CSJ - STC20835-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20835-2026 Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00744-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 22 de agosto de 20261 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, dentro de la tutela promovida por Sandra Patricia P acheco Gattas contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha , trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes del ejecutivo rad. n.° 2026-10165.

ANTECEDENTES

1. La accionante, actuando en nombre propio , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.

1 La cual ingresó a este despacho el 8 de octubre de 2026.Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00744-01

2. En sustento, adujo haber iniciado la causa objeto de revisión, cuyas pretensiones superaban el límite de la mayor cuantía. Expuso que, asignado el asunto, el juzgador «rechazó la demanda por falta de competencia en razón de la cuantía y ordenó remitirla a los juzgados civiles municipales de Soacha » (2 sep.

mayor cuantía. Expuso que, asignado el asunto, el juzgador «rechazó la demanda por falta de competencia en razón de la cuantía y ordenó remitirla a los juzgados civiles municipales de Soacha » (2 sep. 2026). Señaló que, inconforme, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron desechados por el secretario del despacho, mediante correo electrónico que informó que «el recurso no será tramitado» porque, a su juicio, «el artículo 139 del CGP dispone que la decisión de falta de competencia no admite recursos y ya estaba ejecutoriada».

De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, el operador judicial omitió motivar sobre la manera en que estimó la cuantía.

3. Por lo anterior , pidió que se deje sin efecto el proveído censurado, para que, en su lugar, se resuelva nuevamente conforme a sus intereses.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha remitió el link del expediente cuestionado, hizo un recuento de las actuaciones a su cargo y defendió la respectiva legalidad.Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00744-01

2. El Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple y los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Civiles Municipales, todos de Soacha, refirieron no contar con el asunto en sus inventarios.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito

Tercero Civiles Municipales, todos de Soacha, refirieron no contar con el asunto en sus inventarios.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas despachó desfavorablemente la salvaguarda tras descartar la irrazonabilidad de la decisión reprochada.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la gestora en reiteración de sus argumentos iniciales.

CONSIDERACIONES

1. De entrada, se anuncia que se revocará el fallo impugnado, para en su lugar conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso, por la configuración de un defecto procedimental absoluto en la decisión de los recursos interpuestos por la demandante.

2. Tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de lasRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00744-01

personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia

excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una ca rga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.

(CC, C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

3. El defecto procedimental absolutoRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00744-01

Entre los defectos específicos enumerados, el

o que se haya violado directamente la Constitución.

3. El defecto procedimental absolutoRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00744-01

Entre los defectos específicos enumerados, el procedimental absoluto se estructura cuando el funcionario judicial incurre en error en la aplicación de las normas procesales que fijan el trámite, con entidad suficiente para vulnerar derechos fundamentales, esto es, cuando «actuó completamente al margen del procedimiento establecido» (CC, C590/05). Requiere que i) se desconozca el procedimiento establecido; ii) se trate de una irregularidad trascendente; iii) el error tenga influencia sobre la decisión adoptada, al punto de afectar el derecho al debido proceso; y iv) la deficiencia no sea atribuible al afectado.

Se presenta, de manera general, cuando el funcionario sigue un trámite ajeno al asunto sometido a su competencia o pretermite etapas sustanciales del procedimiento, con violación de los derechos de defensa y contradicción ; por ejemplo, cuando «prescinde por su simple voluntad de la práctica de una o de varias etapas del proceso» o «desconoce las garantías mínimas del debido proceso, limitando irrazonablemente los derechos a la defensa y contradicción de los sujetos procesales » (CC, T -229/22). Se distingue del exceso ritual manifiesto, que supone un rigor extremo en la aplicación mecánica de las normas procesales (ibidem).

4. Caso concreto

En efecto, la accionante reprochó, entre otros cargos, que la determinación sobre los recursos que interpuso contra

extremo en la aplicación mecánica de las normas procesales (ibidem).

4. Caso concreto

En efecto, la accionante reprochó, entre otros cargos, que la determinación sobre los recursos que interpuso contra el auto de 2 de septiembre de 2026 la adoptó el secretario porRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00744-01

correo electrónico y no el juez mediante providencia. El a quo reseñó que esos recursos « no fueron tramitados al advertirse la evidente improcedencia», pero no analizó si el juzgado podía prescindir de pronunciarse sobre ellos mediante auto.

4.1. Obra en el expediente que i) por auto de 2 de septiembre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha rechazó por falta de competencia, en razón de la cuantía, la demanda ejecutiva y ordenó remitirla a los juzgados civiles municipales; ii) el 4 de septiembre siguiente, la promotora interpuso vía correo electrónico reposición y, en subsidio, apelación contra esa providencia; y iii) el 7 de septiembre, el secretario del juzgado respondió:

Se le informa que el recurso no será tramitado, dado que, de conformidad con el art. 139 del C.G.P., el auto que rechaza la demanda por competencia no es susceptible de ningún recurso y por lo tanto actualmente se encuentra ejecutoriado y en firme de acuerdo con el art. 302 ibidem.

Así las cosas, este despacho procederá a remitir el expediente a la Oficina de Reparto de los Juzgados Civiles Municipales de Soacha.

No obra en el paginario una providencia suscrita por el

Así las cosas, este despacho procederá a remitir el expediente a la Oficina de Reparto de los Juzgados Civiles Municipales de Soacha.

No obra en el paginario una providencia suscrita por el juez que se ocupe de esos recursos. Por el contrario, si se evidencian las actuaciones posteriores tendientes a dar cumplimiento al mandato recurrido.

4.2. Resulta claro que el correo del 7 de septiembre pasado no es una providencia. En el proceso civil, las decisiones del juez se profieren mediante autos o sentencia (art. 278 CGP) y la providencia escrita «terminará con la firma del juez o de los magistrados », sin que tenga « valor ni efecto jurídico»Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00744-01

mientras no haya sido pronunciada y suscrita por estos (art. 279 ibidem). Los oficios son «solo uno de los mecanismos para hacer públicas esas decisiones » (CSJ, STC13809 -2025). Entonces, el mensaje de datos reseñado no es un auto ni lleva firma del juez, ni siquiera invoca una orden o directriz suya, pues se limita a «informa[r]» una determinación sin autor jurisdiccional identificable.

Con todo, lo allí resuelto no era de resorte de la secretaría. Mediante el mensaje censurado se i) decidió que los recursos de reposición y apelación no serían tramitados, es decir, se juzg ó su procedencia; ii) declaró que el auto estaba « ejecutoriado y en firme », conclusión que presuponía haber resuelto antes que los recursos eran improcedentes

los recursos de reposición y apelación no serían tramitados, es decir, se juzg ó su procedencia; ii) declaró que el auto estaba « ejecutoriado y en firme », conclusión que presuponía haber resuelto antes que los recursos eran improcedentes (art. 302 CGP); y iii) anunció la remisión del expediente a otro despacho. Entonces, se trata de determinaciones que suponen ejercicio de jurisdicción y que solo el juez podía adoptar, mediante providencia, aunque la improcedencia del recurso pareciera eviden te, pues solo así las partes saben quién decide, con qué razones y que mecanismos conservan.

Ahora bien, descártese que la interpretación dada por el servidor judicial al artículo 109 del Código General del Proceso pudiera conducir a otra conclusión. Ello, en cuanto la Corte no se pronuncia sobre si los recursos eran o no procedentes, juicio reservado al juez natural, a quien corresponde formularlo de manera motivada. Lo reprochable es que la determinación no la tomó quien debía ni en la forma debida.Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00744-01

Finalmente, itérese que la irregularidad es grave y tiene incidencia decisiva, toda vez que dejó a la accionante sin pronunciamiento judicial sobre sus recursos y selló el trámite con el envío del expediente a otro juez, por obra de una comunicación carente de valor de providencia. Al no existir un auto que negara la apelación, quedaron además sin ensayo de los mecanismos previstos frente a esa negativa. En consecuencia, el juzgado prescindió arbitrariamente de una actuación propia del trámite y limitó ir razonablemente

existir un auto que negara la apelación, quedaron además sin ensayo de los mecanismos previstos frente a esa negativa. En consecuencia, el juzgado prescindió arbitrariamente de una actuación propia del trámite y limitó ir razonablemente el derecho de contradicción de la accionante frente a sus recursos, esto es, se configura el defecto procedimental absoluto, que el Tribunal no advirtió, por lo que se revocará su decisión.

4.3. Comoquiera que el vicio consiste en que el juez no resolvió sobre los medios de impugnación , el amparo se concederá para que lo haga, sin que la Sala sustituya el razonamiento del juzgador natural. Se ordenará, entonces, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha que se pronuncie mediante auto debidamente motivado de cara a la reposición y, en subsidio, apelación interpuesta el 4 de septiembre, sin injerencia en el sentido de la decisión. Y como el envío del expediente se anunció con base en la comunicación secretarial, que no tiene valor de providencia, de haberse remitido deberá adoptar las medidas necesarias para su devolución.

5. ConclusiónRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00744-01

Por el demarcado horizonte, se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se concederá el amparo del debido proceso de Sandra Patricia Pacheco Gattas, únicamente para que le Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha resuelva mediante auto los recur sos de reposición y, en subsidio, apelación que formuló contra el auto de 2 de septiembre.

DECISIÓN

que le Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha resuelva mediante auto los recur sos de reposición y, en subsidio, apelación que formuló contra el auto de 2 de septiembre.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, por las razones antes indicadas.

SEGUNDO: En su lugar, CONCEDER a Sandra Patricia Pacheco Gattas el amparo del derecho fundamental al debido proceso, únicamente frente a la forma en que se atendieron los recursos de reposición y apelación que interpuso contra el auto de 2 de septiembre de 2026, proferido dentro del proceso ejecutivo rad. n.° 25754-31-12-002-2026-10165-00.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha que, en el término de cinco (5) días siguiente a la notificación de la presente determinación , profiera una providencia en la que atienda los lineamientosRadicación n.º 25000-22-13-000-2026-00744-01

trazados en este fallo. Si el expediente ya fue remitido a otra dependencia, adoptará las medidas necesarias para su devolución.

CUARTO: COMUNICAR por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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