CSJ - STC20830-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20830-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05439-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por la Corporación Agropecuaria de Ferias y Exposiciones del Sur del Magdalena y Bolívar —COREXMABOL— contra el Juzgado Único Civil del Circuito de El Banco y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta ; trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes reconocidos en el juicio de pertenencia rad. n.° 2022-00017.

ANTECEDENTES

1. La sociedad accionante , a través de apoderada judicial, reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa , contradicción, igualdad procesal, acceso a la administración de justicia yRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05439-00 2 propiedad privada, que estima vulnerados por las autoridades convocadas.

2. Expuso en síntesis que:

2.1. Es propietaria inscrita del inmueble denominado "La Feria", identificado con el folio 224-1198 de la Oficina de Registro de El Banco, Magdalena, adquirido mediante la Escritura Pública n.° 73 de 1979 de la Notaría Única de aquel municipio.

"La Feria", identificado con el folio 224-1198 de la Oficina de Registro de El Banco, Magdalena, adquirido mediante la Escritura Pública n.° 73 de 1979 de la Notaría Única de aquel municipio.

2.2. El Comité de Ganaderos del Banco, Magdalena — COGABAN—, por conducto de su representante legal, promovió en marzo de 2022 proceso de pertenencia, a fin de que se declarara a su favor la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre el referido predio.

2.3. El Juzgado Único Civil del Circuito de El Banco, mediante sentencia de l 30 de abril de 2025, accedió a las pretensiones y declaró la pertenencia en favor de la entidad demandante.

2.4. Apelada la decisión por la corporación aquí convocante, la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, en fallo de l 12 de noviembre de 2025, la confirmó en su integridad.

2.5. Contra esa determinación la aquí tutelante interpuso recurso de casación, que le fue negado. Surtidas la reposición y la queja , el auto AC2557 -2026 del 24 de abrilRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05439-00 3 del año en curso confirmó la negativa de conceder el mencionado recurso extraordinario.

3. Adujo que la providencia de segunda instancia lesionó sus derechos fundamentales al incurrir en: (i) un defecto fáctico, por la omisión de valorar pruebas determinantes y por sustentar la existencia y la continuidad de la posesión en inferencias carentes d e respaldo; (ii ) un

defecto fáctico, por la omisión de valorar pruebas determinantes y por sustentar la existencia y la continuidad de la posesión en inferencias carentes d e respaldo; (ii ) un defecto sustantivo, por la indebida aplicación de los artículos 780 y 782 del Código Civil y de las reglas que gobiernan la prescripción adquisitiva de dominio; y (iii) falta de motivación, o motivación insuficiente, con desconocimiento de los precedentes sobre la materia.

4. En consecuencia, pretende que se amparen los derechos invocados, se deje n sin efecto la s sentencias de primera y segunda instancia y, como consecuencia de ello, se ordene al Tribunal accionado proferir una decisión de reemplazo que valore de manera integral el material probatorio.

RESPUESTA DEL ACCIONADO

El Juzgado Único Civil del Circuito de El Banco rindió informe y pidió declarar improcedente el amparo o, en subsidio, negarlo. Sostuvo que la inconformidad recae sobre la valoración probatoria de los jueces naturales —ya resuelta en las instancias y en lo s recursos mediante providencias motivadas—, sin que la tutela sea una tercera instancia ni se configuren los defectos endilgados, y que carece deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05439-00 4 competencia para modificar lo decidido por su superior funcional.

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la CorteRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05439-00 5 Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue "(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad;

5 Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue "(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera insta ncia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces" (CC SU -573 de 2019, SU -128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional "protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales" , de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales" (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que

satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio . En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05439-00 6 justicia no habilita, per se , la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, sino en estrecha relación con los demás presupuestos generales de procedibilidad; con todo, superados en este caso la subsidiariedad e inmediatez, el examen se concentra en la relevancia constitucional, cuya ausencia, según pasa a exponerse, sella la improcedencia del amparo.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de relevancia constitucional. Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el fondo, esto es, si la s autoridades accionadas incurrieron en los defectos endilgados al confirmar la declaratoria de pertenencia en favor del Comité de Ganaderos del Banco, Magdalena, con la consiguiente lesión de los derechos fundamentales invocados por la corporación accionante.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala negará el amparo, pues en la providencia cuestionada no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia del juez constitucional,

por la corporación accionante.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala negará el amparo, pues en la providencia cuestionada no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia del juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia constitucional, según se pasa a exponer:Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05439-00 7

3.1. La accionante, demandada en el proceso de pertenencia, cuestiona la sentencia de segunda instancia para que se deje sin efecto y se ordene una decisión de reemplazo que niegue la usucapión declarada en favor del Comité de Ganaderos. En el fondo, su reproch e recae sobre la valoración probatoria y la aplicación de las reglas de la posesión y la prescripción, ya que discute que la posesión de la entidad demandante se computara desde 1997 y no desde el nombramiento de su representante legal en 2015, además de que se tuvieran por acreditados el ánimo de señor y dueño y la continuidad posesoria. Esa apreciación es la que pretende revertir vía tutela.

3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretende la tutelante es que el juez constitucional dirima una controversia de aplicación de normas legales y apreciación del acervo probatorio. En efecto, sus reproches recaen sobre la valoración de los testimonios, la inspección judicial y los contratos de arrendamiento con que las instancias tuvieron por demostrada la posesión; y sobre la interpretación de las reglas de la posesión ejercida por interpuesta persona y de la

la valoración de los testimonios, la inspección judicial y los contratos de arrendamiento con que las instancias tuvieron por demostrada la posesión; y sobre la interpretación de las reglas de la posesión ejercida por interpuesta persona y de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio (artículos 780, 781, 782 y 2512 del Código Civil). Se trata pues de cuestiones de estricta legalidad, ampliamente debatidas y resueltas de manera motivada por el juez natural.

No se debate aquí una cuestión que comprometa la interpretación o el alcance de la Constitución, sino la forma como las autoridades accionadas ponderaron la prueba yRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05439-00 8 calificaron jurídicamente los hechos de la posesión. Que la solicitud reitere ante esta Corporación los mismos reparos que la parte formuló al apelar y que el Tribunal desató uno a uno, confirma que el amparo se emplea como una tercera instancia para reabrir un debate agotado, cometido ajeno a la naturaleza de este instrumento iusfundamental.

3.3. En segundo lugar, la consecuencia jurídica que se desprende de la providencia cuestionada , esto es, la declaratoria de pertenencia por prescripción extraordinaria en favor del Comité de Ganaderos, con la correlativa pérdida del dominio inscrito de la accionante , es la que el ordenamiento prevé para esta clase de controversias. Las autoridades accionadas sustentaron su decisión en las normas sustanciales que gobiernan la usucapión y valoraron con arreglo a ellas el acervo probatorio para tener por acreditados sus presupuestos. Esa determinación,

autoridades accionadas sustentaron su decisión en las normas sustanciales que gobiernan la usucapión y valoraron con arreglo a ellas el acervo probatorio para tener por acreditados sus presupuestos. Esa determinación, contrastada con la Carta, no resulta por sí misma lesiva de derecho fundamental alguno, pues no hace más que extraer las consecuencias que el régimen de la prescripción adquisitiva dispone cuando concurren la posesión mater ial, pública, pacífica e ininterrumpida por el término legal sobre un bien susceptible de adquirirse por este modo.

3.4. Y en tercer lugar, no se acredita una afectación desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto. Antes bien, la accionante es una persona jurídica y el interés que defiende es de contenido estrictamente patrimonial —la titularidad del dominio sobre un inmueble—, de modo que la controversiaRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05439-00 9 se inscribe de lleno en el ámbito económico y privado que la jurisprudencia excluye del examen constitucional. No concurren aquí situaciones de especial protección constitucional y la propiedad privada, en su dimensión patrimonial, no adquiere trascendencia iusfundamental por el solo hecho de invocarse frente a una decisión adversa.

Lo que subyace es una simple diferencia de criterio frente a la interpretación motivada de las autoridades accionadas, a la cual la sociedad convocante se limita a oponer la propia. Insiste la Sala en que la mera invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia, sin demostración de una afectación

accionadas, a la cual la sociedad convocante se limita a oponer la propia. Insiste la Sala en que la mera invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia, sin demostración de una afectación desproporcionada, no confiere por sí sola relevancia constitucional a una controversia que sigue siendo legal. De este modo, lo perseguido no es la guarda de un derecho fundamental, sino l a apertura de una tercera instancia, cometido ajeno a la acción de tutela.

4. Conclusión

En definitiva, como la decisión cuestionada no constituye una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional —pues lo que en el fondo pretende la actora es anteponer su criterio al de la s autoridades judiciales accionadas—, y al carecer el asunto de relevancia constitucional, se negará el amparo solicitado, por las razones aquí expuestas.

DECISIÓNRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05439-00 10 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo rogado.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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