CSJ - STC20829-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20829-2026 Radicación n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por José Adilio Valero Naranjo y Blanca Edilia Quintero Gómez frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 24 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela que promovieron contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes del juicio de restitución de tierras bajo radicado No. 202000046-00.

ANTECEDENTESRad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 2 1.- Los accionantes buscan la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, defensa, propiedad y acceso a la administración de justicia.

2.- En compendio, adujeron que, dentro del proceso de restitución de tierras promovido por Pedro Antonio Sandoval y otro , respecto del predio denominado « La Esperanza », adelantado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga, intervinieron en calidad de segundos ocupantes. Explicaron

y otro , respecto del predio denominado « La Esperanza », adelantado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga, intervinieron en calidad de segundos ocupantes. Explicaron que, desde 2021, se ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) elaborar un informe conjunto para esclarecer los presuntos traslapes advertidos por la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo, dicho documento solo fue entregado en 2024 y, aunque descartó la existencia de superposiciones, evidenció diferencias de área y forma entre el inmueble solicitado en restitución y el adjudicado por el INCODER.

Señalaron que, con fundamento en esas inconsistencias, solicitaron dictar sentencia anticipada por falta de legitimación en la causa por activa, al considerar que el predio explotado económicamente no correspondía al georreferenciado por la URT, en contrav ía de las exigencias previstas en la Ley 1448 de 2011 para los terrenos baldíos. No obstante, mediante auto del 26 de marzo de 2025, el juzgado negó la petición sin examinar las diferencias advertidas y, posteriormente, rechazó de plano el recurso de reposición.Rad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 3 Por tal motivo, promovieron una solicitud de control de legalidad, en la que cuestionaron la valoración efectuada por la URT respecto de las resoluciones de adjudicación expedidas por el INCODER, pues, a su juicio, les restó mérito probatorio con fundamento en una manifestación no rendida

legalidad, en la que cuestionaron la valoración efectuada por la URT respecto de las resoluciones de adjudicación expedidas por el INCODER, pues, a su juicio, les restó mérito probatorio con fundamento en una manifestación no rendida bajo juramento por la hija del solicitante y en la ausencia de registro, con desconocimiento de la presunción de legalidad de tales actos administrativos.

Sostuvieron que la URT debió excluir la solicitud de restitución al advertir que el predio adjudicado, con una extensión de 25 ha y 7400 m 2, no coincidía con el georreferenciado para ese trámite, cuya superficie era de 32 ha y 1995 m2. Pese a ello, la entidad pretendió subsanar esa discrepancia mediante afirmaciones carentes de respaldo técnico. Agregaron que el juzgado, al proferir la sentencia del 6 de marzo de 2026, omitió pronunciarse sobre el cuestionamiento autónomo formulado en la solicitud de control de legalidad y se limitó a reproducir las conclusiones del informe conjunto URT -IGAC, sin reparar en que est e reconocía diferencias de forma y extensión entre los polígonos, además de contener contradicciones que permanecieron sin esclarecer.

En particular, reprocharon que la decisión se sustentara en un documento técnico que, simultáneamente, señalaba que los polígonos eran distintos y correspondían a un mismo inmueble, sin explicar dicha incompatibilidad.Rad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 4 En ese contexto, afirmaron que la sentencia incurrió en falta de motivación, desconocimiento del precedente

un mismo inmueble, sin explicar dicha incompatibilidad.Rad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 4 En ese contexto, afirmaron que la sentencia incurrió en falta de motivación, desconocimiento del precedente constitucional fijado en la Sentencia T-107 de 2023, relativo al deber del juez de restitución de verificar la legalidad de la actuación administrativa, y valoración deficiente de las pruebas técnicas. Asimismo, destacaron que el trámite es de única instancia y que, por tanto, carecen de un mecanismo judicial ordinario para controvertir las irregularidades denunciadas, lo que, en su criterio, hace procedente la salvaguarda como mecanismo definitivo.

Finalmente, insistieron en que la omisión de resolver el cuestionamiento de legalidad tuvo incidencia decisiva en el sentido del fallo, pues su análisis habría podido conducir a establecer la falta de identificación plena del predio y, por consiguiente, la ausencia de legitimación en la causa por activa de los solicitantes, con lo cual se habría evitado la restitución y el consecuente desalojo.

3.- Con fundamento en lo anterior, solicitaron que se ordenara: i) «DEJAR SIN EFECTO la Sentencia No. 032 del 06 de marzo de 2026, proferida bajo el radicado 68001312100120200004600 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga, únicamente en cuanto: (i) resolvió el cargo de control de legalidad sin pronunciarse sobre su contenido sustancial; (ii) adoptó como fundamento probatorio el informe conjunto URT -IGAC de

Tierras de Bucaramanga, únicamente en cuanto: (i) resolvió el cargo de control de legalidad sin pronunciarse sobre su contenido sustancial; (ii) adoptó como fundamento probatorio el informe conjunto URT -IGAC de 2024 pese a la contradicción interna advertida; (iii ) ordenó la entrega material del predio a cargo de JOSÉ ADILIO VALERO NARANJO y su núcleo familiar (num. Octavo del Resuelve); y (iv) no reconoció la calidad de segundo ocupante a mi representado (num. Segundo del Resuelve)».Rad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 5 De igual modo, pidieron: ii) «ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga que, en el término que se le fije, profiera una nueva decisión en la que: (a) resuelva de manera expresa, motivada y de fondo el cargo formulado en el memorial de control de legalidad, en los términos de la Sentencia T -107 de 2023; (b) requiera a la Agencia Nacional de Tierras y/o decrete de oficio las pruebas técnicas complementarias necesarias para resolver la contradicción interna advertida en el informe conjunto URT -IGAC respecto de la identificación plena del predio; (c) mientras se resuelve lo anterior, suspenda los efectos de la orden de entrega material del predio a cargo de JOSÉ ADILIO VALERO NARANJO y BLANCA EDILIA QUINTERO GÓMEZ; y (d) se pronuncie nuevamente, con fundamento en las resultas de lo anterior, sobre la calidad de segundos ocupantes de mis representados».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

y BLANCA EDILIA QUINTERO GÓMEZ; y (d) se pronuncie nuevamente, con fundamento en las resultas de lo anterior, sobre la calidad de segundos ocupantes de mis representados».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga sostuvo que el trámite de restitución se adelantó con observancia de la Ley 1448 de 2011. Precisó que, a partir de las pruebas recaudadas y los informes técnicos practicados, se estableció que el predio reclamado correspondía al identificado por el INCORA, sin que existieran traslapes.

Agregó que tanto la solicitud de sentencia anticipada como el recurso de reposición fueron resueltos conforme a derecho y que, mediante sentencia del 6 de marzo de 2026, se reconoció la restitución por equivalencia y se descartó la condición de segundo ocu pante ante la ausencia de vulnerabilidad. Por último, negó que se hubieran vulnerado los derechos fundamentales invocados.Rad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 6

2.- La Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) solicitaron su desvinculación del trámite constitucional, por considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva.

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta consideró que no se

legitimación en la causa por pasiva.

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta consideró que no se configuraban los presupuestos para dejar sin efectos la sentencia del 6 de marzo de 2026. Precisó que el juez natural examinó la controversia relacionada con la identificación del fundo, aunque de manera conjunta con otros aspectos del litigio, con fundamento en el informe técnico elaborado por la URT y el IGAC en 2024.

Añadió que el ejercicio del control de legalidad no exige un pronunciamiento independiente sobre cada cuestión planteada y que tampoco se acreditó un defecto fáctico, pues la valoración de las pruebas técnicas no fue arbitraria. Además, indicó que la decisión de no reconocer a los accionantes como segundos ocupantes se sustentó en su capacidad económica y en la ausencia de dependencia respecto del inmueble.Rad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 7 En consecuencia, negó el amparo solicitado y desvinculó a la UAEGRTD y a la ANT, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

IMPUGNACIÓN

Los promotores indicaron que el tribunal incurrió en dos errores determinantes. En primer lugar, calificó como accesorio el argumento relacionado con la falta de registro de las resoluciones del INCODER, pese a que dicha circunstancia constituyó el fundamento esencial de la decisión cuest ionada y, por tanto, exigía un análisis independiente. En segundo término, otorgó valor probatorio

las resoluciones del INCODER, pese a que dicha circunstancia constituyó el fundamento esencial de la decisión cuest ionada y, por tanto, exigía un análisis independiente. En segundo término, otorgó valor probatorio al levantamiento topográfico de 2006, aunque este no corresponde a ninguna de las áreas en controversia y presenta diferencias aritméticas significativas.

Por consiguiente, solicitaron revocar el fallo impugnado, conceder el resguardo y ordenar que se profiera una nueva decisión en la que se examine la incidencia jurídica de la falta de registro, se practiquen pruebas técnicas adicionales y se reevalúe su condición de segundos ocupantes. Asimismo, pidieron suspender la entrega del predio.

CONSIDERACIONES

1.- Corresponde a la Corte determinar si el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga vulneró los derechos fundamentalesRad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 8 de los accionantes al proferir la sentencia del 6 de marzo de 2026, mediante la cual amparó el derecho fundamental a la restitución de tierras de Pedro Antonio Sandoval y Ana Pastora Quinceno, dispuso su restitución por equivalencia y negó a los actores el reconocimiento de la condición de segundos ocupantes, entre otras determinaciones. Lo anterior, por haber incurrido, presuntamente, en falta de motivación, defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2.- Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta

motivación, defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2.- Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una vía de hecho , obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios idóneos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesión alegada, salvo que se esté en presencia de un perjuicio irremediable.

3.- Descendiendo al sub lite , l a Sala anticipa que ratificará la desestimación del amparo tal como lo concluyó el a quo, por cuanto, del examen del proveído censurado (con el límite propio del juez constitucional), no se vislumbra irregularidad con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia de esta justicia excepcional.Rad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 9 3.1.- En el asunto examinado, la jueza accionada explicó que, luego de varios requerimientos técnicos formulados a la URT y al IGAC, en 2024 se obtuvo un informe conjunto en el que se concluyó que el predio « La Esperanza», georreferenciado dentro del proceso de restitución, no presentaba traslapes y correspondía al mismo inmueble objeto de adjudicación por el INCODER, pese a las

conjunto en el que se concluyó que el predio « La Esperanza», georreferenciado dentro del proceso de restitución, no presentaba traslapes y correspondía al mismo inmueble objeto de adjudicación por el INCODER, pese a las diferencias de área y configuración entre los polígonos. Precisó que tales discrepancias obede cían a errores contenidos en los antiguos actos administrativos y a la ausencia de registro, sin que ello impidiera identificar el fundo reclamado a partir de su georreferenciación actual y de los antecedentes de ocupación del solicitante.

En relación con el control de legalidad solicitado por los segundos ocupantes , ahora accionantes, señaló que la identificación del inmueble ya había sido examinada y que el informe técnico conjunto permitía despejar las dudas planteadas. Agregó que la URT actuó dentro del ámbito de sus competencias y que la falta de registro de las resoluciones del INCODER no desvirtuaba la identidad entre el predio adjudicado y el georreferenciado, máxime cuando el levantamiento topográfico privado realizado por José Adilio Valero Naranjo en 2006 coincidía aproximadamente con la ubicación y extensi ón del terreno objeto de restitución. Por consiguiente, descartó la falta de legitimación en la causa por activa y estimó innecesaria la práctica de pruebas adicionales.Rad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 10 Respecto de la condición de segundos ocupantes, el juzgado valoró la caracterización socioeconómica efectuada por la URT y concluyó que José Adilio no reunía los presupuestos constitucionales para acceder a las medidas de

10 Respecto de la condición de segundos ocupantes, el juzgado valoró la caracterización socioeconómica efectuada por la URT y concluyó que José Adilio no reunía los presupuestos constitucionales para acceder a las medidas de protección correspondientes. Para ello, tuvo en cuenta que era propietario de varios i nmuebles, no residía en el predio reclamado y su sustento económico no dependía de este, circunstancias que descartaban una afectación desproporcionada de sus derechos a la vivienda digna y al mínimo vital.

En consecuencia, amparó el derecho fundamental a la restitución de tierras de los solicitantes, dispuso la restitución por equivalencia, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras adjudicar el inmueble y exigió a José Adilio y a su núcleo familiar efectuar la entrega material del fundo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

3.2.- Así, bajo el contexto que viene de verse, más allá que la Corte acoja o no los fundamentos en los que la autoridad judicial acusada r espaldó la providencia recriminada, lo cierto es que, no se le puede atribuir defecto que configure vía de hecho , pues fue fruto de una interpretación respetable de la problemática planteada y del contexto jurídico analizado, labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonomía propia de los jueces. En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que:Rad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 11 «(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de

11 «(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo» (STC5042-2024).

Por otro lado, cuando el propósito de los tutelantes es el de anteponer su criterio al de la autoridad cuestionada y atacar el pronunciamiento que les fue desfavorable por esta vía, se insiste, es una finalidad ajena a este auxilio, que no fue creado para erigirse como una instancia más dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posición de los jueces ordinarios que, sin arbitrariedades, en su legítimo entendimiento, asuman frente a determinada situación.

En definitiva, se reitera, al margen del criterio que esta Sala pudiera tener frente a lo resuelto, cuando por vía de tutela se demanda una providencia judicial, se ha indicado que:

«(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho , la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser

descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho , la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pu diera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instanciaRad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 12 accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (…)» (STC5042-2024).

4.- De otro lado, la pretensión encaminada a suspender la diligencia de entrega tampoco está llamada a prosperar , pues, de conformidad con el precedente de esta Sala, la acción de tutela no constituye el mecanismo idóneo para «suspender, retrotraer o invalidar» el desarrollo o cumplimiento de las «diligencias de entrega» que tienen origen en el procedimiento surtido por el juez competente.

Lo anterior, por cuanto «(…) la entrega dispuesta en un proceso judicial no entraña en sí misma, un perjuicio irremediable (…) pues ese tipo de medidas responde a órdenes legítimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acción de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podría impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales» (STC21343-2025).

5.- En consecuencia, se confirmará la providencia impugnada.

DECISIÓN

que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales» (STC21343-2025).

5.- En consecuencia, se confirmará la providencia impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.Rad. n° 54001-22-21-000-2026-00040-01 13 Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 33EB1946B5C7F88E64C0F26149CCC23177FC98D4295107596A8D931232CB9387

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