CSJ - STC20849-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20849-2026 Radicación nº 11001-02-04-000-2026-02671-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casación Penal el 10 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Gloria Inés Guarnizo García , contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barrancabermeja , trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado nº 2016-06804.

ANTECEDENTES

1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02671-01

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2. Del escrito inicial y los anexos, se extrae en

síntesis que:

2.1. El 7 de junio de 2024, la Fiscalía 8ª Seccional de Barrancabermeja formuló imputación de cargos por los delitos de fraude procesal y falso testimonio a Gloria Inés Guarnizo García y su hermana1.

El 5 de septiembre de ese año, el ente fiscal presentó

Barrancabermeja formuló imputación de cargos por los delitos de fraude procesal y falso testimonio a Gloria Inés Guarnizo García y su hermana1.

El 5 de septiembre de ese año, el ente fiscal presentó el escrito de acusación, correspondiendo por reparto el trámite al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barrancabermeja (rad. 2016-06804).

El 28 de julio de 2025 , el referido juzgado instaló la respectiva audiencia de acusación. En esa vista pública, la defensa de la aquí accionante presentó solicitud de preclusión de la investigación con fundamento en las causales 1ª y 7ª del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal – imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal como consecuencia de la prescripción; y , vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 2942.

1 Martha Cecilia Guarnizo García.

2 ARTÍCULO 294. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.

En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de sesenta (60) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. El término será de noventa (90) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando el juzgamiento de alguno de los delitos sea

asigne el caso. El término será de noventa (90) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando el juzgamiento de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces penales del circuito especializado.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02671-01

3 En la misma audiencia, la juez de conocimiento negó la solicitud tras precisar que, en primer lugar, la prescripción debía examinarse con base en las normas del Constitución Política y no únicamente en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004; segundo, la formulación de imputación interrumpió la prescripción y por ende, no se había configurado la extinción de la acción penal; y, tercero, la superación de los plazos del canon 175 no produc iría la preclusión ni invalidez de la actuación. Decisión que apeló la defensa de la procesada.

El 31 de julio de 2026 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó en su integridad la determinación del a-quo, refrendando lo resuelto en cuanto a que los términos que regulan la indagación penal previstos en el artículo 175 de la legislación procedimental, no constituyen causal de extinción de la acción penal, ni generan archivo, preclusión o pérdida de competen cia, sino únicamente conllevan consecuencias de tipo administrativo para el delegado fiscal que los inobserva.

2.2. La accionante acudió a la salvaguarda para cuestionar las decisiones que le negaron la solicitud de preclusión de la investigación.

Sostuvo que la decisión criticada no valoró que la

2.2. La accionante acudió a la salvaguarda para cuestionar las decisiones que le negaron la solicitud de preclusión de la investigación.

Sostuvo que la decisión criticada no valoró que la indagación preliminar se extendió de forma injustificada por más de siete (7) años, perdiendo de vista que la Policía

Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al Juez de Conocimiento.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02671-01

4 Judicial concluyó sus labores en abril de 2018 y que el ente acusador paralizó las actuaciones durante más de seis años consecutivos.

Asimismo, reprochó que la autoridad fiscal adelantó la audiencia de formulación de imputación y la posterior acusación a pesar de que existía un incidente de recusación tramitado desde el día previo, omitiendo informar de dicha situación al juez de control de garantías.

Finalmente, censuró la inaplicación retroactiva y favorable de la Ley 2477 de 2025 para decretar la preclusión, sosteniendo que las decisiones atacadas convalidaron el actuar de un ente investigador que carecía de competencia temporal y funcional.

3. Por lo anterior, pidió que se deje sin efecto la providencia del 31 de julio de 2026 del Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal, y la del 28 de julio de 2025 del

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barrancabermeja, por

providencia del 31 de julio de 2026 del Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal, y la del 28 de julio de 2025 del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barrancabermeja, por «la inaplicación del principio de favorabilidad penal frente a la ley 2477 de 2025. En su lugar, ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior proferir una nueva decisión en la que aplique expresamente el test de plazo razonable y valore constitucionalmente la demora injustificada de más de 7 años (…) ordenar al juez de conocimiento decretar la preclusión de la investigación a favor de la procesada, fundamentándose expresamente en la dilación injustificada acreditada y la afectación directa a mis garantías fundamentales».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOSRad. nº 11001-02-04-000-2026-02671-01

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1. La Procuradora 213 Judicial I Penal de Barrancabermeja solicitó declarar la improcedencia del amparo al considerar que las decisiones judiciales que negaron la preclusión se encontraban jurídicamente sustentadas bajo los lineamientos legales y jurisprudenciales vigentes, sin evidenciar un actuar caprichoso o contrario a derecho.

2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga pidió declarar improcedente la acción por estimar que se pretendía utilizar la tutela como una instancia adicional. Defendió la legalidad de su actuación manifestando que el término para juzgar los delitos no se había superado y que el vencimiento de los plazos de indagación del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal solo acarreaba consecuencias administrativas e instrumentales sin incidir en el ejercicio de la acción penal.

había superado y que el vencimiento de los plazos de indagación del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal solo acarreaba consecuencias administrativas e instrumentales sin incidir en el ejercicio de la acción penal.

FALLO DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

Declaró improcedente el resguardo al considerar que no se superó el requisito de subsidiariedad por encontrarse en proceso penal en curso y, por tanto, «(…) le subsisten diversos medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios, para asegurar la protección de sus derechos y garantías en el marco de la actuación ordinaria y con intervención del juez natural».

IMPUGNACIÓNRad. nº 11001-02-04-000-2026-02671-01

6 La interpuso la querellante alegando que la Sala a-quo realizó un análisis incompleto por omitir estudiar la duración excesiva de la investigación, el desconocimiento del plazo razonable y la falta de trámite del incidente de recusación promovido contra la fiscal antes de la imputación.

Igualmente, r echazó el argumento de subsidiariedad, señalando que resulta desproporcionado obligarla a soportar las etapas futuras del juicio oral cuando la vía ordinaria contra la negativa de preclusión ya se había agotado de forma definitiva en segunda instancia. Finalmente, insistió en que la fiscalía a cargo de su caso perdió competencia debido a la mora en que incurrió para acusarla y recalcó la falta de aplicación por favorabilidad de la Ley 2477 de 2025 para decretar la preclusión de la causa penal.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

mora en que incurrió para acusarla y recalcó la falta de aplicación por favorabilidad de la Ley 2477 de 2025 para decretar la preclusión de la causa penal.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas supralegales invocadas al interior del proceso penal rad. 2016-06804 que se le adelanta a la aquí accionante por, negar la solicitud de preclusión de la investigación (fundamentada en la prescripción de la acción penal e incumplimiento de los términos previstos en los artículos 294 y 175 de la ley 906 de 2004) , incurriendo con ello,Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02671-01

7 supuestamente en vía de hecho por omitir apreciar la mora atribuible a la fiscalía del caso y por la no aplicación favorable de la ley 2477 de 2025.

2. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso (Subsidiariedad)

El carácter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en él donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas.

Ahora, solo se admitiría la injerencia del juez de amparo en un trámite judicial que aún transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse

Ahora, solo se admitiría la injerencia del juez de amparo en un trámite judicial que aún transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acción de tutela como un mec anismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. Al respecto esta Sala ha dicho:

«Recuérdese que la acción de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario natural del respectivo trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, únicamente es permiti da la revisión del desarrollo procesal respecto de las garantías propias del juicio, pero en ningún momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la ley lesRad. nº 11001-02-04-000-2026-02671-01

8 han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conduciría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política» (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01).

Y la Sala de Casación Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precisó:

«(…) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito

mismo tenor igualmente precisó:

«(…) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acción de tutela contra decisiones que en su trámite se produzcan, resulta francamente improcedente , como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opción extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por vía de casación, dado el carácter de control constitucional que tiene ese recurso » (CSJ STP6603 -2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala.

3. Caso concreto

Al margen del problema jurídico planteado, anticipa la Sala que ratificará el fallo de primer grado por cuanto la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad conforme lo prevé el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precisó la Homóloga a quo, al encontrase el proceso penal en cuestión activo, es ahí donde la promotora del resguardo le corresponde defender las prerrogativas que estima afectadas.

Es que, contrario sensu a lo argüido por la actora, los reproches frente a cualquier presunta irregularidad de índole procesal, deben y pueden seguir siendo propuestos en lasRad. nº 11001-02-04-000-2026-02671-01

9 oportunidades contempladas legalmente a través de los medios o instrumentos de defensa previstos en el proceso (recursos ordinarios y extraordinarios) y no por la vía tutelar

9 oportunidades contempladas legalmente a través de los medios o instrumentos de defensa previstos en el proceso (recursos ordinarios y extraordinarios) y no por la vía tutelar que ahora utiliza, que como en reiteradas oportunidades se ha indicado, no fue instituida para desplazar al juzgador de la causa dado su indiscutido carácter residual.

Y es que ha sido postura definida y reiterada de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en los litigios en trámite, no sólo porque desconoce la independencia y la autonomía de que está revestido el juez ordinario para dirigi r y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró la acción de amparo para la protección de derechos superiores.

Adicionalmente, la Sala Especializada Penal al cuestionársele sobre el criterio destacado cuando se atacan proferimientos distintos a las sentencias de instancia que luego, por el principio de preclusividad de las etapas procesales, no podrían confutarse, precisó:

«(…) aunque se pueda llegar a contemplar que, con ocasión al principio de preclusividad de las etapas procesales, dentro de la estructura del proceso penal no existe algún otro escenario para refutar determinada decisión judicial, sucede que lo realmente cuestionable no es, per se, la providencia objeto de protesta vía tutela, sino las consecuencias de lo resuelto, lo cual puede redundar en la responsabilidad penal de los implicados, ora en la afectación de sus garantías judiciales. Ello obliga al juez constitucional a preguntarse si tales efectos son susceptibles de

redundar en la responsabilidad penal de los implicados, ora en la afectación de sus garantías judiciales. Ello obliga al juez constitucional a preguntarse si tales efectos son susceptibles de ser abordados en el trasegar del asunto base de análisis.

Si la respuesta es negativa, es procedente que el juez de tutelaRad. nº 11001-02-04-000-2026-02671-01

10 estudie de fondo el caso. Si es positiva, lo prudente es que no interfiera en la situación problemática puesta a su consideración, a fin de que sea el propio fallador de la causa quien la analice, salvo que la irregularidad sea de notable trascendencia y conduzca a la inmediata intervención del juez constitucional.

Con base en ese entendimiento, adquiere sentido el requisito de la subsidiariedad en materia de tutela contra providencias judiciales, cuando los procesos aún siguen activos. De lo contrario, cada interlocutorio emitido al interior de un proceso penal en curso requerirá, en últimas, la convalidación permanente del juez de amparo, so pretexto de que, según el principio de preclusividad de las etapas procesales, dentro de la estr uctura no existe algún otro escenario donde ventilarse, lo cual desquiciaría el sistema judicial» (CSJ STP5293 -2025, 9 abr., rad. 144329) Negrillas fuera de texto.

Así las cosas, pretender que el Juez de amparo revise la razonabilidad de las determinaciones discutidas, sería no solo una injerencia impertinente en la competencia del fallador, sino anticipar un debate que tiene su propio escenario de confrontación, y n o a través de un trámite

razonabilidad de las determinaciones discutidas, sería no solo una injerencia impertinente en la competencia del fallador, sino anticipar un debate que tiene su propio escenario de confrontación, y n o a través de un trámite expedito y sumario como la acción de tutela.

4. En definitiva , el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo impugnado, y releva a esta instancia de ahondar en otras temáticas específicas, en todo caso, condicionadas a la superación de dicho presupuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrandoRad. nº 11001-02-04-000-2026-02671-01

11 justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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