CSJ - STC20848-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20848-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-06188-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela que Oiden Camacho Solano promovió contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva ; trámite al que fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la mencionada ciudad y las autoridades, partes e intervinientes en el juicio de responsabilidad civil contractual n.° 2023-00008.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06188-00

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2. En síntesis, señaló que ante la corporación accionada se tramita, en segunda instancia, el proceso de declarativo de la referencia y que, mediante auto del 18 de diciembre de 2025, la magistrada ponente prorrogó por seis meses el término para emitir una decisión de fondo, plazo que venció el 25 de junio de 2026.

Manifestó que, d ebido a lo anterior, solicitó que se aplicaran las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 121 del Código General del Proceso, particularmente la pérdida de competencia y la remisión inmediata del

Manifestó que, d ebido a lo anterior, solicitó que se aplicaran las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 121 del Código General del Proceso, particularmente la pérdida de competencia y la remisión inmediata del expediente a quien debiera reemplazarlo. No obstante, mediante auto del 15 de septiembre de 2026, la solicitud fue negada.

Indicó que esa decisión se sustentó en que la funcionaria era «nueva en el cargo», y, además, quien suscribió la providencia no es el magistrado ponente al que se le repartió el proceso , situación que configuraría una falta de competencia funcional y una indebida intervención en las funciones asignadas al sustanciador o a la correspondiente Sala de Decisión.

Advirtió que quien firmó el auto se desempeña como juez primero laboral del circuito de Neiva según lo dicho por su apoderado conforme al acta de audiencia del 1 de octubre de 2026, correspondiente a un proceso ordinario laboral, circunstancia que, en su criterio, genera dudas sobre su condición y competencia para suscribir el auto cuestionado dentro del proceso civilRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06188-00 3

3. En este contexto estima lesionadas sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pretende que se deje sin efectos el auto del 15 de septiembre de 2026 y que se ordene a la autoridad accionada que se declare la pérdida de competencia y se remita el expediente al magistrado llamado a reemplazar al ponente o, subsidiariamente, que se profiera la sentencia de manera inmediata.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

competencia y se remita el expediente al magistrado llamado a reemplazar al ponente o, subsidiariamente, que se profiera la sentencia de manera inmediata.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal convocado advirtió que el auto criticado fue expedido por el funcionario judicial que la corporación designó mientras se cumplía con la incapacidad médica concedida a la titular del despacho por lo que «no se advierte la configuración de actuación u omisión alguna con entidad suficiente para afectar los derechos fundamentales invocados por el accionante».

2. Quien adujo ser apoderado de Asojuncal, demandada en el juicio declarativo, se pronunció frente a los hechos del amparo y solicitó que se niegue el mismo. En el mismo sentido se pronunció Rodrigo Alberto Artunduaga

Castro.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06188-00

4 En principio, la acción de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales con el fin de salvaguardar los principios de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. En efecto, no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados para modificar las determinaciones emitidas en ellos.

Excepcionalmente se estableció su procedencia para casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. Evento en el que deberán concurrir los presupuestos generales de

las determinaciones emitidas en ellos.

Excepcionalmente se estableció su procedencia para casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. Evento en el que deberán concurrir los presupuestos generales de procedibilidad: relevancia constitucional, subsidiariedad, inmediatez y que no se trate de sentencias de tutela; y por lo menos alguno de los defectos específicos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación de la Constitución.

2. El presupuesto de la subsidiariedad.

Conforme al mandato constitucional, este mecanismo excepcional «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial». Ello dada su naturaleza residual pues no fue establecida para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales a menos que se interponga transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable. Este presupuesto también se incumple cuando la demanda procura la protección constitucional de asuntosRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06188-00 5 que están pendientes de resolución en el marco de un trámite judicial en curso.

3. La queja constitucional del accionante.

En el caso particular, el promotor del amparo cuestiona el auto de 15 de septiembre de 2026 a partir del cual la autoridad accionada, negó su petición de perdida de competencia respecto del proceso de responsabilidad civil contractual que promovió.

En concreto, estima que en dicha decisión se

el auto de 15 de septiembre de 2026 a partir del cual la autoridad accionada, negó su petición de perdida de competencia respecto del proceso de responsabilidad civil contractual que promovió.

En concreto, estima que en dicha decisión se configuraron los defectos procedimental y orgánico. El primero, por la presunta inaplicación del artículo 121 del Código General del Proceso, al estimar que el cambio de funcionario o el hecho de ser nuevo en el cargo no justifican el desconocimiento de los términos judici ales. El segundo, porque la providencia habría sido suscrita por un funcionario que, según su planteamiento, no tenía la condición de magistrado ponente ni competencia para adoptar la decisión.

4. Solución al caso concreto.

Conforme con lo anterior mente expuesto y revisado el expediente remitido a esta instancia revela que, el accionante, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de reposición contra el auto del 15 de septiembre de 2026 y examinado el mismo se evidencia que las censuras planteadas coinciden sustancialmente con los fundamentos y las pretensiones de esta acción de tutela.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06188-00 6

En esa medida, al momento de proponer este amparo, las presuntas irregularidades se encontraban sometidas al conocimiento de la autoridad judicial accionada, que conserva la posibilidad de examinar los argumentos del recurrente y, si hay lugar a ello, revocar o modificar la determinación cuestionada. En tales condiciones, la intervención del juez constitucional sería prematura y podría convertir la tutela en un instrumento paralelo al recurso

recurrente y, si hay lugar a ello, revocar o modificar la determinación cuestionada. En tales condiciones, la intervención del juez constitucional sería prematura y podría convertir la tutela en un instrumento paralelo al recurso ordinario todavía en trámite.

Aunado a ello, si bien el gestor cuestiona también la falta de resolución del asunto, lo cierto es que el auto cuestionado no se limitó a negar la pérdida de competencia pues, e n la misma providencia se ordenó a la secretaría reingresar el expediente al despacho una vez quedara ejecutoriada la decisión, con el propósito de adoptar la determinación que en derecho correspondiera. De esta, forma, la interposición del recurso de reposición impidió que el auto adquiriera ejecutoria y, en consecuencia, condicionó el avance de la actuación a la previa resolución de ese medio de impugnación.

En este sentido, n o sería razonable atribuir a la autoridad judicial una dilación injustificada por no haber adoptado aún la decisión de fondo cuando el propio accionante ejerció un recurso que debía ser tramitado y resuelto antes de que se cumpliera la orden de reingreso prevista en la providencia , máxime cuando, luego de interpuesto el recurso y vencidos los trasladosRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06188-00 7 correspondientes, el expediente ingresó al despacho el 29 de septiembre de 2026.

Finalmente, acá el accionante no alegó ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención transitoria del juez constitucional. En efecto,

septiembre de 2026.

Finalmente, acá el accionante no alegó ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención transitoria del juez constitucional. En efecto, no expuso circunstancias concretas que permitieran advertir una afectación cierta, grave, in minente e impostergable de sus derechos fundamentales, ni aportó elementos de juicio que demostraran que la espera de la decisión del recurso de reposición pudiera ocasionarle un daño irreparable. En consecuencia, no se configura la excepción que permitirí a superar el requisito de subsidiariedad y conceder el amparo como mecanismo transitorio.

5. Conclusión.

Se declarará improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad en tanto que el accionante interpuso recurso de reposición contra el auto del 15 de septiembre de 2026, mecanismo en el que formuló reparos sustancialmente coincidentes con los expuestos en la tutela. Por tanto, cualquier pronunciamiento de la Corte en este sentido resultaría prematuro.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y porRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06188-00 8 autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

instada.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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