CSJ - STC20839-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20839-2026 Radicación nº 11001-02-04-000-2026-02675-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casación Penal el 15 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Michael David Doria Bolaños , contra las Salas Penales de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Antioquia y Medellín, trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado nº 2016-05434.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, a través de apoderado 1, reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, libertad y dignidad humana ,

1 Abogado: MANUEL NAVARRO MANCHEGO.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

2 presuntamente vulnerado s por los tribunales judiciales convocados.

2. Del escrito inicial y los anexos, se extrae en

síntesis que:

2.1. Michael David Doria Bolaños , fue procesado penalmente por el delito de cohecho propio (por hechos acaecidos en cumplimiento de sus funciones como patrullero de la Policía Nacional).

síntesis que:

2.1. Michael David Doria Bolaños , fue procesado penalmente por el delito de cohecho propio (por hechos acaecidos en cumplimiento de sus funciones como patrullero de la Policía Nacional).

En primera instancia (rad. 2016 -05434), mediante sentencia del 1º de abril de 2022 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, lo absolvió del cargo que le fue endilgado, decisión contra la cual la fiscalía del caso interpuso recurso de apelación.

Con motivo de una medida de descongestión adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura, dicho asunto (entre otros) fue remitido al Tribunal Superior de Medellín – Sala Penal. Esta colegiatura con fallo del 31 de enero de 2024 revocó el del a-quo, para en su lugar, condenar al enjuiciado a la pena de 80 meses de prisión por el delito de cohecho propio, providencia contra la cual la defensa del sentenciado interpuso recurso de impugnación especial.

No obstante, el 29 de abril de 2026 , la Sala de Casación Penal declaró la nulidad de la actuación procesal (AP2733-2026) a partir de los trámites de la notificación de la sentencia de segunda instancia, y dispuso devolver elRad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

3 expediente al Tribunal Superior de Antioquia – Sala Penal, para que fuese este el que adelantara la tramitación que se ordenó corregir y se diera nueva lectura al fallo de segunda instancia.

El 20 de mayo de 2026 la Sala Penal del Tribunal

para que fuese este el que adelantara la tramitación que se ordenó corregir y se diera nueva lectura al fallo de segunda instancia.

El 20 de mayo de 2026 la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, dio lectura a la sentencia , contra la cual la defensa ratificó su intención de formular la impugnación especial.

El 4 de agosto de 2026 el mencionado tribunal declaró desierto el recurso de impugnación especial por sustentación extemporánea. Determinación que mantuvo incólume al resolver el recurso de reposición con proveído del 13 de agosto.

2.2. Acudió el actor a la presente salvaguarda para cuestionar la tramitación surtida con posterioridad a la lectura de sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Antioquia – Sala Penal, el conteo de los plazos respectivos y la declaratoria de desierto del recurso de impugnación especial.

En primer lugar, cuestionó que el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la sentencia absolutoria se tramitó y resolvió sin que obrara en el expediente la grabación de la audiencia de lectura del fallo de primera instancia. La ausencia de dicho registro audiovisual impidió constatar la oportunidad en la que el ente acusador presentó y sustentó el recurso de alzada, por lo que el Tribunal emitióRad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

4 la condena de segundo grado sin contar con el expediente completo.

En segundo lugar, reprochó la indebida contabilización del término para sustentar el recurso de impugnación

4 la condena de segundo grado sin contar con el expediente completo.

En segundo lugar, reprochó la indebida contabilización del término para sustentar el recurso de impugnación especial, puesto que su nuevo defensor asumió el caso sin conocer el expediente y solo se le suministró el registro de la audiencia de primera instancia el 23 de junio de 2026. Pese a ello, la autoridad judicial inició el cómputo de los 30 días desde el 28 de mayo de 2026, desconociendo que el plazo debió contarse a partir de la fecha en que la defensa obtuvo acceso íntegro a las actuaciones.

En tercer lugar, critic ó las irregularidades en la notificación de la sentencia de segundo grado – la cual no fue trasladada oralmente en la audiencia del 20 de mayo de 2026 sino remitida por correo –, así como el manejo dado a los remedios procesales posteriores. Específicamente, se censuró que el tribunal reconvirtió una solicitud de aclaración del auto que declaró desierto el recurso de alzada en un recurso de reposición que resolvió desfavorablemente, cerrando la posibilidad de controvertir dicha providencia, además de sostenerse la condena en testimonios de oídas sin pruebas directas.

3. Por lo anterior, pidió que se deje sin efectos, las actuaciones procesales a partir del auto de 2 de mayo de 2022 emitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa fe de Antioquia «(…) se ordene al Juzgado Promiscuo de Santa Fe de Antioquia rehacer el referido proceso a partir del auto mediante el cualRad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

fe de Antioquia «(…) se ordene al Juzgado Promiscuo de Santa Fe de Antioquia rehacer el referido proceso a partir del auto mediante el cualRad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

5 concedió el recurso de apelación presentado por la fiscalía contra la sentencia de primera instancia (…) que se ordene dejar sin efecto las actuaciones procesales a partir del auto de fecha 28 de marzo de 2023 proferido por el Tribunal Superior de Antioquia – Sala Penal, mediante el cual se avocó conocimiento del recurso de apelación (…) se ordene al Tribunal Superior de Antioquia – Sala Penal, rehacer el referido proceso a partir del auto mediante el cual avocó el conocimiento de la apelación contra la sentencia de primera instancia (…) dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia de 31 de enero de 2024 emitida por el Tribunal Superior de Medellín – Sala Penal, la cual fue leída por el Tribunal Superior de Antioquia – Sala Penal (…)».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia presentó un recuento del trámite procesal explicando que el término para sustentar la impugnación especial vencía el 14 de julio de 2026 , incluyendo la prórroga por un día festivo trasladado, por lo que al haberse radicado el escrito el 17 de julio de 2026, declaró desierto el recurso por extemporaneidad; asimismo, indicó que al escrito presentado posteriormente le dio trámite de reposición resolviéndolo no reponer el 13 de agosto de 2026, se abstuvo de tramitar nulidades o casación por

indicó que al escrito presentado posteriormente le dio trámite de reposición resolviéndolo no reponer el 13 de agosto de 2026, se abstuvo de tramitar nulidades o casación por carecer de competencia tras la ejecutoria, y sostuvo que no vulneró ninguna garantía al brindarle a la defensa el término integral para la sustentación.

2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellí n, s ostuvo que la acción de amparo no debía prosperar al no incurrirse en ningún defectoRad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

6 procedimental, fáctico, sustantivo u orgánico, rechazando la afirmación de haber proferido la sentencia de segunda instancia «a ciegas» o sin constatar la oportunidad del recurso de la Fiscalía, toda vez que dicho aspecto fue expresamente sometido a consideración de la Sala y resuelto de forma motivada en la decisión.

FALLO DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

Declaró improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al constatar que la defensa del accionante no sustentó dentro del término legal el recurso de impugnación especial procedente contra la condena de segunda instancia, enfatizando que la tutela no puede emplearse para reabrir oportunidades procesales vencidas ni para suplir la falta de diligencia de las partes.

IMPUGNACIÓN

La interpuso el apoderado del accionante refutando el criterio adoptado por la Sala a-quo, en el sentido de declarar la inviabilidad del resguardo por incumplimiento de la

IMPUGNACIÓN

La interpuso el apoderado del accionante refutando el criterio adoptado por la Sala a-quo, en el sentido de declarar la inviabilidad del resguardo por incumplimiento de la subsidiariedad. Reiteró los cuestionamientos del escrito inicial en cuanto a los plazos otorgados para la sustentación de la impugnación por la corporación accionada . Insistió en que el Tribunal Superior de Antioquia cercenó los recursos ordinarios al convertir arbitrariamente una solicitud de aclaración del auto de desierto en un recurso de reposición que resolvió desfavorablemente y abstenerse de resolver de fondo la nulidad planteada.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

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CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer, preliminarmente, si el abogado del reclamante está facultado para interponer esta acción; y, de superarse lo anterior, si las colegiaturas judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el actor al interior del proceso penal rad. 2016-05434 al (i) tramitar y resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía sin contar con el registro audiovisual de la audiencia de lectura del fallo de primera instancia (Tribunal Superior de Medellín); y, (ii) contabilizar el término para sustentar la impugnación especial sin garantizar el acceso oportuno e íntegro al expediente, y declarar desierto dicho recurso tras reconvertir una solicitud de aclaración para negar el trámite de los recursos ordinarios proce dentes (Tribunal Superior de Antioquia).

2. Del poder especial para interponer la tutela

recurso tras reconvertir una solicitud de aclaración para negar el trámite de los recursos ordinarios proce dentes (Tribunal Superior de Antioquia).

2. Del poder especial para interponer la tutela

Sin perjuicio de la especial naturaleza del auxilio constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos básicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimación en la causa, ya sea por activa o por pasiva, así como la debida representación.

Sobre el derecho de postulación, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prevé que la tutela «podrá ser ejercida, en todoRad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

8 momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud».

A partir de dicha disposición, la Corte Constitucional ha enfatizado que si bien toda persona puede ejercer la acción directamente o a través de otra, cuando ésta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acción «a nombre de otro a título profesional », se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T -550/93), precisándose que en tal caso, «todo poder en materia de tutela es especial , vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los

mandato judicial (T -550/93), precisándose que en tal caso, «todo poder en materia de tutela es especial , vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión» (CC T-001/97). (Se resalta).

Este razonamiento se amplió y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporación, al señalar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar que el mandato no se confunda con cualquier otra gestión que pudiera habérsele encomendado al abogado, en tanto: «la falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre deRad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

9 su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa » (CC T-207/97, T-674/97, T -526/98, T -530/98, T -693/98, T -695/98, T088/99, T-0002/01 y T-975/05, entre otras).

Por su parte, esta Corporación, además de compartir la anterior postura, en reiteradas oportunidades ha sostenido que:

«(…) los poderes conferidos a los abogados para actuar dentro de

Por su parte, esta Corporación, además de compartir la anterior postura, en reiteradas oportunidades ha sostenido que:

«(…) los poderes conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales o extrajudiciales, no pueden tener "...la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes...", ya que este mecanismo es un proceso judicial autónomo, que cuando se ejerce a través de un abogado requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulación (entre muchos, fallos de 15 mayo 1995 -exp. 2169-, 22 de mayo y 2 de agosto de 1996 -exps. 3009 y 3224 -, 14 de noviembre 1997 -exp. 4568-, 4 de marzo y 14 de agosto de 1998exps. 4804 y 5254-, 24 noviembre de 1999 -exp. 7669-, 31 de julio de 2000 -exp. 0206-, 20 de febrero y 29 de noviembre de 2001exps. 20000965 y 200010813)» (CSJ ATC, 19 feb. 2003, rad. 00072-01, citado entre otros en STC, 21 ago. 2013, rad. 01149-01 y STC11327-2023, 11 oct., ad. 00176-01).

En esa misma línea, se ha reiterado que «ningún tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es

amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder ; pero si la intervención acaece como agente oficioso, deberá manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa » (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC12860-2022, 28 sep., rad. 00639-01).Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

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Igualmente señaló que:

«la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (…). La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente . (…) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción (…) a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa» (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145 -01, citada, entre otras, en STC10661 -2023, 27 sep., rad. 0039901). Se subraya.

Tal requerimiento es aún más estricto cuando el

entre otras, en STC10661 -2023, 27 sep., rad. 0039901). Se subraya.

Tal requerimiento es aún más estricto cuando el auxilio se dirige contra una actuación jurisdiccional , en la medida en que, «cuando la presunta violación de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un específico trámite judicial, la legitimidad para pretender su reparación sólo está radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aquí acontece, en quien no tiene tal calidad» (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 0079501, citada entre otras en STC13172 -2023, 23 nov., rad. 01230-01).

3. Caso concreto

De entrada, se anuncia la confirmación de la desestimación de la salvaguarda, pero lo será porque, esta Sala no advierte satisfecho el requisito relacionado con el apoderamiento para la presentación de la acciónRad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

11 constitucional a nombre de Michael David Doria Bolaños , afectado con las decisiones recriminadas.

En efecto, de la evidencia allegada a este asunto pronto surge la impertinencia del ruego que instó el abogado Manuel Navarro Manchego pues resulta innegable que no es el titular de los derechos cuya infracción invoca, ni adosó el poder especial, concreto y específico que habilitara su mediación en este particular trámite a nombre del precitado ciudadano, a partir del cual se tuviera acreditado ese derecho de postulación.

Además, la Corte ha insistido en que el mandato dado para el amparo es completamente independiente del que se

mediación en este particular trámite a nombre del precitado ciudadano, a partir del cual se tuviera acreditado ese derecho de postulación.

Además, la Corte ha insistido en que el mandato dado para el amparo es completamente independiente del que se otorga para otro trámite, de ahí que, por ejemplo, repetidamente se haya desestimado la legitimación de los profesionales para cuestionar por esta vía el desarrollo de los procesos en los que apenas participan como apoderados. Sobre el tema se ha explicado que:

«(…) en la medida en que, ‘los poderes especiales conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales, no pueden tener (...) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (...) al ser este mecanismo un proceso judicial autónomo que promovido a través de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulación » (CSJ STC 13 Jul. 2010, rad. 00128-01, reiterada en STC1444 -2016, 11 feb., rad. 201502902-01; se subrayó).

Además, sobre la especificidad del poder para esta clase de asuntos, la Sala en precedencia puntualizó:Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

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«(…) Los poderes dados para ejercer la representación en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicción constitucional.

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«(…) Los poderes dados para ejercer la representación en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicción constitucional.

(…) Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin específico . En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisión, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situación fáctica concreta que origina la tutela.

La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimación en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente.

(…) Y advirtió finalmente que la anterior postura se encamina a garantizar que quienes concurran a las acciones de tutela estén legitimados en la causa, cuestión que resulta ser de la mayor importancia, pues no puede perderse de vista que esta busca la protección inmediata de los derechos que son inherentes a una persona y no a un tercero. Así, las exigencias de especificidad del poder no son una limitación al ejercicio de la tutela, por el contrario, su fin es asegurar que el titular de los derechos fundamentales despliegue un control respecto de sus apoderados y actuaciones, de manera que estos solo actúen frente a las autoridades, hechos u omisiones concretas que afecten, lesionen o amenacen sus garantías superiores en forma idónea y particular y sin alejarse o desconocer el poder de disposición del mandante , aspecto especialmente

frente a las autoridades, hechos u omisiones concretas que afecten, lesionen o amenacen sus garantías superiores en forma idónea y particular y sin alejarse o desconocer el poder de disposición del mandante , aspecto especialmente trascendente, si se tienen en cuenta las resultas y efectos de este trámite supralegal, tales como la institución de la cosa juzgada constitucional, que impide volver a acudir a esta instancia, o una eventual sanción por temeridad » (CSJ STC10721 -2023) Negrillas fuera de texto.

Por lo tanto, y a pesar de que con la demanda se adjuntó poder especial para promover la acción, este no precisa con suficiencia la actuación frente a la cual se despliega el mecanismo constitucional, pues en él solo se indica que: «(…)Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

13 confiero PODER ESPECIAL al doctor MANUEL NAVARRO MANCHEGO […] para que en mi nombre y representación presente ante ustedes ACCIÓN DE TUTELA contra el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA – SALA PENAL, TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN – SALA PENAL y JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, por la vulneración de mis derechos fundamentales al debido proceso, libertad, igualdad, dignidad humana y defensa técnica al interior del proceso penal que se sigue en mi contra distinguido con el radicado número C.U.I. [201605434]» (expediente digital 11001020400020260267500 – archivo 0002Demanda.pdf. – Folio 55)

penal que se sigue en mi contra distinguido con el radicado número C.U.I. [201605434]» (expediente digital 11001020400020260267500 – archivo 0002Demanda.pdf. – Folio 55)

Por lo tanto , aun cuando la Homóloga Penal avocó el conocimiento de la acción y profirió decisión sin haber requerido expresamente al apoderado judicial para subsanar la especificidad del mandato allegado, esta Sala de Casación Civil reitera que la debida acreditación del derecho de postulación y de la legitimación en la causa por activa constituyen presupuestos inescindibles de procedibilidad que, al no haber sido advertidos o saneados en la primera instancia, deben ser examinados obligatoriamente en sede de impugnación.

En efecto, se reitera, conforme al abundante precedente citado, la representación judicial en materia de amparo exige que el poder otorgado contenga expresamente los datos del poderdante, la autoridad accionada, los derechos fundamentales invocados y el acto o providencia que origina el litigio , exigencias insustituibles, por lo que, al comprobarse que el mandato otorgado en este asunto adolece de dicha especificidad al no identificar la providencia oRad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

14 actuación judicial objeto de censura, deviene la inviabilidad de la salvaguarda.

4. En conclusión, se ratificará la desestimación del resguardo, pero porque resultaba perentorio que el profesional del derecho que lo formuló e impugnó la determinación de la Sala a-quo, demostrara en debida forma el derecho de postulación para tal evento, pues el poder

resguardo, pero porque resultaba perentorio que el profesional del derecho que lo formuló e impugnó la determinación de la Sala a-quo, demostrara en debida forma el derecho de postulación para tal evento, pues el poder conferido no es suficientemente específico para promover el auxilio, según la jurisprudencia de la Sala.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZRad. nº 11001-02-04-000-2026-02675-01

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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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