CSJ - STC20827-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20827-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04758-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela que Adan Rodríguez Martínez promovió contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué , el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar y el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de la misma ciudad , trámite al que fueron vinculados las partes e intervinientes en la demanda de pertenencia n.° 2020-00022-00.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad y « propiedad», presuntamente vulnerados por el estrado convocado.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04758-01

2

2. En síntesis, adujo que , promovió proceso de usucapión sobre un inmueble identificado con matrícula inmobiliaria no. 366 -39165, mismo sobre el que, en demanda de reconvención , la sociedad Consultad Ltda. solicitó la reivindicación.

Indicó que el Juzgado Segundo Civil del Cir cuito de Melgar mediante sentencia del 23 de julio de 2024 ordenó la reivindicación del predio, determinación que, impugnada, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Indicó que el Juzgado Segundo Civil del Cir cuito de Melgar mediante sentencia del 23 de julio de 2024 ordenó la reivindicación del predio, determinación que, impugnada, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué a través de providencia del 29 de mayo de 2025, esta última contra la que interpuso recurso extraordinario de casación.

Señaló que el Juzgado de Circuito accionado comisionó al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Melgar para que realizara la diligencia de entrega del inmueble en favor de Consultad Ltda. , situación de la que deriva la lesión de garantías fundamentales, pues sostiene que, «hasta tanto no se decida dicha demanda extraordinaria de casación, las decisiones adoptadas deben entenderse que no han quedado en firme».

3. Bajo el panorama anterior, pretende mediante el presente resguardo, que se ordene a las autoridades accionadas: i) «suspender la diligencia señalada para el día 19 de agosto de 2026», y ii) «dejar sin valor y efecto las actuaciones en lo que corresponde a trámite de diligencia de entrega bajo el trámite procesal dado al Despacho Comisorio No.007 de 21 de abril de 2026 expedido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar Tolima».Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04758-01

3

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué solicitó la improcedencia del resguardo por insatisfacción d el criterio de subsidiaridad, sostuvo que debe tenerse en cuenta que está en curso un

1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué solicitó la improcedencia del resguardo por insatisfacción d el criterio de subsidiaridad, sostuvo que debe tenerse en cuenta que está en curso un recurso extraordinario de casación que controvierte la misma decisión que se señala en tutela , por lo que el amparo no puede utilizarse como un escenario paralelo.

Igualmente advirtió que « el hecho de que se encuentre en trámite el recurso extraordinario de casación no impide, por sí solo, el cumplimiento de la sentencia recurrida. En efecto, el artículo 341 del Código General del Proceso establece expresamente que «la concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla», sin perjuicio de las excepciones y del mecanismo de suspensión allí previstos».

2. El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Melgar informó que el Juzgado Segundo Civil del mismo circuito judicial le comisionó la práctica de la diligencia de entrega del inmueble objeto del pleito. Reseñó que programó la diligencia para el 19 de agosto de 2026, pero que, durante el desarrollo de esta, se formuló oposición por los señores Omar Sotelo y Alexander Rodríguez, por lo que remitió el asunto ante el juez comitente para que res uelva la oposición presentada.

3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar peticionó que se declare la improcedencia del amparo no acreditarse el cumplimiento del requisito de subsidiariedad,Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04758-01

4 pues que se encuentra pendiente de resolución el recurso de casación.

acreditarse el cumplimiento del requisito de subsidiariedad,Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04758-01

4 pues que se encuentra pendiente de resolución el recurso de casación.

4. Consultoría y Administración Ltda . Consultad en Liquidación, demandada en usucapión se opuso a la prosperidad del amparo por ausencia de vulneración de los derechos de l pretensor, en sustento alegó que las autoridades convocadas decidieron conforme a derecho y las pruebas obrantes en el expediente.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada hayaRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-04758-01

5

sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada hayaRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-04758-01

5 agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela ; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela (C.C., C-590/05 y SU-813/07) Resalta la Sala.

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. El promotor acude a la jurisdicción constitucional con el fin de que se ordene a las autoridades judiciales accionadas suspender la diligencia de entrega del inmueble cuya reivindicación se ordenó en el proceso n.° 2020-0002201. En sustento de su solicitud, alegó que se encuentra en trámite el recurso extraordinario de casación que elevó contra

accionadas suspender la diligencia de entrega del inmueble cuya reivindicación se ordenó en el proceso n.° 2020-0002201. En sustento de su solicitud, alegó que se encuentra en trámite el recurso extraordinario de casación que elevó contra la sentencia de segunda instancia y que, por tanto, dicha decisión no se encuentra en firme ni es susceptible de ejecución.

2.2. No obstante, del recuento procesal se observa que, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué mediante auto del 15 de agosto de 2025, además de conceder la alzada extraordinaria, advirtió que la parte recurrente no pidió la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada,Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04758-01

6 por lo que procedía la remisión del expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar para que diera cumplimiento a la sentencia , determinación que no fue cuestionada por las partes procesales.

Luego, el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Melgar libró despacho comisorio para que el estrado Tercero Promiscuo Municipal de la misma ciudad realizara la entrega del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 36639165, diligencia que actualmente se encuentra suspendida por la oposición presentada por Omar Sotelo y Alexander Rodríguez, misma que se encuentra pendiente de decisión por el juzgado de circuito convocado.

De conformidad con lo expuesto, es evidente que el tutelante desperdició el instrumento previsto para suspender los efectos de la providencia contra la que interpuso recurso extraordinario de casación, provocando que el resguardo

De conformidad con lo expuesto, es evidente que el tutelante desperdició el instrumento previsto para suspender los efectos de la providencia contra la que interpuso recurso extraordinario de casación, provocando que el resguardo perseguido por la particular temática resulte improcedente al irrespetar la subsidiariedad que aquí impera.

En efecto, nótese que el pretensor inutilizó la herramienta propuesta en el artículo 341 del Código General del Proceso, el cual establece que, en la oportunidad para interponer el recurso de casación , «el recurrente podrá solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada, ofreciendo caución para garantizar el pago de los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria », pues de no hacerlo, el mismo canon dispone que «si el recurrente no presta la caución, o esta es insuficiente,Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04758-01

7 se ejecutará la sentencia, para lo cual se ordenará, a su cargo, la expedición de las copias necesarias».

En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido:

[S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochado s, - pues los mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales,

diseñado para rescatar términos derrochado s, - pues los mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria , los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…) (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 0024101; ratificada en STC de 2 mar. 2011, rad. 2010000380-01.)

Igualmente ha referido que:

[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medi os ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente . La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Const itución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 (ver entre

ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Const itución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 (ver entre otras STC5331 -2014; STC5341 -2014; STC6001 -2014) Resalta la Sala.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04758-01

8 Cabe reiterar que la Sala ha sido enfática en precisar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (…) » (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027 -01, reiterada entre muchas otras en,

STC7002-2015 y STC11856-2015).

3. De otra parte, no es posible soslayar el incumplimiento del requisito de subsidiariedad para, en su lugar, abordar el fondo de la controversia propuesta por el accionante, aun cuando ésta afirme necesaria la intervención del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable derivado de que no ordenarle al juzgado convocado suspender la diligencia de entrega del inmueble.

Lo anterior porque en el expediente no se advierten elementos objetivos que permitan tener por acreditados los presupuestos que la doctrina constitucional exige para predicar la configuración de un detrimento de esa entidad, siendo insuficiente la sola inv ocación de su existencia , «por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado

siendo insuficiente la sola inv ocación de su existencia , «por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitu cional» (CSJ STC7932021; reiterado STC3196-2022).

Sobre las características del perjuicio irremediable, esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidenteRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-04758-01

9 la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitim a la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados » (CSJ STC723 -2021; reiterado en STC3196-2022).

Así, el asunto bajo examen no denota que la decisión adoptada por haya dejado, por sí misma, al accionante en una situación de tal intensidad que haga inevitable la intervención inmediata del juez de tutela. Pues inclusive, se encuentra pendiente de resolver la solicitud de oposición propuesta en la diligencia de entrega, decisión que desatada,

una situación de tal intensidad que haga inevitable la intervención inmediata del juez de tutela. Pues inclusive, se encuentra pendiente de resolver la solicitud de oposición propuesta en la diligencia de entrega, decisión que desatada, podría variar la situación de este.

4. Corolario de lo expuesto, emergen motivos suficientes para declarar la inviabilidad de la tutela por la desatención del presupuesto de la subsidiariedad.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04758-01

10 Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

(con impedimento)Firmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado No firma impedimento

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 35D08A90A6C3AE32EBCE10CC6BAAAFD2495D7F7B652E4C5ACE63A15DF9C35CBF Documento generado en 2026-10-26