CSJ - STC20831-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20831-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Harvey Enrique Criado Angarita contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ocaña y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes reconocidos en el ejecutivo a continuación del de responsabilidad civil rad. n.° 2021-00103.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, que estima vulnerados por las autoridades convocadas.

2. Expuso en síntesis que:Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00

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2.1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ocaña, en el proceso de responsabilidad civil que Élida María Quintero Garay y otros promovieron contra el Fondo de Empleados Unidad Técnica Educativa Alfonso López Pumarejo de Río de Oro, Cesar (FEUTEAL), contra el gestor y otros, profirió sentencia el 10 de junio de 2025 ; en ella el tutelante fue declarado solidaria e ilimitadamente responsable, como administrador del fondo, de las condenas impuestas, con

Oro, Cesar (FEUTEAL), contra el gestor y otros, profirió sentencia el 10 de junio de 2025 ; en ella el tutelante fue declarado solidaria e ilimitadamente responsable, como administrador del fondo, de las condenas impuestas, con apoyo en el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995.

2.2. A su juicio, el fallador debió integrar el litisconsorcio necesario con los miembros de la junta directiva que ejercieron funciones entre 2009 y 2019, pues el artículo 22 de la L ey 222 de 1995 también los considera administradores. La apelación que interpuso contra ese fallo fue declarada desierta por el Tribunal Superior de Cúcuta.

2.3. Librado mandamiento de pago con base en la sentencia, el promotor formuló la excepción de «nulidad insaneable originada en la sentencia base de la ejecución por falta de integración del litisconsorcio necesario» , con fundamento en el artículo 134 del Código General del Proceso. El juzgado la rechazó de plano, sin decretar las pruebas pedidas, mediante auto de 20 de mayo de 2026, decisión que la Sala CivilFamilia del Tribunal Superior de Cúcuta confirmó el 26 de junio siguiente.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00 3

3. Adujo que las autoridades accionadas incurrieron en: (i) un defecto procedimental absoluto, al omitir el estudio de una nulidad insaneable que puede alegarse como excepción en la ejecución y al rechazarla sin abrir el debate probatorio; y (ii) desconocimie nto del precedente contenido

en: (i) un defecto procedimental absoluto, al omitir el estudio de una nulidad insaneable que puede alegarse como excepción en la ejecución y al rechazarla sin abrir el debate probatorio; y (ii) desconocimie nto del precedente contenido en las sentencias CSJ SC1182-2016 y SC2496-2022, según el cual la falta de integración del litisconsorcio necesario impone anular la sentencia. Agregó que la decisión le causa un perjuicio irremediable, pues lo obliga a respond er en solitario por un daño en el que concurrieron todos los directivos de la época.

4. En consecuencia, pretende que se dejen sin efecto los autos de 20 de mayo y 26 de junio de 2026 y que se ordene al juzgado practicar las pruebas solicitadas y decidir la nulidad alegada.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. La Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de Cúcuta relató que la apelación contra la sentencia de 10 de junio de 2025 fue declarada desierta por falta de sustentación, y que la alzada contra el auto de 20 de mayo de 2026, que rechazó la nulidad propuest a como excepción en la ejecución, se resolvió el 26 de junio siguiente con la confirmación de lo decidido. Pidió negar el amparo, por no ser la tutela una instancia adicional.

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ocaña indicó que ninguno de los demandados alegó como excepciónRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00 4 previa la falta de integración del litisconsorcio, por lo que la

indicó que ninguno de los demandados alegó como excepciónRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00 4 previa la falta de integración del litisconsorcio, por lo que la eventual nulidad quedó saneada (arts. 135 y 136 del Código General del Proceso). Pidió negar el amparo.

3. El apoderado de los ejecutantes solicitó declarar improcedente o rechazar el amparo por temeridad, porque el tutelante ya había cuestionado la deserción de la apelación.

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

Dentro de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se encuentra

la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

Dentro de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se encuentra la relevancia constitucional , presupuesto que, una vezRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00 5 verificadas la inmediatez y la subsidiariedad, condiciona el acceso al examen de fondo del amparo . Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario, pues al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue "(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera insta ncia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces" (CC SU -573 de 2019, SU -128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional "protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales" , de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad

que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales" , de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales" (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguajeRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00 6 iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio . En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o la dignidad humana no habilita, per se, la intervención del juez constitucional.

Finalmente, una vez satisfechas la inmediatez y la subsidiariedad, el análisis se concentra en la relevancia constitucional, cuya ausencia, según pasa a exponerse, sella la improcedencia del amparo.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de

la improcedencia del amparo.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de relevancia constitucional. Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el f ondo, esto es, si las autoridades accionadas incurrieron en los defectos endilgados al rechazar de plano la excepción de nulidad propuesta por el ejecutado y ordenar seguir adelante la ejecución, con la consiguiente lesión de los derechos fundamentales invocados.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala declarará improcedente el amparo, pues en la s providencias cuestionadas no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia delRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00 7 juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia constitucional, según se pasa a exponer:

3.1. El promotor, ejecutado en el cobro de la condena impuesta en el proceso de responsabilidad civil, dirige el amparo contra los autos que rechazaron de plano la excepción con la que pretendía anular la sentencia base de la ejecución, por no haberse integrado el litisconsorcio necesario con los miembros de la junta direc tiva del fondo. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ocaña rechazó la excepción propuesta pues la consideró «extraña y ajena a este trámite de conformidad con lo reglado en el artículo 442 del CGP» , y la

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ocaña rechazó la excepción propuesta pues la consideró «extraña y ajena a este trámite de conformidad con lo reglado en el artículo 442 del CGP» , y la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, al confirmar esa decisión, precisó que «la alegada falta de integración del litisconsorcio necesario no constituye una nulidad originada en la sentencia, sino una circunstancia que, de existir, se habría configurado durante el desarrollo del proceso declarativo» . Son esas conclusiones las que el actor pretende revertir por vía de tutela.

3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretende el tutelante es que el juez constitucional resuelva una controversia de interpretación de normas procesales. En efecto, sus reproches, presentados como un defecto procedimental absoluto, recaen sobre el alcance del catálogo de excepciones del numeral 2 del artículo 442 del Código General del Proceso, sobre la hipótesis de nulidad «originada en la sentencia» del artículo 134 ibidem, sobre la legitimación para invocarla conforme al artículo 135 y sobre laRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00 8 procedencia de abrir un debate probatorio frente a una defensa rechazada de plano. Se trata, en su integridad, de cuestiones de estricta legalidad, debatidas y resueltas de manera motivada por el fallador natural en dos instancias.

No se debate aquí una cuestión que comprometa la interpretación o el alcance de la Constitución, sino la forma como los despachos convocados entendieron las reglas que

manera motivada por el fallador natural en dos instancias.

No se debate aquí una cuestión que comprometa la interpretación o el alcance de la Constitución, sino la forma como los despachos convocados entendieron las reglas que gobiernan la ejecución de providencias judiciales. Que la solicitud reproduzca ante esta Corporación los argumentos expuestos en la apelación confirma que el amparo se emplea como una tercera instancia para reabrir un debate ago tado, cometido ajeno a la naturaleza de este instrumento iusfundamental.

3.3. En segundo lugar, la consecuencia jurídica que se desprende de las providencias cuestionadas, esto es, la continuación del cobro de una condena contenida en una sentencia ejecutoriada, es la que el ordenamiento prevé para esta clase de trámites (artículos 305, 306 y 442 del Código General del Proceso). Esa determinación, contrastada con la Carta, no resulta por sí misma lesiva de derecho fundamental alguno.

Además, el interés que subyace al reclamo es de contenido estrictamente económico. El actor fue parte en el proceso declarativo, compareció a él con apoderado y ejerció su defensa, de suerte que no denuncia la afectación de sus propias garantías procesales, sino la falta de vinculación de terceros. Como lo advirtió la colegiatura accionada, elRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00 9 ejecutado «carece de legitimación para invocar una nulidad fundada en la supuesta vulneración de derechos procesales ajenos». Lo que en el fondo persigue es distribuir con otros la carga patrimonial de una condena solidaria, propósito que no trasciende la

en la supuesta vulneración de derechos procesales ajenos». Lo que en el fondo persigue es distribuir con otros la carga patrimonial de una condena solidaria, propósito que no trasciende la esfera privada de la controversia.

3.4. Y en tercer lugar, no se acredita una afectación desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto. El promotor no invoca ni demuestra una condición de especial protección, y las alusiones a su dignidad humana y a la situación patrimonial y personal en que lo deja la ejecución carecen de un desarrollo concreto que las desligue del efecto ordinario de cualquier condena pecuniaria.

Lo que subyace es una simple diferencia de criterio frente a la interpretación motivada de las autoridades accionadas, a la cual el actor se limita a oponer la propia. Insiste la Sala en que la mera invocación del debido proceso o de la dignidad humana, sin demostración de una afectación desproporcionada, no confiere por sí sola relevancia constitucional a una controversia que sigue siendo legal. De este modo, lo perseguido no es la guarda de un derecho fundamental, sino la apertura de una tercera instancia , cometido ajeno a la acción de tutela.

4. Conclusión

En definitiva, como la s decisiones cuestionadas no constituyen una actuación arbitraria susceptible deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00 10 corrección por esta vía excepcional —pues lo que en el fondo pretende el actor es anteponer su criterio al de los jueces naturales—, y al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará improcedente el amparo

corrección por esta vía excepcional —pues lo que en el fondo pretende el actor es anteponer su criterio al de los jueces naturales—, y al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará improcedente el amparo solicitado, por las razones aquí expuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo rogado.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06140-00

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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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