CSJ - STC20843-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20843-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-06151-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Elecofasa Internacional S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad , trámite al cual fueron vinculad os las autoridades, partes e intervinientes reconocidos del ejecutivo rad. n.° 2025-00307.

ANTECEDENTES

1. La accionante, actuando a través de su representante legal, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa, presuntamente vulnerado s por la s autoridades accionadas.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06151-00

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2. En sustento, adujo ser ejecutada en la causa objeto de revisión. Narró que « el juzgado intentó notificación electrónica, reportada «no entregado», y después gestión física en la dirección informada, que tampoco concluyó porque se informó que la sociedad no se encontraba allí». Expuso que, en consecuencia, el operador judicial ordenó su emplazamiento (11 nov. 2025) y le designó curad or ad litem (4 feb. 2026). Señaló que, posteriormente, concurrió al proceso y aportó el poder

operador judicial ordenó su emplazamiento (11 nov. 2025) y le designó curad or ad litem (4 feb. 2026). Señaló que, posteriormente, concurrió al proceso y aportó el poder otorgado a su defensor de confianza, por lo que el despacho le «reconoció personería al apoderado de la sociedad, la tuvo notificada por conducta concluyente y le concedió diez días para excepcionar» (16 abr. 2026).

En últimas refirió que, el 24 de abril siguiente, solicitó la nulidad de todo lo actuado por indebida notificación y contestó la demanda formulando excepciones. No obstante, se «rechazó de plano la nulidad al considerar que la posterior conducta concluyente, la contestación y las excepciones habían permitido el ejercicio del derecho de defensa ». Inconforme, interpuso recurso de apelación, sin éxito (21 sep. 2026).

De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, «el Tribunal, aun reconociendo la existencia de datos registrales de contacto, pudo aplicar una interpretación demasiado automática de los artículos 135 y 136.4 del CGP sin identificar qué actuaciones dependieron del emplazamiento y si hubo alguna consecuen cia procesal que subsiste después de admitidas las excepciones».

3. Por lo anterior, pidió dejar sin efectos el auto que desató su solicitud de nulidad en segunda instancia, paraRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06151-00 3 que, en su lugar, se resuelva nuevamente conforme a sus intereses.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

3 que, en su lugar, se resuelva nuevamente conforme a sus intereses.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta remitió el link del expediente acusado , recordó los fundamentos de su decisión y defendió la respectiva legalidad.

2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cucuta allegó el enlace a la documentación, hizo un recuento de las actuaciones a su cargo y se opuso a la prosperidad del resguardo.

3. Waldo Alberto Abreo Núñez, quien sostuvo ser apoderado de Walter Rene Gómez Ramírez -demandante-, pidió negar la salvaguarda.

CONSIDERACIONES

1. De entrada, se apunta que se predicará la improcedencia del amparo por el incumplimiento del presupuesto de relevancia constitucional, tal como pasa a exponerse.

2. Tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para laRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06151-00 4 protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico,

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una ca rga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.

(CC, C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial,

imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06151-00 5

3. Relevancia constitucional

En torno a este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: « (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional[63] y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad [64]; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales[65] y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces[66]» (CC, SU-128 de 2021).

En esa línea, se ha sostenido que el mismo «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales[119]» (CC, SU -215 de 2022). En esa línea, se han adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre

adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario» (CC, SU-016 de 2026).

En esa medida, este presupuesto de procedibilidad exige que entre la actuación cuestionada y la presunta vulneración de los derechos fundamentales exista una relación directa, específica y suficientemente acreditada. No basta con que la parte accionante m anifieste su inconformidad frente a la interpretación de la norma hechaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06151-00 6 por el fallador, con la valoración de una prueba o con el resultado adverso del proceso.

Es necesario, entonces, que la parte interesada explique de qué manera la decisión censurada trasgredió el ámbito de la autonomía judicial y produjo una afectación constitucionalmente relevante. Dicho de otro modo, el debate debe trascender la simple discrepancia interpretativa y poner de manifiesto una actuación que, por su arbitrariedad, irrazonabilidad o manifiesta incompatibilidad con la Constitución comprometa de forma efectiva una garantía fundamental.

En conclusión, la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental ni con la simple invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia. Además de ello, es indispensable demostrar que la providencia cuestionada

satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental ni con la simple invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia. Además de ello, es indispensable demostrar que la providencia cuestionada produjo una afectación directa, concreta y desproporcionada de tales garantías. Por tant o, cuando el amparo se limita a reiterar discusiones de índole legal, probatoria y procesal, o pretende reabrir debates ya resueltos, la controversia carece de verdadera trascendencia constitucional y no habilita la intervención excepcional del juez de tutela.

4. Caso concreto

La accionante cuestiona el auto del 21 de septiembre de 2026, mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta confirmó el rechazoRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06151-00 7 de su solicitud de nulidad del proceso censurado. El reproche se basa en la presunta aplicación automática de los artículos 135 y 136 del Código General del Proceso.

Pues bien, se estima que el asunto carece de relevancia constitucional, pues el Tribunal revisó los intentos de notificación, concluyó que el emplazamiento no fue arbitrario y que, de todos modos, la sociedad quedó notificada por conducta concluyente, tuvo apoderado, contestó la demanda y propuso excepciones. Por esa vía, establecer si el emplazamiento fue c orrecto y si el vicio se saneó es una discusión sobre la aplicación de normas procesales que corresponde al juez ordinario . Además de que la misma gestora admitió que el tribunal analizó tales puntos,

emplazamiento fue c orrecto y si el vicio se saneó es una discusión sobre la aplicación de normas procesales que corresponde al juez ordinario . Además de que la misma gestora admitió que el tribunal analizó tales puntos, entonces, solo discrepa de su lectura y no se desgasta en endilgar un error en concreto.

Tampoco hay una afectación directa y concreta de sus derechos fundamentales, toda vez que, el ejecutivo sigue sin sentencia, ya se corrió traslado de sus excepciones y la sociedad continúa ejerciendo su defensa sin obstáculo . Admitir la relevancia constitucional es estas condiciones llevaría al juez de tutela a intervenir en un proceso en curso para dirimir cuestiones de legalidad ya examinadas por los jueces competentes, convirtiendo el amparo en una instancia adicional.

5. En definitiva, habida cuenta que se inobservó el presupuesto de relevancia constitucional, se impone sin más declarar la improcedencia del resguardo implorado.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06151-00

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DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo rogado.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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