CSJ - STC20825-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20825-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05941-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Guillermo Edgar Marín Vidal contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad; trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes reconocidos en la salvaguarda rad. n.° 2026-00164.

ANTECEDENTES

1. El accionante, a través de agente oficioso, reclamó la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y dignidad humana, que estima vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.

2. En síntesis, relató que:Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05941-00 2 2.1. Es demandante en el recaudo que adelanta contra Erika Mildred Correa Marulanda, rad. 2015 -00046-00, a cargo del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla. En ese asunto se decretó el embargo del automotor Volvo de placas IFU 037.

2.2. Ante ese despacho pidió el secuestro y la inmovilización del vehículo, la declaratoria de ilegalidad del auto del 30 de octubre de 2025, información sobre la

embargo del automotor Volvo de placas IFU 037.

2.2. Ante ese despacho pidió el secuestro y la inmovilización del vehículo, la declaratoria de ilegalidad del auto del 30 de octubre de 2025, información sobre la respuesta de la Secretaría de Movilidad de Bogotá al oficio de embargo y la priorización del trámite por su avanzada edad. Según afirmó, el expediente permaneció al despacho desde el 25 de noviembre de 2025 sin que se resolvieran esas solicitudes.

2.3. Por lo anterior, promovió acción de tutela contra el juzgado de ejecución. En el curso de ese trámite, el despacho convocado informó que, mediante auto del 6 de julio de 2026, negó la solicitud de ilegalidad y ejerció control de legalidad sobre lo actuado.

2.4. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, en sentencia del 16 de julio de 2026, declaró improcedente el amparo por falta de legitimación en la causa por activa, al no haberse aportado el poder especial para promover la acción. Inconforme, el t utelante impugnó esa determinación.

2.5. La Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en sentencia del 25 de agosto de 2026,Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05941-00 3 confirmó el fallo de primer grado. Concluyó que no se allegó el poder especial y que no se precisaron las razones por las cuales el titular estaba impedido para acudir en nombre propio. Añadió que, frente a la solicitud de ilegalidad, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

el poder especial y que no se precisaron las razones por las cuales el titular estaba impedido para acudir en nombre propio. Añadió que, frente a la solicitud de ilegalidad, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

3. El actor acude a esta nueva acción de tutela al considerar que las dos sentencias reseñadas desconocieron los artículos 167, 176 y 281 del Código General del Proceso, por falta de valoración probatoria y de congruencia. En su sentir, los falladores no tuvieron en cuenta que el juzgado de ejecución no demostró haberse pronunciado sobre el secuestro y la inmovilización del vehículo ni sobre la respuesta de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Añadió que el expediente estuvo al despacho desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el 6 de julio de 2026.

4. En consecuencia, solicita declarar la nulidad de las sentencias proferidas por las autoridades demandadas, amparar los derechos invocados y conceder a los accionados un término de cuarenta y ocho (48) horas para cumplir lo que se ordene.

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de Barranquilla allegó el enlace del expediente y la relación de los intervinientes, y se atuvo a las consideraciones del fallo del 25 de agosto de 2026. Informó que el 16 de septiembre siguiente corrigió de ofic io esa decisión por un error deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05941-00 4 redacción y negó una solicitud de nulidad planteada por el abogado accionante.

siguiente corrigió de ofic io esa decisión por un error deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05941-00 4 redacción y negó una solicitud de nulidad planteada por el abogado accionante.

2. El Juez Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla explicó que su sentencia se fundó exclusivamente en la falta de legitimación en la causa por activa. El único mandato acreditado era el conferido para el proceso ejecutivo, que no facultaba al profesional para promover la tutela. Además, aunque este invocó después la agencia oficiosa, no demostró que el titular estuviera imposibilitado para defenderse por sí mismo. Pidió negar el amparo, pues su decisión fue razonada y se profirió en ejercicio de la función jurisdiccional.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si las autoridades convocadas lesionaron los derechos fundamentales del demandante en sede de tutela al declarar improcedente el amparo sin valorar la falta de pronunciamiento del juzgado de ejecución sobre las solicitudes elevadas en el proceso ejecutivo. Ello, una vez se establezca si es o no procedente la acción de tutela que ahora promueve contra las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro de la salvaguarda n.º 2026-00164.

2. De la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma naturalezaRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05941-00

5 La acción de que trata el artículo 86 de la Constitución Política no procede respecto de un asunto de igual naturaleza, ya que el legislador creó como únicos medios de

5 La acción de que trata el artículo 86 de la Constitución Política no procede respecto de un asunto de igual naturaleza, ya que el legislador creó como únicos medios de contradicción en estos casos la impugnación y la eventual revisión ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: «(…) ha de tenerse en cuenta que en el trámite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acción constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnación ante el inmediato superior funcional y la revisión eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos» (CSJ, STC 2 oct. 2008, rad. 2008-01619-00, reiterada en STC4241-2016).

Solo en casos excepcionales se ha aceptado la utilización de esta herramienta cuando en el procedimiento seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garantía al debido proceso de los intervinientes.

La reiterada postura de la Corte Constitucional respalda esta impertinencia de la acción, pues, como se ha señalado, «además de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales confiada por la Carta Política a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las órdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protección constitucional que el asunto de la vulneración de sus derechos fundamentales será resuelto

las órdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protección constitucional que el asunto de la vulneración de sus derechos fundamentales será resuelto de una vez » (CC, T-059 de 20 06, citando CC, SU -1219 de 2001).Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05941-00 6

3. Caso concreto

No se abre paso el amparo, comoquiera que el promotor pretende quebrantar los fallos proferidos dentro de una acción de tutela. Ello desatiende una de las causales genéricas de procedibilidad, según la cual la providencia contra la que se dirige el resguardo no debe ser una sentencia emitida en una salvaguarda constitucional. De permitirse, se abriría la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornaría eterna la definición del asunto.

Para cuestionar lo resuelto en un trámite de tutela, el legislador diseñó la impugnación de la sentencia de primer grado ante el superior funcional del juez fallador, la revisión ante la Corte Constitucional y la insistencia en caso de negarse esta. Así, d icha Corporación quedó instituida como el órgano que pone fin al debate en punto de protección de los derechos fundamentales.

En esa dirección, esta Sala ha acogido el criterio de la Corporación, según el cual:

«(…) Como no es factible interponer una nueva acción de tutela contra la sentencia que definió una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem está construida sobre vías de hecho, debe solicitar a esa Corporación que revise dicho

«(…) Como no es factible interponer una nueva acción de tutela contra la sentencia que definió una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem está construida sobre vías de hecho, debe solicitar a esa Corporación que revise dicho fallo, en los términos de los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jurídicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (…) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la última palabra sobre elRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05941-00 7 asunto, y hace tránsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituyó ‘como el órgano que pone fin al debate en punto de protección de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo». (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 2012-00258-01, reiterada en STC82892016).

Solo de forma excepcionalísima se ha autorizado la intervención del juez de tutela para resquebrajar las decisiones adoptadas al interior de otra salvaguarda, y ello únicamente cuando se comprueba la existencia de fraude; en ese sentido, en la SU -627 de 2015 el máximo

Tribunal Constitucional indicó:

«(…) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder

Tribunal Constitucional indicó:

«(…) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta , siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación (…)» . El resaltado es propio.

Analizados los argumentos del reclamante frente a las determinaciones adoptadas por las autoridades accionadas, se observa que no se subsumen en ninguna de las hipótesis aludidas, pues la queja grav ita, esencialmente, en torno a que los falladores no valoraron el silencio del juzgado de ejecución sobre el secuestro del vehículo y la respuesta de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, aspecto que ninguno de ellos abordó, ya que el amparo fracasó por falta deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05941-00 8 legitimación en la causa por activa . Es decir, el reproche se finca en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del resguardo.

8 legitimación en la causa por activa . Es decir, el reproche se finca en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del resguardo.

Así las cosas, el análisis de las discrepancias con lo decidido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad escapa de esta nueva salvaguarda. Le corresponde al accionante acudir , por intermedio de los funcionarios competentes, ante la Corte Constitucional, a donde se ordenó remitir el expediente, para exponer su situación. Al no haber concluido el trámite de la eventual revisión, aún cuenta con ese instrumento, así como con la formulación de la insistencia en caso de no resultar seleccionado el expediente.

El instrumento de la revisión consagrado en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala:

«(…) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garantía, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acción de tutela, también lo es que la selección se materializa a través de l procedimiento previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que ‘[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave’,

Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave’, o lo que es lo mismo, apelar al r ecurso de insistencia (…)» (CSJ STC 7 nov . 2012, rad. 2012 -2041-01, reiterada en STC13335-2016, entre otras).

4. ConclusiónRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05941-00

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Se declarará improcedente el amparo, comoquiera que la acción se dirige contra decisiones adoptadas dentro de un trámite de tutela y no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que, de manera excepcionalísima, habilitarían su procedencia. Los reproches se contraen a un disentimiento con el criterio de los falladores, cuyo control corresponde a la eventual revisión de la Corte Constitucional.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05941-00

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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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