CSJ - STC20853-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20853-2026 Radicación n.° 11001-02-04-000-2026-02759-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal el 17 de septiembre de 20 26, dentro de la acción de tutela que Myriam Vásquez promovió contra la Sala de Casación Laboral; trámite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del proceso laboral identificado con radicado no. 2021-00136-03.

ANTECEDENTES

1. La actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, «defensa, contradicción », acceso a la administración de justicia y «tutela judicial efectiva», presuntamente vulnerados por la sala accionada.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02759-01

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2. En sustento de su solicitud, expuso que la Sala de Casación Laboral mediante providencia del 29 de abril de 2026 declaró desierto el recurso extraordinario de casación que promovió contra la sentencia proferida el 22 de agosto de 2025 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga dentro del proceso laboral de la referencia.

Señaló que solicitó la nulidad de esa actuación con sustento en que no tuvo conocimiento oportuno del auto del 4 de marzo de 2026, a partir del cual empezó a correr el

dentro del proceso laboral de la referencia.

Señaló que solicitó la nulidad de esa actuación con sustento en que no tuvo conocimiento oportuno del auto del 4 de marzo de 2026, a partir del cual empezó a correr el término para presentar la demanda de casación, no obstante, la convocada la negó mediant e en auto del 17 de junio de 2026 tras advertir que la providencia fue notificada por estados.

De ese panorama deriva la lesión de sus garantías fundamentales, pues en su parecer, la publicidad que se dio a la providencia que anunció el plazo para presentar la demanda de casación fue insuficiente para garantizar su «derecho a la defensa y contradicción».

3. Con fundamento en lo expuesto, solicitó dejar sin efectos el auto que negó la nulidad , se declare que la providencia que declaró desierto el recurso extraordinario de casación adolece de nulidad y, en consecuencia, se ordene el restablecimiento de la oportunidad procesal para presentar su sustentación.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02759-01

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. La Sala de Casación Laboral defendió la legalidad de las actuaciones criticadas. Destacó que la falta de sustentación oportuna del recurso de casación no obedeció a una falla del sistema o a un defecto procedimental imputable a la administración de justicia, sino al descuido de la carga procesal de consulta que atañe a las partes procesales.

Alegando la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales de la pretensora, solicitó negar el resguardo.

a la administración de justicia, sino al descuido de la carga procesal de consulta que atañe a las partes procesales. Alegando la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales de la pretensora, solicitó negar el resguardo.

2. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, relató las actuaciones a su cargo e informó que en audiencia del 28 de febrero de 2023 declaró probada la excepción previa por falta de agotamiento de la reclamación administrativa , decisión que apeló la demandante.

3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, demandada dentro del proceso laboral criticado, solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

FALLO IMPUGNADO

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el amparo por no satisfacerseRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02759-01 4 el requisito de subsidiariedad . Advirtió que la actora omitió interponer el recurso de reposición contra el auto AL117162026 del 17 de junio de 2026, mediante el cual se negó la solicitud de nulidad.

IMPUGNACIÓN

La pretensora sostuvo que el análisis del a quo constitucional sobre la subsidiariedad fue excesivamente formal y no resolvió de fondo los cuestionamientos planteados. Igualmente adujo que « el auto AL6530 -2024, citado en el fallo impugnado, corresponde a un asunto en el cual la Sala de

formal y no resolvió de fondo los cuestionamientos planteados. Igualmente adujo que « el auto AL6530 -2024, citado en el fallo impugnado, corresponde a un asunto en el cual la Sala de Casación Laboral efectivamente conoció de recursos de reposición y súplica contra una decisión que había negado una solicitud de nulidad. Sin embargo, ello no significa que cualquier decisión posterior que resuelva una nulidad sea automáticamente susceptible de reposición en idénticas condiciones».

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02759-01

5 La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de

acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela ; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela (C.C., C-590/05 y SU-813/07) Resalta la Sala.

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. Circunscrita la Corte a los argumentos expuestos en impugnación, desde ya anuncia que ratificará laRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02759-01 6 improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad.

2.1. La promotora acude a la jurisdicción constitucional con el fin de que se deje sin efectos el auto del 17 de junio de

improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad.

2.1. La promotora acude a la jurisdicción constitucional con el fin de que se deje sin efectos el auto del 17 de junio de 2026 que negó la solicitud de nulidad que propuso contra el auto que declaró desierto el recurso de casación que presentó contra la determinación proferida el 22 de agosto de 2025 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga dentro del proceso ordinario identificado con radicado no. 2021-0013603.

2.2. No obstante, del recuento procesal se observa que, contra el auto AL11716-2026 del 17 de junio de 2026, a través del cual la Sala convocada negó la nulidad propuesta por la pretensora, no se elevó recurso de reposición.

Así las cosas, es evidente que la tutelante desperdició los instrumentos previstos para discutir la providencia de la que hoy se queja en sede de tutela . Por lo que provocó que el resguardo perseguido por la particular temática resulte improcedente al irrespetar la subsidiariedad que aquí impera.

En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido:

[S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochado s, - pues los mismos

tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochado s, - pues los mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer unaRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02759-01 7 paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…) (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 0024101; ratificada en STC de 2 mar. 2011, rad. 2010000380-01.)

Igualmente ha referido que:

[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente . La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del

deviene improcedente . La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Const itución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 (ver entre otras STC5331 -2014; STC5341 -2014; STC6001 -2014) Resalta la Sala.

Cabe reiterar que la Sala ha sido enfática en precisar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (…) ». (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027 -01, reiterada entre muchas otras en,

STC7002-2015 y STC11856-2015).

2.3. De otra parte, no es posible soslayar el incumplimiento del requisito de subsidiariedad para, en suRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02759-01 8 lugar, abordar el fondo de la controversia propuesta por la accionante, aun cuando ésta afirme necesaria la intervención del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable derivado de que no declarar la nulidad en el auto que declaró desierto el recurso extraordinario de casación por aquella propuesto.

Lo anterior porque en el expediente no se advierten elementos objetivos que permitan tener por acreditados los presupuestos que la doctrina constitucional exige para

desierto el recurso extraordinario de casación por aquella propuesto.

Lo anterior porque en el expediente no se advierten elementos objetivos que permitan tener por acreditados los presupuestos que la doctrina constitucional exige para predicar la configuración de un detrimento de esa entidad, siendo insuficiente la sola inv ocación de su existencia , «por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitu cional» (CSJ STC7932021; reiterado STC3196-2022).

Sobre las características del perjuicio irremediable, esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que seRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02759-01 9 encuentran amenazados » (CSJ STC723 -2021; reiterado en STC3196-2022).

Así, el asunto bajo examen no denota que la decisión

9 encuentran amenazados » (CSJ STC723 -2021; reiterado en STC3196-2022).

Así, el asunto bajo examen no denota que la decisión adoptada por haya dejado, por sí misma, a la accionante en una situación de tal intensidad que haga inevitable la intervención inmediata del juez de tutela.

3. Corolario de lo expuesto, emergen motivos suficientes para declarar la inviabilidad de la tutela por la desatención del presupuesto de la subsidiariedad.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARad. n.° 11001-02-04-000-2026-02759-01

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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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