CSJ - STC20846-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20846-2026 Radicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el pasado 24 de septiembre por la Sala Civil del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Medellín, dentro de la tutela promovida por Ana María Gama Bedoya , quien dijo actuar como apoderad a de Rodrigo Osorio Taborda, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín , trámite al cual fueron vinculados, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias y la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias, ambos de esa ciudad, Jorge Eliécer Álvarez Grisales, Carlos Eliécer Álvarez Vásquez; así como los intervinientes en el ejecutivo n.° 2019-01100.

ANTECEDENTESRadicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01 2 1.- En la descrita condición, la abogada accionante reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial de la persona jurídica que alegó representar , presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.

debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial de la persona jurídica que alegó representar , presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.

2.- En síntesis, adujo que, en el proceso ejecutivo de Rodrigo Osorio Taborda, contra Jorge Eliecer Álvarez Grisales y Carlos Eliecer Álvarez Vásquez, (rad. 2019-01100) el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín avocó el conocimiento el 10 de octubre de 2022, para la fase de ejecución de la sentencia y, el apoderado del demandante, el 26 de septiembre de 2023, solicitó a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Medellín el envío del expediente digital del proceso, la cual, adujo fue recibida y registrada en el historial del expediente como “Recepción Memorial – OE FL1 Solicitud Expediente Digital MR” , enviado a través del correo electrónico : sara.munoz@sslabogadosconsultores.com de la dependiente Sara Muñoz, por instrucción de ese apoderado judicial.

Señaló que el 2 de junio de 2025, ante la necesidad de verificar el estado actualizado del proceso, «mediante el correo silvia.alvarez@sslabogadosconsultores.com, de la señora Silvia Ximena Álvarez, presentó una nueva solicitud de remisión del expediente digital, actuación que fue registrada por la Rama Judicial el 3 de junio de 2025 bajo la denominación "Recepción Memorial – OE FL1 Solicitud Expediente

Álvarez, presentó una nueva solicitud de remisión del expediente digital, actuación que fue registrada por la Rama Judicial el 3 de junio de 2025 bajo la denominación "Recepción Memorial – OE FL1 Solicitud Expediente MR – Correo del lunes 02 junio 2025 »; e igualmente, el 1° de julioRadicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01 3 de ese mismo año, radicó otro memorial de impulso procesal, a fin de solicitar « la continuación del trámite ejecutivo y promover diversas actuaciones tendientes a la satisfacción efectiva del crédito, solicitando la verificación de la existencia de títulos judiciales, la expedición de oficios dirigidos a entidades financieras y organi smos de tránsito para la ubicación de bienes de los ejecutados, la práctica de medidas encaminadas a la satisfacción del crédito y el reconocimiento de dependiente judicial, esto último a efectos de legalizar los trámites promovidos válidamente por la señora Silvia Ximena Álvarez».

Aseguró que aun cuando tales actuaciones demuestran «un seguimiento permanente del expediente y desplegó actuaciones dirigidas a conocer su estado y continuar la ejecución, circunstancias incompatibles con cualquier intención de abandono del proces o»; el juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín , mediante proveído del 17 de septiembre de 2025, declaró terminado el proceso por desistimiento tácito por inactividad mayor a 2 años conforme al canon 317 del Código General del Proceso; decisión que recurrida en apelación el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín , confirmó el 3 de julio de esta

por inactividad mayor a 2 años conforme al canon 317 del Código General del Proceso; decisión que recurrida en apelación el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín , confirmó el 3 de julio de esta anualidad.

Reprochó que en tales decisiones se incurrió en vías de hecho por d efectos fáctico, sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto ; en mayor medida por cuanto, se omitió la valoración integral de elementos probatorios determinantes dentro de los recursos, como lo eran las constancias de envío de los mensajes de datos; la interpretación errónea del artículo 317 del Código General del Proceso y las « autoridades accionadas se limitaron a constatarRadicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01 4 que el memorial no aparecía físicamente incorporado, sustituyendo el análisis material de la conducta del ejecutante por una verificación puramente documental, y trasladando al ciudadano las consecuencias de una situación ajena a su control».

3.- Por lo anterior, solicitó que se dejara sin efectos el auto interlocutorio de 3 de julio de 2026, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín ; en consecuencia, se ordenara « al Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín que reabra el trámite del proceso ejecutivo y resuelva de fondo, en un término perentorio, el memorial de impulso procesal radicado el 1° de julio de 2025».

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de

término perentorio, el memorial de impulso procesal radicado el 1° de julio de 2025».

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín dijo que « la declaratoria terminación del proceso por desistimiento tácito, así como la decisión de confirmar esa decisión, no comportan un yerro capaz de cimentar la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, en tanto se habían cumplido los pre supuestos del desistimiento tácito en procesos con sentencia y trámite posterior».

2. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de esa ciudad, sostuvo que «la postura planteada por el accionante, se aleja de la aplicación a las reglas propias del procedimiento aplicable al caso, pues como ha sido desarrollado por este Despacho y por el ad quem, la presente demanda ejecutiva ha estado precedida por una inactividad procesal fehaciente, en la medida en que desde el 10 de octubre de 2022 no se ha realizado alguna actuación procesal que interrumpa los términos previstos en el artículo 317 del C.G.Radicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01 5 del P.»; tanto más, cuando «los únicos memoriales allegados durante el lapso analizado corresponden a solicitudes de remisión del link expediente, actuaciones que, si bien fueron oportunamente atendidas por el despacho, carecen de aptitud para impulsar el trámite procesal o superar la carga que recaía sobre la parte ejecutante».

3. El Coordinador de la Oficina de Apoyo para los

por el despacho, carecen de aptitud para impulsar el trámite procesal o superar la carga que recaía sobre la parte ejecutante».

3. El Coordinador de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Medellín enunció que los llamados a atender las pretensiones de la accionantes, serán los juzgados convocados; no obstante, esa oficina se atendría a lo que se decida al respecto.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín accedió al amparo peticionado, al encontrar que « el juzgado del circuito incurrió en defectos sustantivo y fáctico al momento de analizar el envío y recepción del memorial del 1 de julio de 2025 »; como quiera que, «el tutelante, junto con el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, aportó evidencia documental que acreditaba el envío del memorial de 1 de julio de 2025», lo cual, en su criterio, resultaba suficiente, «para que el juzgado demandado considerara el memorial debidamente incorporado al trámite ejecutivo »; máxime cuando, « el juzgado del circuito, al considerar como no presentado el memorial del 1 de julio de 2025 por el solo hecho de haber sido remitido desde el correo electrónico de una dependiente judicial, pese a que el documento adjunto estaba suscrito por el apoderado judicial del ejecutante, desconoció abiertamente la parte final del artículo 11 del CGP, conforme a la cual el juez debe abstenerse de exigir o imponer formalidades innecesarias».Radicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01

abiertamente la parte final del artículo 11 del CGP, conforme a la cual el juez debe abstenerse de exigir o imponer formalidades innecesarias».Radicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01 6 Por lo tanto, ordenó al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, emitir nueva decisión « sobre el recurso de apelación, teniendo por debidamente presentado e incorporado al expediente el memorial del 1 de julio de 2025 y observando los lineamientos expuestos en la parte motiva de [esa] sentencia».

IMPUGNACIÓN

La interpuso el vinculado Juez Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, quien adujo que el Tribunal de primer grado, partió de un hecho que no estaba demostrado en el expediente, dado que, verificados los canales oficiales de la Rama Judicial, el memorial con el cual se concedió el amparo, « nunca fue recibido por [ese] despacho judicial, circunstancia que imposibilitó su incorporación al expediente y cualquier pronunciamiento respecto de su contenido », lo cual, corroboró con los mensajes de datos allegados a la cuenta institucional de ese despacho: j09ejecmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Agregó que debido a la relevancia del asunto y lo dispuesto por el Tribunal presentó solicitud formal mediante la herramienta institucional “Seguimiento Mensajes -RJ”, esgrimida por la Rama Judicial para efectuar el rastreo y verificación de mensajes de datos, la cual fue registrada con n.° ID59078, a fin de establecer la existencia o recepción de un correo electrónico enviado por la parte tutelante, a través

esgrimida por la Rama Judicial para efectuar el rastreo y verificación de mensajes de datos, la cual fue registrada con n.° ID59078, a fin de establecer la existencia o recepción de un correo electrónico enviado por la parte tutelante, a través de su apoderado, el día 28 de septiembre de 2026 a las 5:00 p.m.; cuya respuesta de la Mesa de Ayuda de CorreoRadicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01 7 Electrónico del Consejo Superior de la Judicatura, evidenció que «luego del rastreo efectuado se informó que durante el día 1 de julio de 2025, entre las 12:01 a. m. y las 11:59:59 p. m., no fue enviado desde la cuenta de correo electrónico silvia.alvarez@sslabogadosconsultores.com ningún mensaje con el asunto “Memorial Impulso Procesal Radicado No. 05001400301020190110000”, pudiéndose haber configurado un fraude procesal en la manifestación de la accionante, dado que esta circunstancia no solo reafirma que el despacho judicial nunca recibió la comunicación alegada por el accionante, sino que además cuestiona la existencia misma del correo electrónico sobre el que se estructuró el amparo constitucional concedido».

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establece r, inicialmente, si el poder a portado con la demanda de tutela y previo a la admisión de esta faculta a la abogada Ana María Gama Bedoya para interponer la presente acción, como apoderada de Rodrigo Osorio Taborda. De superarse lo anterior, si en el

poder a portado con la demanda de tutela y previo a la admisión de esta faculta a la abogada Ana María Gama Bedoya para interponer la presente acción, como apoderada de Rodrigo Osorio Taborda. De superarse lo anterior, si en el trámite de la demanda con radicado n.° 2019-01100, las autoridades judiciales convocadas vulneraron el debido proceso y acceso a la justicia invocados, al dictar la decisión de 3 de julio de 2026.

2. Del poder especial y específico para interponer la tutelaRadicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01

8 Sin perjuicio de la especial naturaleza del auxilio constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos básicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimación en la causa, ya sea por activa o por pasiva, así como la debida representación.

Sobre el derecho de postulación, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prevé que la tutela «podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud».

A partir de dicha disposición, la Corte Constitucional ha enfatizado que cuando el amparo se presenta mediante abogado, se le exige acreditar su calidad y mandato judicial,

ocurra, deberá manifestarse en la solicitud».

A partir de dicha disposición, la Corte Constitucional ha enfatizado que cuando el amparo se presenta mediante abogado, se le exige acreditar su calidad y mandato judicial, precisando que, «todo poder en materia de tutela es especial , vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión» (CC, T-001/97, entre otras; se resalta).

Por su parte, esta Corporación, además de compartir la anterior postura, ha sostenido que:

la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (…). La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación delRadicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01 9 apoderamiento otorgado para un asunto diferente . (…) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción (…) a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa. (CSJ, STC, 4 may. 2012, rad. 00145 -01, citada, entre otras, en STC10661 -2023 y recientemente en STC19934-2025) -Se subraya-.

activa. (CSJ, STC, 4 may. 2012, rad. 00145 -01, citada, entre otras, en STC10661 -2023 y recientemente en STC19934-2025) -Se subraya-.

Ahora bien, en punto del criterio de la especificidad del mandato en estos asuntos, la Sala puntualizó en CSJ, STC10721-2023, que:

Los poderes dados para ejercer la representación en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicción constitucional.

(…) Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin específico . En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisión, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situación fáctica concreta que origina la tutela.

[5]. La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimación en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente.

(…) Y advirtió finalmente que la anterior postura se encamina a] garantizar que quienes concurran a las acciones de tutela estén legitimados en la causa, cuestión que resulta ser de la mayor importancia, pues no puede perderse de vista que esta busca la protección inmediata de los derechos que son inherentes a una persona y no a un tercero. Así, las exigencias de especificidad del poder no son una limitación al ejercicio de la tutela, por

importancia, pues no puede perderse de vista que esta busca la protección inmediata de los derechos que son inherentes a una persona y no a un tercero. Así, las exigencias de especificidad del poder no son una limitación al ejercicio de la tutela, por el contrario, su fin es asegurar que el titular de los derechos fundamentales despliegue un control respecto de sus apoderados y actuaciones, de manera que estos solo actúen frente a las autoridades, hechos u omisiones concretas queRadicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01 10 afecten, lesionen o amenacen sus garantías superiores en forma idónea y particular y sin alejarse o desconocer el poder de disposición del mandante , aspecto especialmente trascendente, si se tienen en cuenta las resultas y efectos de este trámite supralegal, tales como la institución de la cosa juzgada constitucional, que impide volver a acudir a esta instancia, o una eventual sanción por temeridad. (Se resalta).

3. Caso concreto

De conformidad con los puntuales lineamientos traídos a colación, se anuncia la revocatoria del auxilio invocado, por la falta de derecho de postulación de Ana María Gama Bedoya, quien dijo actuar como apoderada de Rodrigo Osorio Taborda.

En efecto, la presentación de poder especial, específico, concreto y suficiente para representar los derechos de l presunto accionante en esta sede judicial y por los puntuales motivos denunciados, es requisito que no fue allanado por la profesional del derecho que suscribió el escrito de amparo.

En este sentido, el poder allegado en el trámite de la

presunto accionante en esta sede judicial y por los puntuales motivos denunciados, es requisito que no fue allanado por la profesional del derecho que suscribió el escrito de amparo.

En este sentido, el poder allegado en el trámite de la tutela, ante el juez de primera instancia , previo al auto admisorio expedido el 11 de septiembre de este año, indica que se confería el mandato con el siguiente objeto:

«confiero poder especial al señor LUIS FELIPE JARAMILLO MESA (…) y/o a la señora ANA MARÍA GAMA BEDOYA (…) para que en mi nombre y representación inicien, firmen, tramiten y lleven hasta su terminación y en general para que realicen todos los trámites con relación a la debida defensa jurídica dentro de la acción de tutela contra el JUZGADO PRIMREO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN y el JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN, porRadicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01 11 hallar vulnerado el derecho fundamental de debido proceso, a la igualdad, y al acceso efectivo a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial, con ocasión al proceso ejecutivo identificado con radicado 05001400301020190110000, contra los señores CARLOS ELIECER ALVAREZ VASQUEZ y JORGE ELIECER ALVAREZ GRISALES»1 (Negrilla del texto original).

Lo anterior, no se asemeja a un mandato especial y específico para este trámite de tutela. Fíjese que no se hace

ALVAREZ GRISALES»1 (Negrilla del texto original).

Lo anterior, no se asemeja a un mandato especial y específico para este trámite de tutela. Fíjese que no se hace referencia alguna que permita individualizar la situación fáctica que causa la petición de amparo , ni las providencias objeto de censura en la queja constitucional que lo origina.

4. Conclusión

En definitiva, muy a pesar de la simpleza de la gestión necesaria para cumplir con el presupuesto indicado , la exigencia prenombrada no est á acreditada, lo que impone revocar lo dispuesto por el Tribunal constitucional a quo; de ahí que, en la primera instancia debía declararse inviable el resguardo por falta de legitimación en la causa por activa de la abogada gestora del resguardo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, en torno a la concesión

1 Folio 1 del archivo: 004_Poderes.pdf, del expediente de la acción de tutela.Radicación n.° 05001-22-03-000-2026-00709-01 12 de la salvaguarda contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín y, en su lugar, NIEGA el amparo.

Comuníquese por medio expedito lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a

de Ejecución de Sentencias de Medellín y, en su lugar, NIEGA el amparo.

Comuníquese por medio expedito lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 608DC8FEB00958D5FF824F00FF2964CF18AED63F4871C9E11E0802BC9DD46E4A Documento generado en 2026-10-26