Que esa inferencia admita otra posible lectura no la torna arbitraria ni configura defecto fáctico.

3.2. Tampoco se configura motivación insuficiente. El reproche de la recurrente parte de una premisa parcial, pues la recomendación de un acercamiento gradual quedó, según el propio informe, «a consideración del despacho» como elemento de apoyo, y la funcionaria explicó por qué optó por conservar

reproche de la recurrente parte de una premisa parcial, pues la recomendación de un acercamiento gradual quedó, según el propio informe, «a consideración del despacho» como elemento de apoyo, y la funcionaria explicó por qué optó por conservar el contacto quincenal con pernocta que regía desde 2023, queRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01 8 las partes venían cumpliendo y frente al cual la prueba no reveló riesgo para la menor. Además, no desatendió el contexto de protección. Ordenó a los progenitores iniciar abordaje terapéutico y garantizar ese apoyo a su hija, en consonancia con las órdenes de la comisaría dirigidas a «conjurar hechos futuros de violencia doméstica» , e impuso a las partes el deber de flexibilizar el régimen consultando la voluntad de la niña y de no exponerla al conflicto.

3.3. Esa solución, por lo demás , guarda el equilibrio que exige la materia. Las medidas de protección adoptadas por la comisaría a favor de la accionante y de sus hijas responden a la protección reforzada que los artículos 13, 42 y 43 superiores, la Ley 294 de 1996 (reformada por la Ley 575 de 2000), la Ley 1257 de 2008 y la Convención de Belém do Pará reconocen a la mujer, pues «la protección de la mujer frente a todo tipo de violencia constituye un deber jurídico reforzado» (CSJ, STC3491 -2026). Sin embargo, esas medidas no suprimen el derecho de la niña a tener una familia y no ser separada de ella (art. 44 C.P.), ni la prerrogativa del padre de

(CSJ, STC3491 -2026). Sin embargo, esas medidas no suprimen el derecho de la niña a tener una familia y no ser separada de ella (art. 44 C.P.), ni la prerrogativa del padre de visitarla «con la frecuencia y libertad que el juez juzgare convenientes» (art. 256 C.C.). El juzgado armonizó ambos mandatos , preservó el contacto paterno -filial que la menor valora positivamente y, a la vez, lo sujetó a la intervención terapéutica de los progenitores, a la consulta de su voluntad y al deber de no exponerla al conflicto entre los adultos, sin perjuicio de que el régimen pueda ajustarse ante el juez de familia si las circunstancias varían.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01 9 3.4. A la par, n o se advierte defecto procedimental. Mediante auto del 28 de julio de 2026, el juzgado dio cuenta del recaudo de las pruebas decretadas y convocó a la continuación de la audiencia, sin oposición de las partes. Por su parte, la tutelante no precisó el objet o del testimonio de L.L.H.R. ni de qué manera habría variado la decisión. Lo mismo ocurre con las partes 5 y 6 de la documentación remitida por la comisaría , pues la recurrente pide verificarlas, pero no indica qué contenido de ellas tendría la entidad de alterar lo resuelto, de modo que no se acredita la incidencia determinante que exige el amparo.

3.5. Descartados los defectos alegados, l o que se advierte, entonces, es una diferencia de criterio de la actora

incidencia determinante que exige el amparo.

3.5. Descartados los defectos alegados, l o que se advierte, entonces, es una diferencia de criterio de la actora frente a l razonamiento de la autoridad cuestionada, adoptado en ejercicio de sus facultades y amparad o en los principios de autonomía e independencia judicial, situación que per se no abre paso a la protección constitucional, pues la acción de tutela no comporta una instancia adicional para prolongar el debate ya definido por los jueces naturales.

Al respecto, se ha insistido en que:

«independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia .» (CSJ, STC de 18 deRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01 10 marzo de 2010, exp. 00367 -00, reiterado, STC6192023).

4. Conclusión

En definitiva, como la decisión recriminada no constituye arbitrariedad susceptible de corrección por esta excepcional vía, porque lo pretendido por la reclamante es

2023).

4. Conclusión

En definitiva, como la decisión recriminada no constituye arbitrariedad susceptible de corrección por esta excepcional vía, porque lo pretendido por la reclamante es anteponer su propio criterio al de la autoridad cuestionad a, se confirmará la negativa del resguardo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02164-01

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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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