CSJ - STC20842-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20842-2026 Radicación n.º 44001-22-14-000-2026-10120-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 29 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acción de tutela promovida por Oscar Enrique Amaya Torres contra el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar , asunto al cual fueron vinculados los partícipes en el declarativo n.° 2026-00035.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, que estimó vulnerados por la autoridad judicial accionada con ocasión del decreto y práctica de unos testimonios en el marco del declarativo de unión marital deRadicación n.º 44001-22-14-000-2026-10120-01

2 hecho n.° 44650 -31-84-001-2026-00035 promovido en su contra.

2. En síntesis, adujo que al contestar la demanda y formular excepciones, advirtió al juzgado accionado que la demandante « omitió de manera flagrante cumplir con los requisitos imperativos exigidos en el artículo 212 del Código General del Proceso » en su solicitud de cinco testimonios, pues no identificaba a

formular excepciones, advirtió al juzgado accionado que la demandante « omitió de manera flagrante cumplir con los requisitos imperativos exigidos en el artículo 212 del Código General del Proceso » en su solicitud de cinco testimonios, pues no identificaba a los declarantes, no indicaba su domicilio, residencia o lugar de citación ni enunciaba concretamente los hechos sobre los cuales declararían.

Relató que, pese a lo advertido, en audiencia inicial de 14 de septiembre de 2026 el despacho convocado decretó esos testimonios como prueba y recibió las declaraciones. Indicó que interpuso recurso de reposición contra el decreto, sustentado en el incumplimiento de «los requisitos de postulación de las pruebas» y por «inaplicar el precedente vinculante» de esta Sala y de la Corte Constitucional . S in embargo, el juzgado mantuvo la decisión.

De ese panorama derivó la lesión a sus prerrogativas fundamentales, toda vez que, en su concepto, la autoridad judicial admitió los testimonios sin verificar los requisitos del canon 212 del estatuto procesal , con lo cual incurrió en defectos procedimental y fáctico, así como en desconocimiento del precedente. Afirmó que la falta de delimitación de los hechos objeto de cada declaración le impidió «estructurar y preparar una estrategia de defensa técnica y un correcto contrainterrogatorio».Radicación n.º 44001-22-14-000-2026-10120-01

3

3. Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos el auto de pruebas únicamente en cuanto decretó los testimonios de la demandante, declarar la ineficacia de las declaraciones

3

3. Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos el auto de pruebas únicamente en cuanto decretó los testimonios de la demandante, declarar la ineficacia de las declaraciones recibidas y ordenar al juzgado abstenerse de valorarlas al proferir sentencia.

RESPUESTA DEL ACCIONADO

El Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar informó que, en la audiencia inicial de 14 de septiembre de 2026, decretó y practicó los testimonios cuestionados. Reconoció que la solicitud de estos no satisfizo estrictamente las exigencias relativas al lugar de citación y la precisión de los hechos objeto de las declaraciones ; sin embargo, afirmó que, leída en el contexto integral de la demanda, sí «permitía establecer razonablemente la finalidad y pertinencia de la prueba»,

Manifestó que los testigos comparecieron a la diligencia y que el apoderado del demandado « tuvo plena oportunidad de ejercer la contradicción respecto de las declaraciones rendidas, sin que se le hubiese impedido formular preguntas, controvertir su contenido o ejercer las facultades procesales que le asistían ». Adujo que no comprometió las garantías del accionante y que el proceso continuaba en trámite, pendiente de sentencia. Por lo anterior, solicitó denegar el amparo.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha declaró improcedente laRadicación n.º 44001-22-14-000-2026-10120-01

4 salvaguarda constitucional por considerar incumplido el requisito de la subsidiariedad en tanto no se ha proferido la

4 salvaguarda constitucional por considerar incumplido el requisito de la subsidiariedad en tanto no se ha proferido la sentencia que ponga fin al proceso declarativo.

Señaló que la inconformidad «se concentra en la legalidad del decreto probatorio y en la eventual utilización de esos medios de convicción al proferirse la sentencia», por lo cual la «incidencia sobre los derechos del accionante continúa siendo eventual, pues no existe una sentencia que les haya atribuido determinado valor ni una decisión adversa fundada en ellas». En ese sentido, adujo que « el proceso permanece en curso, no existe todavía una decisión definitiva y el accionante conserva un medio judicial idóneo para controvertir la eventual valoración e incidencia de las declaraciones en el fallo », mediante el recurso de apelación.

IMPUGNACIÓN

La interpuso el promotor del amparo insistiendo en sus argumentos y pretensiones de instancia . Además, precisó que agotó el recurso de reposición contra el decreto de las pruebas y que el mecanismo ordinario señalado por el tribunal constitucional no resultaba idóneo ni eficaz para remediar u na afectación que, en su concepto, ya se ha consumado con la recepción de las declaraciones.

CONSIDERACIONES

1. La Sala anuncia que confirmará la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, pero porque la quejaRadicación n.º 44001-22-14-000-2026-10120-01

5 elevada en realidad no ostenta relevancia constitucional , como pasa a explicarse.

2. El primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

5 elevada en realidad no ostenta relevancia constitucional , como pasa a explicarse.

2. El primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es el de la relevancia constitucional . Este presupuesto antecede cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones judiciales.

Sobre este criterio, la Corte Constitucional ha indicado que conlleva tres finalidades concretas «i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces» (CC, SU-573 de 2019, reiterado en SU-128 de 2021).

Así mismo, dicha Corte ha explicado que la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales», por lo que, para verificar esa trascendencia, el juez debe analizar los siguientes tres aspectos: «(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho

trascendencia, el juez debe analizar los siguientes tres aspectos: «(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii ) que la controversia no se limite a una discusiónRadicación n.º 44001-22-14-000-2026-10120-01

6 meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales» (CC, SU-215 de 2022 y SU-134 de 2022).

De lo expuesto se deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. Por tanto, la sola invocación de derechos fundamentales no confiere, per se, trascendencia constitucional ni habilita la intervención del juez de tutela cuando el planteamiento se limita a una discrepancia legal o probatoria, incluso con repercusiones económicas, sin que se explique su conexión con una afectación de tales prerrogativas y se pretenda utilizar el amparo como una instancia adiciona l. Con todo, la verificación de este presupuesto exige un examen preliminar de las piezas disponibles a la luz de los reproches formulados, sin que ello implique una resolución de fondo.

3. En el caso concreto, la queja planteada, como se anunció, no ostenta relevancia constitucional . Por el contrario, la controversia se circunscribe a un debate legal: el alcance y aplicación del artículo 212 del Código General del Proceso. Además, el accionante no concreta una

anunció, no ostenta relevancia constitucional . Por el contrario, la controversia se circunscribe a un debate legal: el alcance y aplicación del artículo 212 del Código General del Proceso. Además, el accionante no concreta una afectación de sus garantías distinta del alegado incumplimiento normativo y la Sala tampoco lo advierte.

3.1. El promotor cuestiona que en la audiencia de 14 de septiembre de 2026 el juzgado accionado hubiese decretado y practicado los testimonios solicitados por laRadicación n.º 44001-22-14-000-2026-10120-01

7 demandante, a pesar de que no se cumpliesen a cabalidad los requisitos del referido canon procesal, lo cual le impidió preparar su defensa. Así lo advirtió tanto con la contestación de la demanda, como con el recurso de reposición contra el referido decreto, sin embargo , la decisión se mantuvo. Pretende, por tanto, dejar sin efectos dicha actuación.

No obstante , el asunto no tiene la entidad de comprometer la interpretación o aplicación de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, aun cuando se hubiese invocado el debido proceso, la defensa y la contradicción. En realidad, lo cuestionado se reduce a una diferencia de criterio sobre el cumplimiento de las exigencias legales para la postulación de unas pruebas testimoniales . Además, el escrito de tutela r eplica los argumentos ya presentados y estudiados por el juez ordinario, lo que evidencia que se pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional, finalidad para la cual no está concebido.

3.2. En ese sentido, la queja plantea un debate legal

presentados y estudiados por el juez ordinario, lo que evidencia que se pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional, finalidad para la cual no está concebido.

3.2. En ese sentido, la queja plantea un debate legal sobre el grado de concreción exigible a la solicitud testimonial conforme al artículo 212 del Código General del Proceso. Por un lado, el juzgado considera que la petición elevada , apreciada en el contexto integral de la demanda, satisface los requisitos al revelar la finalidad y pertinencia de los testimonios, dirigidos a esclarecer la relación cuya declaración se pretende. Por el otro, el accionante afirma que se incumple a cabalidad la norma señalada, en especial que no se delimitaron de manera expresa y específica los hechosRadicación n.º 44001-22-14-000-2026-10120-01

8 sobre los cuales declararía cada testigo, lo que imponía rechazar la solicitud.

Con todo, se advierte que, contrario a lo aducido por el accionante, la petición sí identificó a los cinco declarantes e indicó que relatarían lo que supieran y les constara acerca de la relación entre la demandante y el demandado . La discrepancia subsiste principalmente frente a la suficiencia de dicha formulación general, como se dejó ver.

Sin embargo, no es la acción de tutela el escenario para dirimir cuál interpretación debe prevalecer, sino para determinar si dicha discrepancia está acompañada de una eventual afectación constitucional concreta que trascienda el desacuerdo con el despacho , lo cual no se logra establecer con certeza a partir del examen preliminar . Recuérdese que

determinar si dicha discrepancia está acompañada de una eventual afectación constitucional concreta que trascienda el desacuerdo con el despacho , lo cual no se logra establecer con certeza a partir del examen preliminar . Recuérdese que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria , a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes » (CSJ, STC17645-2025, reiterando, entre otros, STC 18 abr. 2012, rad. 2012-0009).

3.3. Además, el accionante tampoco concreta dicha afectación. Se limita a sostener que el incumplimiento normativo atribuido al despacho le impidió conocer el objeto de los testimonios y preparar adecuadamente el contrainterrogatorio. Sin embargo, no precisó qué hechos le resultaron sorpresivos o no podían advertirse de la lectu ra integral de la demanda —postura del juzgado —, quéRadicación n.º 44001-22-14-000-2026-10120-01

9 actuación defensiva no pudo preparar ni cómo se limitó concretamente su intervención. Por el contrario, se advierte que en la audiencia el apoderado del demandado ejerció en debida forma su oportunidad para formular preguntas y controvertir las manifestaciones de los testigos.

Finalmente, el accionante insiste en que se desconoce el precedente sobre la materia, pero esa simple afirmación no otorga trascendencia sin una adecuada constatación. Al respecto, basta con indicar que el accionante no señala de

Finalmente, el accionante insiste en que se desconoce el precedente sobre la materia, pero esa simple afirmación no otorga trascendencia sin una adecuada constatación. Al respecto, basta con indicar que el accionante no señala de cuáles providencias provienen la mayoría de citas o referencias jurisprudenciales que referenció. En lo que sí lo hace se advierten sendas inconsistencias : l a sentencia aludida como SU052 -2022 no se encontró en el buscador oficial de la Corte Constitucional, mientras que la STC117512022 de esta Sala no versa sobre la temática aludida, y la STC14026-2022 no contiene el texto que se citó textualmente.

Todo lo anterior no permite dilucidar que estemos ante una afectación de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto. Tampoco se advierte que estén involucradas garantías fundamentales sensibles, ni sujetos de especial protección, que eventualmente denoten la necesidad de analizar el planteamiento de fondo del amparo.

4. En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado, pero en el sentido de que la improcedenciaRadicación n.º 44001-22-14-000-2026-10120-01

10 obedece a la falta de relevancia constitucional, conforme a lo expuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la razón señalada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la razón señalada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 496C9D0B10CC873B00D1138DCB87B3D1F04D7D86240AABB8050E85DE8D2FD0B8

Documento generado en 2026-10-26